martes, 9 de abril de 2019

LA VÍCTIMA DE LÓPEZ OBRADOR


Kirstjen Nielsen renunció a la secretaría de Seguridad Pública Territorial, y el impacto por su salida del gabinete del presidente Donald Trump no tardaremos en verlo. Perdió la parte moderada del gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad y perdió México. Apenas la semana pasada, funcionarios mexicanos mencionaban que los problemas migratorios de Trump no eran sólo con México, sino que se encontraban sobre todo dentro de su gabinete, donde el choque más fuerte era con Nielsen. Les preocupaba su salida, que finalmente se dio, ante la eventual llegada de halcones y radicales en políticas de migración. Paradójicamente, quien parece haberle dado inadvertidamente la puntilla a Nielsen fue el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es cierto que Nielsen llevaba una relación tortuosa con Trump prácticamente desde que relevó hace casi año y medio a su mentor, John Kelly, que fue nombrado jefe de Gabinete de la Casa Blanca –y tiempo después removido-. Fue la responsable de la política migratoria de tolerancia cero, que afectó a árabes, mexicanos y centroamericanos. Sobrevivió en medio de aguas turbulentas hasta la crisis de migrantes centroamericanos que inició en octubre de 2018, pero ya no pudo neutralizar los cambios en las políticas migratorias del nuevo gobierno. La clave sobre el papel que jugó el presidente López Obrador en el desenlace final de la secretaria la dio Kevin McAleenan, quien será su sustituto a partir del miércoles, quien el pasado 7 de marzo compareció en el Comité Judicial del Senado, como jefe de la Patrulla Fronteriza.

En esa comparecencia McAleenan afirmó que las organizaciones criminales trasnacionales estaban “ganando tremendamente” gracias a los problemas de los migrantes centroamericanos, que estaban buscando llegar a Estados Unidos a través de México en números atípicamente crecientes. Los datos de Washington para este año eran utilidades en los dos primeros meses del año de cinco mil millones de dólares, con un crecimiento de aprehensiones de 360 mil personas, superior al total de capturas que se dieron durante todo 2017.

“Los contrabandistas de humanos escogen el momento y el lugar para que esos grupos crucen estratégicamente, a fin de dislocar los esfuerzos de seguridad fronteriza, crear una distracción del narcotráfico y permitir que individuos evadan ser capturados mediante e intenten inmigrar”, agregó. “Peor aún, esos contrabandistas cometen una violencia horrible, asaltos secuales y extorsión en algunas de las personas más bulnerables de nuestro hemisferio”.

McAleenan dijo a los senadores que una parte de la responsabilidad del incremento masivo de inmigrantes centroamericanos era del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por sus políticas de regularización de migrantes y la laxitud en la aplicación de las leyes para repatriarlos, como había sido con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con la primera de varias caravanas en octubre. En esa convicción estaba la molestia de Trump, quien amenazó con cerrar la frontera con México si eso no se revertía. Nielsen fue apoyada por el gobierno mexicano, que no sabía que su final se acercaba, cuando le dieron victorias pírricas para entregar a Trump:  aceptar en mediano plazo hasta nueve mil deportados por mes, para tener tiempo de asimilarlos de manera definitiva en territorio mexicano, e incrementar las deportaciones de inmigrantes centroamericanos. Trabajarían conjuntamente para capturar a líderes de redes tráfico humano en Chiapas y Veracruz y romper sus redes financieras. Obvio, no fue suficiente.

La salida de Nielsen concluyó una creciente frustración de Trump y su principal asesor político en materia migratoria, el extremista Stephen Miller, quienes consideraban que la secretaria no había dado resultados convincentes en una negociación exitosa con México. Nielsen era dura, pero no halcón. Días antes, Trump retiró el nombramiento de Ronald Vitiello, apoyado por ella, para dirigir la Oficina de Aduanas y de Inmigración del Departamento de Seguridad Territorial, porque el presidente había cambiado de opinión y buscaría implementar una política “más dura” en ese campo.

No está claro si McAleenan será ratificado, como adelantó el domingo la cadena de televisión CBS. Este es el problema que ven los moderados en Estados Unidos y algunos funcionarios mexicanos con la salida de Nielsen, porque redefinirá la política migratoria y abre el camino al nombramiento de un radical en el cargo. McAleenan no dio esa impresión al dirigir la Patrulla Fronteriza, pero tiene experiencia en el combate al terrorismo, como director de la Oficina Contraterrorista del FBI que participó en la guerra contra Osama bin-Laden, los talibanes y Saddam Hussein.

De manera coincidente o no, Trump ha coqueteado en las últimas semanas con reclasificar a los cárteles de la droga de organizaciones criminales trasnacionales, a terroristas, con lo que elevaría el nivel de lucha y las atribuciones de su gobierno. Pero su nombramiento, aunque sea como refresco de la gestión de Nielsen y de Kelly, que reconocían perfectamente el problema de la seguridad como un fenómeno regional, no tiene el perfil de ser una persona que podría tener largo kilometraje en la Administración Trump.

