GMÉXICO, PEÑOLES Y FRISCO CAEN EN LA BMV POR INICIATIVA DE MORENA QUE REVISARÁ CONCESIONES MINERAS

Grupo México, propiedad de Germán Larrea, Industrias Peñoles, de Alberto Baillères y Minera Frisco, subsidiaria del Grupo Carso, de Carlos Slim, presentan pérdidas en la Bolsa Mexicana de Valores tras conocerse la iniciativa del partido Morena para regular la normatividad extractiva del país, que incluye, entre otros aspectos, la cancelación de concesiones.

La iniciativa también contempla que las mineras presenten informes anuales sobre su impacto en las comunidades indígenas.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).– Las mineras mexicanas pierden este miércoles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de conocerse la iniciativa de la Senadora Angélica García Arrieta del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para regular la normatividad extractiva del país, que incluye, entre otros aspectos, la cancelación de concesiones.

Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota-Velasco, bajó un 5.4 por ciento, su mayor caída diaria desde junio de 2013.

Industrias Peñoles, perteneciente al conglomerado Grupo BAL de Alberto Baillères González, se hundió un 4.7 por ciento, mientras que Minera Frisco, subsidiaria del Grupo Carso, de Carlos Slim, cayó 1.73 por ciento en las primeras horas de este miércoles.

El proyecto de ley de Morena propone regular la normatividad que rige las concesiones y asignaciones mineras priorizando la importancia de proteger y respetar los derechos humanos de las comunidades y pueblos donde se desarrolla esta actividad.

La legisladora del Grupo Parlamentario de Morena denunció que la Ley Minera no considera la necesidad de realizar análisis de impacto social y de las consecuencias por el otorgamiento de concesiones. Tampoco consultar a las comunidades y pueblos afectados por las mismas.

En ese sentido, dijo, se trata de un descuido jurídico e institucional de la Secretaría de Economía y del Servicio Geológico Mexicano.

Detalló que su propuesta tiene como objeto facultar al Servicio Geológico Mexicano a realizar estudios de impacto social respecto de las áreas objeto de concesión y de asignación mineras. También busca que la Secretaría de Economía pueda declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, así como cancelar concesiones y asignaciones mineras por este motivo.

Adicionalmente, garantizar que toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras atienda los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar, subrayó la Senadora.

Angélica García precisó que con estas modificaciones se obligará a los titulares de concesiones mineras que destinen un monto para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus actividades de exploración y explotación así como a rendir un informe anual del impacto social de su lote minero; y en caso de no hacerlo, cancelar la concesión por incumplimiento.

“Senadores y senadoras, ya lo ha declarado nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Es muy importante atender a las pequeñas colectividades donde se extraen los minerales porque pasa esto: se extraen, se causan daños y no se deja beneficio de la explotación minera; no privilegiemos el interés económico de unos cuantos por encima de los derechos sociales de la población que está siendo vulnerada”, dijo García al presentar la iniciativa en el Senado.

(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / 21 DE NOVIEMBRE 2018)

DESDE EL MURO, SECRETARIA DE SEGURIDAD DE EU PIDE BILLONES AL CONGRESO PARA REFORZAR LA FRONTERA ANTE CARAVANA MIGRANTE

Kirstjen M. Nielsen, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, visitó esta tarde la frontera entre San Diego y Tijuana para solicitar al Congreso billones de dólares para reforzar la infraestructura fronteriza y construir un nuevo muro entre ambos países debido a la llegada de migrantes centroamericanos a Tijuana y Mexicali.

La funcionaria federal realizó un breve recorrido por la sección de la malla fronteriza entre Playas de Tijuana e Imperial Beach, junto a representantes de la Patrulla Fronteriza y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, para observar el alambre de púas que ha fue colocado hace días con la llegada de la Caravana Migrante desde Centroamérica.

Nielsen habló de una “crisis sin precedentes en la frontera suroeste que es el resultado de lagunas legales específicas creadas por leyes pobremente elaboradas que evita la detención y repatriación de migrantes menores y familias sin documentos. Se están aprovechando de nosotros”.

