La
soberbia, la prepotencia y el autoritarismo de los concesionarios del servicio
de transporte urbano de Guaymas, tuvo una respuesta silenciosa pero efectiva de
los guaymenses y las autoridades estatales, al no aceptar ninguna de las dos
partes la tarifa de 12 pesos.
La
apuesta de la familia González-Gaxiola y asociados para imponer una nueva
tarifa de pasaje a través de un paro ilegal de camiones urbanos, se derrumbó
estrepitosamente, al no generar las expectativas que ellos esperaban.
Los
miles de usuarios guaymenses ante el impacto de la medida de los concesionarios,
no de los trabajadores, hoy no cayeron
en el pánico ni la desesperación ni la exigencia ante las autoridades de
transporte para que resolviera el problema a como diera lugar, como ocurría en
el pasado.
Ahora,
miles de usuarios se informaron del paro de concesionarios del transporte
urbano de Guaymas a través de las redes sociales, por lo que silenciosamente,
tomaron sus medidas, para evitar llegar tarde a su trabajo o la escuela.
Las
medidas emergentes del Gobierno del Estado a través de la Dirección General de
Transporte en el Estado de autorizar a
300 taxis operar como taxis colectivos,
cobrando 10 pesos por pasajero sí funcionó. Aunque cabe señalarlo, sí hubo
taxistas que no cumplieron con lo acordado.
Y
algo que es digno de mencionarse dentro de este conflicto, fue la solidaridad y
apoyo que se dio entre amigos y vecinos de los diferentes fraccionamientos del
sector de Guaymas Norte, para llevar o acercar a muchos usuarios a sus centros
de trabajo o escuelas.
La
presión que pretendían ejercer los concesionarios del transporte urbano para
“manotear” una nueva tarifa, en el caso de Guaymas, no resultó como lo
esperaban los transportistas.
Si
bien es cierto, que las empresas de transporte urbano son necesarias para la
prestación de este servicio, más no indispensables, porque a ellos, se les
olvida que son concesionarios, más no propietarios de las rutas urbanas. En
este caso, el Gobierno del Estado es quien las otorga, las niega o cancela las
concesiones.
Ahora
que si revisamos de quién o quiénes son las concesiones, podremos darnos cuenta
que una sola familia tiene una concentración de
alrededor de 90 concesiones, con diferentes nombres, pero de los mismos apellidos, que
prácticamente avasalla a los
transportistas minoritarios, que por cierto, en esta ocasión, no se unieron a
los González-Gaxiola en su paro de camiones urbanos, rompiendo el círculo de
control tradicional con el que actuaban en el pasado
El
regreso paulatino y silencioso de los
camiones urbanos sin la pretendida nueva tarifa de 12 pesos, refleja el tamaño
de la derrota de los concesionarios de transporte local, léase Familia
González-Gaxiola y asociados, al no reconocer que la correlación de fuerzas ha
cambiado mucho, que lo que se hacía en el pasado, en el presente no se acepta
ni tolera, mucho menos agrediendo y vulnerando la economía familiar de miles de
trabajadores guaymenses.
Y
para colmo de los concesionarios del transporte urbano local, el paro de
camiones, “descubrió” ante los ojos de los miles de usuarios de los camiones
urbanos, que la modalidad de los “taxis
colectivos” de bajo costo, fueron que
impidieron en una gran proporción la paralización de la producción en los
centros de trabajo y las actividades cotidianas de una comunidad de trabajadores
como lo es Guaymas.
Si
en el pasado se obtenían tarifas con
amenazas de paro de camiones urbanos y sub urbanos, ahora se encuentran ceñidos estrictamente al
cumplimiento de la Ley 149 de Transporte en el Estado de Sonora, donde se
establecen claramente los términos
legales para solicitar o modificar las tarifas urbanas, no a través del
compadrazgo, compromisos de campaña, la
complicidad, la presión o el chantaje político como sucedía en el sexenio
anterior, que por cierto, la Familia González-Gaxiola fueron ampliamente
recompensados por su “lealtad” al
gobierno de Guillermo Padrés.
Es
por ello, que a casi tres años del Gobierno de Claudia Pavlovich las maniobras
para torcerle el brazo a la gobernadora sonorense, han fracasado, por una parte
debido a las acciones previas gubernamentales y
segundo, a la respuesta de los usuarios guaymenses, que lejos de quejarse
en los medios de comunicación, cada familia afectada implementó su Plan “B”
para llegar a tiempo al trabajo y a la escuela.
Esta
acción debe de tener consecuencias, y
para ello se requiere de una respuesta
clara y contundente de la DGT, como la cancelación
de las concesiones de transporte de todas las rutas involucradas en el paro de
camiones, y colateralmente lanzando una convocatoria de necesidades para la
sustitución de cada una de las concesiones, por operadores de los camiones urbanos de mayor antigüedad
y/o organizados como lo establece la Ley
149 de Transporte en el Estado y empresas transportistas interesados en cubrir
esta necesidad de servicio.
Y
colateralmente, abrir una convocatoria
de necesidades para taxis colectivos, donde los taxistas locales, sean los
primeros en derecho, para establecer un contrapeso en el transporte colectivo de Guaymas.
O
retomar la añeja demanda de la municipalización del transporte urbano local,
para erradicar la concentración y el monopolio
ejercido por una sola persona, familia o grupo, como actualmente sucede
en el puerto.
En
una próxima colaboración, hablaremos sobre el tema de la municipalización del
transporte en Guaymas