El temor en las áreas más sensibles del gobierno mexicano es quién moverá realmente los hilos de la política migratoria. Las noticias son ominosas. Quien ganó la batalla en la Casa Blanca fue Miller, que expandió su influencia y se convirtió, de facto, en el zar migratorio. En un correo electrónico al portal conservador Daily Caller  hace una semana, Miller adelantó que habría “un agresivo esfuerzo para utilizar a cada autoridad” para reducir la migración indocumentada”. Ya revisó, y la purga comenzó. También el endurecimiento de la política migratoria de Trump, resultado no deseado de la política migratoria romántica y de visión estrecha del gobierno mexicano, causantes colaterales de esta radicalización.

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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 9 DE ABRIL DE 2019)

LAS CULPAS DE EBRARD

La polémica sobre la petición de disculpas al rey Felipe VI parecía haber pasado a un segundo plano en la opinión pública, lo que era bueno para que los gobiernos de México y España trabajaran, como quedaron Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la ministra de Justicia española, Dolores Delgado, cuando se reunieron en enero. Las dos habían tenido un encontronazo en ese acercamiento, donde la señora Gutiérrez Müller le anticipó que vendría el exhorto y que irían preparando un catálogo de crímenes españoles durante la Conquista para ser discutido. Aquello se dio durante la visita de trabajo del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que no terminó bien. En la despedida, tras las difíciles conversaciones, la señora Gutiérrez Müller se le acercó a su esposo y algo le dijo al oído. Entonces, López Obrador reiteró a Sánchez que la petición de disculpas, era algo que no soltarían.

Gutiérrez Müller y Delgado establecieron una relación intensa a través de WhatsApp, que topó con baches cuando se filtró la carta que envió López Obrador al monarca español. Sánchez, dijo que no habría disculpas, pero lamentó sobre todo la filtración. Este es el gran tema. Tan importante, que Sánchez volvió a referirse a ello en una entrevista publicada el jueves en El Universal. En respuesta, López Obrador dijo: “Yo no di a conocer la carta. Fue una filtración. No se si fue el gobierno español o la sustrajeron de Relaciones Exteriores. Hay las dos posibilidades, pero sí se equivocaron”.

Esta es la cuarta versión del presidente sobre la filtración. Primero fue, tras la respuesta del gobierno español que lamentaban la difusión de la carta, cuando López Obrador dijo que habría sido en España. Al día siguiente reconoció que había sido una filtración de su propio gobierno. Al siguiente, señaló que se trataba de espionaje. Iba de mal en peor. La carta no salió de España, como asegura, porque como él mismo dijo, era un borrador que no estaba firmado. Adjudicar al espionaje, sería un escándalo, pero muchas cosas que dice el presidente pasan desapercibidas ante la creciente imprecisión y trivialización de su palabra.

Esta última versión anulaba la posibilidad de una filtración dentro de su gobierno, lo cual volvió a corregir la semana pasada cuando regresó a que una indiscreción de la cancillería hubiera sido la fuente de origen. El impacto que tuvo la filtración, y que alteró y entorpeció la negociación que habían iniciado Gutiérrez Müller y Delgado, ha sido abordado en este espacio como lo más importante de todo ese diferendo diplomático, en donde quedaba la duda de quién había sido el o la responsable de esa traición—por el daño causado al presidente, en imagen -el semanario británico The Economist lo critica en su edición actual llamándolo un “historiador amateur”-, y en la reducción de los espacios que tenía para poder ir negociando con la Corona española la tercera disculpa -la primera fue en el Siglo XIX y la segunda a finales del XX-.

La filtración ha sido manejada con mucha especulación por parte de López Obrador pero, a la vez, con gran hermetismo ante la opinión pública. Sin embargo, funcionarios mexicanos dijeron que en Palacio Nacional tienen identificada una persona como la responsable de haber filtrado extractos de la carta al diario madrileño El País, que dio la primicia. Esa persona es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Colaboradores cercanos a Ebrard afirman que es absolutamente falso y que se trata de rumores con el único propósito de dañarlo.

Ebrard acompañó a la señora Gutiérrez Müller a la reunión con la ministro Delgado en enero, y estuvo al tanto de todos los señalamientos y del anuncio que iban a enviar una carta al rey. La cancillería no ha negado ni desmentido que esa reunión se dio o que Ebrard participó en ella, pero en la prensa se ha sugerido en varias columnas la inocencia del canciller, incluso, subrayando que desconocía la carta. En los círculos de la casa presidencial, el sentir contra el canciller es negativo, adjudicando de manera subjetiva, pero concreta en cuanto a las relaciones de poder palaciegas, su enemistad con la esposa del presidente.