Por ello, le pidió al Congreso no solo cerrar “estas lagunas mentales”, sino “billones (de dólares) para para tener la infraestructura, tecnología y personal que se requieren para ganar control de la frontera”.

Este mismo dio, el Pentágono informó al Congreso de Estados Unidos que el despliegue de miles de elementos de las Fuerzas Armadas en su frontera con México supone un costo de 210 millones de dólares.

Sobre la Caravana, la integrante del gabinete de Donald Trump advirtió “esta administración no tolerará solicitudes falsas de asilo o intentos ilegales de ingresar al país. Si intentan ingresar de manera ilegal sin autorización, serán detenidos, procesados y repatriados”.

Añadió que el formar parte de una caravana “no da ningún derecho especial para entrar a este país. Esperarán al final de la fila de aquellos que se encuentran en espera de ser procesados en nuestras garitas”.

No obstante, Nielsen ofreció cifras bastante alejadas de las registradas por el gobierno mexicano acerca del número de migrantes en Baja California. Aseguró que en Tijuana se encuentran 6 mil 200 personas en albergues y en Mexicali otras 3 mil más.

En realidad, los tres órdenes de gobierno han reportado que, hasta este día, se tiene registro de 2 mil 966 migrantes en el albergue temporal de Tijuana, mientras en Mexicali se han contabilizado cerca de 2 mil personas.

Por último, la titular del Departamento de Seguridad Nacional expresó que la construcción de un nuevo muro entre México y Estados Unidos sigue siendo una prioridad para la actual administración.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADAS BCS / INÉS GARCÍA RAMOS MARTES, 20 NOVIEMBRE 2018)

17 EJECUTADOS EN 25 HORAS, SOLO TRES VÍCTIMAS ESTÁN IDENTIFICADAS

En Tijuana, la cifra de homicidios dolosos llegó a 141 víctimas en lo que va de noviembre. En las últimas 25 horas  se registraron 17 crímenes. Solo tres de los occisos están identificados.

Aquí los hechos recientes:

Alrededor de las 07:39 horas del 20 de noviembre, por disparos por arma de fuego, murió un desconocido de alrededor de 45 años de edad,  en Privada Capulines, en el fraccionamiento Ribera del Bosque, Delegación La Presa

Luego a las 07:55 horas fue localizada en el interior de una bolsa de plástico color negro, una cabeza humana cercenada de un masculino. El hallazgo ocurrió en calle Vicente Guerrero, colonia Mariano Matamoros Sur, Delegación La Presa

A la misma hora, un sujeto, que iba a bordo de un vehículo  Ford Eco Sport ALL2832, fue ejecutado a tiros frente a un plantel escolar localizado en calle Meseta, Colonia Playas de Tijuana,  Sección Jardines. La víctima, sin identificar, tenía alrededor de 35 años. Agentes periciales localizaron en la escena del crimen, 10 casquillos calibre. 40mm

El cuerpo de un desconocido, de 35 años, envuelto en una cobija fue abandonado en Avenida Internacional, en la colonia Lomas de la Misión, Delegación Playas de Tijuana. La víctima tenía herida por arma de fuego

Dentro de un automóvil Ford Focus, placas V08-NRD-7, fue localizado privado de la vida a balazos, un sujeto de alrededor de 25 años. Los hechos ocurrieron en calle Miguel Hidalgo, del   Ejido Lázaro Cárdenas, Delegación San Antonio de los Buenos. En la escena del crimen se contabilizaron 10 casquillos calibre 9mm.

Un hombre, de 30 años, aún sin identificar, fue ejecutado de al menos 10 tiros de arma calibre 9mm calle Imperio Azteca sin número, en la colonia Valle Imperial,  Delegación La Presa.

En el Hospital General pereció tras las heridas de proyectil de arma de fuego que le propinaron en tórax, y lesión vascular, Jorge Enrique Vásquez Beltrán de 45 años.

Martha Leyva Nieves, de 27 años,  fue herida de bala en la colonia Presidentes; horas más tarde falleció en el Hospital General. También en el mismo nosocomio murió José Botello Arias, de 48 años, por los tiros que recibió en el tórax.

