Al final de las votaciones las
agresiones en contra de ex candidatos o gobernantes electos no cesaron. Desde
el 1 de julio a la fecha han sido asesinadas tres personas relacionadas con el
proceso electoral
El proceso electoral
2017-2018 terminó, pero la violencia en contra de candidatos y políticos
siguió.
Del primero de julio al día
de ayer han sido asesinados dos ex candidatos y un candidato electo; dos de
ellos en Michoacán y uno en Jalisco.
En México el pasado 1 de
julio la ciudadanía se eligió a sus futuros gobernantes, en medio del proceso
electoral más violento y complicado que ha vivido el país en su historia
moderna.
En 9 meses fueron asesinados
más de 150 políticos candidatos y aspirantes a un puesto de elección popular,
según datos de la consultora en planeación política Etellekt.
De acuerdo con el Séptimo
Informe de Violencia Política en México, del 8 de septiembre de 2017 al 1 de
julio se registraron 775 agresiones contra políticos, de los cuales 152 fueron
asesinatos y de esos 48 aspiraban a un puesto de elección popular. No hubo
color de partido o entidad federativa que se salvara de la violencia.
150 políticos o aspirantes a un cargo
público fueron asesinados en los últimos 9 meses
Han pasado 25 días desde las
votaciones, y a la lista de muertes se agregan las de Enrique Equihua Sánchez,
Zenón Cocula Fierros y el de Eliseo Delgado.
Enrique Equihua militaba en el
PAN, pero el 1 de julio contendió por Morena buscando ganar una regiduría en
Taretán, Michoacán. El martes cuando se encontraba en el pleno centro del
municipio fue interceptado por individuos armados quienes le dispararon en el
pecho.
El excandidato fue trasladado
a un hospital de Uruapan, donde falleció a causa de las heridas producidas por
cinco impactos de bala.
Eliseo Delgado era paisano de
Enrique Equihua y compañero de partido, fue asesinado cuatro días antes frente
a las instalaciones de la Presidencia Municipal, lugar donde gobernaría dentro
de poco tiempo.
Reportes policiacos señalaron
que el edil electo fue agredido por sujetos que viajaban a bordo de un vehículo
y después de disparar se dieron a la fuga.
Los atentados que ocasionaron
la muerte de los políticos ocurrieron en Michoacán y Jalisco
“El Partido del Trabajo
condena enérgicamente el asesinato de Eliseo Delgado, virtual presidente
municipal de Buenavista. Exigimos un alto a la ola de terror en contra de
nuestros compañeros y justicia para él y su familia. Que en paz descanse”,
publicó en Twitter la cuenta de la dirigencia estatal del PT.
El mismo día en el que
asesinaron a Eliseo, un comando atacó a balazos a Zenón Cocula Fierros, quien
en las elecciones pasadas había ganado un puesto como regidor de Tlaquepaque,
Jalisco, abanderando a Morena; pero como su partido solo obtuvo tres
regidurías, quedó sin un lugar en el cabildo municipal.
“Nos refieren de una pick up,
color negra, doble cabina, donde iban aproximadamente cuatro personas, las
cuales sin detener la marcha del vehículo le realizan seis detonaciones”,
informó aquel día, Daniel Ortiz, Comandante de la Comisaría de Tlaquepaque.
Durante el ataque, ocurrido
en el cruce de las calles Libertad y Niños Héroes, también murió el acompañante
de Zenón Cocula.
INSEGURIDAD ALCANZÓ A LA POLÍTICA
Para el especialista en temas
de seguridad Juan Francisco Torres Landa, la violencia en contra de los
políticos es proporcional a la que padece la sociedad, ya que el crimen
organizado ha penetrado los gobiernos.
“Esto es una de las
manifestaciones de como han rebasado y penetrado la sociedad gubernamental y lo
hacen a través de la fórmula de ‘plata o plomo’, entonces quienes se ponen a
modo reciben un monto económico y los que no, son víctimas de ataques hasta que
entienda cual es la dinámica para trabajar con ellos”, dijo el especialista en
entrevista a Reporte Indigo.
775 agresiones contra políticos se
registraron en el proceso electoral 20717-2018
Torres Landa, denuncia que el
crimen organizado requiere de salvoconductos para realizar sus actividades y
que lo que hacen al asesinar o amedrentar políticos y candidatos solo es
defender su negocio.
“Es una manifestación más del grado de
crudeza y del grado de inseguridad que tenemos en nuestro país por eso las
propias autoridades están siendo víctimas de esta intimidación”
- Juan F. Torres Landa
Experto en temas de seguridad
“La pregunta que nos hacemos
todos los ciudadanos es ¿si ellos no son capaces de protegerse a sí mismos cómo
nos van a proteger a los demás? La respuesta es muy fácil, no lo están haciendo”,
señaló el entrevistado.
El especialista, miembro de
Mexicanos Unidos contra la Delincuencia aclaró que el problema no es reciente,
que viene desde hace 12 años cuando inició el sexenio de Felipe Calderón y que
al llegar Enrique Peña Nieto a Los Pinos siguió con la misma estrategia para
combatir al crimen organizado, solo realizando “cambios estéticos”, pero
militarizando las calles.
“El reto del gobierno
entrante es formidable porque van a recibir a un país en llamas, van a recibir
una desarticulación completa en materia de seguridad y justicia con policías
que no están capacitados, con ministerios públicos que están rebasados, con un
desorden en carpetas de investigación y si eso no fuera poco, con un abuso de
las autoridades militares en esquemas de seguridad pública en los que no deben
de participar”, advirtió.
El especialista concluyó
afirmando que a diferencia de los dos sexenios pasados ve en este gobierno
apertura, diálogo y un posible cambio de estrategia que podría frenar la
violencia que ha sangrado a la sociedad y alcanzado a la clase política.
La violencia generalizada en Nuevo León
también se ve reflejada en el aumento de casos de desapariciones de niñas y
mujeres jóvenes en la entidad, casos que podrían estar relacionados
directamente a la trata de personas y que en muchas ocasiones no son
investigados a profundidad por las autoridades
El aumento en los reportes de
desapariciones de niñas y mujeres jóvenes en Nuevo León y la nula información
oficial sobre el seguimiento de los casos, levantan sospechas sobre un posible
nexo de estos hechos con la operación de redes criminales relacionadas con la
trata.
Además de los preocupantes
niveles de violencia de género que se viven en la entidad, ese tipo de casos se
han convertido en una problemática que no está siendo atendida en su correcta
dimensión, al no existir ni datos confiables, ni continuidad en las
investigaciones.
En los últimos meses se ha
registrado un repunte en la cifra de denuncias por desaparición de mujeres
menores de edad y jóvenes, advierten organizaciones de la sociedad civil.
“No hay una visualización del
problema real. Hay una falta de consciencia sobre lo que está sucediendo”,
asegura Rosario Pacheco, integrante de la organización Alternativas Pacíficas.
Según cifras oficiales, en
2017 fueron reportadas como desaparecidas 17 mujeres menores de edad en Nuevo
León, la gran mayoría (14) en el segundo semestre del año, que es precisamente
el periodo en que las organizaciones alertaron que hubo un repunte
Y hasta abril de este año ya
son 18 casos de niñas reportadas como desaparecidas en la entidad, más de 4
casos por mes.
Durante todo 2016 fueron
reportadas 14 menores como desaparecidas, en 2015 las denuncias por
desaparición de niñas de menos de 18 años fueron 34 y durante 2014 fueron 16.
“Estamos viendo ya una
tendencia en este rango de edad, de entre 10 y 17 años en los últimos años. Los
datos nos empiezan a saltar pero no vemos una visibilización”, señala María de
la Luz Estrada, Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional contra el
Feminicidio (OCNF)
Los números del Registro
Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED), indican que las denuncias por
desaparición de mujeres han aumentado en la entidad de 2015 a la fecha,
particularmente entre las menores de 29 años, que son el rango de edad en que
suelen estar más expuestas a las redes de trata.
