martes, 5 de junio de 2018

INDUSTRIA “GOLONDRINA”, ANIDADA EN ENSENADA


Desaparecen con la misma rapidez con que instalan el equipo en edificios ubicados, la mayoría en colonias de bajos recursos económicos o ejidos. El sector textil es el que más abunda y en el cual la Dirección de Catastro y Protección Civil Municipal tienen puesta la lupa, ya que al estar en la ilegalidad, evaden impuestos, no tienen factibilidad de uso de suelo y representan un riesgo para la seguridad de los empleados

Las empresas maquiladoras que operan en la clandestinidad, y que han sido detectadas recientemente por la autoridad, proliferan en zonas habitacionales de la periferia e incluso en la parte alta del Valle de Guadalupe en Ensenada.

Los prototipos de estos talleres son los mismos: se instalan en las colonias de más bajos recursos, y para llamar la atención de trabajadores, pero no de la autoridad, cuelgan lonas en los edificios con la leyenda “Se solicita personal para máquinas de costura over, cover, sencilla”, sin mayores detalles que un número telefónico.

En la colonia Popular 89, la zona noroeste rumbo a Ojos Negros, el ex Ejido Chapultepec, Maneadero, Lomitas Indeco, Aviación y Bronce, son áreas donde buscan establecer la industria “golondrina”, ya que los empleados no tienen necesidad de usar transporte público que pasa a deshoras o es costoso.

Una de estas maquiladoras, ubicada en la calle Geranios casi con Pino, Colonia Lomitas Indeco, siempre está solicitando operadores, pero sin ofrecer prestaciones de Ley.

El sueldo es de 30 pesos la hora de lunes a viernes, trabajando nueve horas, y de 180 pesos los sábados por seis horas; tampoco exhiben el nombre de la empresa.

“Siempre hay gente trabajando ahí, hasta los sábados, a varias conocidas les gusta ahí porque es un trabajo que les queda cerca, casi a domicilio”, mencionó una mujer que vive en la zona.

En un recorrido hecho por ZETA, en dos de estos establecimientos se pudo detectar que se trata de maquiladoras improvisadas, fáciles de identificar, con fachadas descuidadas. Los edificios tipo almacén son altos e iluminación fluorescente. A simple vista no hay áreas de descanso ni comedores.

Estas empresas están en el ojo de la Dirección de Catastro y Desarrollo Urbano, autoridades que han realizado un arduo trabajo para poner orden en estos negocios de procedencia extranjera y que incumplen con los reglamentos.

Los inspectores no se dan abasto para notificar, a través de denuncias ciudadanas, que los espacios no tienen la factibilidad de uso de suelo ni autorizaciones, incumpliendo las especificaciones mínimas de seguridad.

Un inspector de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien pidió guardar anonimato, compartió con este Semanario que detrás de  estas empresas hay ciudadanos mexicanos cómplices, ya que se establecen a través de una asociación civil.

Mencionó que estos pequeños negocios son competencia desleal para las grandes compañías, aunado a que en recorridos que han efectuado, encontraron espacios donde hay desde seis personas en adelante, trabajando arduas jornadas.

USO DE QUÍMICOS Y AGLOMERACIÓN, UN RIESGO

Uno de los problemas que enfrentan los inspectores de Protección Civil en este tipo de empresas, es la cantidad de personas trabajando dentro de espacios reducidos.

Jaime Nieto de María y Campos, director de Protección Civil, lleva cabo inspecciones en industrias catalogadas como irregulares.

Aunque es una constante, solo las realizan cuando tienen una instrucción por parte de Catastro, reciben una denuncia ciudadana o se enteran por terceras personas.

Revisan salidas de emergencia, señalamientos, detectores de humo, sobre todo la cantidad de personas que tienen dentro trabajando, así como las condiciones de la maquinaria.

Las anomalías que se detectan son con el manejo de químicos, gases y materiales peligrosos. Aunque no es el caso para lugares donde manufacturan ropa, sí hay un problema cuando se trata de estampados, al manejar material inflamable.

Según Protección Civil, entidad que dispone de una unidad para hacer los recorridos de inspección de manera frecuente, lo que más sorprende es que han encontrado rastro de empresas maquiladoras en la parte alta del Valle de Guadalupe, por la desviación de El Tigre, casi escondidas entre cerros.

“GOLONDRINAS” EN LA MIRA

Una de las características de una empresa “golondrina”, es que su equipo es fácil de desmontar: llegan, se instalan, contratan personal en su mayoría mujeres y después, en cuestión de horas, desaparecen.

“El riesgo se hace grande cuando una empresa se lleva lo que tiene”, advirtió Javier González, consejero de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Ensenada.

“Es fácil detectar a este tipo de industria porque básicamente ocupa una maletita para irse de la ciudad”, describió.