En la calle Lázaro Cárdenas de la colonia Niño Artillero, Delegación Sánchez Taboada, fue localizado el cadáver de un masculino. Junto al cuerpo se hallaron 3 casquillos calibre 223.

Alrededor de las 01:05 horas de este 21 noviembre frente a un domicilio en calle Misión de Loreto fue dejado el cadáver de un desconocido de alrededor de 30 años. La víctima estaba envuelta en una sábana color azul, amarradas con cuerdas y cinta adhesiva.

Dos cuerpos sin vida fueron localizados en la cajuela de un vehículo de la marca Honda Accord 1991, el cual estaba incendiado del interior y de la parte delantera. Los cadáveres, al parecer del sexo masculino, estaban cubiertos con cobijas, color café.  Información revelada señala que la unidad contaba con pre denuncia por robo.

De un tiro en la cabeza fue ultimado un masculino en calle Frambuesa Norte, colonia La Morita, Delegación La Presa Rural.

Por último, los cadáveres de dos hombres y una mujer fueron encontrados en la cajuela de un vehículo Honda, color verde, placas fronterizas BHH 63 17,  abandonado en callejón Rosita y Bulevar Díaz Ordaz, en la colonia La Mesa a la altura del Yonque Rábago. Junto a los cuerpos fue dejado un narcomensaje.

En ninguno de los casos se reportan personas detenidas.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  ZETA/ MIÉRCOLES, 21 NOVIEMBRE, 2018 10:50 AM)

LÓPEZ OBRADOR CONTRA PEÑA NIETO

Entre el Andrés Manuel López Obrador que dialogó con periodistas y politólogos el 3 de mayo en plena campaña presidencial, y el que estuvo anoche en un nuevo encuentro en el programa Tercer Grado, las diferencias son notables. La corrupción, que sabía que existía ampliamente en aquél entonces, “es mucho más grande de lo que había imaginado”.

Todo lo que se ha tenido que revisar tiene que ver con la corrupción, dijo. Pero hay tanta, que “no alcanzarían las cárceles ni los juzgados” para poder encerrar a todos los culpables, comenzando por los de arriba, en el gobierno, y no sólo en el de Enrique Peña Nieto, sino “de tiempo atrás”. Pero López Obrador no ha cambiado en algo, su convicción de que no perseguirá a nadie, porque cree que lo metería en una confrontación que sólo llevaría a la discordia. Esto lo distraería de su proyecto de transformación, aunque quizás, no le será posible mantener su deseo.

López Obrador tomó de aquél programa de mayo la referencia que hizo René Delgado de la Ley del Punto Final, establecida en 1986 en el gobierno de Raúl Alfonsín en Argentina, que estableció la caducidad de la acción penal en contra de aquellos imputados por la desaparición forzada de decenas de miles de argentinos que sufrieron la represión de la dictadura militar, quienes habían sido colocados en el banquillo de los acusados como una externalidad de la transición a la democracia, tras el colapso del régimen militar con la derrota ante el Reino Unido en la guerra de las Malvinas. Alfonsín buscó lo que quiere ahora López Obrador y poder continuar su proyecto reformador, pero se encontró con la oposición de miles de víctimas y protestas sociales que la tildaban de una ley “para la impunidad”.

Casi 20 años después, por iniciativa de la entonces diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, hija de Rodolfo Walsh, un periodista e intelectual que fue miembro de los Montoneros y fue asesinado por la dictadura, que también mató a la hermana de la ex legisladora en un enfrentamiento con los militares, el Senado argentino anuló en 2003 la Ley del Punto Final y una subsecuente de Alfonsín, la Ley de Obediencia Debida, que era una ley de perdón, con lo que iniciaron 11 juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad, impulsados por el presidente Néstor Kirchner. En Argentina, los agravios y los crímenes cometidos por la dictadura fueron la tuerca que torció la historia hacia la democracia, y por más esfuerzos de reconciliación que se trataron, el pueblo no permitió que quienes fueron responsables de aquellos crímenes, gozaran de impunidad.

