martes, 18 de septiembre de 2018

REBROTE DE VIOLENCIA POR SINALOA


En los primeros 12 días de septiembre, ocurrieron 12 eventos de alto impacto, desde “levantones”, balaceras y ejecuciones al estilo de la delincuencia organizada. Autoridades señalan una mayor presencia del Cártel de Sinaloa en BCS

“Mucho movimiento se ha denunciado en las comunidades y rancherías al sur de La Paz, reportan movimiento entre San Blas, El Carrizal y la ‘Y’, incluso San Antonio y Los Planes. Ya hemos tenido reportes de gente que se mueve en El Águila (transporte público federal de pasajeros), pero ahora ha aumentado la presencia de autos y camionetas extrañas”, detalló a ZETA un agente del Grupo de Coordinación de Baja California Sur.

Camionetas lujosas, de doble rodado, así como medianas y sin placas, han sido reportadas por habitantes de San Blas y El Carrizal; hombres armados han sido vistos de paso.

“Cortan el paso entre las brechas, por el Rancho Álvaro Obregón, algunos clientes de Los Brasiles (restaurante entre comunidades sin pavimento)”, han documentado con evidencia que ahora pertenece a las fuerzas de seguridad. Se habla de personas jóvenes que transitan de paso, que desde luego han causado impacto entre los ciudadanos.

“Nosotros no nos metemos con nadie y dejamos que las cosas sigan, pero estamos preocupados que algo como lo ocurrido en Melitón (Albañez) nos pase, no queremos estar en medio de una pelea”, expuso uno de los reportantes.

En los registros de Inteligencia de la Policía Federal, tanto en el filtro de revisión de Calafia en la entrada a la Capital, como en carreteras, existe registro de testimonios de choferes, pobladores y turistas que han captado movimiento “extraño”, sin que a la fecha se haga presente el grupo de reacción.

“Si por esas comunidades están pasando, imagínate dónde se están quedando, creo que los cuerpos de seguridad están pecando de confiados, están creyendo que esto verdaderamente se apagó, pero no es así; en las mismas calles te enteras del sentir de los pobladores, sienten ese temor”, explicó un miembro del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito.

La distracción y pasividad de los cuerpos de seguridad fue confirmada por las Fuerzas Armadas ante una reacción por los hechos ocurridos durante la última semana.

“Ya estamos preparando de nuevo al sector operativo, esto tiene que ser preventivo, pues ya vemos más incidentes, todo apunta a que tendremos que intervenir con fuerza para retener la violencia, ya se tienen algunos reflejos y muestras que esto se quiere salir de control. Hemos sostenido algunas reuniones, la instrucción que hemos dado y la solicitud del gobierno estatal, es que reforcemos sus acciones”, refirió una fuente militar.

La madrugada del lunes 10 de septiembre, aproximadamente a la 1:55 am, en las calles de Sinaloa y Revolución de la colonia Pueblo Nuevo en La Paz, fue asesinado Hugo Abaroa “El Abaroa”.

“Son de los antiguos que pertenecían a ‘La Plaza’, hasta cierto punto pudiera tratarse de limpia o gente que estaba tratando de voltear bandera, pero lo cierto es que se pone caliente y lo más seguro es que se echen a otro”, apuntó el elemento perteneciente a la Policía Municipal de La Paz respecto al hombre que murió por cinco impactos de bala.

SINALOA GANA TERRENO

La mañana del domingo 9 de septiembre, en el arroyo cercano a El Chamizal de San José del Cabo, terreno del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se localizó el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 50 años; en el sitio fueron localizados cinco casquillos percutidos de arma larga.

“Desde el evento de Caduaño, quedó plenamente confirmada la llegada de miembros del Cártel de Sinaloa, la manera en que operaron, pero no solo eso: el cuerpo localizado en El Chamizal también responde a las características, la manera de operar de dicho cártel. Esperamos respuesta de la otra parte, aunque quizá haya sido respuesta a las tres osamentas localizadas detrás del Aeropuerto de San José”, informó un agente de seguridad en Los Cabos.

“Desde luego se trata de una prueba de poder, fue una muerte muy cruel y justamente después del incidente de los restos humanos por el Aeropuerto, creo que cada quien se está haciendo presente”, agregó.

Los primeros 12 días de septiembre de 2018 marcan por su alto impacto, ya que un grupo de jóvenes sinaloenses han sido vistos, “operando” desde asaltos hasta homicidios.

Melitón Albañez y Todos Santos, “territorio que ya estaba en manos de Jalisco” -confirmó el agente consultado por ZETA– se ha visto envuelto en encuentros lamentables: el sábado 8 de septiembre, cerca de las once de la noche, un comando armado abrió fuego en repetidas ocasiones en contra de Manuel Monays, de ocupación jornalero, el cual tenía en su poder un arma de fuego corta; lo identifican como narcomenudista de la zona y originario de Sinaloa.

De igual manera, un joven de entre 25 y 30 años de edad, aún sin identificar, fue hallado unos metros más adelante con varios impactos de bala en la espalda. Tiene un tatuaje en mano izquierda, y en el antebrazo, una cruz y un corazón en llamas con calavera.

Una hora antes del reporte del homicidio en Melitón Albañez, a unos 20 kilómetros del lugar, se reportó un asalto con armas largas en la estación de combustible Smart Gas, a la orilla de la carretera en la entrada a Todos Santos Pueblo Mágico.

Jóvenes con armas largas amenazaron a los empleados del lugar, viajaban en un automóvil color gris de reciente modelo y traían el rostro cubierto. Se apoderaron de la venta de la noche, aproximada a 2 mil pesos, así como de teléfonos celulares.

Cabe mencionar que los mismos sujetos fueron descritos en un asalto cometido el miércoles 12 de septiembre en la colonia Olas Altas en La Paz, donde dejaron amarrada a su víctima, quien presta servicio de la plataforma Uber.


Miembros de La Plaza y Los Tegoripeños, así como los llamados Los Nueva Generación del Mayo, se encuentran en disputa de territorios de La Paz y Los Cabos, están en la mira de fuerzas federales

Días antes, 8 de septiembre, autoridades de seguridad de los tres niveles fueron alertados y extrañamente llamados a indagar en un choque de vehículo contra objeto fijo; en el sitio se encontraba un taxi amarillo con verde del sitio Estrella Verde, número económico 49. Paramédicos diagnosticaron muerte por anemia aguda, producida por arma punzocortante a la altura del cuello.

“Recabando la información del incidente, por lo menos dos personas viajaban a bordo de la unidad, posiblemente se trató de un asalto”, refirió un agente de investigación de la Policía Ministerial.

El taxi se impactó contra un árbol en la calle Calafia, acceso de la colonia Cruz de Piedra en La Paz.

Las nuevas operaciones consisten, de alguna manera, en obtener recursos para seguir operando el contraataque y lucha por el control de la plaza.

De acuerdo a registros obtenidos por ZETA, en los primeros 12 días de septiembre, hubo 12 eventos de alto impacto, desde “levantones”, balaceras y ejecuciones al estilo de la delincuencia organizada, en los que diez personas murieron violentamente a manos de células criminales.

Todo parece indicar que la presencia del Cártel de Sinaloa está poniendo nerviosas a las autoridades, sobre todo porque han conseguido reorganizarse y retomado fuerza en toda la Península de Baja California, mientras que el CJNG ha sido debilitado hasta cierto punto por la presencia policial.