Lo ideal sería que las empresas se queden más tiempo en la ciudad, pues se trata de una importante inversión. En su experiencia, el mercado asiático es el que más busca espacios para colocar fábricas clandestinas.

Otros caen con charlatanes, les prometen grandes ganancias con tal de que se instalen en el país, pero cuando comienzan a operar se dan cuenta que no es redituable instalarse en territorio mexicano.

Para Alejandro Jara Soria, titular de Canacintra en Ensenada, los empleados son los más afectados con la presencia de esta industria informal, aunado a que la mayoría no contribuye con el gobierno, no tienen empleados cotizando en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ni tampoco se desempeñan en condiciones de trabajo favorables.
Recordó que en 1994 hubo un caso que trascendió en la industria pesquera con la captura de calamar, cuando un empresario coreano se esfumó con la mercancía, dejando un adeudo de más de 40 mil dólares en el puerto.

Los empleados se quedaron sin ningún respaldo, el producto salió del país legalmente y, aunque interpusieron varias demandas, no pudieron hacer nada para recuperar el dinero.

EMPRESAS INFORMALES MUESTRAN INDICIOS: STYPS

Miriam Ortiz, jefa de inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), mencionó que es común que en un centro de trabajo o establecimiento los empleados noten cierto comportamiento anormal en la operación, “la parte patronal empieza a sustraer maquinaria, movimientos con la maquinaria y los propios trabajadores notan”.

Por ello, exhortan a dirigirse e inmediato a las oficinas, y en caso que alguno de ellos reporte que existe y hay un temor fundado de que la compañía se pudiera ir, con el ánimo de incumplir las responsabilidad laborales, se actúa.

“Lo que hacemos es vincular para que los inspectores se presenten y en un momento dado den fe de lo que sucede”, declaró.

Entre las facultades de la STyPS está el dar parte a la autoridad competente, con el interés común de que a la empresa se le embargue por incumplimiento ante el IMSS o Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

“Levantar un acta de hechos puede derivar en una medida cautelar de embargo precautorio, de esa manera se garantiza un parte del pago a los afectados”, complementó Ortiz.

En Baja California no hay datos exactos sobre la cantidad de empresas que operan en ese modelo, ni siquiera la Asociación de Maquiladores de Ensenada tiene información.

Sin embargo, de acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaives), en un comunicado emitido en 2017, por cada empresa maquiladora legalmente instalada en México, otras tres se manejan en la clandestinidad, afectando a los empleados y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la evasión de impuestos.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / LORENA LAMAS /LUNES, 4 JUNIO, 2018 01:00 PM)

MARIHUANA MEDICINAL EN EU: MERCADO ACTIVO PARA TIJUANENSES


Luego de la legalización del uso recreativo de la marihuana en California, Estados Unidos, tijuanenses han aprovechado las “bondades” de la frontera, cruzan, compran y pasan de manera ilegal los productos que utilizan con fines -principalmente- medicinales y recreativos, lo cual refleja una problemática mayor. Como el reducido acceso a los medicamentos por los elevados costos, y la facilidad para su cruce en la frontera. Para el Estado vecino, la venta del enervante ha resultado un “negocio” muy rentable con ganancias tributarias por más de 60 millones de dólares tan solo en el primer trimestre del año

Desde el 1 de enero de 2018, cuando entró en vigor la Ley que despenaliza el cultivo, venta y consumo recreativo de la marihuana en el Estado de California, Estados Unidos, ciudades cercanas a la frontera con Tijuana se han convertido en una especie de nicho o mercado activo para la comunidad consumidora tijuanense, quienes con fines medicinales o recreativos, están cruzando hacia el país vecino para importar un producto que consideran de “mejor calidad y más beneficioso”.

La gran cantidad de variantes, presentaciones y graduaciones de la marihuana, los beneficios medicinales que les representan, los altos costos y lo dañinos que son los medicamentos y el hecho de no involucrarse directamente con narcomenudistas o expendedores de la mafia local, son algunos de los motivos por los cuales estas personas se están “arriesgando” a cruzar la frontera de norte a sur con un material que, de antemano, saben que en México es ilegal e incluso conlleva repercusiones de orden federal.

Jóvenes estudiantes, padres de familia, licenciados y oficinistas, son algunos de los principales consumidores de la marihuana medicinal, de acuerdo con testimonios de personas consultadas por ZETA, pues son quienes generalmente cuentan con documentos que los identifica también como ciudadanos norteamericanos o simplemente porque tienen amigos o familiares que constantemente pueden cruzar y a ellos encargan los productos.

Ya sea porque padecen de enfermedades o síntomas como ansiedad, estrés o desequilibrios psicológicos y emocionales, los cuales pueden controlar y estabilizar con dosis “recetadas” por los especialistas de los expendios, o simplemente por el gusto de consumir dicho producto.