Solo en 2010 y 2011, los años
más álgidos de la guerra contra el narcotráfico hubo más denuncias que en el
último trienio.
De 2015 a abril de 2018, los
casos de desapariciones de niñas y mujeres jóvenes han sumado ya 189, según las
cifras del RNPED.
Sin embargo, algunas organizaciones
como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) advierten que
incluso las cifras oficiales tienen inconsistencias, por lo que los números
reales podrían ser mucho mayores, y es una problemática que se extiende a nivel
nacional.
TENDENCIA ALARMANTE
Tras observar esta tendencia,
Alternativas Pacíficas ha intentado agendar una reunión con personal del Grupo
Especializado en Búsqueda Inmediata (GEBI) para abordar el tema pero no se ha
podido concretar durante al menos dos meses.
“El interés es darle
seguimiento y tener una información si se da seguimiento a esto y qué ha pasado
con estas niñas que han desaparecido”, apunta Pacheco.
NO HAY SEGUIMIENTO
Para María de la Luz Estrada,
Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio, Nuevo
León es el reflejo de la nula visibilización de un problema de fondo más amplio
respecto a la desaparición de las niñas en todo el país.
Por un lado menciona que a
pesar de la publicación de las cifras de denuncia, ya no hay un seguimiento ni
hay datos desagregados que permiten establecer qué paso con esas niñas. Si
fueron encontradas, en qué condiciones, o si continúan desaparecidas.
Además, advierte que otro
fenómeno preocupante es que una vez que se encuentran a las menores, la
investigación se cierra en la mayoría de los casos, lo cual no permite
continuar con una indagatoria que pueda ayudar a identificar patrones o modus
operandi de los grupos delincuenciales que estarían detrás de las
desapariciones, lo que a su vez impacta en las deficientes políticas públicas
de prevención.
“Nosotros decimos esa niña no
desapareció porque desapareció y de repente la encontraron. A las niñas les
pasó algo y la autoridad no investiga. Algo le pasó, algo está operando ahí.
Corrimos con la suerte de encontrarla a ella, pero a otra no porque la
problemática sigue gestándose”, agrega.
Organizaciones civiles acusan que cuando
se encuentra a una mujer desaparecida no se investiga a fondo realmente qué
ocurrió
“Tu ya la encontraste. No
basta que la hayas encontrado. Tenemos que saber quién se la llevó, por qué,
para la política de prevención, por eso falla la política pública, porque la
autoridad no está atacando el problema de fondo. El fondo no lo atacas porque
no investigas y porque la autoridad no le entra de fondo”, advierte.
Estrada asegura que el primer
paso para poder atacar esta problemática es el reconocimiento de que existe un
modus operandi detrás de esta tendencia y que a través de las desapariciones se
pueden estar activando otros delitos graves como el feminicidio o la trata.
“La autoridad no está
generando los mecanismos de investigación. Y a nosotros como coadyuvantes ni
siquiera se nos permite podernos acercar a las niñas que han sido encontradas,
se cierra la puerta”, apunta.
Por más riesgos demostrados, los
proyectos mineros en México parecen imbatibles. Es un lugar común su
resurgimiento, después de haber sido detenidos por la presión de la sociedad.
Reaparecen con ligeras modificaciones, pero con el mismo impacto potencial en
los pueblos. Eso ocurrió con La Paila, de la minera Caballo Blanco, en Alto
Lucero, Veracruz. En 2017, la Semarnat resolvió no darle permiso para extraer
oro después de una evaluación de riesgo ambiental. Y se fue. Pero ahora ha
vuelto, acaso con más fuerza.
En mayo, el consultor de la minera,
filial de la canadiense Candelaria Mining Corp., reveló que los planes siguen
firmes. La compañía quiere renovar los trabajos y en unos ocho años, obtener
hasta 20 toneladas del metal. Dijo que el proyecto está avalado por nuevos
estudios que indican que los trabajos no dañarán el medio ambiente y en cambio,
harán brillar a Veracruz.
Pero en Alto Lucero no hay quien hable
bien de este tajo por construirse a cielo abierto. Señalan que es capaz de
dañar los suelos, el agua y la biodiversidad. Hay algo más. Estará ubicado
apenas a tres kilómetros de la central nucleoeléctrica Laguna Verde, lo que
hace que todos los pueblos estén a expensas de una emergencia radiológica.
DÉCIMA Y ÚLTIMA ENTREGA DE UNA SERIE
Flavia Morales y José Antonio Villagrán
Alto Lucero, Veracruz, 25 de
julio (SinEmbargo).- Era la década de los 80, del siglo pasado, cuando en Palma
Sola, comunidad costera de Veracruz, las plazas se llenaban para protestar en
contra de la construcción de la central nuclear Laguna Verde.
Aunque los habitantes
bloquearon la carretera costera 180 por más de una semana, su voz no hizo eco y
fueron desalojados por la fuerza del Ejército. En 1990, la planta entró en
operaciones.
Han pasado 28 años desde
entonces, y Mario Landa Viveros, comisario ejidal de la comunidad de Mesa de
veinticuatro en Alto Lucero, dice que nunca imaginó una nueva amenaza para su
pueblo.
A unos kilómetros de su
comunidad ubicada en lo alto de los cerros frente al mar, el proyecto minero a
cielo abierto para la explotación de oro en el cerro La Paila, interrumpe su
tranquilidad.
“No queremos el proyecto, no
queremos dinero, hemos vivido sin ninguna minera, tranquilos con nuestra vida,
si llegan todo se va a secar”, exclama.
La preocupación no es menor.
A poco más de tres kilómetros de la planta nuclear y a cuatro del reactor
principal, se planea el tajo a cielo abierto, ahora en manos de la Minera
Caballo Blanco, filial de la canadiense Candelaria Mining Corp.
Mario Landa Viveros, comisariado ejidal
en Alto Lucero, rechaza los proyectos mineros en la comunidad. Foto: Óscar
Martínez López, AVC
La presencia de los “mineros”
no es desconocida en la región, desde hace más de 20 años los han visto ir y
venir, haciendo exploraciones, pero desde 2012 su actividad se ha
intensificado. En dos ocasiones han intentado obtener el permiso para explotar
oro, plata y cobre de su territorio.
El proyecto ha estado en
manos de tres mineras canadienses desde 1995, cuando fue descubierta la veta de
oro. Se trata de Gold Group, Timmins Gold Corp y Candelaria Mining. La Paila
tiene 12 concesiones por 50 años cada una, en 19 mil hectáreas de terrenos de
Actopan y Alto Lucero.
A lo largo de estos años han
adquirido terrenos en propiedad y otros los han rentado.
En 2011, cuando obtuvieron el
permiso para los primeros seis socavones, el entonces Alcalde de Alto Lucero,
Lucio Castillo, les rentó su terreno para el paso principal y aceptó un cheque
por 300 mil pesos y la promesa de mejorar los caminos de la región.
Divididos por la carretera
costera 180 Veracruz- Poza Rica, los pueblos de la montaña y el mar, viven del
campo, la ganadería, la pesca y pequeños comercios al pie de carretera, la idea
de una mina en su territorio los tiene atemorizados.
Alto Lucero, recursos naturales en
riesgo por las mineras canadienses. Foto: Óscar Martínez López, AVC
“ESTE CAMINO ES DE AVES”
Los cerros que rodean Alto
Lucero- Actopan a unos 70 kilómetros del Puerto de Veracruz, son únicos en el
Golfo de México, son los mejor conservados.
Si hubiera un lugar prohibido
para instalar minería, sería justamente el Cerro La Paila, por su gran
diversidad biológica, advierte Javier Laborde Dovalí, investigador del
Instituto de Ecología AC (Inecol).