El canciller no la lleva bien con la familia. Entre quienes operan políticamente, consideran a Ebrard como un traidor, mientras que la señora Gutiérrez Müller y su entorno, tienen un problema de empatía con él que vienen arrastrando. Lo más evidente, dentro de los muros de Palacio, es el choque que tiene con Martha Bárcena, la embajadora de México ante la Casa Blanca, y tía política de la esposa del presidente, a quien Ebrard considera una imposición. Para neutralizarla, el secretario planeó abrir una oficina en Washington, encabezada por la hermana de Javier López Casarín, un empresario muy cercano a Ebrard, a quien le encarga asuntos delicados en la cancillería. Por esto, Bárcena, una diplomática muy respetada en el Servicio Exterior, lo confrontó en diciembre, y le dijo que la representante de México ante el gobierno de Estados Unidos era ella. Ebrard negó que hubiera una oficina y, hasta donde se sabe, canceló los planes.

No ha sido un arranque de gobierno terso para Ebrard, aunque parezca lo contrario, y ahora enfrenta las imputaciones de filtrador. ¿Fue él? El significado político de fondo es el choque en los corrillos palaciegos, donde Ebrard está en desventaja y no tiene posibilidades de ganar. El desgaste tenido en las últimas semanas es grande, así como su imagen pública como un político sofisticado. Los señalamientos que le hacen son fuertes—enormes en este momento, cuando menos, para sus aspiraciones presidenciales.
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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/8 DE ABRIL DE 2019)

EL ENTUERTO DE TRUMP


La disminución de la sonoridad de las críticas de la Casa Blanca contra México esta semana, fueron el preámbulo de que en un intercambio informal con periodistas en el Salón del Gabinete de la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump sostenía una reunión de trabajo con el gabinete, anunciara que la frontera no se cerraría y que abriría un plazo de un año para que redujera significativamente el tráfico de personas y de drogas hacia Estados Unidos. El aplazamiento fue el primer resultado de una batalla política de casi tres meses y medio entre los dos países, donde superaron momentos de crisis en las negociaciones, a punto de rupturas incluso, donde fueron moviendo posiciones para encontrar, si no la mejor solución a la crisis migratoria, cuando menos la posible.

La tensión con el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó desde los primeros días de la administración, cuando en Washington empezaron a tener dificultades con dos discursos mexicanos que se confrontaban e incluso se contradecían. Por un lado, el de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y por el otro el de la de Gobernación. El canciller Marcelo Ebrard aceptaba que México fuera un tercer país seguro, donde le haría el trabajo sucio a Estados Unidos y mantendría en territorio mexicano a los inmigrantes que pedían asilo en aquella nación, mientras la secretaria Olga Sánchez Cordero, decía que eso era inaceptable.

Las posiciones antagónicas fueron una de las razones por las que el consejero especial de Trump, su yerno Jared Kushner, buscó una reunión con López Obrador, que llevó al presidente mexicano a hablar con ambos, exigirles que no se pelearan y que se coordinaran. A Ebrard le encargó coordinar todos los esfuerzos mexicanos, incluidos los migratorios en Washington, con el secretario de Estado Mike Pompeo, y a Cordero la responsabilizó de la política migratoria sin quitarle el control -en este espacio se reportó el miércoles que así había sido- del Instituto Mexicano de Inmigración. Su relación sería con Kirstjen Nielsen, la secretaría de Seguridad Territorial, la responsable en Estados Unidos de combatir la inmigración indocumentada.

El problema con Nielsen, sin embargo, se venía arrastrando desde tiempo atrás, cuando en diciembre, recién iniciado el gobierno lópezobradorista, buscaron que Cordero viajara a Washington para reunirse con ella. La respuesta fue negativa. Propusieron enero, igual; febrero, tampoco. ¿Finales de febrero? Las quejas se estaban acumulando en la Ciudad de México. A cambio del no encuentro entre las secretarias, Gobernación propuso un grupo de trabajo que encabezaban el coordinador de asesores de Sánchez Cordero, Jorge Alcocer, y el subsecretario de Seguridad Territorial para Estrategia, Política y Planeación, James McCament.

La primera de cinco reuniones se dio el 19 de enero, donde McCament no habló del concepto del tercer país seguro, sino del Acta de Inmigración y Nacionalidad 235, sobre la deportación inmediata de indocumentados “inadmisibles”. McCament planteó que México debía recibir a todos los inmigrantes indocumentados en todas las garitas, porque habían detectado un incremento de la migración derivada de la política de López Obrador de abrir sus fronteras, y que estaban llegando con visas mexicanas. La respuesta de los mexicanos fue de rechazo a la pretensión original, y llegaron a un primer acuerdo que sólo admitirían 20 inmigrantes por día, que tuvieran ese tipo de visas, y únicamente en Tijuana. Sin estar felices, aceptaron los estadounidenses. En Washington subía la frustración y molestia de Nielsen, que había planeado la instrumentación de la 235 con Pompeo, y se la habían ofrecido a Trump como una solución de largo plazo. Pompeo le pidió a Ebrard que Sánchez Cordero se entrevistara con Nielsen.