Pese a que en California la venta de marihuana medicinal ha resultado un negocio demasiado retroactivo –con ganancias tributarias de 60.9 millones de dólares tan solo en el primer trimestre de este año-, autoridades municipales y federales consideran que la población activa de personas que van a comprar y cruzan de regreso con este producto es aún demasiado pequeña, por lo tanto, no representa un problema serio para la ciudadanía, aunque sí un delito federal para quien la cruza o pretende cruzar; hasta el momento no se tienen registrados casos de detención por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) Delegación Baja California.

Sin embargo, especialistas en la materia consultados por este Semanario consideran como algo preocupante el hecho de que toda la marihuana que antes entraba a California y que ya no está siendo requerida, se quede en territorio tijuanense e incremente el índice de consumo entre los jóvenes, aunado a que esta situación deja ver un problema mayor como el reducido acceso que algunas personas tienen a los medicamentos.

PREFIEREN LA MARIHUANA AL USO Y COSTO ELEVADO DE LOS MEDICAMENTOS

Más de un año después de haber sido diagnosticada con Trastorno Límite de Personalidad (TLP), enfermedad caracterizada por la dificultad en la regulación de las emociones, y de estar consumiendo medicamentos como Rivotril, Clonazepam y otro tipo de antidepresivos de elevados costos –de mil hasta 3 mil pesos por unidad (cada 15 días o cada mes)-, “María” -quien ha decidido llamarse así por seguridad-, decidió comenzar a probar con la marihuana medicinal, gracias a la recomendación de una amiga que padece cáncer y que desde hace varios años está sometida a un tratamiento médico con cannabis.

Desde hace un par de meses, adquiere productos como cigarrillos ya forjados con 100 por ciento flor de marihuana en la presentación de “híbrido”, es decir, un componente con la mezcla de marihuana sativa e índica –con costo de 10 dólares ya con impuestos-, que es el que más consume porque este tipo de híbridos la relaja, pero no la duerme, y le quita la ansiedad, “pero no me tira a la cama a dormir, o no me deja sin ganas de hacer nada como los medicamentos”.

El inhalador de CBD (compuesto cannabinoide no psicotrópico que se usa con fines medicinales y terapéuticos) es otro de los productos que suele comprar porque actúa directamente en el sistema nervioso y no tiene THC (Tetrahidrocannabinol, principal constituyente psicoactivo del cannabis), no es psicoactivo y por lo tanto no funciona como “droga”. Además, sirve para el tratamiento de la ansiedad, para dormir, relaja, quita el estrés, dolores musculares, entre otras cosas. Tiene un valor de 30 dólares.

Otro de los productos que ha llegado a consumir es el gotero de aceite con CBD también para la ansiedad y estrés, cuesta 70 dólares por frasco y se vende de acuerdo a los grados de CBD que contenga, como los que son para el sistema inmunológico y con fórmulas más fuertes.

“Empecé a probar el CBD por una cuestión medicinal, porque después de mucho tiempo quería dejar los medicamentos, tomaba Rivotril y antidepresivos muy fuertes y muy costosos, y con esa idea van muchas de las personas a los lugares de expendio, según comentan los vendedores, principalmente porque los medicamentos dañan el riñón y la marihuana, no”, dijo María.

Sin embargo, pese a que lo hace para su “beneficio propio por cuestiones de salud”, sabe bien que en California la compra y el consumo de marihuana está regulado, pero en México no, lo cual lo vuelve un delito federal y “es un arriesgue” cruzarla a la ciudad, aunque “no hay mucha seguridad en ello y resulta hasta cierto grado sencillo, pero yo lo hago y me arriesgo porque desde hace unos meses que consumo de forma ordenada la marihuana, he sentido el cambio en mí, como todo está ‘testeado’ en laboratorio, todo tiene un control y lo que tú compras o consumes es de acuerdo a lo que tú necesitas. Para ello te hacen una especie de consulta en la que expones qué problema tienes y con base en ello te recomiendan el tipo de producto, dosis y cantidades.”, arguyó.

“NO ES ALARMANTE”; PREOCUPA MÁS SE GENERE UN MERCADO NEGRO EN LA CIUDAD

Para el doctor Vicente Sánchez, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte (El Colef), este tema todavía no se vuelve una “alarma”, ni es algo que le preocupe mucho porque, si bien la población de Tijuana que cruza legalmente a Estados Unidos es mucha en cuanto a proporción, la que tiene probabilidades de comprar y consumir la marihuana en el mercado legal americano y cruzarla hacia Tijuana es mucho menor.

Población que se acota todavía más, porque de acuerdo a “un estudio que también se realizó en El Colef”,  poco más del 50 por ciento de los jóvenes de Tijuana no tiene los documentos legales para cruzar al país vecino, lo cual quiere decir que los pocos que consumen esta marihuana medicinal de forma estrictamente recreativa, pueden hacerlo porque aprovechan o usan a los amigos que tienen residencia en el país vecino.