La minera quiere construir en
361 mil 85 hectáreas, un tajo, la tepetatera, patio de lixiviación, piletas de
soluciones y planta ADR en 11 polígonos entre los cerros.
Pero más de 265 hectáreas son
terrenos forestales de bosque de encinos tropicales, selva baja caducifolia,
que son parte del corredor de aves migratorias más grande del mundo.
“En el camino de las aves
migratorias, este cerro es de los pocos remanentes donde pueden descansar antes
de viajar, y ahora estará durante seis días en explotación, con luces las 24
horas, con explosiones, con tráfico de camiones en tres turnos, eso es una
fuente de ruido y de disturbio”, cuestiona.
Dentro del proyecto hay 51
especies de flora y fauna en peligro de extinción, entre ellas una comunidad de
1 mil 231 cicadas, las cuales tienen una antigüedad estimada de dos a tres mil
años, son consideradas la vegetación viviente más antigua de México.
La minera Gold Group intentó
en 2012 un primer permiso de explotación que fue negado, entonces la
Manifestación de Impacto Ambiental que presentó para el cambio de uso de suelo
fue analizada por expertos de diez instituciones académicas, se obligó a ir a
la consulta pública y en febrero del 2012, el entonces Gobernador Javier Duarte
de Ochoa decidió negar permisos y vetar el proyecto.
Pero la minera fue hábil y
retiró el proyecto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), para evitar su cancelación definitiva. Seis años después, apenas en
agosto del 2017, ahora la minera Candelaria Mining volvió a presentar la MIA.
Naturaleza, la víctima de la
ambición por el oro en Veracruz. Foto: Óscar Martínez López, AVC
Un grupo de expertos
investigadores de la Universidad Autónoma de México (UNAM), la Universidad
Veracruzana y el Instituto de Ecología AC, analizaron el documento. Dovalí, uno
de los expertos, advierte que el estudio de la minera tiene fallas importantes,
que implica amenazas significativas, e irreductibles al sistema ambiental.
La más grave es su cercanía
con la planta nuclear Laguna Verde.
–¿Cuántas minas de tajo
abierto con explosiones diarias durante seis años están a menos de cinco
kilómetros de una nucleoeléctrica? – se cuestiona.
–Parte de los polígonos de la
minera están dentro de la zona vía pluma de 15 kilómetros del Plan de
Emergencia Radiológica Externo (PERE), lo cual es muy riesgoso – responde.
Para obtener 240 kilos de oro
mensualmente, la minera plantea el uso de al menos 28 sustancias químicas,
entre ellas cianuro, además de toneladas de explosivos para socavar los cerros.
Laborde señala que la minera
en un documento de más de 2 mil 702 páginas no incluyó los impactos que tendría
en lugares cercanos como La Mancha, sitio ramsar con dos lagunas costeras y
manglares, además subestimó el riesgo de huracanes.“Promete remediaciones, que es complicado que
pueda cumplir, como la reforestación de encinares en tres años”, exclama.
Cuestiona que la minera
explica que explotará seis años el tajo (a cielo abierto) y luego destinará
tres años para remediación, lo cual es prácticamente imposible, pues se
necesitan varios años para restablecer el hábitat de encinares, y hay animales
como venados cola blanca que no podrían vivir en un bosque joven.
El investigador considera que
la empresa no ha dicho claramente a las comunidades afectadas cuáles son los
proyectos completos a explorar, y en cambio intenta comprar a la comunidad a
través de apoyos, para ir ganando su confianza.
“No han dicho a la Semarnat,
ni a la gente que vive ahí, que tienen planeados otros polígonos, llevan muchos
años trabajando con ellos, hablando con el cura, el presidente municipal, han
pavimentado caminos, les han pintado la escuela, les han puesto pozos, les dan
beneficios para ganar confianza y decir que la mina es buena; es como un
gobierno aparte: llegan a un lugar pobre y aprovechan”, lamenta.
Laborde sentencia que aunque
la minera dice que el proyecto solo durará seis años podría ser mucho más
tiempo y el impacto sería más grave.
Además, existen otros
peligros. El tajo a cielo abierto está a dos kilómetros de los gasoductos de
Petróleos Mexicanos que alimentan la industria del norte del país, y cerca de
las líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad.
El PERE NO FUNCIONARÁ
El Plan de Emergencia Radiológica
Externo, insuficiente. Foto: Óscar Martínez López, AVC
Caminar por los cerros y
caminos donde se planea la instalación de la piletas de lixiviados, y la
estructura centralde la minera es
toparse con los letreros del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE) de
la nucleoeléctrica Laguna Verde.
La minera alineó su plan de
emergencia al PERE, por encontrarse en el radio de influencia, sus rutas de
evacuación en caso de un accidente son las mismas, pero también son las rutas
que la empresa utilizará para la circulación de material químico.
El Plan de Emergencia de
Laguna Verde, está diseñado para enfrentar cualquier clase de emergencia
radiológica, y tiene dos radios, el primero de 16 kilómetros a la redonda
conocido como zona vía pluma por ser las comunidades de principal exposición al
material radiactivo y otra zona conocida como vía ingestión con un radio de 80
kilómetros, donde podía haber contaminación de aguas superficiales, alimentos
contaminados y por el material radiactivo depositado en el suelo.
En diversas ocasiones, los
habitantes han denunciado las malas condiciones de los caminos, apenas en
septiembre del 2017 en el Congreso Local se presentó un punto de acuerdo para
exhortar a la Secretaría de Gobernación a otorgar recursos para el mejoramiento
de las rutas de evacuación.
En un recorrido por el radio
del PERE, se observó que los caminos de salida y continuación de algunas rutas
de evacuación están destruidos, los puentes colapsados y las comunidades no
saben que harían en caso de una emergencia.
Es el caso de los caminos de
comunidades como Topiltepec, Soyacuatla, La Reforma, Pastorías, Llano de
Zárate, La Esperanza y Llano de Luna, entre Actopan y Alto Lucero.
El Diputado por el distrito
de Misantla, Ernesto Cuevas, advirtió que desde hace más de ocho años no hay
una inversión real para todos estos caminos y se necesitarían 600 millones de
pesos para una rehabilitación completa de las rutas de evacuación del PERE.
LOS PROYECTOS EN EL SILENCIO
La minera Caballo Blanco
oculta otros proyectos que no ha dado a conocer a la Semarnat ni a los
pobladores de la comunidad, se trata de Bandera sur, Las Cuevas, La Cruz y Red
Valley donde hay indicios de mineral.
La estrategia de la minera es
hablar solo de La Paila, pero a sus inversionistas en su página Internet les
revelan que la zona es de gran valía por su alta cantidad de concentración de
oro. Los planes a largo plazo son extenderse al menos 9 kilómetros más.
La investigadora del
Instituto de Ecología AC, Patricia Moreno Cassaola advierte que la empresa
debería presentar una MIA regionalizada para conocer cuál será el verdadero
impacto ambiental a esta región, y no sólo una parte del proyecto.
Si el proyecto se extiende,
entonces llegaría hasta el corredor La Mancha donde cada año más de 13 millones
de aves cruzan las montañas desde las tundras árticas hasta la Patagonia.
Por esas montañas atraviesan
también hasta cuatro millones de 22 especies de aves rapaces entre agosto y
noviembre de cada año, por eso la región está catalogada como el corredor de
aves rapaces más grande del mundo.
Una extensión de mil 414
hectáreas de La Mancha y El Llano también están considerados sitios Ramsar
(lista de humedales del mundo por la Convención sobre los Humedales),
conformados por dos lagunas costeras rodeadas de manglares y humedales de agua
dulce.
Ahí, un grupo de ejidatarios
trata de hacer conciencia de la conservación de la biodiversidad, y para ello
crearon el proyecto La Mancha en movimiento.
El ecoturismo es una de
principales actividades, junto a la pesca, por lo que ven a la minería como un
grave peligro para la conservación del medio ambiente y la vida de las personas
de las comunidades.