OPACIDAD SOBRE NARCOFOSAS

En medio de la crisis de seguridad y violencia, la desaparición de personas y las cifras confusas sobre los hallazgos de fosas clandestinas en el país, el gobierno de Guanajuato se ha cerrado a la información de la presunta localización de tres sepulcros anónimos que contenían al menos 37 cadáveres. En tanto, en Veracruz se reportó la localización de 174 cráneos en 34 narco fosas.

En el caso de Guanajuato, medios de comunicación aseguran que las autoridades estatales están ocultando información; mientras que éstas guardan silencio en un intento de cerrar la administración lo mejor posible para la imagen del gobernador Miguel Márquez. Se pretende confundir a la opinión pública en el sentido de que las fosas de las que se habla, son las mismas localizadas en mayo próximo pasado.

Y es que las presuntas fosas referidas en días recientes, se encontrarían ubicadas en las inmediaciones de la comunidad Los Ángeles en el municipio de Villagrán, zona donde en diversas fechas de mayo se dio cuenta del hallazgo de agujeros en los que había cadáveres inhumados clandestinamente; en aquella ocasión se aseguró que se trataba de 37 cuerpos rescatados entre el 5 y el 18 de mayo.

El hermetismo injustificado de las autoridades guanajuatenses ha motivado que se hable de otras tres nuevas fosas con un número de cadáveres enterrados similar al de hace cuatro meses; sin embargo, la Fiscalía no confirma ni desmiente la información, que podría ser duplicada.

La región donde se registran estos acontecimientos es la misma que tiene una alta incidencia en el robo de combustible y donde existe la disputa entre los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Santa Rosa de Lima, originario de una comunidad que lleva el mismo nombre, los cuales buscan la supremacía territorial para operar libremente.

En tanto eso ocurre en el Bajío mexicano, organizaciones civiles urgieron a los gobiernos Federal y de Veracruz a concretar la creación del Registro Nacional de Fosas, luego de conocerse el hallazgo de 174 cráneos en 34 fosas en el centro de la entidad del Golfo de México. Recordaron que dicho registro se encuentra contemplado en la Ley General sobre Desaparición de Personas y hasta el momento se ha hecho caso omiso de su creación. Las organizaciones destacaron que el hallazgo de las fosas veracruzanas se suma a otros hechos, como el de 350 cuerpos exhumados en Durango.

Por su parte, la Comisión Especial de Atención a Víctimas solicitará a la Fiscalía de Veracruz dar acceso al expediente de las fosas donde se recuperaron las que fueron cabezas humanas. Trascendió que el expediente sería enviado a la Procuraduría General de la República (PGR) para que familiares de las víctimas de todos los casos que representa la dependencia federal tengan acceso. La directora de Asesoría Jurídica de la Comisión, Karla Quintana, declaró que con el acceso al expediente se sabrá dónde se encuentran las fosas.

Tan solo en esa entidad se contabilizan 601 narcofosas descubiertas durante los últimos ocho años, de acuerdo con información de la Fiscalía local publicada por el diario El Universal. Se estaría hablando de mil 178 personas asesinadas y enterradas en forma furtiva en 85 municipios, de las cuales muy pocas han sido identificadas.

Esa noticia se conoció apenas unos días después que el 7 de septiembre de 2018 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer que desde 2007 a la fecha, ha documentado mil 306 fosas clandestinas en todo el país, en las que se han exhumado 3 mil 760 restos humanos. La mayoría de las fosas han sido encontradas en Veracruz, mientras que en Jalisco se han exhumado más cuerpos.

Precisamente en Jalisco, donde se vive una contingencia ante la incapacidad de la morgue para almacenar casi 800 cadáveres sin identificar y ya no caben en cajas refrigeradas de tráiler contratadas para ese fin, las autoridades informaron que se publicarán datos en su página web sobre las características de las víctimas para intentar que sus familiares les pongan nombres y apellidos.

A imitación de lo que hacen organizaciones civiles como Por Amor a Ellos, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses exhibirá algunos datos que apoyen la posible identificación de los restos mortuorios, lo que sería corroborado con pruebas periciales y legales.

JÓVENES EN LA LÍNEA ENEMIGA

Para los elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, hay una severa preocupación, líneas enemigas de la delincuencia organizada ha reforzado sus operaciones, principalmente con jovencitos, sin miedo a las armas y menos aún a terminar muertos, mientras obtengan un reconocimiento en el mundo del narcotráfico.

Hablando de víctimas en la guerra que parece haber regresado, jóvenes están cayendo principalmente en La Paz y Los Cabos un poco mayores. Según la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), los patrones de homicidio llevan a considerar que es cierto lo que oficiales expresaron con anterioridad a ZETA:

“Sinaloa se ha reforzado con jóvenes más violentos, buscan afianzarse muy rápidamente en la mira, sobre todo por su nivel de peligrosidad y las agallas para adentrarse en la organización”.

Lo violento de sus actuaciones ha permitido que las propias instituciones se hagan a un lado, convirtiéndose en meros observadores de los encontronazos.

“Esperemos que no se venga otra vez aquí, es un desmadre y a como se está poniendo en Los Cabos, más vale que andemos con cuidado, porque tan sólo portar un uniforme es estar en la mira de ellos. Ojalá que no se ponga a como en Cabo San Lucas”, declaró un agente de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz.

Cabo San Lucas, en el municipio de Los Cabos, se encuentra dividido, es “tierra caliente” para las fuerzas de Inteligencia de la Policía Federal, pues la disputa es directa entre “La Plaza” y “Los Tegoripeños” -han identificado a este último como una rama de Sinaloa-, sin embargo, siguen en investigación, pues pudiera tratarse de un nuevo grupo combinado entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco.

Mientras tanto, en el mapa delictivo de la Policía Federal, destaca junto con la PGJE que San José del Cabo pudiera mantener cierta influencia del Cártel Tijuana Nueva Generación (CTNG) o CJNG, pero hay ciertos movimientos que han llevado a catalogar una presencia menor en el centro de San José, a narcomenudistas y sicarios sinaloenses.

“Hemos identificado a un supuesto sicario entre los narcomenudistas que se han asegurado, suena el apodo del ‘R’, estamos verificando cada uno de sus movimientos, pareciera que este personaje está moviendo

gran parte de jóvenes, los cuales tenemos avance en las investigaciones, para no meterme mucho en la información que vamos a mantener en reserva, pero el interés es cerrar filas y activar la operación completamente”, confió a este Semanario un miembro del Grupo de Coordinación.

Tanto en La Paz como en Los Cabos, fuerzas de seguridad identifican gran presencia de jóvenes que han emprendido en la actividad ilícita del narco, su principal motor es ser reconocidos y accionar la violencia a un grado en que se les tema, lo que también lleva a un sentido de vulnerabilidad por la facilidad con que son detectados por fuerzas de seguridad.

“Los Nueva Generación del ‘Mayo’ Zambada es un grupo que se ha identificado, en algunas operaciones tenemos esa incursión y se está averiguando, no puedo confirmar del todo que esté constituido, se ha oído mentar, lo han manifestado detenidos, pero esto nos refleja que tenemos que extender la vigilancia, ampliar la zona de influencia y cerrar los puntos de salida en aspecto figurado: poner atención en entradas y salidas”, agregó la fuente.