A finales de febrero, López Obrador le ordenó a la secretaria de Gobernación viajar a Washington. Se reunió con Nielsen el 28 de febrero, quien le dijo que la migración estaba dislocada y calculaban cerrar febrero con más de 70 mil aprehensiones, aunque en marzo estimaban más de 100 mil. Si no hacen nada, advirtió Nielsen, el presidente Trump va a cerrar la frontera. Fue la primera amenaza, aunque la secretaria afirmó que era un mero aviso de lo que vendría. Sánchez Cordero le dijo que el problema no era con mexicanos sino con centroamericanos, y que tenía que verlo con esas naciones. De cualquier forma, acordaron que México ampliaría la recepción de deportados, a Mexicali y Ciudad Juárez, pero la misma cantidad en cada una, pero sólo centroamericanos con visas humanitarias que hubieran entrado por los puertos fronterizos, y con niños acompañados por sus padres.

La presión en Estados Unidos crecía. Nielsen le pidió a Sánchez Cordero verla en Miami, camino a Tegucigalpa. El 17 de marzo se reunieron en el aeropuerto, y Nielsen le dijo que, como previó, las deportaciones rebasaban las 100 mil y que tenía que hacer algo en sus fronteras. Fue una plática muy tensa, donde Nielsen estuvo a punto de pararse de la mesa. Sánchez Cordero ofreció mantener las condiciones para recibir inmigrantes, pero con cuotas diferentes: 20 el primer día, y si cumplían, 30 el segundo, 40 el tercero y así sucesivamente. Serían nueve mil deportados que aceptaría mensualmente México. Además, habría contención en la frontera, como querían.

Sánchez Cordero le dijo a López Obrador que tenían que incrementar el número de deportaciones. López Obrador aceptó, y se registraron 13 mil deportaciones en las tres últimas semanas, que Trump vio como un paso positivo y canceló el cierre fronterizo. No será lo único. Los dos gobiernos están preparando medidas adicionales, no sólo migratorias, sino policiales y financieras, para atacar conjuntamente el fenómeno en la región.

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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA PALACIO/5 DE ABRIL DE 2019)

EL #METOO, O EL DERECHO A DENUNCIAR


La noticia provocó una conmoción nacional: el bajista fundador de la banda de rock “Botellita de Jerez”, Armando Vega Gil, se suicidó el lunes luego que una mujer lo denunció de acoso sexual hace dos lustros a través del colectivo #MeTooMusicosMexicanos. Las reacciones fueron de luto y lamento, de escarnio y odio. Los apoyos y las críticas fluyeron, en buena parte enfocadas al anonimato tras el que se escondió la mujer. Una denuncia sin dar la cara, se puede argumentar, carece de valor civil. Quien se oculta, ¿cómo sustenta su denuncia más allá del dicho? Pero al mismo tiempo, como dijo una colega periodista, “creo que es un proceso necesario, que así como en el anonimato hay denuncias, también hay un reconocimiento privado y personal de violencia. Eso es un granito de arena para que las sociedades cambien”.

El hashtag #MeToo fue fundado por la activista estadounidense Tarana Burke en 2006, luego de que tuvo una conversación con una jovencita de 13 años que abrió su experiencia de abuso sexual por parte del novio de su madre, narró en 2017 el periódico The New York Times. El fenómeno explotó en octubre de 2017, cuando la actriz Alyssa Milano, escribió en Twitter: “Si han sido acosadas sexualmente o atacadas, escribe ‘yo también’ y replica este tuit”. Milano no conocía a Burke ni que había acuñado ese hashtag -tan pronto como se enteró le dio el crédito-, pero recibió más de 66 mil réplicas de usuarios en la red. Ese mismo mes, Javier Poza entrevistó a la actriz mexicana Karla Souza en Radio Fórmula, y le dijo que se había ido de México porque había sido víctima de acoso sexual por parte de productores y directores mexicanos. Su denuncia pública no tuvo consecuencias inmediatas porque no quiso identificar al acosador —hasta después fue identificado independientemente y perdió su trabajo.

El suicidio de Vega Gil, por su prominencia y fama pública, disparó el debate y se enfocó en el recurso del anonimato. La denuncia se hizo a través del colectivo, del que se desconocen su demografía y fundadoras/fundadores. Esta variable parece importante resaltarla. Una revisión empírica de las respuestas por la muerte de Vega Gil sugiere un conflicto intergeneracional, predominante en las millenial, que están de acuerdo en el anonimato, mientras que generaciones mayores, o voces masculinas, critican que no den la cara y que la denuncia se quede en las redes sociales.