La tuerca que torció la historia en México y llevó a López Obrador a la Presidencia fue la corrupción y la inseguridad, los dos temas recurrentes en la insatisfacción del electorado, entre quienes votaron por el candidato de la izquierda, y quienes lo hicieron por otras opciones. Esos fenómenos fueron transversales, y pese a que como presidente electo se los recuerdan en todo el país o descubren que el pozo de la corrupción no tiene fondo, López Obrador insiste en que haya un antes y un después a partir del 1 de diciembre. “Vamos a iniciar una nueva etapa y dejar atrás la horrible historia de corrupción”, dijo en Tercer Grado. “Vamos a acabar con la pesadilla”. Su voluntad va a tener que modificarse.

En la entrevista narró los porqués de su cambio de regresar paulatinamente a los militares a los cuarteles, como establece el Proyecto Alternativo de Nación y someter la seguridad pública al ámbito civil, que es la gran rectificación que ha hecho como presidente electo. Señaló que el fracaso de la estrategia de seguridad tiene que ver con que fue diseñada para beneficiar a un pequeño grupo, al que ha salpicado -no lo dijo él, pero lo han comentado en su equipo de transición- a altos mandos del gobierno. Han encontrado oscuros desvíos presupuestales en la Policía Federal durante la primera parte del gobierno y la inexistencia de expedientes completos en materia de delincuencia organizada en la PGR, que alimentan sus presunciones de ilegalidades. Ese pasado va a atrapar irremediablemente a López Obrador, aunque trate de esquivarlo.

La entrevista de Tercer Grado estuvo acotada por el tiempo del formato de televisión, pero al terminar, le pregunté si toda la información que está saliendo de la Corte Federal de Brooklyn en el juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán no obligarían a su PGR o a su fiscal, a iniciar una investigación en contra del presidente Peña Nieto, a quien los abogados de los narcotraficantes están acusando de haber recibido dinero del Cártel del Pacífico, que hacen eco a lo que declaró en marzo Phil Jordan, ex director de la DEA en el Paso, Texas, en una entrevista con la cadena Univisión, donde afirmó que El Chapo inyectó “mucho dinero” en la campaña presidencial del actual mandatario y pagaba miles más por protección, como lo hizo en el gobierno del presidente Vicente Fox, a cuyo gobierno dio millones de pesos para que lo dejaran escapar.

López Obrador se quedó unos instantes pensando en la respuesta. “Tendría que haber presión interna”, dijo. Iniciar una investigación contra Peña Nieto no sería consecuencia natural de lo que se diga en Brooklyn, más allá de lo contundente que pueda ser la evidencia. Tiene razón. Si se quiere enjuiciar al presidente actual, la sociedad mexicana debe exigirlo, como lo hizo la argentina para derogar la Ley del Punto Final, Pero si es así, López Obrador no tendrá alternativa. En ese caso específico, irá por él.

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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA PALACIO/20 DE NOVIEMBRE DE 2018)

EL NARCO INVOLUCRA A PEÑA

William Purpura va a ser un nombre para recordar. El abogado de Baltimore que nació en Ecuador, defendió a Zhenli Ye Gon, el empresario sino-mexicano que importaba de China los precursores químicos para las metanfetaminas, y hoy es uno de los tres defensores de Joaquín El Chapo Guzmán en la Corte Federal de Brooklyn. En una declaración en la Corte adelantó que esta semana Jesús El Rey Zambada, revelará que por órdenes de su hermano, el jefe del Cártel del Pacífico, Ismael El Mayo Zambada, le pagó al menos seis millones de dólares al presidente Enrique Peña Nieto, para brindarle seguridad en la Ciudad de México y otras ciudades donde vivía.

La revelación es brutal, salvo que tiene algunos huecos que hay que explicar. El encargado de entregarle el dinero a Peña Nieto fue El Rey Zambada, quien es uno de los testigos estelares de la Fiscalía, y que fue detenido a finales de 2008 en la Ciudad de México, cuando el presidente era Felipe Calderón; en ese entonces, Peña Nieto era gobernador del estado de México. ¿Continuaron los pagos en Los Pinos? Jeffrey Lichtman, el principal defensor de El Chapo, agregó que los pagos no se interrumpieron pese a que El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán estuvieron separados durante la mayor parte del tiempo entre 1985 y 2008. El eje de la defensa es que El Chapo no era jefe de la organización, ni hizo las cosas de las que lo acusa la Fiscalía.