Sin embargo, lo que realmente preocupa al doctor Sánchez, es que la marihuana que antes cruzaba de México a Estados Unidos y ya no está siendo requerida allá, pudiera estar en el mercado de Tijuana y, dadas  las condiciones en que se opera –criminalización y falta de reglamentación-, se genere un mercado negro aún más fuerte que propicie circunstancias para otro tipo de actividades como la violencia.

Lo cual ha generado que incluso ya no sea marihuana la que se cruce por este lado de la frontera, sino otro tipo de drogas como las sintéticas, lo cual quiere decir que la legalización en California también ha transformado el sistema de trasiego y al propio mercado consumidor de la Unión Americana.

CONSUMO TERAPÉUTICO PODRÍA INCREMENTAR POR FALTA DE MEDICAMENTOS

En cuanto al uso terapéutico de la marihuana, consultado por ZETA, el doctor Sánchez consideró que pudiera crecer el consumo, ya que es bien sabido que en México no hay medicamentos, son muy costosos y hay toda una burocracia detrás de ellos, por lo tanto, al no ser tan accesibles provocarían que las personas recurran a un “mercado negro”, a la vez propiciando que las personas vayan y busquen otras alternativas como la marihuana medicinal en el país vecino.

“Como no hay un mercado local de derivados de la marihuana, que se aplican para tipos de enfermedades como la epilepsia, los dolores o distintos padecimientos, tienen que pasar por una burocracia muy complicada, y como no se ha generado tampoco un mercado de importación regulado para la distribución de este tipo de medicamentos, esto podría estar contribuyendo a que se genere, en un contexto transfronterizo, una especie de mercado negro”, puntualizó.

ILEGAL TRANSPORTARLA EN MÉXICO; CONLLEVA DELITOS FEDERALES

De acuerdo con la Ley General de Salud en México, el uso o consumo de la marihuana está totalmente prohibido por propias razones de que “atenta” contra la salud, aunque el hacerlo no conlleva una sanción de acuerdo a lo que señala el Código Penal Federal, sin embargo, el producir, transportar, traficar, comercializar y suministrar esta planta, sí es totalmente condenable.

De acuerdo con la Ley de Narcomenudeo, si las cantidades que posee o transporta una persona de un lugar a otro son mayores a 5 gramos –como lo estipula la Ley de Salud-, las sanciones por ello pueden ser de hasta 25 años de cárcel; si es menor a 5 gramos no se puede privar de la libertad inmediatamente a la persona, aunque sí se le inicia un llamado Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA).

En este se hacen constar los hechos ocurridos y se expide una multa por “impuestos omitidos”, además de remitir a la persona a la PGR para que se determine la situación legal; dependerá de la clasificación del delito, ya sea por “introducción” o “posesión simple”, determinar la gravedad de la sanción.

Actualmente en la delegación bajacaliforniana de la PGR no hay casos registrados por posesión de marihuana medicinal que implique una porción mayor a los 5 gramos que establece la Ley, sin embargo, cuentan con diversos registros –no se precisó la cifra- de personas –principalmente estadounidenses- que al cruzar se les han detectado “dosis personales”, aunque ninguno en el periodo de enero a mayo de 2018.

VENTA EN EU SE CUANTIFICA EN MILLONES DE DÓLARES

Pese a que autoridades y especialistas coinciden en que el impacto de la venta de marihuana legal en California ha repercutido en menor grado en Tijuana, la realidad en el Estado vecino es que tras la entrada en vigor de la Ley, los ingresos fiscales han significado todo un éxito. Tan solo en el primer trimestre de este año -1 de enero a 11 de mayo-, los ingresos por recaudación de impuestos fueron de 60.9 millones de dólares, según el Departamento de Impuestos y Administración de Cargos de California (CDTFA, por sus siglas en inglés).

En información compartida el 11 de mayo en su página oficial de internet, detallaron que estos ingresos se deben a que en noviembre de 2016, se aprobó la Proposición 64 de la Ley de Control, Regulación y Uso Fiscal de Marihuana, en la que se contempló que a partir del 1 de enero de 2018 entraban en vigor dos nuevos impuestos sobre el enervante: uno local del 5% sobre el cultivo de la planta cosechada que ingresa al mercado comercial, y un gravamen especial estatal del 15% sobre la compra de la misma y productos derivados.        

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA /MANUEL AYALA /LUNES, 4 JUNIO, 2018 01:00 PM)

AL CJNG NO LE AFECTA LA APREHENSIÓN DE “LA JEFA”


Tras la detención de la esposa de “El Mencho”, autoridades federales enfocan la mira para detener al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. También iban por la hija, Jessica Johanna, considerada el cerebro del marketing de la organización criminal. La capacitación de ex kaibiles guatemaltecos y paramilitares colombianos al CJNG, no es nueva. La expansión del grupo criminal a través de “Los Cuinis” ha llegado a España, Rusia, Italia y Alemania

La detención de Rosalinda González Valencia “La Jefa”, esposa (o ex esposa) del presunto narcotraficante Rubén Oseguera Cervantes alias Nemesio Oseguera Ramos “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no fue violenta, pero trajo días antes y después, una revolución sangrienta y mediática.