Adán Vez Lira, agente municipal
de La Mancha, advierte que el proyecto está a pocos kilómetros, y podrían
resultar afectados fácilmente al recibir agua de montaña arriba. “Cualquier
contaminación que se de en la parte de la explotación minera vendría hacia
nosotros y afectaría en la pesca, la ganadería, ecoturismo”.
Los habitantes de La Mancha
viven de la pesca y el ecoturismo, y si algo les queda claro es que no van a
permitir que la minería llegue.
Alto Lucero protege su salud y sus
recursos, dice NO a las mineras canadienses. Foto: Óscar Martínez López, AVC
UNA NUEVA ESTRATEGIA MINERA
Ante el segundo rechazo del
proyecto, la minera usó la misma estrategia que 2012, retiró el documento de la
Semarnat para evitar ir a consulta pública, y en un comunicado, en octubre del
2017, anunció a sus inversores que no había condiciones idóneas para el
proyecto.
Para entonces la minera había
enviado a la Semarnat, dos permisos más de exploración: Bandera Norte y Highway
North en Alto Lucero.
Siete meses después, en mayo
de 2018, Julio Portales, consultor minero, informó que después del proceso
electoral volverían a presentar el permiso de explotación.
Esta vez, su estrategia no
era simple, la acompañaron de visitas a las comunidades y escuelas, censos,
encuestas, cine móviles y reuniones entre sectores de influencia.
Para conseguir el apoyo, la
minera ha entrado a las escuelas de comunidades como Palma Sola, la más grande
dentro del radio del proyecto con más de tres mil habitantes, donde, sin la
supervisión de los padres, da pláticas a los estudiantes.
También regala pintura y
flores a las parroquias y a través del grupo Mexicominero.org ofrece cine
móvil.
La recién administración de
la minera asegura que en el pasado no hubo información suficiente del proyecto,
por eso ha distribuido folletos sobre el cianuro, los explosivos, la flora, la
fauna y los fenómenos meteorológicos, en todos promete la generación de 400
empleos.
Julio Portales, uno de los
consultores de la mina, dice que Veracruz podría ser el nuevo Dorado, y
convertirse en los siguientes 30 años, en uno de los principales estados
productores de oro del país.
No habla a tientas. En
Veracruz se han otorgado 45 concesiones mineras en 11 municipios en los últimos
años.
La minera sabe de la
situación complicada de Veracruz y afirma tener el apoyo de las comunidades.
“Nos han dicho, si vamos a hacer minería responsable, ya tráiganla, necesitamos
el trabajo”.
También promete la
rehabilitación del centro de salud de Palma Sola, la reconstrucción de
escuelas, así como 20 millones de pesos para el municipio de Alto Lucero. “ Su
presupuesto es de 78 millones de pesos. Imagínense. Podríamos darle un tercio.
¿Qué Gobernador podría hacer eso? Sería de gran impacto”, dejó en la mesa.
En una conferencia de prensa
improvisada en Xalapa, confirmó que aunque el proyecto minero, se quiere hacer
en 10 años, podría seguir por lo menos 24 años más.
Sin embargo, el discurso
positivo de Portales dista mucho de la realidad que hay en las comunidades de
la región.
115 MDD, ¿ESO VALEN LAS CONCIENCIAS?
Guillermo Rodríguez Curiel,
de la Asamblea de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), afirma que ahora, a
diferencia de 2012, la minera da la cara, y dice que trae 115 millones de
dólares para invertir. “ Yo lo leo así, 115 millones de dólares para comprar
conciencias, para justificar la destrucción de la naturaleza”.
Para el activista, los
mineros traen dinero para sustituir al estado, para construir carreteras,
hospitales, y escuelas que son obligación de los gobiernos local y federal: “Lo
que ellos traen son despojo, destrucción y muerte, la minería no es el nuevo
Dorado , nuestro Dorado para Veracruz es la defensa del territorio, porque el
agua vale más que el oro”.
Por eso, a lo largo de la
costa comunidades se han informado y organizado para resistir al proyecto que
les promete empleo y desarrollo a cambio de la destrucción de sus tierras.
El pasado 25 de mayo, en el municipio de
Actopan y en asamblea popular, niños, jóvenes, mujeres, hombres y adultos
mayores de los pueblos Mesa de 24, Los Baños, Villa Rica, Tinajitas, Cerro
Gordo y Totolapa definieron la estrategia para resistir y defenderse de las
empresas mineras en la zona. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro
“USTEDES CONTAMINAN MÁS QUE LA MINA”
Armando Alexandri, director
de operación de la minera Candelaria, reconoce que de entrar en operación, la
mina podría alcanzar una producción diaria de hasta 20 mil toneladas de roca,
utilizaría ocho toneladas de explosivos y 2.8 toneladas de cianuro, pero
asegura en esto no es más peligroso que un potrero de ganado.
Rosario Aguilar, de la
comunidad Mesa de veinticuatro, se ofende cuando recuerda la última reunión con
los mineros. Ahí les dijeron que el cianuro no era riesgoso, que estaba en
todo, hasta en los árboles. “Nos dijeron que de qué nos espantábamos. Si
contaminábamos más con el ganado que con la mina”. Entonces la mitad del
auditorio se salió de la reunión.
Hasta la comunidad, los
mineros han llegado con folletos, promesas de empleo y mejor vida.
“Nosotros vivimos con temor,
para qué queremos agarrar su trabajo, eso no nos va a servir de nada después si
esto se acaba y contaminan todo”.
Rosario es parte vital de la
resistencia contra la minera, lo primordial para ella es la defensa del agua.
“Mesa de veinticuatro”
administra su agua, y ha dividido al pueblo en tres secciones. Se turnan la
distribución para que alcance para todos a través del bombeo, de sus dos
nacimientos de agua, sólo uno funciona al ciento por ciento. Por eso, el
proyecto es una amenaza para ellos.
La minera ha informado que
para su operación diaria necesitan 15 mil litros de agua en su laguna de
lixiviación y 2 mil 500 metros cúbicos para la operación diaria. Para obtener
este líquido se planea explotar una parte del acuífero Actopan.
Villa Rica es una zona de mar
azul y playas de arena café que la hacen preferida de turistas locales.
Ahí ha vivido toda su vida
Gilberto Martínez Castellanos, junto a su familia se mantienen de un pequeño
local de comida, donde se cocina lo que los hombres pescan por la mañana.
Su actividad la combinan con
su labor para la conservación de la tortuga lora.
Ubicados a poco más de 5
kilómetros de Laguna Verde, Gilberto dice que la gente teme que su modo de vida
acabe con la llegada de la mina.
“No queremos que vengan a
contaminar, nos prometen una vida mejor, pero qué mejor vida que la que estamos
viviendo aquí, que nos pueden dar que no tengamos”, se pregunta.
Gilberto Martínez Castellanos, vecino de
Laguna Verde: “Qué nos pueden dar las mineras que no tengamos”. Foto: Óscar Martínez
López, AVC
“EL CERRO VA A DESAPARECER”
Arroyo Agrio es la comunidad
más cercana al cerro La Paila. Ahí la minera se ha instalado en un terreno de
renta donde almacena las cajas de muestra de las exploraciones, también utilizó
las instalaciones de la escuela abandonada como centro de trabajo.
Rogelio, agente municipal de
la comunidad, reconoce que la llegada de la minera los puso en un entredicho.
En 2011, la primera vez que
inició el proyecto dio empleo, pagaba hasta mil 800 pesos a la semana. Para la
comunidad de apenas un centenar de personas fue ayuda para paliar su pobre
economía.
La minera abrió la
posibilidad de que los hombres de la comunidad contactaran con otros empleos en
zonas mineras como Durango y Coahuila.
Así, algunos habitantes como
Rogelio conocen de cerca las afectaciones de la minería. “La gente tiene miedo
por el cianuro, pero la minera dice que todo estará controlado, pero tememos
por el agua que viene de los cerros”.
