Foto: Agustín Reyes.- Alertas en BC.
Igual que Veracruz y Chihuahua
Desde Ciudad de México, un grupo de
directivos de la Auditoría Superior de la Federación se instaló en Baja
California para investigar el manejo financiero en la administración del
gobernador Francisco Vega de Lamadrid y así detectar, de ser el caso,
irregularidades o delitos. Documentan cómo el Estado sigue otorgando contratos
millonarios si sus números se encuentran en rojo por más de mil 900 millones de
pesos. A los diputados también se les piden cuentas
Un informante de ZETA reveló
que dentro del Gobierno del Estado se prendieron las alarmas, principalmente en
la Secretaría de Finanzas que dirige Bladimiro Hernández y en la Auditoría
Superior del Estado de Baja California (ASEBC), encabezada por Carlos Padilla
Villavicencio, ambos amigos cercanos del gobernador y los principales
responsables en las operaciones financieras en la entidad federativa.
El desconcierto para los
funcionarios estatales -confirmaron fuentes–, se debe a que en lo que va de la
administración no existe precedente de una revisión por parte de la Federación
tan particular y rigurosa como la que hace días inició en BC para detectar
manejos irregulares en las arcas públicas.
“Tal parece que viene (la
Auditoría Superior de la Federación) a armar una investigación en relación a
los contratos de las APP (Asociaciones Público Privadas como las
desalinizadoras y el C5i), están integrando el cuerpo del delito con todo el
detalle que amerita, y están sumamente alarmados”, confesó uno de los funcionarios
enterados de los movimientos dentro del gobierno.
LLEGÓ A LA OFICINA DE “KIKO”
Documentos consultados por
ZETA corroboran que el nivel del personal asignado a la auditoría de Francisco
Vega de Lamadrid no es menor, pues los trabajos son encabezados por el director
general de Investigación Económica y Análisis de las Finanzas de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), Miguel Luis Anaya Mora, con apoyo de una
subdirectora, dos jefas de departamento, un coordinador de auditores y un auditor
de fiscalización. Además, la Dirección General de Análisis e Investigación de
las Finanzas Públicas se sumó a los trabajos.
Así lo informaron en la ASF
mediante un oficio (569-GB-GF) en la oficina del gobernador, el 21 de febrero
de 2018. En ese documento no solo se requiere la entrega de libros, documentos,
bases de datos y demás información sobre deuda y financiamiento público, sino
que se ordena “se asigne un área de acceso restringido ubicada dentro de sus
instalaciones para que el grupo auditor desarrolle la revisión”.
Tanto la Dirección de
Investigación Económica y Análisis de las Finanzas como la de Análisis e
Investigación de las Finanzas Públicas, son las encargadas, según el Reglamento
Interno, de crear los procedimientos de investigación y “combatir de manera
efectiva la corrupción”, entre otras funciones.
Tienen dentro de sus
facultades determinar la existencia de malos manejos que pudieran derivar,
desde faltas administrativas, hasta la “posible comisión de hechos delictivos”,
se lee en su reglamento.
NO SOLO SE INVESTIGA A “KIKO”, TAMBIÉN A DIPUTADOS
A finales de mayo, otro
oficio entregado en el Congreso del Estado cimbró aún más al Gobierno del
Estado, pues en él se pide una serie de documentos que debieron respaldar la
aprobación de las contrataciones multimillonarias en las APP y que el Poder Ejecutivo
nunca pudo mostrar frente a los diputados.
El equipo selecto de Kiko:
Loreto, Rueda, Bladimir y Valladolid.
El requerimiento de
información al Congreso es tan minucioso que la Auditoría pide se entregue
“copia de minutas de registro individual de votación de la Legislatura Local en
las que las dos terceras partes de los miembros autorizaron al Gobierno del
Estado de Baja California la contratación de financiamiento, obligaciones,
reestructuraciones y refinamiento en 2017”. Es decir, para la investigación los
diputados tendrán que exhibir su sentido y razón de voto en la aprobación del
Dictamen 95, por citar un ejemplo.
Este dictamen incluyó el
endeudamiento público por más de 85 mil millones de pesos para la
desalinizadora en Rosarito y en San Quintín, así como el sistema de drenaje y
pluviales en Mexicali y Ensenada, la mañana del 1 de diciembre de 2017.
En aquella sesión, la bancada
del Partido Acción Nacional (PAN), por medio del entonces presidente de la mesa
directiva, el diputado panista Raúl Castañeda Pomposo, convocó a sesión de
mañana, con un aviso 15 minutos antes de ser votada. Acudieron mayormente sus
compañeros de bancada y sus aliados, con lo que lograron la aprobación de la
construcción de la desaladora en Playas de Rosarito.
Pero no es la única
información que el Estado -por medio del Congreso- tendrá que entregar a la
Auditoría: también tendrá que mostrar los contratos de los “financiamientos y
obligaciones”, esto es, el endeudamiento, sus análisis de capacidad de pago, el
destino de los recursos, la garantía de pagos, el plazo de la deuda y montos
máximos, así como “los criterios aplicados por la legislatura”.
Tales criterios consisten en
cómo se determinó que el Estado “tuvo la capacidad de pago”, la cual, en todos
los casos, fue avalada por la ASEBC que titula Padilla Villavicencio, mediante
su opinión técnica.