El video captado y difundido el sábado 26 de mayo, tras la captura de la mujer de origen michoacano, mostró la tranquilidad con la que se manejaba y la forma en la que fue informada de la orden de aprehensión que había en su contra. Cero violencia, ninguna violación de los derechos fundamentales de la detenida, excepto la propia videograbación.

Rosalinda acababa de ser notificada el 21 de mayo, en el juicio de amparo 286/2018, por el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que 18 juzgadores de Distrito de Procesos Penales del sistema mixto tradicional y seis del Nuevo Sistema de Justicia en la Ciudad de México; así como nueve jueces de distrito especializados en Puente Grande y dos del Nuevo Sistema en Jalisco, habían negado la existencia de una orden de captura.

También los titulares de la Policía Federal Ministerial y de la Comisaría General de la Policía Federal, negaron tener algún mandamiento judicial para cumplimentar contra la señora González Valencia.

El resultado del “acto que reclama, no existe”, recibido durante los últimos tres años en por lo menos, media docena de demandas de amparo, lo que pudo llevar a la mujer a confiarse antes de promover un nuevo juicio de garantías. Un juez federal dictó la orden de aprehensión el 23 de mayo.

Versiones de que policías estatales de Jalisco fueron requeridos por el CJNG para que impidieran la captura de la imputada a manos de la Secretaría de Marina, no han encontrado sustento en pruebas, por ahora. El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz aseguró que hubo presencia policial en la zona porque a través del número de emergencias 911, se reportó la privación de la libertad de una mujer, pero no se intentó obstaculizar el arresto.

La detenida fue puesta a disposición del juez que reclamó su aprehensión dentro del Centro Federal de Readaptación Social Número 16, en Coatlán del Río, Morelos, donde la imputada, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, reclamó en una demanda de amparo, que estaba incomunicada. Un juez federal le concedió la suspensión del acto reclamado para que pudiese entrevistarse con abogados y familiares.

Por cierto, la hija de Rosalinda y “El Mencho”, Jessica Johanna Oseguera González, también pretendía ser capturada por los marinos en el municipio de Zapopan, sin embargo, la joven no iba en esos momentos con su madre. Johanna es considerada el “cerebro del marketing” de la organización; es hermana de Rubén Oseguera González “El Menchito”, actualmente recluido en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.

ESTRATEGIA MILITAR

Aristóteles Sandoval confirmó que entre los miembros del CJNG, hay sudamericanos y centroamericanos con entrenamiento militar y paramilitar. Por lo menos, desde cinco años antes, las instancias de inteligencia lo documentaron. En ese tiempo se han descubierto campamentos en los que se entrenaba con estrategia militar a sicarios y otros elementos del grupo criminal.

“Gente que ha tenido práctica y sobre todo adiestramiento en el tema de guerrilla e inclusive militar, son los que han venido contratando para capacitar a su gente; en las detenciones que hemos hecho y sobre todo los lugares que hemos intervenido, en los campamentos donde entrenan a esta gente, hemos encontrado por supuesto antecedentes de gente que viene de Colombia”, expresó el mandatario.

Lo expresado por Aristóteles no sorprende, pues luego del derribo del helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, el 1 de mayo de 2015, en Jalisco, The Wall Street Journal lo advirtió. También se había dado muestra de ello en la emboscada a 15 elementos de la Fuerza Única, en el municipio de San Sebastián del Oeste. Los integrantes del CJNG recibieron entrenamiento militar de ex kaibiles, paramilitares colombianos y un marine estadounidense.

Tan solo en 2017, autoridades estatales desmantelaron cuatro campamentos en los municipios de Tala y Teuchitlán. Dicha célula del cártel, que reclutaba con engaños a nuevos sicarios obligándolos a incorporarse a las filas de la organización bajo amenaza de muerte para ellos y sus familias, fue catalogada como la más sanguinaria. En los poblados de Navajas y Ahuisculco, en Tala, fueron rescatadas cuatro personas reportadas como desaparecidas y otras cuatro que tenían un mes en cautiverio.

El engaño consistía en que los nuevos miembros del CJNG creían haber encontrado trabajo -a través de redes sociales- como encuestadores, escoltas, elementos de seguridad privada o policías. Avisaban a sus familiares que se trasladarían a Tala para ver lo del empleo y ya no los volvían a ver. Un hombre de nacionalidad hondureña intentó hacerse pasar por “secuestrado”, pero fue detenido al descubrirse que era uno de los capacitadores.

En los campamentos había artículos para el adiestramiento en el uso de armas y táctica de combate y defensa. Se estimó entonces que la célula de capacitación fue la que actuó en la emboscada y asesinato de cuatro militares en mayo de 2014, en Huachinango, Jalisco, que pretendían frenar las actividades de los huachicoleros que operan para el CJNG.