Siempre hay problemas con las declaraciones de criminales, que suelen escupir acusaciones como resultado de los acuerdos fuera de la corte con las Fiscalías, aprovechando que es el acusado quien debe probar su inocencia, no el acusador probar su dicho. Purpura adelantó que aportarán evidencias, sin precisar si como adelantó, el testigo de la Fiscalía detallará los pagos a Peña Nieto, o para demostrar que Guzmán no es el tipo de capo que pinta el gobierno de Estados Unidos. En cualquier caso, el reguilete de imputaciones directas sobre el presidente comenzará, sin que pueda aportar evidencias sólidas, más allá de desmentidos, que apoyen con una contundencia incontrovertida que dice una verdad químicamente pura.

El récord del gobierno de Peña Nieto con respecto al Cártel del Pacífico, su subsidiara, el Cártel Jalisco Nueva Generación y la lucha contra el narcotráfico en buena parte del país, no lo ayuda y deja abierta la puerta a suspicacias. Como botones de muestra, hay que reiterar el contexto:

1.- Durante los primeros ocho meses de gobierno, se dejó de combatir totalmente a los cárteles de la droga. El argumento: esa era la forma como se reducía la violencia. Como se ve en las estadísticas, eso no sucedió. En cambio, se fortaleció el Cártel del Pacífico, emergió como fuerza poderosa el Jalisco Nueva Generación, renació La Familia Michoacana como Los Caballeros Templarios, y revivieron Los Zetas, que prácticamente se habían quedado sin droga qué vender.

2.- El gobierno de Peña Nieto utilizó al Cártel Jalisco Nueva Generación, incrustados en los grupos de autodefensa en Michoacán, para aniquilar a Los Caballeros Templarios. Los capos del Pacífico recuperaron el control de las rutas de los precursores químicos que se las habían arrebatado los michoacanos, como también fueron expandiendo su control por la frontera norte.

3.- Pese a ser alertada que estaba próximo a ser liberado Rafael Caro Quintero, uno de los legendarios capos sinaloenses, sentenciado por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, que dio origen a la “Operación Leyenda” -la mayor que haya realizado nunca la agencia antinarcóticos estadounidense-, la PGR no hizo nada para impedir que recuperara su libertad en agosto de 2013 cuando un juez desechó el delito de secuestro y asesinato, porque Camarena “no estaba acreditado como agente diplomático ni consular”. Caro Quintero salió de la cárcel en 30 minutos, cuando el trámite regular lleva al menos de ocho a 10 horas.

4.- En seis años, el Cártel Jalisco Nueva Generación se ha erigido, ante el ojo público, en la organización criminal más poderosa de México y una de las más fuertes del país, mientras que su líder, Nemesio Oseguera, El Mencho, se ha convertido en una figura muy buscada por Estados Unidos y, aparentemente por México. En dos ocasiones altos funcionarios federales comentaron que estaban “a días” de capturarlo, y nunca se concretó. Cuando en una operación secreta en Jalisco en mayo de 2015 el Ejército estuvo a punto de detenerlo, llamadas telefónicas desde las oficinas de la Policía Federal en Guadalajara lo alertaron y sus escoltas mataron a ocho soldados y una agente de inteligencia federal.

5.- El gobierno ubicó 122 “objetivos prioritarios”, y logró la captura o el abatimiento de 112. Entre ellos están líderes de Los Caballeros Templarios, del Cártel de Juárez, del remanente Cártel de Tijuana, de Los Zetas y de la facción de El Chapo Guzmán y de los Beltrán Leyva. De El Mayo Zambada y El Mencho, nada.