Otro elemento que se solicita
son “copias de las minutas de las sesiones de la Comisión competente” en la
autorización de obligaciones presupuestales, que en el caso de Baja California,
es la Comisión de Hacienda encabezada por la panista Iraís Vázquez, quien se
encuentra separada de su cargo desde marzo, cuando inició actividades como
coordinadora de campaña y suplente de la candidata del PAN al Senado, Gina
Cruz, al tiempo que la Comisión se encuentra acéfala.
COMO EN VERACRUZ, SONORA, CHIHUAHUA Y QUINTANA ROO
El oficio emitido por la ASF
pide también una explicación a las autorizaciones otorgadas por la Legislatura
local al Gobierno del Estado para “contribuir a obtener balances
presupuestarios sostenibles”.
El máximo órgano fiscalizador
en el país observa que el gobierno de Baja California presenta “balances
negativos” entre mil 264 millones 210 mil y mil 974 millones 4 mil 086 pesos en
2016, con cifras muy similares en 2017.
En otras palabras, la
Auditoría investiga por qué con sus aprobaciones, los poderes Ejecutivo y
Legislativo continuaron generando contratos y endeudamiento cuando no existía
un balance positivo en su presupuesto.
Lo delicado es que el
gobierno estatal aun no informa a la Federación, la contratación de los
proyectos de las APP que representan una obligación de pago multimillonaria a
las empresas beneficiadas, según se puede consultar en el Registro Público
Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios
Vigente de la Secretaría de Hacienda; listado que, por obligación de Ley, los
gobiernos de los estados deben inscribir cada que se genere o se cancele un
financiamiento.
Peor aún, según el Sistema de
Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gobierno de
Baja California ya superó su capacidad de endeudamiento y, de acuerdo a la Ley
de Disciplina Financiera, no podía registrar las APP que el Estado -con la
aprobación de los diputados del PAN- ya comprometió mediante las firmas de
contratos y los inicios de las obras.
PARTE DEL EXPEDIENTE
De acuerdo con información
del Sistema de Alertas de la SHCP al 30 de mayo de 2018, en el primer trimestre
del año, Baja California registró una alarma de “endeudamiento en observación”
que coloca a la entidad federativa en la misma categoría que Veracruz,
Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo y Sonora, cuyos ex gobernadores han sido
indiciados y procesados penalmente por malos manejos en las finanzas públicas.
No obstante, la
administración de Francisco Vega de Lamadrid ha sido advertida de que su
endeudamiento se encuentra bajo observación desde la cuenta pública 2016,
cuando Antonio Valladolid titulaba la Secretaría de Finanzas y actualmente es
candidato a diputado plurinominal por el PAN.
Este Sistema de Alertas es
una disposición de la SHCP para medir el nivel de endeudamiento de estados,
municipios, organismos públicos descentralizados y empresas paraestatales.
De tres indicadores, Baja
California aparece en código amarillo (el cual avisa que la entidad está
imposibilitada para adquirir mayor endeudamiento) en dos de ellos:
amortizaciones, intereses, comisiones y demás costos financieros derivados de
los financiamientos y obligaciones, así como en obligaciones a corto plazo (12
meses) con proveedores y contratistas de obra pública.
LOS CASTIGOS EN LEY
El Sistema de Alertas es una
de las disposiciones que incluye la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y Municipios, promulgada el 27 de abril de 2016 con
reformas publicadas el 30 de enero de 2018. La esencia de esta legislación es
evitar desfalcos como el de los ex gobernadores Javier Duarte en Veracruz y
Humberto Moreira en Coahuila.
La información requerida por
la ASF al gobierno y al Congreso de Baja California está respaldada,
precisamente, en varios artículos de esta Ley. La auditoría que se realiza
tiene como objetivo fiscalizar “el proceso de contratación de financiamiento,
pasivos con proveedores y contratistas, la estructura y refinanciamientos, la
autorización y la gestión de los recursos obtenidos, así como la sostenibilidad
de las finanzas y de la deuda pública”, indica el documento en poder de ZETA.
Por ejemplo, el Artículo 23
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
establece que, para la autorización de montos máximos para la contratación de
financiamientos y obligaciones, la Legislatura local deberá realizar un
análisis de la capacidad de pago.
En cuanto a las sanciones
previstas, el Artículo 62 establece que los servidores públicos que causen daño
o perjuicio estimable a las finanzas públicas, “serán responsables del pago de
la indemnización correspondientes”. Esto significa que deberán pagar los montos
mal manejados por medio de créditos fiscales.
No solo eso, sino que algunas
de estas acciones -determina el Artículo 64-, que impliquen la comisión de una
conducta sancionada en la legislación penal, deberán ser perseguidas por la
Procuraduría General de la República.
En la revisión de la cuenta
pública 2016 -año desde el que se solicita información para la presente
auditoría- la ASF realizó diez auditorías al gobierno de Baja California en las
que se detectaron mil 432 millones de pesos en desvíos de fondos federales.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/ ISAÍ LARA BERMÚDEZ Y INÉS GARCÍA RAMOS
/LUNES, 18 JUNIO, 2018 01:00 PM)