Por esos mismos días, un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) aseguró que el grupo criminal encabezado por “El Mencho”, utilizaba explosivos como los que usaron las FARC en Colombia. Según el CISEN, el cártel jalisciense fabricó una bomba conocida como “papa”, de elaboración casera, inestable y mortífera. El reporte oficial refirió que los cárteles mexicanos, además de droga y armas, obtienen de organizaciones internacionales, estrategias para su desarrollo.

EXPANSIÓN

El avance territorial del cártel no se limita a 22 entidades federativas, también ha crecido a nivel internacional, de acuerdo a datos que obran en informes de dependencias del Gabinete de Seguridad y en carpetas de investigación en el fuero común y en el ámbito federal.

La eficacia en los tratos, la adquisición de droga, precursores químicos, trasiego, venta y distribución, se deben a las estrategias seguidas por la organización delictiva de los 16 hermanos González Valencia, “Los Cuinis”, originarios de Aguililla, en Apatzingán, Michoacán, emparentados con Rubén Oseguera González “El Mencho”, por el matrimonio que éste contrajo en 1996 con Rosalinda González Valencia.

Según reportes, el CJNG se compone de dos importantes sectores. El primero es un grupo armado que trasiega droga, alinea organizaciones rivales, cobra derecho de piso y cuenta con halcones, vendedores, sicarios y todos los elementos necesarios para que el negocio funcione operativamente. Y un segundo grupo de carácter financiero, que es el manejado por “Los Cuinis” para el financiamiento de acciones, inversiones y lavado de dinero, en el que los varones negocian al exterior del país y las mujeres se encargan de la gerencia de  empresas inmobiliarias, turísticas y restauranteras.

El CJNG no se excluye de traficar con cualquier tipo de droga, tanto la que compra del exterior, como la que fabrica en sus propios laboratorios, asentados principalmente en Michoacán, Jalisco y Nayarit. La cocaína llega procedente de Colombia, Perú y Bolivia, primordialmente al Puerto de Manzanillo, Colima, dentro de latas de atún o pescados rellenos; reveló un testigo protegido hace un par de años. Otra parte de la cocaína va directa de Colombia a Europa, pero “facturada” por el cártel mexicano.

La agrupación que fundó sus cimientos en la vieja pandilla de “Los Valencia”, en Michoacán, y fue bautizada como el Cártel del Milenio tras la operación estadounidense que llevaba ese nombre en 1999, tiene gente en diversos países de Centroamérica, como Nicaragua y Panamá, a donde llegan, vía Costa Rica, los embarques enviados desde Colombia.

Para los operadores del Cártel Jalisco no es necesario que la droga llegue hasta México, pues con diversos compradores se realizan los envíos directos hacia Norteamérica y otras naciones europeas. Testigos y detenidos han señalado la presencia del corporativo criminal en la capital de Italia, España y Alemania.

Proceso aparte, representa la fabricación de las metanfetaminas, ice, cristal y otros productos sintéticos, que además del mercado interno, Estados Unidos de América y Canadá, tienen enorme demanda en Europa y Rusia.

LABORATORIOS

Para la fabricación de la droga llamada de diseño, fue necesario que en los años 90, “Los Valencia” de Michoacán y “Los Amezcua” (jaliscienses) de Colima, trajeran de otras latitudes a profesionistas de química y farmacéuticos. Hoy, para el CJNG, eso no es necesario. Las formulas son procesadas por las mismas personas que van rolando puestos en la “empresa”.

El reclutamiento se da de dos maneras: voluntaria o forzada. Es tan increíble la demanda que tiene la organización criminal que se ha tenido que privar a personas para obligarlas a trabajar para ella, como se vio en el caso de los municipios de la región Valles de Jalisco, entre ellos Tala, o bien, en Los Altos, como ocurrió en 2016, en el municipio de Lagos de Moreno. La forma voluntaria se da a través de un amigo o conocido dentro del clan.

Así entran jóvenes a vender droga o a alinear a los contras que distribuyen mercancía para otras bandas o de manera independiente. Rafael N, detenido hace un par de años, declaró sobre su inicio: “Mi amigo me dijo que si le entraba y como estaba bien acomodado con los de “La Plaza”, le dije que sí. Que tenía que alinear gente, o sea, levantar o secuestrar gente que vendía droga de los grupos contrarios y por medio de golpes y tablazos teníamos que decirles que vendieran de nuestra droga y a veces les pedían una multa”.

En otra averiguación previa, José N declaró que “al principio hacía mandados de llevar sus carros al taller y luego me dijeron que me empezara a acomodar en la venta de droga al menudeo, comenzando a buscar los lugares y personas que andaban vendiendo y ya les llegaba a decirles que tenían que comprar para acá conmigo. Cuando unos no querían, se les obligaba con calentadas y se les exhortaba que se pusieran a la orden; y así me fui metiendo hasta tener al momento seis vendedores y ellos a su vez también tenían a sus vendedores. Yo les distribuía cocaína y tachas, las que a su vez a mí me distribuían la cocaína”.