La presencia de criminales a bordo de unidades de transporte como la plataforma Uber, se da en los terrenos de cada cártel, pero “también funcionan como ‘halcones’, los cuales están arponeando a ‘chapulines’ y narcomenudistas que se brincan el terreno”.

La estructura criminal ha sido capitalizada por los diversos grupos, la principal tarea es contar con grupos organizados y atacar con la fuerza necesaria para hacer recular a cada una de las células.

“Ambos se han manejado con cautela, los ataques han sido dirigidos y estructuralmente en flancos débiles, en estructuras o alfiles, los cuales no repercuten en mucho, pero dicen ‘aquí estoy’, nomás esperemos que el Grupo de Coordinación no se quede viendo cómo se matan y dejen que esto suba de nivel. Baja California Sur ya no está para esta clase de funcionarios, necesitamos y exigimos un nivel de fuerza capaz de afrontar cualquier amenaza a la ciudadanía, y creo que ésta es una amenaza directa a nuestra integridad”, aseveró el experto en delincuencia organizada.

NUEVAS CÉLULAS OPERANDO

Ha quedado claro que tanto el Cártel de Sinaloa como CJNG o CTNG, siguen en disputa, pero lo que sigue resurgiendo tal vez no a la vista de todos, pero sí de las autoridades y que han tratado de minimizar, es la presencia de grupos criminales que pretenden romper con la “tranquilidad” que se ha tenido.

Tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como la Marina, identifican a los dos cárteles más poderosos del país, ambos en disputa del narcomenudeo, pero eso ha llevado a una “tranquilidad” sospechosa.

Los homicidios, muy al estilo del crimen organizado, siguen en registro pese a su minimización y hay nuevas formas de operar, similares a las presentadas en diversas entidades de la República, como asaltos a mano armada y técnicas de la delincuencia organizada para hacerse de recursos.

“Ambos cárteles siguen en la disputa, hay mucha movilización de armas y el narcomenudeo sigue activo, tenemos identificados ciertos grupos de delincuentes que están operando, la mayoría muy jóvenes, principalmente una célula en pleno centro de San José del Cabo, pertenece al Cártel de Sinaloa; mantiene cierta operación, pero el mayor movimiento es para los de Guadalajara (Jalisco)”, indicó el miembro en activo de la Ministerial para el Grupo de Coordinación de Seguridad Pública.

De entrada la movilización de cuerpos de seguridad implica riesgo y no prevención, pues el dicho de las cabezas de grupo es: “Vamos a tener que intervenir para frenar los rastros de violencia”, lo que también han confirmado es que la venta al menudeo permanece y, por obvias razones, hay presencia de grupos criminales por el territorio de la droga.

Ante el resurgimiento del Cártel de Sinaloa, “estamos esperando una respuesta de parte de Jalisco Nueva Generación, parece que fue inmediata”, refirió el efectivo militar.

De acuerdo al reporte de inteligencia, CJNG ha reiniciado el tráfico de armas con el fin de reforzar las células al orden de “La Plaza” y hacer frente a los miembros sinaloenses, que a priori traerá un encuentro más entre ambas ramas criminales.

“Estamos viendo una migración, un flujo de personas que no vienen a hacer nada bueno, y me refiero a que no vienen a trabajar lícitamente, entonces ya estamos viendo esa migración que preocupa y debe ocupar a las autoridades para frenar toda amenaza que se pudiera accionar”, remató el experto en seguridad pública y delincuencia organizada.

Las investigaciones de miembros de inteligencia mantienen con total sigilo la información, incluso se han cerrado ciertos flujos de la misma, ya que se han planeado aseguramientos de personas y armas, pero por una u otra razón los criminales cambian de domicilio, aunado a que “han existido blancos específicos para frenar el narcomenudeo, pero casualmente nos ganan autoridades locales y a la hora de los juicios, fallaron en algún concepto, eso genera impunidad”, lamentó el consultado, quien no descarta enfrentamientos armados.

“(Las autoridades) No quieren llegar hasta ese punto, están muy presentes en la ‘riña’ o desencuentro que se pudiera dar si estas dos peligrosas corrientes del narco se llegasen a encontrar, lo saben, están conscientes que en algún momento va a pasar, son mentiras eso que dicen en pasillos de la Judicial: no puede haber una tregua en estos casos, son tiempos que se toman para reorganizarse y es lo que tenemos. Padecer hechos violentos esporádicos, tenemos ahora uno diario, y eso sí que es preocupante”, remató el entrevistado.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES ZETA/MARTES, 18 SEPTIEMBRE, 2018 01:00 PM)

DURAZO: SIN PLAZOS PARA RESULTADOS EN SEGURIDAD


Presente en Tijuana, el próximo secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, habló de mejorar la calidad de la atención y de “empezar” a trabajar en la solución de la inseguridad, pero se negó a dar plazos. Para Baja California anunció que promoverán la realización de juntas de coordinación diarias, encabezadas por el gobernador con presencia de autoridades federales. En los ayuntamientos apoyarán la mejora de condiciones económicas, depuración y capacitación de las policías municipales

El Foro Escucha para Pacificación y al Reconciliación Nacional, organizado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Universidad Iberoamericana en Tijuana, fue una jornada de catarsis para las víctimas, donde se recogieron algunas propuestas de contexto nacional y general “… que servirán para justificar, para legitimar, el plan de seguridad que Morena ya tiene definido en lo general”, consideraron activistas y abogados que participaron en las mesas de trabajo efectuadas el martes 11 de septiembre.

“Y esperemos no sean solo situaciones de muestreo, una simulación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo vamos a dejar al tiempo para que den los resultados”, expuso Fernando Ocegueda Flores, presidente de Asociación Unidos por los Desaparecidos Tijuana, y agregó, aun después de las mesas no están claros los temas de la amnistía y el perdón

Al respecto, tanto Loretta Ortiz Ahlf, coordinadora nacional de la consulta de los foros, como Alfonso Durazo,  próximo secretario de Seguridad federal, se esforzaron en destacar que el primer paso para la paz es la justicia, conocer la verdad de los hechos como reclaman las víctimas y que la amnistía no será  para personas que cometen delitos de lesa humanidad. Pero sí se podrá aplicar en casos como el de los campesinos que son obligados a sembrar droga.

Aunque Durazo aseguró que están “recogiendo las propuestas de las víctimas, para construir sobre ellas nuestras propias políticas públicas y compromisos”, en conferencia de prensa celebrada como parte del foro, el próximo secretario habló de los planes en materia de seguridad que ya han hecho públicos como gabinete electo.

De entrada se negó a poner plazos para dar resultado, argumentó que si la problemática se gestó en 10 o 20 años, “sería irresponsable decir que se va a resolver de la noche a la mañana”, y ejemplificó con los más de 36 mil desaparecidos en el país.

En ese punto la promesa es “escuchar y mejorar la calidad de la atención” y generar las condiciones para que la ciudadanía sienta la presencia de un gobierno solidario, comprometido para “empezar” a trabajar en la solución de las demandas.

TRES COMPROMISOS PARA EL ESTADO

Con la intención de echar a andar la Ley de Víctimas que lleva cuatro años sin concretarse en Baja California, Alfonso Durazo se comprometió a convocar a los representantes de Morena en el Congreso del Estado a que den forma jurídica al compromiso de crear las instituciones estatales correspondientes para atender demandas de víctimas a nivel local.