La dialéctica del conflicto del gobierno con los sinaloenses ha sido distinta a la que han desarrollado contra el resto de los cárteles. El esperado testimonio de El Rey Zambada, como lo adelantó Purpura, es inverosímil por donde se vea. Sin embargo, hubo tanta discrecionalidad y sesgo en la lucha contra el narcotráfico en este sexenio, que se puede afirmar, en el mejor de los casos, que por omisión o comisión, el jefe de Estado es responsable político del desastre nacional que se vive por la inseguridad y la violencia galopante que pudre a México, y nos debe una amplia y clara explicación, política o ante tribunales.

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(EJE CENTRAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ESTRICTAMENTE PERSONAL/19 DE NOVIEMBRE DE 2018)

LA BOMBA DE ZAMBADA

El testimonio de Luis Zambada, El Rey, en el segundo día del juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, está lleno de cargas nucleares. Como testigo de la Fiscalía contra quien fue su socio durante lustros, reconoció en la Corte Federal de Brooklyn cómo controló durante casi toda la primera década de este siglo, el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México, mediante el pago de sobornos a funcionarios de la PGR y de la Policía de Caminos. No lo reveló Zambada, hermano del líder del Cártel del Pacífico, Ismael El Mayo Zambada, pero su testimonio, si se quiere llegar al fondo de lo que dijo, podría llegar a tocar a los ex procuradores Eduardo Medina Mora, actualmente ministro de la Suprema Corte de Justicia, y a Marisela Morales, que recientemente presentó su renuncia como cónsul en Milán.

Para entender la raíz de estos vínculos hay que remontarse al 22 de octubre de 2008, cuando en un operativo en Lindavista, agentes de la Policía Federal detuvieron a El Rey Zambada, junto con su hijo y 15 miembros del cártel. Los agentes seguían su pista como el jefe de plaza, que había puesto precio a la cabeza de varios de los comandantes de la Policía Federal. Asesinos de bandas contratados por el Cártel del Pacífico mataron en mayo de ese año a Roberto Velasco, director de Investigaciones Criminales de la Secretaría de Seguridad Pública, que llevaba años tras la pista de El Chapo Guzmán. Ese mismo mes ejecutaron a Édgar Millán, coordinador de Inteligencia y Operativos contra el Crimen Organizado de la misma dependencia. En la lista funcionarios sentenciados se encontraban Luis Cárdenas, coordinador de Inteligencia de la Policía Federal, y Gerardo Garay, quien reemplazó a Millán.

Garay le ganó la carrera a Zambada, y encabezó el operativo que lo detuvo. Las intercepciones de su teléfono mostraron que El Rey pidió, en el momento del enfrentamiento con los federales. que lo rescatara Édgar Bayardo, un mando medio en la Policía Federal que recibía 25 mil dólares mensuales del Cártel del Pacífico por protección. Bayardo no pudo hacer nada porque Garay y su equipo actuaron con mayor velocidad e impidieron que intercediera por Zambada. Una semana después, Bayardo fue detenido por su presunta vinculación con la organización criminal.

Bayardo se convirtió en testigo protegido de la PGR y le reportaba directamente a Medina Mora. El entonces procurador y Morales, quien en ese entonces era subprocuradora para Investigaciones Especiales contra la Delincuencia Organizada, utilizaron a Bayardo para que declara contra Garay y lo inculpara de estar ligado a El Rey Zambada. La PGR lo detuvo por esa declaración en diciembre de ese año, hasta que cuatro años después, un juez lo exoneró por falta de pruebas. Bayardo corrió con diferente suerte. El 1 de diciembre de 2009, todavía como testigo protegido bajo el manto de Medina Mora, fue asesinado en un Starbucks en la colonia del Valle. Un mes antes, había aparecido muerto –dijeron que fue suicidio-, el hijo de El Rey Zambada.