Unos pasaban primero por ser “halcones” y reportar presencia policial y militar; otros eran vendedores, sicarios, encargados de “tienditas”; unos más intermediaban con sobornos a autoridades y en el camino, unos eran adiestrados como “cocineros” para fabricar la metanfetamina, siempre y cuando no le tuvieran miedo al fuego o las explosiones.

Los michoacanos trasladaron sus laboratorios a los límites de Jalisco y Colima, también a las inmediaciones de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Ahí se fabricaban metanfetaminas como el hielo o ice. Entre los narco laboratorios desmantelados y los puntos geográficos descritos por testigos o detenidos, se tiene que los municipios más socorridos por los narcos son Tlajomulco de Zúñiga, Pihuamo, Ciudad Guzmán, Cocula, Tonayan, Sayula y Tecalitán, donde hace un par de meses desaparecieron tres italianos.

“Tengo entendido que a la droga que vendía, la marcaban con las siglas ‘CJNG’. Esto lo hacen con la finalidad de que la autoridad identifique la droga del cártel, ya que si los policías estatales, la Municipal y Federal, ven la droga con las siglas del cártel, no se la llevan y dejan que sigan vendiendo los tiradores”, atestiguó otro detenido en diversa averiguación.

KARIME SITIADA EN LONDRES

La esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, vive en un departamento por el que paga cerca de un millón 620 mil pesos. Un juez del fuero común le dictó orden de aprehensión por el desvío de al menos 112 millones de pesos del DIF. La Interpol giró ficha roja de localización y detención, aunque primero la halló un reportero de Televisa y el gobernador de Veracruz Miguel Yunes le envío “gente de confianza” para seguir sus pasos

En teoría, Karime Macías Tubilla, esposa del encarcelado ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, está sitiada en su lujoso departamento en Londres, Inglaterra. Con orden de aprehensión en su contra y una ficha roja de la Interpol para su localización y detención, fue captada por la cámara del corresponsal de Televisa en esa región del mundo. Pero en los hechos continúa libre.

Desde el 19 de abril de 2017, la ex primera dama veracruzana llegó a la Capital inglesa y solicitó asilo al asegurar que era una perseguida política y el gobierno mexicano pretendía fincarle cargos penales como a su marido, actualmente preso en un penal de la Capital del país por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La mujer salió de México no como encubridora de su marido, sino como cómplice o una pieza importante de la red que se investiga, además de su participación en el uso de documentos oficiales falsos con los que huyó del país para internarse en Guatemala en octubre del mismo año, al lado de Javier Duarte e hijos.

A su arribo a Inglaterra, Macías Tubilla se instaló en un chalet en un exclusivo barrio londinense, cercano al Palacio de Buckingham de la Reina Isabel, con una renta mensual estimada en 60 mil libras, aproximadamente un millón 620 mil pesos. Ahí vivía a todo lujo la señora que supuestamente estaba preocupada por su situación legal.

El tiempo transcurría sin que las autoridades federales mexicanas dieran algún paso para llamarle a cuentas. Fue hasta el domingo 27 de mayo que se volvió a tener noticia de Karime, cuando en rueda de prensa convocada por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, se informó que el 25 de mayo, un juez de control del fuero común libró orden de aprehensión en su contra.

Se le acusa por el desvío de al menos 112 millones de pesos en agravio del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), dinero que presuntamente se utilizó para suscribir y pagar contratos de compraventa con por lo menos seis empresas fantasma o “fachada” para la adquisición de equipo médico, productos multivitamínicos, sistemas de purificación de agua y de captación pluvial, sanitarios biodegradables, artículos electrodomésticos y paquetes escolares, de los cuales no existe evidencia de su entrega a la población a destinar.

El martes 29 de mayo, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, sorprendió a propios y extraños al exhibir un video en el que se muestra a Karime Macías en su domicilio y los sitios que frecuenta en la Capital inglesa. El mandatario aseguró que la mujer “utiliza dinero en efectivo que obtiene de cajeros del banco Barclays y vive en el barrio más caro y exclusivo de Londres”.

En el video se observan aspectos de las actividades cotidianas de la esposa de Javier Duarte, entre otras la asistencia de sus hijos a la Eaton Square School, una escuela muy costosa. Según Yunes, Karime vive con ocho familiares más, además de sus dos hijos.

Según notas periodísticas, el mismo martes, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja para localizar y detener a la ex primera dama de Veracruz, y el gobierno de Inglaterra ya habría sido notificado del hecho.