Mientras en materia de coordinación por la seguridad, aseguró que promoverán que en el Estado se emule el modelo federal, y que las autoridades locales, con la participación de representantes de todas las instancias federales vinculadas con el problema de la seguridad, se reúnan -como lo hará López Obrador- todos los días a las seis de la mañana para garantizar “coordinación, excepcional y plena” de todas las autoridades, para mejorar la respuesta del gobierno ante la seguridad.

En el ámbito municipal, la propuesta es que el Gobierno Federal apoyará en mejorar las condiciones socioeconómicas, capacitación y depuración para la Policía Municipal, por tratarse de los primeros respondientes en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual seguirá vigente, pero se le harán reformas para consolidar su eficacia.

POCA PARTICIPACIÓN CON RELACIÓN AL NÚMERO DE VÍCTIMAS

En el acto inaugural del foro, los organizadores informaron que había 600 ciudadanos presentes, mientras que en la página web oficial, el equipo de Andrés Manuel López Obrador reportó la presencia de 800 participantes, pero solo fueron 266, quienes respondieron cuestionarios y participaron en las mesas de propuestas.

“No sé, si porque fue en Tijuana, porque estaba muy lejos -Delegación Playas-, porque la gente ya no le cree a los gobiernos, porque no les interesa, por apatía, pero fue poca la gente que participó en las mesas, no tuvo el impacto que debería, considerando el número de víctimas de inseguridad que hay en el Estado”, opinó Fernando Ocegueda Flores, presidente de Asociación Unidos por los Desaparecidos Tijuana.

“Yo entré a la Mesa de Víctimas -este fue el grupo que el senador y próximo secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo Montaño, atendió por dos horas- y vi muy poca gente, unas 40 y se me hizo muy extraño; por errores de organización, hubo confusión y descontrol, y todas las personas de mi asociación se fueron a la mesa de Seguridad y Justicia”, complementó.

Personas que asistieron a la mesa de Justicia detallaron que allí iniciaron con cien participantes y a las cuatro del a tarde terminaron con 50; la mayoría no expuso propuestas.

A Rebeca Maltos, de la asociación civil Gente Diversa, los organizadores del foro la dirigieron la mesa intitulada Los Derechos de las Mujeres y las Niñas, en la que había cuatro académicas coordinando, veinte estudiantes como observadores y alrededor de 25 participantes, todas mujeres.

En su intervención, Maltos advirtió cómo los foros están cometiendo el mismo error que los gobiernos, por manejarse con una “concepción chipote” de la participación de la mujer, cuya problemática debía estar incluida en todas las mesas, “todo tiene perspectiva de género y no mandarlas a un grupo ‘allá, a que entre puras mujeres se pongan de acuerdo’”, reprochó.

Pese a la “poca representación de las víctimas”, situación cuestionada por los activistas asistentes, de acuerdo a cifras del equipo de AMLO, la participación en los foros Escucha para Pacificación y al Reconciliación Nacional ha sido menor en otras entidades. Ciudad Juárez contabilizó 364 participantes y 245 cuestionarios llenados; La Laguna y Tamaulipas, 342 participantes y 170 cuestionarios respondidos. La mayor participación se dio en Morelia, con mil participantes y 164 cuestionarios entregados; y Acapulco, con mil 064 asistentes y 612 cuestionarios llenados.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/  ROSARIO MOSSO CASTRO /LUNES, 17 SEPTIEMBRE, 2018 01:00 PM)

FUGITIVOS DE RIESGO RECALAN EN TIJUANA


Pese a que la gran mayoría de los prófugos extranjeros que se refugian en Tijuana son buscados por el delito de violación a la libertad condicional, es de considerarse que en la ciudad se ha detenido a personas que han cometido delitos como delincuencia y agresión sexual a menores, secuestro, tráfico de personas y asesinatos. Detenciones que, de acuerdo a las estadísticas, han ido incrementando ligeramente, ante las facilidades que encuentran en el cruce hacia este territorio y por la sencilla forma de pasar desapercibidos en la ciudad

Alan Machain, ciudadano estadunidense de 35 años de edad que formaba parte de la pandilla Compton Barrio 70, fue detenido en Tijuana el 21 de junio de 2017, por elementos de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).
Desde 2008, el Departamento de Policía de Los Ángeles, California, lo buscaba por haber cometido homicidio contra César Valenzuela, un joven plomero que había sido contratado a principios de octubre de ese año para realizar algunos arreglos en un domicilio que Machain habitaba en Silverlake, en el Condado de Los Ángeles.

Informes del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) refieren que el 8 de octubre de 2008, Valenzuela fue reportado como desaparecido por sus familiares y, cinco días después -13 de octubre-, la Policía encontró su cuerpo en el hogar donde estaba laborando; le habían disparado mientras trabajaba en el baño y uno de sus brazos había sido cercenado en varios trozos.

Luego del asesinato, Machain salió del domicilio, usó las tarjetas de César en varios cajeros y tiendas departamentales -elementos que validaron su responsabilidad- y salió del país hacia el lado mexicano para refugiarse en León, Guanajuato, donde estuvo durante cinco años.

Posteriormente regresó a la frontera norte para refugiarse en Tijuana, donde estuvo radicando otro par de años en diversas colonias, hasta que fue detenido por autoridades municipales en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM).

El caso de Machain es uno de los 195 fugitivos de la Ley que han sido detenidos por dicha corporación en lo que va de la presente administración municipal de Tijuana -diciembre de 2016 a agosto de 2018-, luego que aquí se refugiaban clandestinamente, los cuales se suman a los 16 que han sido detenidos por la Policía Estatal Preventiva (PEP) en lo que va del año -de enero a julio 27-.

La mayoría ostentan cargos por violación a la libertad condicional -92 casos-, robo, asalto a mano armada, robo de vehículo, posesión de drogas, violencia doméstica o amenazas, aunque también los hay por delitos mayores como importación de drogas, delincuencia y agresión sexual, secuestro, tráfico de personas y homicidio.

Fugitivos que ven en Tijuana, y en Baja California en general, un lugar accesible para refugiarse gracias a las facilidades que hay al momento del cruce hacia este territorio, las bondades que brinda la ciudad para “camuflarse” entre la gama de personas que aquí habitan y principalmente por la cercanía que brinda la ciudad a quienes cometen delitos en el Estado de California.

SITUACIÓN DE CONSIDERACIÓN

Para especialistas en la materia consultados por ZETA, quienes prefirieron omitir sus nombres, ésta es una situación “de consideración”, a la que todas las corporaciones e instituciones correspondientes deben prestar la atención oportuna, principalmente porque los fugitivos implican un riesgo para la propia ciudadanía, en el entendido que “aquí puedan replicar sus fechorías”.

No solamente por los que llegan del país vecino para refugiarse en la ciudad, sino por los que llegan del interior del país, quienes incluso suelen inmiscuirse o ser cooptados por grupos del crimen organizado que operan en la ciudad,  incluso de países centroamericanos bajo la “excusa” de solicitar asilo, o que se inmiscuyen en las caravanas migrantes. Como lo hizo saber el coordinador de la Unidad de Inteligencia de la SSPM, debido a que en ese sector también han identificado algunos prófugos.

“Es sabido que quien comete un delito tiene una probabilidad mayor de que lo vuelva a cometer, y en el caso de los homicidas, secuestradores o agresores sexuales, es para tenerse en cuenta, de ahí la importancia de la coordinación que se ejerza entre las autoridades de ambos países”, señaló uno de los especialistas.