Eran ajustes de cuentas contra Zambada, que formaba parte de algo más grande, la implosión en el Cártel del Pacífico, que comenzó cuando los hermanos Arturo y Héctor Beltrán Leyva, que trabajaban para El Rey Zambada, rompieron con él y con el resto de los líderes criminales, incluido Guzmán, a quienes acusaron de haber delatado a su hermano Alfredo, El Mochomo, detenido en Hermosillo en enero de 2008. Los Beltrán Leyva arrebataron al Cártel del Pacífico el control del aeropuerto y todo el lucrativo corredor del trasiego de drogas sintéticas y cocaína que cruzaba Morelos y Guerrero. Aquella guerra tuvo su pico en mayo de ese año, cuando en un solo fin de semana hubo más de 60 asesinatos de miembros y familiares del Cártel del Pacífico, adjudicados a los Beltrán Leyva.

Esa escisión redefinió los territorios y las batallas de las organizaciones criminales en México, y tras la captura de Zambada, los Beltrán Leyva, que tenían alto poder de fuego, se quedaron con la plaza. De ellos nacieron Guerreros Unidos y Los Rojos, y el fortalecimiento de Los Zetas, sus enemigos históricos con quienes se aliaron para enfrentar al Cártel del Pacífico. El Chapo nunca rompió con El Mayo Zambada, quien lo protegió y financió durante muchos de sus años en fuga, pero su hermano y sus sobrinos son ahora testigos de los fiscales en Estados Unidos.

La implosión en el Cártel del Pacífico alteró también las redes de protección institucional que recibía a nivel federal y estatal. Dentro de la cadena de detenidos a finales de 2008, tras la captura de El Rey Zambada, estuvo Javier Herrera Valles, ex comisionado de la Policía Federal, que había salido de la Policía de Caminos. Herrera Valles fue acusado de trabajar para El Mochomo Beltrán Leyva, y lo encarcelaron durante tres años, hasta que también fue puesto en libertad por falta de pruebas por parte de la PGR. Herrera Valles reapareció públicamente como secretario de Seguridad Pública de Nayarit en 2017, pero duró escaso un año en el cargo. Desde entonces, no se sabe nada de él.

El testimonio de El Rey Zambada abarca una década fundamental en la historia de los cárteles mexicanos. Fueron los años de la consolidación del Cártel del Pacífico, que reclutó a funcionarios en todos los niveles, inclusive en la Presidencia de la República bajo el mandato de Vicente Fox, y su expansión en ese sexenio que llevó a que a finales de 2006, el presidente Felipe Calderón iniciara la guerra contra las drogas. Esta historia probablemente terminará de escribirse en Brooklyn.

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(EJE CENTRAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ESTRICTAMENTE PERSONAL/16 DE NOVIEMBRE DE 2018)

EL JUICIO A EL CHAPO

El juicio de Joaquín El Chapo Guzmán arrancó en la Corte Federal de Brooklyn de forma estridente. Jeffrey Lichtman, su abogado defensor, reconoció que su cliente sí era narcotraficante –siempre dijo en México que era agricultor- pero de baja ralea, bajo las órdenes de Ismael El Mayo Zambada, quien paga sobornos a dos presidentes mexicanos, a jefes militares y policiales y a agentes de la DEA, para que no sea capturado, mientras que el fiscal Adam Fels sacó de la nada una revelación extraordinaria: el asesinato del cardenal Juan José Posadas Ocampo en Guadalajara en 1993, fue cometido por el gobierno de Carlos Salinas. En la presentación de sus argumentos iniciales, quedó claro que en el banquillo de los acusados también están los gobiernos de México.

El escándalo que produjeron esas revelaciones en México quedó atrapado en las diferencias políticas, pero esa a favor y en contra de las viejas imputaciones de vinculación de los cárteles de la droga con los gobiernos mexicanos, están desgastadas. Pero las imputaciones de los abogados, que anticipa la presentación de más de 300 mil documentos de evidencias, 14 mil grabaciones telefónicas, fotografías satelitales y testigos protegidos, que aportarán los fiscales de Brooklyn, Miami y el Departamento de Justicia, y la defensa de El Chapo, abrirán una puerta muy grande en la relación del crimen organizado con funcionarios mexicanos a lo largo de los años y deberá obligar al próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, a investigarlos para determinar si hay sustento o no en las acusaciones.