“Dicen que las denuncias en redes no sirven para nada”, agregó la colega periodista. “¿Las denuncias formales sí? El país del 97% de impunidad ¿está defendiendo eso?… (En) los chats de mujeres (hay un) nivel de miedo y hartazgo. El tema no distingue países, edades, dineros. Es en un momento en el que estamos reconociendo mucha violencia innecesaria por todos lados, hacia los animales y el medio ambiente en general y entre nosotros. En medio de todo eso, estamos reconociendo poco a poco las situaciones de privilegio, y entendiendo que lo tenemos normalizado.

“Me parece que los MeToo original vienen de pechos doblemente cansados. Si ser mujeres es complicado, ser mujer negra debe ser un infierno y, como siempre, se los han apropiado quienes tienen más reflectores, o las víctimas atípicas porque ellas antes no quejaban. Por un lado, está bien desmitificar que en las clases altas y blancas no hay violencia, y por otro, pienso que le quitamos voz a quienes con extra trabajo la alzaron. Ha sido a través de redes sociales porque son el espacio más horizontal. Quizá diga obviedades, pero los sistemas de justicia mundiales son súper misóginos. No creo que sea culpa de nadie, así lo aprendimos y aquí hay un espacio donde en segundos tienes apoyo de miles de que se sienten igual”.

Otra colega, de diferente generación, opinó: “Para mí, el MeToo es otra modalidad de linchamiento. En el #MeToo original la víctima tenía cara y nombre e iniciaba un proceso igual. Lo de México es una locura. Cualquier persona, en especial figuras públicas, están expuestas a quedar marcadas de pederastas y violadores. Es un tema muy sensible el de los abusos, pero también el linchamiento. En el linchamiento físico matan y queman a las víctimas. Ahora desprestigian y marcan a los indiciados en una oscura Nueva Inquisición, donde el acusador es anónimo”.

La colega millenial retomó: “Me parece que es el primer paso para otras cosas, que va a ser un relajo y va a tener errores, como todo movimiento, pero que era necesario. Así como la desigualdad ya es insostenible, tener a la mitad de la población sometida psicológica o físicamente, también. Es necesario en esta primera etapa. Hasta que no se garantice la seguridad de la denunciante y el alto a la impunidad, yo no le veo sentido a que las mujeres se expongan doblemente, a las redes sociales, que ya vimos cómo reaccionaron; la reacción más violenta (fue contra) la persona que denunció”.

El movimiento #MeToo, dicen en su página Web, nació para apoyar a quienes sobrevivieron la violencia sexual, empoderándolas a través de la empatía y la acción comunitaria. #MeToo le dio voz a la gente, y la animó a denunciar sus experiencias. La expresión de los múltiples #MeToo surgidos en México parecen radicales para unos y reivindicativos para otros. Pero necesitábamos este sacudimiento, tras ver la indiferencia de muchos. Sólo entre 2014 y 2017 en la Ciudad de México, las denuncias se incrementaron en 433%, y no había pasado nada. La sociedad se está moviendo. Ahora requerimos de inteligencia, filtros para las denuncias y verificación, para que este despertar no nos lleve de regreso a las tinieblas.

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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/4 DE ABRIL DE 2019)


EL GOLPE DE OLGA A JARED


El presidente Donald Trump mandó un mensaje de paz al presidente Andrés Manuel López Obrador en la voz de su vocera, Sarah Sanders, quien en una entrevista para la cadena Fox News afirmó que el gobierno mexicano estaba siendo más responsable con la inmigración indocumentada. En 24 horas cambió el tono y la forma. Pero si dejan de hacerlo, agregó Sanders, “nos veremos obligados a tomar medidas drásticas, como cerrar los puertos de entrada en nuestra frontera”. La amenaza de sellar la frontera esta semana parece cancelada, al menos por ahora, antes las alentadoras señales recibidas desde la Ciudad de México, que significaron degradar a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, del manejo de los temas migratorios y desautorizar su posición en Miami.

El martes de la semana pasada se reunió en esa ciudad con la secretaria de Seguridad Territorial, Kirstjen Nielsen, donde discutieron la forma como los dos países podrían trabajar juntos para enfrentar la migración irregular a Estados Unidos y México, combatir el tráfico humano, el contrabando, y fortalecer la iniciativa del tercer país seguro. No hubo mucho más oficial de ese encuentro, pero el viernes, explotó Nielsen: “Enfrentamos una crisis en cascada en nuestra frontera sur. El sistema está en caída libre. La Secretaría de Seguridad Territorial está haciendo todo lo posible para responder a la creciente catástrofe humanitaria mientras garantiza la seguridad en nuestras fronteras”. Ese mismo día, Trump reinició sus ataques contra México.

La molestia de Trump obedeció a lo sucedido en Miami, donde Nielsen pensaba instrumentar los acuerdos entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el asesor especial de Trump, su yerno Jared Kushner, delineados una semana antes en la Ciudad de México. En esa reunión, López Obrador ofreció contener a los migrantes, censarlos y proporcionar sus nombres y fotografías al gobierno de Estados Unidos para identificar posibles criminales y terroristas, así como evitar ser aliado involuntario de los demócratas, que quieren hacer del fenómeno migratorio un tema electoral.