Para las instituciones de seguridad, el medir el nivel o rango de peligrosidad de una persona es complicado porque en el contexto de que los delitos se generan en otros países no es medible y cada uno de los casos tiene diferentes características.

Sin embargo, consideran que puede delimitarse en un rango “medio-alto”, ya que cualquier persona que ha cometido un delito por sí mismo ya conlleva una conducta antisocial, y en su caso hay quienes están “desalineados” mentalmente, pero en la mayoría de los casos se trata de personas que “nunca van a dudar de poder actuar aquí o allá en contra de una persona”.

Es el caso de Alan Machain, quien no se contuvo solamente de disparar a su víctima, sino que “no tuvo piedad” para cortar en trozos uno de sus brazos “sin aparente razón alguna”, por su rango de peligrosidad incluso fue condenado a cadena perpetua en Los Ángeles, debido al daño que provocó y por todo el tiempo que duró como fugitivo.

CASOS RELEVANTES

Además de este caso, la SSPM tiene registrados cuatro más de fugitivos que fueron detenidos y que por su rango de peligrosidad, de acuerdo al delito cometido, han significado logros importantes para la corporación y para la ciudad misma, debido a que “se sacaron de circulación”.

Enzo Escalante es uno de ellos, quien era buscado por el delito de homicidio y solicitado por el sherifato de Los Ángeles; su alerta se dio el 8 de noviembre de 2016 y fue detenido el 12 de enero de 2017.

Daniel Curtis Campos era buscado por abuso sexual de menores por el sherifato de San Diego, su alerta salió el 15 de febrero de 2017 y se le detuvo el 4 de mayo del mismo año.

José Vázquez Brito era buscado por intento de homicidio por la Corte Superior del Condado de California, su alerta se dio el 14 de abril de 2014 y fue detenido hasta el 13 de junio de 2018, luego que se hiciera pasar por su hermano gemelo.

El caso más reciente de relevancia es el de Timotheuse Berry, quien era buscado por posesión de explosivos y de armas por el Departamento de Correcciones de Sacramento, su alerta se dio el 8 de febrero de 2018 y fue detenido el 1 de septiembre.

Las autoridades no precisaron los sitios exactos donde fueron detenidas estas personas, sin embargo, compartieron que en todos los casos registrados, los fugitivos se han refugiado principalmente en lugares como Zona Centro, colonia Libertad, Sánchez Taboada, San Antonio de los Buenos y Playas de Tijuana.

MAYOR COORDINACIÓN, MAYOR EFECTIVIDAD

Una de las problemáticas que aquejaba a las autoridades en este rubro, era que anteriormente “no había mucha coordinación” con sus similares estadounidenses, lo cual generaba que fuera todavía más fácil para los fugitivos el refugiarse en esta ciudad, además que propiciaba que no hubiera estrategia para su localización y detención.

Sin embargo, desde que el problema que “se aboca y atañe” a ambos lados de la frontera, se ha propiciado “una mejor coordinación y por ende una mayor efectividad”, como bien señalaron los entrevistados.

Autoridades coinciden que el trabajo colaborativo ha sido muy eficiente en ese sentido, en gran parte gracias a la participación y al papel que funge el INM en este sentido, quienes a final de cuentas llevan la batuta para las cuestiones de deportación y entrega a las autoridades del país vecino.

En el caso de la Policía Municipal, el coordinador de Inteligencia expuso que ante la falta de agentes federales, a dicha corporación le piden apoyo para fortalecer la situación y es así como participan en la seguridad o en los operativos de detención.

En el caso de las alertas que emiten las autoridades de Estados Unidos, son dos: una que se genera por medio de una orden de aprehensión o una libertad condicional, o en su caso la Alerta Amber, mediante las procuradurías de ambos países, así es como se genera un enlace entre todas las instituciones, como las secretarías de Seguridad Pública Municipal y Estatal; Procuraduría General de Justicia del Estado, Procuraduría general de la República e INM.

Primero se hace la estrategia de rastreo mediante la información que se comparte, se mete un boletín informativo y cada una de las instituciones se enfoca en la investigación; una vez que se gira orden de aprehensión por parte de la autoridad norteamericana, las corporaciones se juntan y se trabaja directamente con el Instituto Nacional de Migración para la deportación y entrega.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / MANUEL AYALA / LUNES, 17 SEPTIEMBRE, 2018 01:00 PM)

REPUNTA VIOLENCIA EN ENSENADA, MATAN A HOMBRE A BALAZOS


Del jueves a la fecha van cinco asesinatos, agentes fueron atacados a balazos y otro fue encañonado y desarmado por un sujeto con un arma larga.

ENSENADA.- Otro asesinato a balazos marca un repunte de la violencia en el municipio, donde en los cinco días recientes han sido asesinadas igual número de personas.

También desde el jueves a la fecha policías municipales fueron atacados a balazos durante una intervención, mientras que otro fue encañonado y desarmado en un robo a mano armada.

Del asesinato más reciente, la Policía Municipal difundió que a las 19:39 horas derivado de un llamado a la línea de emergencia 911, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal fueron alertados vía radio sobre detonaciones al parecer por arma de fuego en el fraccionamiento Villas del Real IV.

Los oficiales se trasladaron a las calles Labradores y Privada San Quintín, en donde encontraron a una persona de sexo masculino que no respondía al llamado con lesiones a simple vista, por lo que solicitaron apoyo de una ambulancia.

Paramédicos de Cruz Roja determinaron que el individuo carecía de signos vitales, motivo por el cual acordonaron el área para posterior entrega a la Policía Ministerial.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  MARCO A. FLORES /LUNES, 17 SEPTIEMBRE, 2018 11:37 PM)

MALAYERBA ILUSTRADA: ESOS PARIENTES



Su hermana andaba con un narco jefecillo. Pero se pelearon y entonces las familias, que antes convivían y compartían hasta las alcobas, ahora estaban enemistadas, distantes y en guerra declarada: ella le dijo que no le permitiría ver a su hijo, él contestó que la mataría. Y a todos los de su casa.

No va a pasar, no te preocupes, le respondió uno de los tíos más cercanos. Quiso calmarla. Si somos como hermanos, si crecimos juntos desde plebes y andábamos con las canicas y las bicis y arreando el ganado y sembrando desde morros. Y todos asintieron, menos él, que sintió una daga entre sus ojos y otra en medio del abdomen.

Conocía a ese bato con el que había andado su hermana. Sabía de sus venganzas, de sus órdenes que terminaban en matanzas, de sus gatilleros que tenían el dedo diarréico de sangre y pólvora. No. Esto no se va a quedar así. Y la semana siguiente le dio la razón: uno de sus hermanos fue emboscado camino al pueblo y asesinado a balazos, con todo y el famoso tiro de gracia.

Luego fue un primo. Lo citaron en la tienda de insumos agrícolas, con el pretexto de que había llegado la semilla que encargó. A ese le dieron de cerca. Bastaron dos disparos para que cayera y no se moviera más. Después el padre, y antes de que la sangre llegara a la cuna, la hermana y el bebé salieron huyendo y a escondidas.

Él se anticipó a todo y buscó refugiarse en la ciudad, a tres horas de camino. Ni eso lo salvó. Se enteró de que los que lo seguían estaban tan cerca que podían refugiarse en su sombra. Renunció al trabajo, dejó de visitar amigos y de usar el teléfono celular. Abandonó sus rutinas y sus rituales. Cambió de domicilio y hubiera querido cambiar de identidad, cuando le sugirieron que se fuera a gringolandia.