No es solamente la defensa del narcotraficante sinaloense la que abrirá esa Caja de Pandora en tribunales donde no tiene influencia ni capacidad para obstruir el gobierno federal, sino que los fiscales, en una Corte abierta, ventilarán las miserias institucionales de México. El juicio de Guzmán no es el final de una carrera criminal, sino el principio que por años hemos esperado muchos mexicanos para saber el grado de protección que tuvo del gobierno. En febrero de 2014, días después de la segunda captura de El Chapo, escribí en El País de Madrid:

“El Chapo Guzmán logró evadir a policías y militares en buena parte gracias a las luchas entre los funcionarios durante los gobiernos panistas. En el Gobierno de Vicente Fox, en al menos tres ocasiones agentes federales estuvieron a horas de capturarlo, pero en dos ocasiones las indiscreciones de funcionarios ayudaron a que se escapara, y en otra, la falta de una autorización para que se procediera a detenerlo, le permitió huir. En el de Felipe Calderón, los conflictos intramuros que tenían como su arena pública la prensa, impidieron el objetivo. En una ocasión, cuando se seguía una pista muy segura y se había detenido a quien conocía su bitácora, dentro del mismo gobierno se boicoteó la búsqueda cuando revelaron a la prensa en qué andaban los agentes federales”.

En el arranque de la guerra contra las drogas del gobierno de Calderón, los operativos federales realizados en la frontera norte tenían un patrón extraño que nunca fue aclarado. Las fuerzas de seguridad, sin importar si la incidencia delictiva era relevante o no, operaban contra el cártel que predominaba en la región, como el de Tijuana o el de Juárez, y los neutralizaba. Como consecuencia sistemática de esa acción, la facción de Guzmán del Cártel del Pacífico -o Sinaloa-, pasaba a ocupar y dominar la plaza. Cuando llegó Peña Nieto al gobierno, hubo cambios importantes en el penal del Altiplano, en Almoloya, donde estaba recluido Guzmán.

La Comisión Nacional de Seguridad, que para entonces ya había sido absorbida por la Secretaría de Gobernación, logró que se retirara el Ejército de la vigilancia y seguridad perimetral de la cárcel de máxima seguridad, sustituyéndola por el CISEN, que instaló un equipo de monitoreo permanente dentro del penal, con réplicas en el cuartel general del servicio de inteligencia civil, y uno en la oficina del entonces secretario Miguel Ángel Osorio Chong. En paralelo, se cancelaron los protocolos de seguridad en el penal, se dejó de dar mantenimiento a los seis diferentes tipos de sensores subterráneos, se relajaron las restricciones para las visitas al penal, y se rechazaron todas las peticiones de las autoridades carcelarias para que lo cambiaran de celda o de penal. El Chapo no se escapó antes de esa cárcel, porque no fue detenido antes.

Tras su fuga y recaptura, la organización criminal ascendente fue el Cártel Jalisco Nueva Generación, que se expandió y fortaleció al mismo tiempo, pero con diferente potencia, que Los Zetas, Los Caballeros Templarios y el propio Cártel de Sinaloa, gracias a ocho meses de gracia que les dio el gobierno de Peña Nieto de no combatirlos. Le llamaron estrategia, pero la consecuencia fue que la organización que se surgió de forma autónoma de la facción que controlaba El Chapo Guzmán.

El Cártel Jalisco Nueva Generación se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo durante el sexenio de Peña Nieto, y aunque en los últimos meses han buscado capturar a sus líderes, los esfuerzos han sido inútiles. La vez que estuvo más cerca el Ejército de capturar a su jefe, Nemesio Oseguera, El Mencho, fue el 1 de mayo de 2015, cuando se realizó un operativo en Jalisco, que también fracasó porque policías federales en Guadalajara le advirtieron que iban por él.

La relación de altos funcionarios de diversos gobiernos con el crimen organizado ha emergido de manera fragmentada y particular. Nunca como un fenómeno sistémico. El juicio de El Chapo nos permitirá asomarnos a esa realidad mexicana que, como afirmó Lichtman, “pondrá los pelos de punta”.

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(EJE CENTRAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/15 DE NOVIEMBRE DE 2018)