La mina La Paila en Veracruz abrió la
posibilidad de que los hombres de la comunidad contactaran con otros empleos en
zonas mineras como Durango y Coahuila. Foto:
Rogelio quien fue trabajador
eventual de la mina realizando pruebas de biofísica y bioquímica y luego
recorriendo los cerros para mapear la cicadas (plantas únicas, antiquísimas)
sabe que los impactos de los proyectos serán graves. “Tómale muchas fotos a ese
cerro, porque si llega la mina va a desaparecer”, le dijo el geólogo en unos de
los recorridos para recoger pruebas físicas y bioquímicas en busca de oro.
En ese entonces, la minera
iniciaba la construcción de caminos hacia el Cerro La Paila.
Cuando la mina regresó en
2016, el trabajo escaseó y los salarios se cayeron, ahora pagan 200 pesos el
día, mil 200 pesos a la semana “La gente quiere empleo, y nosotros pensamos
también en pedirle otros beneficios, como escuela, un parque, una cancha,no pedimos mucho, estamos abandonados aquí”.
Arroyo Agrio tiene sólo una
calle principal. A los lados, las casas se reparten hasta llegar otra vez al
cerro donde el camino se pierde.
Rogelio quien ahora trabaja
como contratista eventual en la central nuclear Laguna Verde reconoce que el
pueblo está en una balanza, donde los empleos que se ofrecen pueden ser a costa
de sus árboles y agua.
“DICEN QUE VA A
HABER DINERO, NUNCA DESTRUCCIÓN”
La minera ha concentrado su
fuerza de convencimiento en Palma Sola. Lo intentó en septiembre de 2017,
cuando llegó un cine móvil, ycon
palomitas, refresco y una botarga del “Minerito”, quiso convencer a la población
de las bondades de la minería.
Ha pactado reuniones en
escuelas primarias, secundarias y bachillerato para hablar con estudiantes. Ha
repartido cientos de trípticos para explicar temas fundamentales como los
explosivos, el cianuro, la flora y la familia y los fenómenos meteorológicos.
Pero algunos habitantes se
quejan de que las reuniones son esporádicas, y la mayor parte con sectores de
poder como ganaderos y propietarios de terrenos.
Isabel Báez, tiene más de 30
años de vivir en Palma Sola, se queja de que la minera no da información
completa, sólo lo que a ellos les conviene. “Dicen que va a haber dinero,
trabajo, mejora, pero nunca dicen va a haber muerte, destrucción, pueblos
fantasma”.
Acusó que la minera “engaña”
a la gente y usa a las escuelas como escudo para dar informaciones falsas.
“Hace reuniones informativas
pero sólo con unos cuantos, porque al pueblo no lo convocan. Al pueblo lo
estamos informando la propia gente. Es un peligro para todos”.
Daniela Isabel cuenta que en
las reuniones, los mineros le dicen que tener celular y estar en contra de la
instalación de las minas es una contradicción.
“Pero yo les respondo que mi
celular no se compara a la contaminación de la mina. Si llegan, será
devastador. Si nos dan a elegir, preferimos el paisaje, lo verde”.
Cuenta que tiene varios
folletos de la minera, y refuta los 400 empleos que se presume, se generarán,
“eso no alcanza para Palma Sola y todas sus comunidades, plantean cosas
ilógicas, como que van mover los animales y las plantas. Uno no necesita tener
estudios para saber que eso no es posible”.
UNA CONSULTA LIBRE E INFORMADA
Ximena Ramos Pedrueza
Ceballos, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), advierte
que la consulta a los pueblos de manera libre e informada se debe dar antes de
la evaluación de impacto, y antes de que la empresa tenga permisos para explotación
o exploración.
Señala que en la región, las
comunidades campesinas y pesqueras, son equiparables con comunidades indígenas
y tiene el derecho a solicitar una consulta sobre los proyectos invasivos a su
territorio. “Dependen de su relación con el ambiente para el desarrollo de sus
actividades. Si llegan las mineras, esto va a contaminar su agua y cambiar sus
caminos, lo que vendrá en detrimento del derecho a un ambiente sano de las
comunidades”.
Asegura que estos proyectos
violentan los derechos de las comunidades que están plasmados en la
Constitución mexicana y en tratados internacionales, como el derecho a un
ambiente sano, el derecho al trabajo, a la alimentación y al agua.
Junto con varias comunidades,
y organizaciones, Cemda solicitó a la Semarnat la consulta pública, y advirtió
ahí que la minera presentó el proyecto fragmentado, pues mientras en 2011-2012
el proyecto comprendía Alto Lucero y Actopan en 55 mi hectáreas, ahora sólo lo
presentaban La Paila con 19 mil hectáreas.
A su consideración es
necesario revisar la Ley ambiental, pues aunque hay un rechazo general al
proyecto, la empresa tiene la opción de presentarlo las veces que quiera ante
la autoridad, sólo modificando parcialmente el documento, lo que significa una
amenaza permanente para las comunidades.
La activista considera que el
proyecto prende un foco de alerta porque pone en riesgo los derechos de las
comunidades y la realidad es que la autoridad ambiental como la Procuraduría
Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), está rebasada y no podría
vigilar la operación correcta de una mina.
“No entiendo por qué creen
que si el daño ya pasó en otras mineras, ¿cuáles son las circunstancias de que
aquí no pase? ¿Por qué creen que será diferente?, se pregunta Ximena.
OTRA MINERA, UN RIESGO PARA ACTOPAN
Pero al riesgo del proyecto
Caballo blanco, se suma otro: el proyecto el Cobre en Actopan donde la Minera
Gavilán y Minera Alondra, filiales de la canadiense Almaden Minerals, ha
perforado más de 100 barrenos en busca de oro, plata y cobre.
La minera tiene ocho
concesiones por 50 años en la región, el proyecto se ha vendido entre varias
empresas y comparte territorio y concesiones con Caballo Blanco.
Ximena Ramos advierte que la
conjunción de ambos proyectos generará un daño mayor a biodiversidad de la
región que ni las empresas mineras ni la autoridad ambiental han tomado en
consideración.
En el caso de Actopan, han
presentado una denuncia por la contaminación en manantiales ante Profepa.
Vedo Leal Vázquez, comisario
ejidal de El Porvenir en Actopan, asegura que antes de la llegada de la minera,
los aguajes nunca se habían secado.
Denunció que la minera
perforó barrenos a menos de 500 metros del nacimiento de agua de las
comunidades. Las exploraciones las realizó en el cerro el Timbrillo, lo que
–dijo- podría afectar el abastecimiento de agua de varias comunidades.
Además, la minera ha dividido
al pueblo, incluso a su familia, pues una parte ha dado permisos de servidumbre
en caminos a los mineros y otros se han organizado para taparle el paso en 200
hectáreas.
EL PUEBLO ESTÁ DIVIDIDO, COMO SUELE OCURRIR
Antes de que la minera
llegara, Ascensión Sánchez y su familia cuidaban de la pequeña estancia con
aguas termales que es su patrimonio en Los Baños municipio de Actopan.
Pero hace dos años, la minera
Gavilán instaló un barreno apenas a unos metros de su vivienda y una decena más
en terrenos aledaños.
Organizados los ejidatarios,
iniciaron la lucha para defender su territorio, así han logrado la firma de 28
actas de asamblea para decir no a la minera.
“Son empresas que llegan con
palabras de prosperidad y beneficio, de desarrollo económico, pero en la
realidad tienen más de 20 años haciendo trabajos y no hay los empleos
prometidos”, refuta Ascensión.
La minera se ha valido de
mentiras para entrar a los terrenos, y convencer la gente, advierte Ascensión
quien ahora tiene una agenda repleta de reuniones, asambleas y cabildeo para
fortalecer la lucha.