Allá estuvo tres años. De seguro las cosas ya se calmaron, pensó. Cinco muertos a la vera del camino y todos los habían puesto sus parientes. Volvió a aquella ciudad que fue su primer refugio. Esperó un mes y no vio señales de muerte. Olisqueó, se asomó a algunos sótanos, trató de percibir esa pólvora, a sudor con fierro y sangre. No percibió ni aquellas sombras.

Mes y medio bastó para que él bajara la guardia. Él que no tenía nada qué ver con los narcos. Él que trabajaba en el gobierno, pero que tenía dos hermanos metidos hasta los surcos en el narcotráfico. Él que era dedicado, honesto, responsable y soltero. Él que no debía. Él que temía. Él, el mismo que recuperó sus rutinas, amistades, cafés y bares.

Una tarde fue a buscarlo uno de esos amigos. Tocó y tocó. Nadie abrió. Se desesperó y entró. Había sangre en dos sillas y en el piso. Dos muebles despedazados, pedazos de vidrio desperdigados y una escena del crimen todavía tibia. Vinieron por él, dijo. Y no lo volvieron a ver.

Columna publicada el 16 de septiembre de 2018 en la edición 816 del semanario Ríodoce.

(RIODOCE/ JAVIER VALDEZ/ 18 SEPTIEMBRE, 2018)

POLÉMICA POR FUNDACIÓN QUE EMBALSAMA BEBÉS EN ENSENADA


Quienes operan la asociación civil aseguran tener permisos vigentes y todos los casos documentados. Su trabajo sin fines de lucro se orienta a personas de escasos recursos sin posibilidad de pagar un servicio funerario; entre las condiciones para otorgar el apoyo está el que la familia pueda esperar hasta un mes para reunir varios cuerpos, los cuales permanecen en la habitación de una zona residencial

Desde  2015, enfermeras del Sector Salud han canalizado a Fundación Querubines, a neonatos fallecidos en los cuneros de hospitales públicos de Ensenada, hijos de madres en condición de marginación.

Beatriz Vargas, responsable de la fundación con registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es responsable de embalsamar o preparar los cuerpos de bebés muertos principalmente en el Hospital General (HG).

A punto  de cumplir tres años en funciones, con un total de 250 bebés sepultados, hace dos semanas se dio la denuncia de una madre agraviada por los servicios ofrecidos por la fundación, y desde entonces ningún hospital ha canalizado cuerpos.

En las delegaciones de Ensenada, hay una alta demanda de servicios funerarios a bajo costo para recién nacidos fallecidos. Tan solo en un mes, Querubines ha llegado a reunir 12 restos de bebés.

Dentro de un predio ubicado en Calle Reforma y Francisco I. Madero, en una zona residencial de la parte alta del poblado, se encuentra la vivienda de los Vargas. El mismo inmueble alberga una funeraria en buenas condiciones, oficina y en la parte trasera, en un cuarto con ventilación, yacen los cuerpos.

“Ahí es donde sabemos que cambian y tienen a los bebecitos, ya nos acostumbramos”, comentó una vecina que no tiene problema de vivir frente a un mortuorio.

MUERTE Y MARGINACIÓN EN MANEADERO

La pobreza obliga a las familias a empeñar sus automóviles o teléfonos celulares, o pedir préstamos con intereses impagables, para poder velar y enterrar a los bebés cuando el servicio más económico es de 10 mil pesos.

María Morones es una madre de 28 años de edad residente de El Zorrillo, a unos diez kilómetros de Maneadero, quien  pasó 22 días en el HG cuidando a su bebé seismesina, de nombre Amelia. La menor falleció el 25 de agosto.

La joven narró a ZETA su mala experiencia con Fundación Querubines.

Por su situación económica, las enfermeras del hospital le sugirieron llamar a la fundación para solicitar apoyo funerario.

La familia, proveniente de Sonora, se dedica a recoger cosecha en los campos de la delegación; su esposo es ayudante de albañil y los sueldos que perciben, oscilan entre los mil y mil 200 pesos.

María, su madre y su hermana, el esposo y su único hijo de seis años de edad, viven en una construcción en obra negra, con poco alimento y servicios de energía eléctrica limitado.

Cuando habló con Beatriz, responsable de la fundación, le pidieron cinco copias de su Clave Única de Registro de Población (CURP), actas de defunción, credencial de elector y, como la recién nacida ya estaba registrada, hasta del Registro Civil, para poder recoger el cuerpo.

La sorpresa se dio un día después, cuando a María le informaron sobre el entierro, el cual no sería inmediato, sino en un mes, cuando reunieran el mayor número de cuerpos posible.

Se le va la respiración y al mismo tiempo describe como  “una tortura” el hecho que en un mes se enterraría a Amelia, “no supe ni qué pensar”.

La ceremonia luctuosa incluye el lanzamiento de globos, palomas blancas y una  misa. Le recomendaron tejer la ropa de Amelia con características específicas, como elástico en muñecas y cuello, mientras que de los bebés embalsamados, le indicaron que reposan en un cuarto sin ventilador ni refrigeración.

“Me dijeron que los bañan casi diario, también los cambian de telas. Me quedé más  asustada, por eso quise que me regresaran a mi niña, para que no siguiera sufriendo”, confesó Morones, cuyo embarazo fue de alto riesgo. La primera semana de agosto llegó al HG con 31 semanas y 7 de dilatación, lo primero que pidió fue una operación para no tener más hijos, pues previamente sufrió un aborto.

Con ayuda económica de amigos y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), María logró obtener un espacio en el Panteón Número 4, donde su pequeña fue sepultada el 30 de agosto, cinco días después de su deceso.

 “NO RECIBIMOS UN PESO”: QUERUBINES

Quienes operan Fundación Querubines defienden su trabajo altruista.

Beatriz Vargas mostró documentos que avalan su experiencia profesional en una morgue de Estados Unidos, donde ha embalsamado alrededor de 25 mil cadáveres.

Sobre la situación de María Morones, respondió que ella reconoce el dolor de la madre y se dijo dispuesta a hacer una excepción de abrir la fosa, pero fue demasiado tarde.

Aprovechó para explicar el funcionamiento e indicó que cuando tienen a una madre en situación de vulnerabilidad ofrecen dos paquetes, el primero relacionado con permisos en Salubridad y Registro Civil, donde les ayudan a realizar trámites; en el otro, les pagan la totalidad del servicio funerario y trámites, hasta la sepultura en la fosa común.

Aclaró que no todo ha sido bueno, pues han tenido situaciones complicadas donde los padres no tramitan los permisos y han abandonado restos, “por eso siempre pido todos los documentos en regla, para no tener problemas legales”, subrayó Vargas.

Aunque acepta que familias agradecidas le han querido dar dinero, Querubines es una organización sin fines de lucro.

“Jamás he recibido un cinco, jamás he hecho una deducción, eso es de mi bolsa y la funeraria no tiene ningún costo porque soy la dueña. Ustedes pueden checar en Hacienda, jamás he recibido dinero ni de Estados Unidos, ni donaciones”, insistió.

DISPUTA E INCERTIDUMBRE POR RESTOS

Por cada servicio que ofrece el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a familias de escasos recursos, recibe 5 mil pesos a través de la Secretaría de Desarrollo Social.