Información desde Washington permite entender que la indignación de Trump obedeció a que la secretaria de Gobernación desconoció los acuerdos del presidente y Kushner. Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, Kushner quedó expuesto ante su suegro, el presidente, porque sus esfuerzos diplomáticos discretos -no pensaba dar a conocer su cena con López Obrador, que fue quien la socializó-, habían fracasado. Asimismo, en la dinámica de las luchas palaciegas en la Casa Blanca, Kushner quedó disminuido frente a la dureza de Nielsen, que se convirtió en la voz cantante de las acciones punitivas de Trump.

Sánchez Cordero probablemente no se ha dado cuenta del daño que hizo al desconocer los acuerdos, al haber lastimado la puerta que abrió Kushner en México ante la pérdida de interlocución de alto nivel con el presidente de México, y las dificultades por encontrar funcionarios que tuvieran el respaldo absoluto de López Obrador. Desde la transición, Kushner, a quien Trump le encargó la relación directa con México e Israel, no simpatizó con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a quien tampoco le abrió la puerta de la Oficina Oval. Su enlace en Washington es el secretario de Estado, Mike Pompeo.

La reunión con López Obrador, buscada por Kushner, era para reestablecer el nivel de relación que había con el presidente Enrique Peña Nieto, donde tenían claro que hablar con el canciller Luis Videgaray era hablar con el jefe de Los Pinos. En el caso de López Obrador, la conclusión fue que nadie podía hablar por López Obrador porque nadie lo representaba.

De acuerdo con la información que ha trascendido de la Casa Blanca, Kushner convenció a Trump de que era importante el encuentro con López Obrador, como lo había tenido que hacer en 2016, cuando le dijo que hablaría con Videgaray. En el gobierno de Peña Nieto tuvieron una relación ejecutiva, donde los compromisos adquiridos se respetaron. Eso pensaba Kushner del nuevo gobierno, según lo que sale de Washington, pero la posición de Sánchez Cordero en Miami les mostró que no era así.

El desacuerdo público de Trump con México -quien ha cuidado no tocar directamente a López Obrador-, obligó a hacer más claro que el presidente de México iba a honrar los compromisos con Kushner, y se comunicó a Washington que Sánchez Cordero había sido relevada del manejo de los temas migratorios y que Ebrard la sucedería. El cambio se había dado desde la semana pasada, pero a nadie en Estados Unidos ni en México le quedó suficientemente claro. En esa línea, Ebrard comenzó a aparecer en espacios públicos desde el lunes para hablar sobre el tema migratorio, mientras que a Sánchez Cordero, la guardaron.

La sutil degradación de la secretaria de Gobernación tuvo un acuse de recibo con la declaración de la señora Sanders en Fox News, y tendieron un puente para que juntos, los dos países resuelvan el fenómeno de la migración. López Obrador tiene que enviar señales claras a Washington, si quiere evitar que Trump vuelva a arremeter contra México.

La laxitud de su política migratoria ya permeó en las élites, reflejadas en The New York Times, que publicó que la aglomeración de migrantes en México, adjudicada a las restricciones del gobierno de Trump al proceso de asilo, “también parece ser responsabilidad, en parte, del presidente mexicano”. Aunque López Obrador ha elegido en algunos aspectos ayudar a Estados Unidos en su agenda migratoria, el mensaje que ha enviado es que “ahora son más bienvenidos que nunca en México”. La comunicación a la Casa Blanca es que eso ya cambió. Por lo menos, por ahora, a decir de ambos gobiernos.

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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PESONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/3 DE ABRIL DE 2019)

AMOR Y PAZ NO BASTAN


El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue esquivando un choque con el presidente Donald Trump por el tema migratorio. Visto pragmáticamente, es una decisión inteligente, y no habría razones por la indignación de Trump, salvo que considere, como parece ser, que los compromisos con su yerno y asesor Jared Kushner en la Ciudad de México, los incumplió. Ofreció contener a los migrantes, censarlos y proporcionar sus nombres y fotografías al gobierno de Estados Unidos para identificar posibles criminales y terroristas, y evitar ser aliado involuntario de los demócratas, que quieren hacer del tema migratorio un tema electoral. A cambio, se fortalecería la posición de Trump para cabildear la ratificación del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Kushner fue muy específico, según minutas del encuentro. Si México resuelve los problemas de la migración desde Centroamérica, Estados Unidos estará dispuesto a ayudar a López Obrador con sus problemas económicos. Pero si no los resuelve y con ello contribuye indirectamente a la presión de los demócratas para acotarlo, no habrá ratificación del acuerdo y el presidente se retirará del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No creo que eso le convenga a México, dijo Kushner, pues entraría en recesión.