“Nosotros no necesitamos que
vengan a romper la tranquilidad y la riqueza que la región tiene. Llegaron como
sorpresa y maldición, traen muchos conflictos y división”, dice.
Alto Lucero formaliza su oposición a la
minería. Foto: Óscar Martínez López, AVC
En la comunidad de Tinajitas,
la minera rentó el salón social como sede de sus instalaciones, una marcha de
habitantes y la clausura simbólica de las oficinas. Ha sido una de las acciones
más fuertes en contra de la empresa.
Luego, los habitantes
consiguieron que el alcalde José Paulino Domínguez prometiera que no daría
permisos de construcción ni cambio de uso de suelo a la minera, y que pediría a
Semarnat información de los proyectos y buscaría la consulta pública al pueblo.
Ubicados a unos cinco
kilómetros en colindancia con Alto Lucero y el proyecto Caballo Blanco,
Ascensión advierte que se organizan para encabezar juntos la lucha.
Apenas el 25 de mayo,
realizaron una megamanifestación conjunta para presionar al cabildo de Actopan.
“Varias comunidades no
quieren a la minería. La minería sólo trae muerte, despojo, saqueo y males, por
eso nos organizamos para defendernos porque la minería no trae beneficio a
nuestros pueblos”, señala.
HE AQUÍ EL ROSTRO OPACO DE LAS CONCESIONES
Ante el entreguismo de las autoridades,
la resistencia de los ciudadanos. Foto: Óscar Martínez López, AVC
Durante ocho años la Asamblea
de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) ha informado y organizado a las
comunidades para evitar la llegada de la minera.
Emilio Rodríguez Almazán dice
que cuando iniciaron la lucha, la minera ya teníamás de 100 barrenos perforados,y lo primero que hallaron en las comunidades
fue un temor al proyecto, pero también un sentimiento de cariño y arraigo a su
tierra.
Aunque la lucha ha tenido
logros como el posicionamiento en contra del proyecto del Congreso Local, de
expertos científicos, del gobierno estatal actual, y recientemente del cabildo
de Alto Lucero que se declaró libre de minería tóxica, los mineros no se dan
por vencidos.
“Es preocupante que la
empresa siga ahí pese al nivel de contundencia que hay de la opinión pública.
También es grave que los pobladores vivan en una incertidumbre porque saben que
de un día para otro se puede autorizar el proyecto”, advierte.
Emilio afirma que la
autorización de concesiones mineras es una arbitrariedad del Estado mexicano
que violenta el derecho de las personas y se buscarán los instrumentos
jurídicos para evitar que las mineras lleguen a la región.
(SIN EMBARGO/ INVESTIGACIONES/ FLAVIA MORALES Y JOSÉ
ANTONIO VILLAGRÁN/26 DE JULIO 2018)
En el centro del estado de Guerrero, al
sur de México, tres pueblos enfrentan sus demonios. Los que llegaron del
extranjero, los que surgieron desde el fondo de ellos mismos y los que tienen
una presencia que más vale tolerar porque hay caldo de cultivo para que
pervivan y se empoderen. Todo por el oro.
Huitziltepec, Nuevo Balsas y
Carrizalillo son tres pueblos encaramados en el cinturón de oro ambicionado lo
mismo por las canadienses Minaurum Gold, Goldcorp y Torex Gold Resources, que
por grupos criminales.
Apenas el 21 de junio pasado,
funcionarios del Gobierno estatal y municipal firmaron un convenio para
“convertir la minería en fuente de desarrollo”, con el mismo potencial que el
sector turístico. Pero en la zona, también hay producción de goma, opio, así
como heroína. En medio, quedaron los pobladores.
En Coaxtlahuacán, comunidad de
Mochitlán, también en el centro del estado, donde la empresa australiana
Pacifico Minerals, avanza con las perforaciones de prueba.
Es Guerrero y su tesoro de oro que más
que desarrollo le ha traído desgracia. Es Guerrero con una tranquilidad que en
2018 huele a resistencia.
NOVENA ENTREGA DE UNA SERIE
Margena de la O y Marlén Castro
Cocula, Guerrero, 24 de julio
(SinEmbargo).– En Huitziltepec no hay agua. A veces, ni siquiera para hacer un
buche hay agua.
A pesar de eso, los
habitantes de este pueblo nahua del centro de Guerrero, en temporal, con esfuerzo
y tenacidad, arrancan a esta tierra reseca la mayor parte del año, siete a ocho
toneladas de maíz por hectárea. Mucho maíz para un pueblo con estas
características. El promedio en esta región sur es de 2.8 toneladas por
hectárea.
El sueño de los habitantes ha
sido sembrar todo el año, pero necesitan un sistema de riego conectado a una
fuente de agua.
La ilusión iba a ser una
pesadilla.
***
Saúl Sánchez Núñez tenía 31
años cuando lo eligieron comisario municipal. Era febrero de 2015.
Una mañana de marzo, lo
llamaron a la comisaría a una reunión entre el comisariado de bienes comunales
y representantes de una compañía.
“Como aún no era comisario en
funciones les dije que no me correspondía. Me dijeron que era importante para
la comunidad. Llegué cuando las autoridades del comisariado firmaban un papel.
Me dijeron que era un permiso para que estos señores, gente que no conocía,
buscaran agua. Yo dije: ‘ah pues sí firmo’. Y firmé”, cuenta.
Al joven y confiado comisario
electo no se le ocurrió leer antes el papel.
En septiembre de 2015, asumió
el cargo de comisario. Tenía pocos días como autoridad, cuando fue informado de
que en el paraje de Totocualontitlán había entrado maquinaria y gente extraña
había montado un campamento. El comisario fue a ver de qué se trataba. Había
muchos hombres de chaleco y casco naranja trabajando. Se presentó y preguntó
qué hacían y por qué habían entrado así al pueblo.
–Usted es el comisario –
reviraron.
–Sí, acabo de asumir –
respondió presto.
–Ahh, pues estamos aquí con
su permiso.
Saúl Núñez sudó frío.
Mineaurum se instaló en Carrizalillo y
se fue… con la riqueza de la tierra. Foto: Margena de la O
Uno de esos hombres le dijo
que traía un documento con su permiso. Fue por él y lo sacó de una carpeta.
Recibió el documento y ahora
sí leyó. Lo que había firmado era un permiso a la compañía Minaurum Gold para
buscar metales. Se trataba, en resumidas cuentas, del permiso de exploración.
Saúl dijo que era un error,
que había firmado para que buscaran agua. Ellos seguían trabajando sin hacerle
mucho caso. Dijo a esas personas que su firma en ese documento no valía nada,
porque sólo la asamblea otorga esos permisos.
Años después, se le pregunta:
–¿Y el comisariado de bienes comunales también había
sido engañado?
–Creo que no, ellos sí
sabían, porque no hicieron nada para rechazar a la minera en nuestras tierras.
De hecho, un grupo de
comuneros y ciudadanos opinan que se necesita la minería para generar empleos.
En estos tres años, han tenido reuniones fuera de la comunidad para escuchar
sobre el proyecto minero. Sería bueno algo así en nuestro pueblo, pero la gente
no quiere –lamenta el actual presidente del Consejo de Vigilancia del
Comisariado, Beremundo Castrejón.
Saúl Núñez en aquel
septiembre de 2015 convocó a una asamblea urgente. Gente de la compañía lo
visitó en la comisaría para ofrecerle un trato: cuatro mil pesos por cada
perforación. Serían unos 50, para empezar.
Quien se ha convertido en uno
de los líderes de la lucha antiminera en los pueblos nahuas confiesa que el
ofrecimiento monetario pudo haberlo tentado, pero ante los asesinatos y
enfermedades en Carrizalillo, desde que llegó la minería, tomó la decisión
correcta.