La Procuraduría General de Justicia del Estado no encontró ningún antecedente o denuncia en contra de Fundación Querubines, en tanto que la Jurisdicción de Salud en Ensenada -a cargo de José Antonio García Rivera- aclaró que ellos no tienen ningún vínculo o atribución para regular esa actividad, sino su paraestatal, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Beatriz dedicó su vida a dar servicios funerarios en Estados Unidos, y puede mantener un cuerpo en perfectas condiciones por meses, incluso hasta un año.

“No necesito refrigeradores. Acabo de cremar a una señora que el esposo no tenía el acta apostillada y sin dinero, duré dos meses y medio con ella aquí. Cuando la identificó estaba igual”, explicó.

Otro ejemplo que puso fue el de una madre recién operada de cesárea, que pidió tiempo para tomar una decisión. El cadáver de su hijo estuvo dos meses, cuando por fin optó por enterrar y no incinerar.

“Los familiares estaban sorprendidos de que estaba igual al día en que falleció en el hospital, sin duda tengo experiencia en esta profesión”, indicó Beatriz Vargas, quien cuenta con permisos de Salubridad, Secretaría de Salud y factibilidad de uso de suelo para tener un cuerpo en su casa durante el tiempo que sea necesario.

LA EXPERIENCIA DE EMBALSAMAR

Su cercanía con el Hospital General, ha llevado a Beatriz a estar en contacto con neonatos fallecidos cuyos restos están “revueltos” con partes humanas y serán depositados en fosa común por parte de la autoridad; son partes del cuerpo mutiladas, abortos o padres que abandonan el producto.

“Para mí es muy triste, cómo puede pasar esto con un pequeño”, lamentó, para después recordar un mes en el que recibió a cinco criaturas con sepsis, es decir, el cuerpo tiene una alta concentración de bacterias, debido a que las mujeres pasan tiempo esperando dar a luz.

Sin embargo, sabe los derechos de las féminas y de su familia para llevar a cabo la labor.

La mayoría de las mujeres recibidas por Fundación Querubines, son migrantes con sueldos de mil pesos, de los cuales 400 pesos se les van en comprar comida y otros 400 en transporte.

El costo por morir, calculó Vargas, es de 10 mil a 15 mil pesos para un bebé que por no nacer vivo, no aplica para ningún programa de gobierno.

En algunos casos, los deudos  se ven en la necesidad de ceder al hospital los derechos del cuerpo del neonato para fines científicos.

Beatriz perdió un bebé a los 19 años de edad y nunca le permitieron verlo, menos aún darle sepultura, por lo cual también ha atendido talleres de tanatología; busca psicólogas para brindar terapia a las madres que han perdido un neonato.

— ¿De dónde sale el dinero para ofrecer estos servicios sin costo?, cuestionó ZETA.

“Soy cristiana y en vez de dar el diezmo a una iglesia se los doy a las mujeres. Compro 2 mil pesos de madera y me alcanza para unas doce cajas, tengo un molde y  mi esposo me las corta,  lija y pega, mientras yo las decoro. Las flores me las regala un empresario de Maneadero. Alguna ropita la hace una señora a la  que le doy la tela”, finalizó la titular de Fundación Querubines.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/ LORENA LAMAS/LUNES, 17 SEPTIEMBRE, 2018 01:00 PM)

ADUANA DE TIJUANA TRIPLICA EMBARGO DE AUTOS EXTRANJEROS


Aumentan iniciativas para regularizar autos “chocolate” para el próximo año; especialistas advierten que ningún engomado exime a los conductores de cumplir con las normas en Comercio Exterior

Enrique Orantes González, administrador de la Aduana de Tijuana, señaló que durante su gestión se han triplicado el número de embargos de automóviles de procedencia extranjera, al pasar de 50 embargos a poco más de 160 al mes, por lo que de enero a agosto suman mil 280.

Estamos “combatiendo frontalmente la introducción ilegal de estas mercancías”, destacó el funcionario, quien precisó que hasta 60 vehículos por hora son regresados al intentar pasar con documentación vencida y con registros rojos en la aduana, tanto del Chaparral, que es el punto más transitado del planeta, como en Otay.

Recordó que diariamente pasan 45 mil vehículos. “Contenerlos (a los irregulares) ha sido complicado, pero muchos de ellos pasan bien, porque viene manejando un residente, tienen la documentación vigente, cumple con nosotros, lo malo es que se quedan de este lado de manera ilegal”, anotó.

En este tema deben trabajar los tres niveles de gobierno, agregó.

En tanto que Jesús Florentino Pérez García, delegado del Instituto de la Defensoría Pública en Tijuana, afirmó que ha aumentado el número de representaciones jurídicas gratuitas que este organismo ha dado a las personas a las que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les embargó un automóvil, al pasar de 21 en 2017, a 31 en 2018, tanto en Tijuana como en Ensenada.

Refirió que el monto promedio de los créditos fiscales fue de 150 mil pesos, y la duración de los procedimientos administrativos fue de catorce meses.

“Por la economía, muchas personas compran un automóvil y cuando son detenidos no pueden acreditar que son ciudadanos o residentes extranjeros, entonces nosotros tenemos que buscar un mecanismo legal para defenderlos”, pero no en todos los casos es posible.

Durante 2018 se han llevado seis asuntos penales por contrabando relacionado con automóviles, sin que ninguna persona esté encarcelada.

Explicó que para que el Instituto pueda representar a un ciudadano, éste debe contar con diversos documentos, y en caso de no tenerlos, la dependencia solo brinda asesorías, las cuales incrementaron de 44 a 81 entre 2017 y 2018.

Asimismo, el Instituto brinda asesoría y defensoría en otros temas como pensiones del IMSS, e ISSSTE, en cuanto a repatriados y procedimientos de refugio, y respecto a cobros indebidos de tarjeta de crédito y débito por parte de instituciones financieras.
ENGOMADOS NO TE EXENTAN DE SER DETENIDO

Daniel Ruiz de la Peña Sandoval, experto en Derecho Fiscal y Comercio Exterior, alertó que ninguna calcomanía otorgada por agrupaciones civiles, exime al dueño de un carro de procedencia extranjera de ser embargado por encontrarse en el país de forma irregular, o bien, ser detenido por cometer alguna infracción de tránsito.
Aclaró que existe un convenio de colaboración administrativa entre los gobiernos Federal y estatal que faculta a la autoridad de Baja California a llevar a cabo auditorías para imponer un Proceso Administrativo en Materia Aduanal (PAMA) con el que se embarga un auto “chocolate”, en tanto que el SAT finca un crédito fiscal.

De acuerdo con la norma 3.4.1 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, la única forma de evitar el embargo es que las placas del vehículo extranjero estén vigentes, y un residente en el extranjero viaje a bordo del auto dentro de los 20 kilómetros de la franja fronteriza.

A partir del decreto publicado en 2011, que limita el número de años para importar un automóvil usado y establece su valor mediante una tabla impuesta por Hacienda, para determinar los gravámenes IVA, ISAN e Impuesto General de Importación, el monto por esa operación prácticamente duplica el costo del automóvil.

En ese sentido, José Cruz Sánchez Nava, presidente nacional del Consejo Directivo de Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar (Onappafa), aseguró que se vuelve “increíblemente caro poder introducir un carro legalmente”, y aun cuando la gente quisiera regularizarlos pagando esas altas cantidades no puede, pues no hay suficientes operaciones aduanales.