La preocupación de la Casa Blanca, como se ha mencionado en este espacio, es un problema de seguridad nacional porque dentro de las caravanas viajan sirios, iraquíes y pakistaníes, que ingresaron a México sin que el gobierno de López Obrador se percatara de ello. Abrir la frontera sin controles -aunque insisten los mexicanos que realizaron censos-, explica porqué Trump declaró una crisis en la frontera, desplazó más fuerzas federales al sur de su país, y elevó la presión a México.

López Obrador pareció entenderlo. Despachó a Miami a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para una reunión de casi dos horas con la secretaria de Seguridad Territorial, Kirjsten Nielsen, en la cual, dicen funcionarios, hubo 15 minutos donde la estadounidense enfureció tanto -por razones no reveladas-, que incluso se le puso la cara colorada. A su regreso, Sánchez Cordero anunció que controles migratorio en el istmo de Tehuantepec -un viejo sueño de Washington para establecer un dique en ese cuello de 200 kilómetros de largo-, se acabarían las visas humanitarias -el cambio de la política de puertas abiertas por una de contención-, serían un tercer país seguro para albergar a quienes pidieran asilo político en Estados Unidos, y que las agencias de inteligencia de ese país contribuirían con la identificación de posibles criminales y terroristas. Es decir, les entregaron todo lo que ningún gobierno mexicano antes había aceptado.

Pero aún así, Trump enfureció. ¿Qué sucedió? La impresión, puede argumentarse, es que la Casa Blanca concluyó que no hubo reacción de parte de López Obrador. El 27 de marzo, abrió fuego el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McAllenan, quien dijo en El Paso que la situación fronteriza estaba en un “punto de quiebre”. En los dos días anteriores, reveló, se detuvieron más de 12 mil inmigrantes en la frontera con México, tres veces más de lo que se considera una cifra “alta” y lo doble de un nivel de “crisis”. Sólo el lunes de la semana pasada se capturó a cuatro mil personas, el número más alto de aprehensiones en un solo día en la historia de Estados Unidos.

Dos días después, el 29 de marzo, Trump escribió en Twitter: “México debe evitar que los ilegales entren a Estados Unidos a través de su país y por la frontera sur. Por muchos años México ha hecho una fortuna de ello, mucho más grande que los costos fronterizos. Si México no detiene inmediatamente toda la inmigración ilegal… cerraré la frontera o amplios segmentos de ella la próxima semana”. Algo está en disonancia. Si el presidente López Obrador cedió en todo, ¿qué pasó? Aquí, tres claves de ello:

1.- Ante las quejas de Trump, López Obrador respondió que sí están haciendo cosas, y creando opciones de trabajo para los mexicanos. Pero no entendió. La migración mexicana -que ha decrecido en los últimos años- no es el problema, sino la que viene de Centroamérica. Hablar de mexicanos es darle la vuelta al problema que abordó Kushner e incumplir lo que acordó.

2.- López Obrador dijo que revisarían si hay criminales dentro de las caravanas. El problema es que el instrumento que tenían para ello, Plataforma México, fue desmantelado por el gobierno de Enrique Peña Nieto y no ha sido restituido. Estados Unidos, que financió el equipamiento tecnológico, no lo sabe. El gobierno de López Obrador tampoco, porque tienen un diagnóstico equivocado de lo que era la plataforma. El gobierno peñista les dijo durante que era “un proyecto de Slim” y lo creyeron, por lo que han desestimado la mayor base de datos criminal en América Latina. Por eso no saben con certeza, de forma instantánea, quiénes entran a México como inmigrantes.

3.- El Instituto Nacional de Migración anunció el domingo la reinstalación de las visas humanitarias, contrario a lo ofrecido por Sánchez Cordero.

López Obrador no ha cambiado su visión sobre cómo manejar la relación con Trump, a quien genuinamente le tiene miedo por lo que puede ocasionarle a su gobierno. Es peor lo que está sucediendo. Al ser tan locuaz para declarar sin acotar sus palabras, transmite ideas equivocadas. Al tener colaboradores incapaces, carece de información de calidad para responder a las exigencias. Tener un mensaje de gobierno diseñado como propaganda, comunica fallidamente. Es el peor de los mundos. Se entregó a Trump, y la Casa Blanca no entendió que se subordinó.

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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/2 DE ABRIL DE 2019)

ANDRÉS MANUEL COMO TRUMP


La relación de los medios de comunicación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, es cada vez más difícil. Se esperaba sus conferencias de prensa mañaneras iban a ser un instrumento útil, donde transmitiría un mensaje sin intermediarios a sus gobernados y, al alimón, respondería las dudas de quienes procesan, ordenan, contextualizan y jerarquizan sus declaraciones, los medios de comunicación. Las cosas no han salido como se esperaba, quizás más frustrante y decepcionante para los medios que para él -quien finalmente cumple el objetivo de ocupar la mayoría de los espacios la mayoría del tiempo-, aunque en la última semana el presidente mostró señales de molestia con periodistas y subió el tono de sus insultos.