“En la asamblea, con
vergüenza, conté que había firmado sin leer el permiso para que entrara la
minera, que asumía mi error y dejaba el cargo para que pudieran nombrar a otro
comisario. La gente me perdonó y después expuse que implicaba si dábamos el
permiso. Todos rechazamos su presencia y de ahí mismo fuimos a correrlos”,
recapitula.
La minas devoran Carrisalillo. Foto:
Margena de la O
***
“¡Fuera, fuera, fuera! ¡Aquí
no queremos minería!”, les gritaban. En el paraje ya habían levantado una barda
de concreto a la que habían puesto “Los vuelcos del destino”, nombre de la
concesión otorgada por el Gobierno federal que afecta 10 mil 651 hectáreas, de
las 14 mil que tiene esta comunidad.
Esta mañana de junio de 2018
Huitziltepec se despierta con un cielo transparente. Se siente en el aire el
olor del humo, ese humo que sale de los fogones y que precede al de las
tortillas. Muchos olores y ruidos llegan de golpe a las glándulas olfativas.
Afortunadamente, son los
olores y ruidos de un pueblo despertándose a las labores cotidianas. Hay mucha
tranquilidad en Huitziltepec. Una tranquilidad que huele a resistencia.
NUEVO BALSAS: PRIMEROS AÑOS DEL INFIERNO
Aun con el calor de mediodía,
este 20 de septiembre de 2016, los habitantes de Nuevo Balsas salen de sus
casas rumbo a la cancha deportiva. Están citados a una reunión con
organizaciones sociales que llegaron esta mañana para apoyarlos si es que
deciden por segunda ocasión bloquear las actividades en la mina Los Guajes-El
Limón, de la empresa Media Luna, filial de la canadiense Torex Gold Resources.
La reunión es resguardada por
siete elementos y dos patrullas de la Policía Estatal Preventiva, parte de la
seguridad con la que cuenta la compañía canadiense.
Pero nadie pide la palabra.
El micrófono se queda del lado de los visitantes, unos 15 en total, de diversas
organizaciones, entre ellas, la sección 17 del Sindicato de Trabajadores
Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.
“Compañeros, compártannos
cómo están aquí, cuáles son sus problemas, queremos ayudarles”, dijo uno de
ellos. Los pobladores de Nuevo Balsas se ven unos a otros, se dicen en corto
–pasa tú, –no tú, –mejor tú, anda di todo lo que me estabas diciendo, tú lo sabes
mejor. Nadie se anima.
El trayecto de la capital
guerrerense, de donde llegaron las organizaciones a Nuevo Balsas, municipio de
Cocula, es largo y cargado de nerviosismo, a pesar de que el contingente de
visitantes es nutrido. En 2013, hombres armados comenzaron a detener unidades
del transporte público y a llevarse a los pasajeros. Algunos siguen
desaparecidos, a otros los regresaron después de que sus familias juntaron cada
peso que les exigieron.
Se llega ahí por la carretera
federal México-Acapulco, a través de un camino reseco que Media Luna, les
prometió pavimentar a la altura de Mezcala (Eduardo Neri, tramo
Chilpancingo-Iguala) o al cruzar todo Cocula. Ambas rutas peleadas por
delincuentes.
La gente de las
organizaciones vuelve a preguntar quién quiere hablar. Pero nadie alza la mano.
Se ven temerosos de decir abiertamente lo que en corto sí comentan, que la
actividad minera los está enfermando, que la mayoría tiene infecciones en la
piel, ojos irritados, dolores de garganta, pérdida de voz.
En esa cancha enorme, con los
policías pendientes de sus palabras nadie habló. Así se vive en Nuevo Balsas,
con el miedo a las espaldas.
Juan Arteaga, enfermo, hoy busca ayuda
para sanarse. Foto: Margena de la O
II
LAS NUBES DE POLVO
Al medio día, el pueblo se
sacude con un tronido que levanta una nube de polvo. Sale detrás del cerro. Es
la señal, como las campanadas de la iglesia para la misa, de que “Media Luna”
inició la búsqueda de oro del día: 857.5 onzas.
Así lleva tres años. El 20 de
noviembre de 2015, la Torex Gold Resources mostró a su personal calificado el
resultado de su operación en Nuevo Balsas: su primer lingote de oro. Una barra
dorada de 25 kilógramos. Los directivos celebraron en su oficina privada con un
brindis con champaña espumoso. El resto de los trabajadores, lo contarían sus
familias, se quedaron sólo con el orgulloso de haber fabricado la primera
barra.
La minera proyectó extraer al
año de Media Luna 313 mil onzas. Los informes de la Torex Gold a sus
accionistas, disponibles en sus portales digitales, establecen que la operación
de su primera mina de oro durará hasta 2025, tiempo en que extraerá 3.63
millones de onzas de oro.
Cuando lo minera inició
operaciones es este pueblo, por un convenio que firmaron sólo los 90
ejidatarios, las familias, alrededor de 900, se mantenían de pescar y vender
libremente la mojarra que sacan de la presa El Caracol, construida por la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 1986. Nuevo Balsas es uno de los
pueblos que surcaban el río Balsas y que fueron reubicados por la construcción
de la hidroeléctrica.
Para obtener dos gramos y
medio de oro, deben remover una tonelada de tierra y plantas. Para una onza
–equivalente a 25 gramos– 10 toneladas y para los 3.63 millones de onzas que
espera extraer en su primera etapa, deberá cambiar de sitio 36 millones de
toneladas de tierra.
Cada vez que la minera
canadiense remueve la tierra llegan a casa de sus habitantes polvos fugitivos,
con metales pesados como cadmio, mercurio, arsénico y manganeso, de acuerdo a
las evaluaciones de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
Hace dos años, Juan Arteaga
Medina, entonces de 67 años, hablaba y la respiración parecía detenérsele.
“Siento que se me va la vida
porque de repente no puedo respirar y mi voz se me está acabando. Aparte todo
se me atora, hasta el agua o mi saliva, y junto con la voz se me comenzaron a
caer mis párpados y la luz lastima mis ojos, no puedo ver nada de frente, tiene
que ser con estos lentes y tengo que hacerle así –inclina un poco la cabeza
para subir el ángulo de los parpados– y no tengo dinero para curarme porque me
acabe lo que me dieron en hacerme una casita”, dice.
El médico del pueblo le decía
a Juan, que sólo padece de una infección en la garganta. Al médico lo pagaba la
compañía minera.
Para estas fechas nadie supo
dar razón de Juan, pero la mina sigue expulsando sus polvos cargados de
metales. “Ahorita andamos con la gripa, yo digo que es por lo mismo. Ahorita ya
vienen más abajo –se refiere a como la minera sigue royendo los cerros–, los
explosivos truenan. Tienen que cavar”, dijo una habitante del pueblo.
Nuevo Balsas, un pueblo transformado
primero por una hidroeléctrica y luego por la minería. Foto: Margena de la O
III
DE CÓMO UNA MINA TRIUNFÓ SOBRE LOS POBLADORES
La actividad minera en Nuevo
Balsas trajo a dos grupos del crimen organizado: La Familia Michoacana y
Guerreros Unidos. La presencia y operación criminal la registraron en las
oficinas de gobierno, sin que ejidatarios y pescadores se libraran de pagar
cuotas para vivir y trabajar en su pueblo.
Pronto, cualquier salida de
Nuevo Balsas comenzó a sentirse como la última. Cualquier comentario a
convertirse en una sentencia de muerte. Cualquier conversación a traducirse en
una traición.
El tercer miércoles de
octubre de 2016 que conocemos Nuevo Balsas, la esposa del joven que maneja la
camioneta en que viajamos, dijo asustada al escuchar un tronido similar al de
un balazo: “¡A ver si no nos están esperando!” Estábamos cerca del pueblo, se
podía ver la presa El Caracol.
Con quienes viajamos son
nuestros contactos. Es un grupo de habitantes que se oponen a la minera, porque
con su presencia evaluaron alzas en enfermedades y violencia, y disminución en
la producción de la mojarra.