A su juicio, la principal razón por la que la gente adquiere estos vehículos es la falta de recursos económicos para comprar uno nacional de agencia, que supera los 100 mil pesos y cuyo crédito no siempre se otorga.

Datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) indican que de enero a julio de 2018, en la zona fronteriza del país se importaron 53 mil 781 autos; 9 mil 813 más que el mismo periodo del año previo, no obstante, desde 2008 se observa una reducción anual en las importaciones, siendo 2014 el año con menos operaciones, con 50 mil 639.

ORGANIZACIONES DE AUTOS “CHOCOLATE” INTERCAMBIAN DATOS CON AUTORIDAD

Con el fin de contribuir a la seguridad de los bajacalifornianos, Fidel Villanueva Ramírez, presidente del Consejo Directivo de la Organización de Protección a los Mexicanos (Anapromex), además de Sánchez Nava, de Onappafa, se mostraron a favor de que la Policía de Tijuana lleve a cabo retenes.

“Nunca vamos a pretender ser impunes. Tenemos que usar el cinturón de seguridad, tener una licencia actualizada”, comentó Sánchez Nava, quien agregó que la información registrada en Onappafa se comparte con autoridades federales, estatales y municipales para combatir a la inseguridad.

No obstante, consideró que muchos de estos retenes en los que se envían a corralón a los autos “chocolate” tienen una motivación recaudatoria, puesto que traer la licencia vencida o de otro Estado tiene como sanción una infracción.

Pero lo que ocurre es que le imponen la multa de 800 pesos y trasladan el automóvil con el pretexto de verificar si cuenta con reporte de robo en Estados Unidos; de modo que el ciudadano debe pagar alrededor de 2 mil 200 pesos para recuperarlo.

“Al final el pago no es tan gravoso, es el tiempo que te quedas sin vehículo en una ciudad donde el transporte colectivo es totalmente ineficiente, y donde las distancias son demasiado grandes de cubrir”.

Situación que la ciudadana Rosario enfrentó en noviembre del año pasado, cuando en un retén de la Policía Municipal, le quitaron su automóvil Mazda 2002. “La grúa se lo llevó para investigar si el carro era robado, durante una semana estuvo en el corralón” y, cuando reunió los papeles, testigos y demás requisitos para recuperarlo, tuvo que pagar poco más 2 mil 500 pesos.

ZETA solicitó información a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana respecto al número de infracciones a cualquier vehículo que se han impuesto de enero a julio de 2018, sin que Comunicación Social proporcionara el dato al cierre de esta edición.

Otro aspecto importante en el que buscan incidir Anapromex y Onappafa, es en aumentar la contratación de seguros de automóvil, aunque reconocen un gran porcentaje de autos “chocolate” no cuentan siquiera con el de responsabilidad a terceros.

“Desde hace dos años tenemos la campaña para que tengan seguro, yo creo que del total de afiliados de Anapromex, cerca del 40 por ciento lo tiene. Hemos trabajado fuerte, pero una parte también es dinero y otra cultural”, comentó Villanueva Ramírez.

A partir del 1 de enero de 2019, sin importar el estatus que los automóviles tengan, al no contar con seguro en territorio nacional, la unidad será remolcada. “Tendrás que sacar tu seguro y pagar la multa para que te lo devuelvan”, remató el entrevistado.
REGULARIZACIÓN, BOTÍN POLÍTICO

La situación irregular de alrededor de seis millones de vehículos en el país, y según algunas estimaciones alrededor de cien mil autos “chocolate” en Baja California, ha provocado que distintos actores políticos pretendan su regularización.

Entre ellos está el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, quien mandó un oficio al SAT para hacer un censo. “Ya hablé con el jefe del SAT porque hay un convenio de colaboración en materia fiscal y quedaron de darme una respuesta”. Refirió que la iniciativa responde a un tema de seguridad, ya que el 85% de los actos criminales están cometiéndose en los carros “chocolate”.

En tanto que el representante de Anapromex garantizó que “en julio del año que entra vamos a tener regularización”, pues la iniciativa presentada en 2016, fue apoyada por legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pero se quedó en la congeladora por parte de sus homólogos del PRI y PAN, y será aprobada ahora que los morenistas tienen mayoría en la Cámara de Diputados.

“A partir de marzo iniciaremos las mesas de trabajo porque ya son 240 y tantos diputados y se van a ir por una sola línea, un solo sentido, un solo pensar a favor de la regularización de autos extranjeros”, afirmó.

Por esa misma fracción partidista, en agosto pasado, comerciantes de autos usados de Tecate, Ensenada y Mexicali, así como Mario Escobedo Carignan, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Tijuana, entregaron al entonces senador electo, Jaime Bonilla Valdez, una propuesta para facilitar la importación de vehículos, que incluye la creación de un nuevo decreto que elimine el esquema del precio estimado para la importación de autos, o bien, actualice el costo de las marcas y los modelos; y respete la presentación del certificado de origen emitido por el exportador. Además, contempla un esquema diferenciado entre los comerciantes de autos usados y los particulares.

El martes 11 de septiembre, la priista Sylvana Beltrones Sánchez presentó una iniciativa ante el Senado de la república para modificar la Ley Aduanera, ante la disposición del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que establece que a partir del 1 de enero de 2019, México no podrá prohibir la importación de autos usados de Estados Unidos y Canadá.

La iniciativa priista contempla cobrar un impuesto del 1%, a fin de facilitar la regularización de los vehículos “chocolate” que no sean de lujo, convertibles y deportivos, ni tengan reporte de robo o no cumplan las reglas ambientales y mecánicas. Además de que sean incluidos en el Registro Federal de Automóviles Importados.

En el ámbito local, José Cruz Sánchez Nava adelantó que Onappafa entregará al presidente del Congreso de Baja California una iniciativa antes de que termine septiembre, que incluye un tabulador con el que se cobrarían 3 mil pesos por autos de 1999; de 1999 a 2003, 5 mil pesos; de 2004 a 2008, 7 mil pesos; y de esa fecha hasta 2012, 12 mil pesos. Recurso que sería repartido, en su mayoría, al Estado y municipios, y posteriormente a la Federación.

De acuerdo con un estudio del Centro de Estudios Sociales y de la Opinión Pública de la Cámara de Diputados, la Federación llevó a cabo 15 programas de regularización entre 1978 y 2001, entre los cuales destaca el del 13 de enero de 1992, que benefició a 962 mil 128 unidades, cuyos modelos fueran de 1984 y anteriores a ese año.

Además, el del 12 de abril de 1994, en el que se regularizaron 89 mil unidades de personas físicas que internaron el vehículo antes del 9 de octubre de 1993. Así como el del 31 de enero de 1991, cuando se regularizaron 60 mil 039 automóviles “chocolate”.

En tanto que de 2003 a 2008, tan sólo en Baja California se regularizaron autos “chocolate” que beneficiaron a 250 mil familias mediante la gestión de Anapromex, señaló Villanueva Ramírez.

En contraste, las disposiciones encaminadas a restringir más la importación definitiva de vehículos extranjeros, se establecieron con el decreto publicado el 24 de diciembre de 2008, en el cual, a partir del 1 de enero de 2009, la importación consideraba autos de diez años anteriores al año en que se importe.

Dicha disposición abrogó al decreto de 2005, que permitía la importación de autos cuyo modelo fuera entre 10 y 15 años anteriores al año en que se importaba.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/  JULIETA ARAGÓN/ LUNES, 17 SEPTIEMBRE, 2018 01:00 PM)