Varios periodistas lo han confrontado por la forma como estigmatiza y polariza a los medios, utilizando como peyorativo el calificativo de “fifís” y “conservadores”, y cada vez los medios le exigen respuestas a sus preguntas, no evasivas ni ataques. Las cosas apuntan a que empeorarán. Las advertencias sobre la polarización que crea el discurso del presidente contra medios y periodistas -algunos de los cuales identifica por nombre-, reflejo de su mecha corta y su carácter excluyente contra quien no esté incondicionalmente con él, van creciendo. Él se defiende: es su derecho de réplica.

La semana pasada el periodista Ciro Gómez Leyva, abrió un debate en Radio Fórmula, donde varios abogados hablaron sobre este derecho. Dos posiciones reflejan la complejidad del tema. Por un lado, Fernando Gómez Mont, ex secretario de Gobernación, dijo que el presidente sí tiene derecho a la libertad de expresión, como reclama López Obrador, pero en momentos y espacios donde sea ciudadano y no en un marco institucional -como las mañaneras-, aunque en ningún espacio está facultado para dañar la moral de terceros. Daniel Cabeza de Vaca, ex procurador general, afirmó que el presidente tiene la obligación moral de hacerlo “en este nueva dinámica” que vive nuestra sociedad.

Una tercera visión que cabe, a partir de un concepto asimilado en el mundo pero poco debatido en México -de ahí la falta de bibliografía sobre el tema-, es que el presidente no tiene los mismos derechos que un ciudadano, en donde entran por definición los periodistas, más allá de la función social que realizan. Robert Sharp, un activista por la libertad de expresión en el capítulo inglés de PEN, una organización internacional de escritores, escribió en diciembre de 2016 sobre el presidente Donald Trump, que si bien la protección de la Primera Enmienda lo ampara, las restricciones sobre la libertad de expresión para un presidente son distintas a la de los ciudadanos.

Un caso básico es sobre los límites de la libertad. Si un ciudadano sin cargo público incita a la violencia, lo que es un delito, puede ser detenido y llevado ante la justicia, pero la policía no puede aprehender al presidente, ni un juez procesarlo. “La libertad de expresión del presidente está constreñida a las realidades de la política”, apuntó Sharp. “La mayoría de los políticos están constreñidos por la cortesía y por aquellas políticas que se consideren aceptables por el electorado”. Esta línea, ciertamente, es muy tenue por la subjetividad que implica, y por el tipo de formación del político. El presidente Barack Obama, recordó Sharp, se contuvo varias veces de hablar lo que pensaba para no ofender a un grupo de ciudadanos, lo que Trump, que no es político y que busca la controversia para elevar la atención en el tema que le interesa, no está acotado por esta consideración política. López Obrador se encuentra en esta categoría.

Es un presidente al que los parámetros de la Presidencia, el gobierno y las instituciones le estorban para gobernar, y su interacción con los medios y periodistas, cuando no se trata de utilizarlos como vehículos de propaganda, se convierten en un obstáculo enfadoso. Trump ha sido consistente en su hostilidad hacia los medios. En un artículo publicado en el portal del Poynter Institute en enero de 2018, Indira A.R. Laksmanan, recordó que ningún presidente disfruta la mirada crítica de los medios. “Pero ningún presidente antes de Trump se había enfrascado en una guerra con la prensa como esta, refiriéndose despectivamente de los periodistas como ‘mentirosos’, ‘vendedores de falsedades’ y ‘enemigos del pueblo’.”

Trump no ha agumentado, como López Obrador, el derecho de réplica. En una sociedad madura, el jefe de la Casa Blanca sería severamente criticado y puesto en la frontera de violaciones constitucionales. En México es distinto. El derecho de réplica del presidente, sea López Obrador o no, se puede dar dentro de los límites de la ley cuando un medio o un periodista dañen su reputación y fama pública como individuo, por ejemplo, con difamaciones o calumnias, o se entrometan en su vida privada. Pero cuando la crítica es sobre acciones y decisiones que afectan a la sociedad en su conjunto, sobre los abusos y excesos de poder, ese derecho -que no lo limita a responder con datos y argumentos- queda limitado al no ser equitativo.

Todas las mañanas tiene un atril para lanzar infundios contra los medios y periodistas, con una exposición nacional que amplifica la forma como los mancilla con impunidad porque nadie más tiene el mismo espacio para replicarlo. La libertad de expresión del presidente no contempla la provisión para denigrar a los medios, ni estimular con sus palabras linchamientos. Se puede argumentar que está en los linderos de violar la Constitución, que señala que “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas”, y de manera indirecta, por intimidación, rompe la línea de la legalidad al empujar la previa censura. El achicamiento de las libertades es real.

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(EJE CENTRAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/1 DE ABRIL DE 2019)