Los opositores a la minera
solían reunirse cada noche, en casa de alguno de ellos, con mucha cautela para
no levantar sospechas. Ese miércoles supimos que cada medio día la minera
dinamita los cerros para sacar minerales. El tronido que escuchamos al llegar
venía de la mina.
A esa reunión nocturna llegó
Quintín Salgado Salgado, un hombre joven que asumió el liderazgo del
movimiento, y que resume el hostigamiento en que vivían con la vez que le tocó
ir a entregar la cuota de los subcontratistas a Guerreros Unidos.
Lo esperaron en el camino de
Atzcala. A mitad de la entrega aparecieron patrullas de la Policía Federal.
Todos corrieron al cerro. En la cumbre le dijeron que tenía que entrarle a la
refriega. Le dieron su cuerno de chivo. La noche cayó sin que los federales
actuaran. Se pasó la noche en vela, pegado al cuerno de chivo.
“No tenía alternativa, si
hubiera ocurrido el enfrentamiento si no tiraba a los federales, me tiraban a
mí, era yo o ellos”, dijo esa vez.
La mañana del 24 de enero de
2018, Quintín Salgado Salgado fue asesinado a balazos al salir de su casa, en
Nuevo Balsas. Ocurrió en el contexto de un problema entre Torex Gold y sus
sindicalizados, que protestaban otra vez por su libertad sindical, porque
querían obligarlos a seguir en un gremio a favor de la Confederación de
Trabajadores de México (CTM), grupo afín a la empresa.
Quintín Salgado fue el tercer
trabajador muerto durante el conflicto.
Con su muerte terminaron las
reuniones nocturnas en las que se acordaría cómo sacar a la minera y parar el
daño a su entorno ambiental. “Nos quedamos así nada más, por las cosas, como
pasaron. Nada siguió”, dijo una de las mujeres del equipo. La minera ya no
tiene oposición.
Nuevo Balsas, el saqueo y el crimen al
acecho. Foto: Margena de la O
IV
CARRIZALILLO, LA DESOLACIÓN
En este pueblo no hay niños
jugando en la calle, mujeres platicando las novedades del día, ni señores yendo
a su trabajo de campo. En estas calles angostas y polvosas se ve a jovencitos
con armas largas colgadas al hombro.
Hay casas con puertas y
ventanas blindadas. Muchas están abandonadas, algunas agujeradas.
Es un pueblo solitario con
perros huesudos aullando de hambre. Los habitantes comenzaron a irse la mañana
del 27 de marzo de 2015, luego del ingreso nocturno de hombres armados que
atacaron mientras la gente dormía. Esa fecha, el pueblo quedó vació. La mitad
de la población, unos 250 habitantes, regresaron cuando las cosas se habían
calmado.
Para entrar a esta comunidad
del municipio de Eduardo Neri se pide permiso. No se hace esta gestión a las
puertas del pueblo, donde hay un retén de jovencitos con AK-47 a la vista.Se pide con anticipación a través de la
autoridad ejidal. Días después, llega el aviso, lacónico, sin detalles.
–Pueden subir.
Sólo así puede llegar gente
que no es del pueblo: autoridades de gobierno, activistas de organizaciones
sociales. Periodistas, ni soñarlo.
Este pueblo es Carrizalillo,
una tierra ejidal de mil 500 hectáreas, con dos tajos abiertos en los que se
saca oro y plata desde 2007. Se ubica en la región centro, a sólo 70 kilómetros
de la capital.
Muchas cosas han pasado en
Carrizalillo en estos últimos 11 años en los que se han extraído de sus
entrañas de 3.4 a 3.7 millones de onzas de oro, de acuerdo a reportes financieros
de Goldcorp Inc a la Bolsa de Valores de Toronto. El promedio de la onza de oro
en este tiempo ha sido de mil 200 dólares. En algunos momentos llegó a
cotizarse en mil 800.
Los grupos criminales y la minera
controlan Carrizalillo. Desplazamiento, ejecuciones y contaminación, el
resultado. El resultado Foto: Margena de la O
El paisaje ha cambiado
drásticamente. Los Filos y El Bermejal ya no son cerros. Eran unos gigantes de
mil 200 metros de altura con árboles perennes en los que se alimentaba el
ganado. Ahora son dos hoyos descomunales en la tierra, de los que se continúa
sacando oro y plata.Para 2024 que
acaben las operaciones tendrá, cada uno, mil 300 metros de profundidad, reporta
la REMA.
En estos que ya no son cerros
se oye todo el tiempo un ruido infernal, explosiones para aflojar la tierra,
palancas gigantes que arrancan de un solo movimiento 70 toneladas y bestias
enormes que la transportan a otro lugar. Todo este movimiento y explosivos
genera una nube de polvo que el aire lleva justo al pueblo. Ese polvo lleva
partículas de metales liberados por las explosiones, como plomo, mercurio,
cadmio y arsénico. Esos polvos fugitivos y el cianuro que se usa para separar
el oro enfermaron de muerte a la población. Los pocos bebés que han nacido
llegan al mundo con mutaciones que los dejan vivir solo unos cuantos días.
La REMA indicó que han hecho
dos monitoreos a la salud de los habitantes, en 2012 y 2014.
“De acuerdo a nuestro último
censo, y haciendo proyecciones al 2018, es posible que hayan fallecido más de
80 personas por daños a la salud”, expuso la REMA.
La violencia comenzó en 2011.
Desde ese año, no han tenido paz. El dinero por la renta de sus tierras, aunque
ha sido el convenio más ventajoso que una comunidad ha logrado, se les ha ido
en el pago de extorsiones, de secuestros –aunque algunos ya no regresaron con
vida sino hechos pedacitos– en pagos por “protección” al crimen organizado y
para curar sus enfermedades.
La mañana del 20 de marzo de
2014, al presidente del comisariado ejidal, Onofre Peña Celso, conocido como El
Pescado, abrió la puerta de su casa. Eran unos cincuenta hombres armados y
encapuchados.
“Uno de ellos se identificó
como Clave Nueve, dijo que eran de Los Rojos”, contaría Onofre años después.
Esos hombres se metieron a la
casa del comisariado, a la que convirtieron en su centro de operaciones. El
grupo comenzó a reclutar jóvenes. El rumor de que Carrizalillo era base de
operaciones de ese grupo de la delincuencia se extendió rápido por los demás
pueblos.
El 2 de junio de 2014, Los
Rojos enfrentaron en el pueblo a un comando de los Guerreros Unidos, el otro
cártel que desde Iguala quiere ejercer el dominio en la zona Centro. Cuatro
muertos y tres heridos quedaron tirados en las calles, al parecer, del grupo
agresor.
En estos 11 años de operación
minera fueron asesinados 49 habitantes, muchos para una comunidad que rondaba
los 500 habitantes.
Una sola familia, los Peña
Celso tienen 11 integrantes asesinados. A Onofre Peña, el ex comisariado lo
asesinaron en un enfrentamiento en Iguala, en donde se había refugiado, con
otros tres habitantes de Carrizalillo.
Los jovencitos del retén a la
entrada de Carrizalillo y los que andan en sus calles con las armas al hombro
son de otros pueblos, pero han plantado aquí su semilla. Se hicieron novios de
las hijas de los ejidatarios. Cuatro mujeres están por ser madres, una de
ellas, forzada por uno de los jovencitos con AK-47.
El peldaño más alto de la
violencia, en Carrizalillo, ya comenzó.
Mientras la comunidad se sume
en lo más profundo de la espiral violenta, Goldcorp vendió su operación a la
Leagold Mining, también canadiense, por su política de responsabilidad social
llamada “oro libre de conflicto”.
Y, en Carrizalillo, ya había
mucho.
(SIN EMBARGO/ MARGENA DE LA O Y MARLÉN CASTRO/ JULIO
24, 2018, 12:05AM)