Aunque todavía no se tiene noticia de la detención de la considerada “prófuga”, el 30 de mayo, en la emisión del programa de televisión “Despierta con Loret”, fue difundida una videograbación en la que un reportero de Televisa pretendió entrevistar a Macías Tubilla sin éxito, pues la mujer al sentirse descubierta aceleró el paso para introducirse al edificio donde vive.

Karime era acompañada por al menos otros dos adultos y sus hijos, quienes se cubrieron la cabeza para no ser identificados. El video muestra cómo uno de los hijos es dejado afuera de su casa por la prisa de la madre, quien después le abre la puerta y toma una fotografía de los reporteros que le aguardaban.

Desde julio de 2016, el diario Reforma publicó que la Procuraduría General de la República (PGR) investigaba al círculo cercano del entonces gobernador de Veracruz, como su esposa y a Daniel Duarte de Ochoa. El 10 de marzo de 2017, el mismo medio informó que la dependencia federal iba por Karime Macías por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, según la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF/VER/001653/2016.

Las investigaciones revelaron que la señora de Duarte gastó 8 millones de pesos en ropa, artículos y hoteles de lujo durante el primer año de ejercicio de su esposo como mandatario de Veracruz.

El 20 de febrero de 2017, el gobernador Yunes declaró que durante un cateo a un inmueble en la ciudad de Córdoba, además de sillas de ruedas, despensas y útiles escolares, se localizaron unos “diarios” aparentemente propiedad de Macías Tubilla.

“Hemos encontrado, en este lugar, un cúmulo de documentos que presumiblemente vinculan directamente a la señora Karime Macías de Duarte en la planeación, preparación y ejecución de acciones para desviar recursos públicos en beneficio personal y de algunos cómplices”, expuso el actual mandatario veracruzano.

Las libretas fueron puestas a disposición de la PGR, y en una de ellas aparece la polémica plana que reza: “Sí merezco abundancia, sí merezco abundancia”, autoría que se atribuye a la sospechosa.

Pese a estos datos la mujer de Duarte pudo escapar y estaría a punto de ser detenida.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES ZETA /LUNES, 4 JUNIO, 2018 01:00 PM)

EL CAF TRAS LOS SECUESTROS


Un operador del Cártel Arellano y dos células delictivas, son responsables de la mayoría de los secuestros agravados, ejecutados en Baja California; policías y ex uniformados también están participando en los plagios, sin embargo, sus cómplices capturados no han revelado los nombres de los agentes corruptos, esto de acuerdo a la versión de las autoridades

Por la vida de las víctimas de secuestro, están pidiendo desde 500 mil hasta un millón de dólares; desde 200 mil hasta tres millones de pesos. Plagiarios, ligados al Cártel Arellano Félix (CAF), se han llevado hombres, mujeres, adultos mayores y niños.

Oficialmente, en los primeros cinco meses del año 2018 han sido detenidos 41 presuntos secuestradores, cuyos casos se encuentran en 13 expedientes. En cinco meses se han denunciado 10 secuestros, cuando en todo el año 2017 se registraron 12. En la contabilidad de la incidencia delictiva de 2018, las autoridades no están considerando otras tres carpetas que registraron como “privaciones de la libertad, porque los criminales no alcanzaron a pedir el dinero”, excusaron.

Uno fue el caso de David, el joven dueño del negocio Tacos El Dorado en Playas de Tijuana, miembro de una familia con varios negocios similares y que fue plagiado el 10 de marzo. Logró escapar y pidió ayuda el mismo día, sin que las autoridades pudieran realizar captura alguna. Otro fue el de una ama de casa, ocurrido en abril y que también escapó; y el de la mujer oriental, esposa del propietario de una mina en Ensenada, cuyos plagiarios fueron capturados el 20 de abril, en Tijuana, mientras trasladaban a la víctima.

Del jefe de secuestradores en la entidad, los investigadores refieren que “se trata de un hombre joven, en sus treinta y algo, de posición acomodada que vive en una zona con gente adinerada en la ciudad y su familia se dedica al comercio; por ello se puede mezclar con sus víctimas”.

De acuerdo al trabajo de inteligencia del Grupo Coordinación, ha sido por algún tiempo colaborador del CAF  y se dedica a hacer dinero a través de los secuestros. Actualmente, el gobierno se encuentra reuniendo elementos de prueba que les permita fincarle responsabilidad judicialmente.

Este hombre es quien señala a las víctimas potenciales y les dice a sus cómplices secuestradores, quiénes tienen dinero y hasta cuánto pueden pagar. A la fecha, los analistas de inteligencia tienen identificados a dos líderes de células delictivas que reciben sus órdenes y para hacerlo, “contratan” delincuentes y en algunos casos policías corruptos o ex uniformados para ejecutar los secuestros; entre los 38 secuestradores capturados este año, hay integrantes de ambos grupos delictivos.

POLICÍAS SECUESTRADORES

“Dijeron que sí hay, pero no aventaron a nadie”, refirieron a ZETA desde el Grupo Coordinación, en cuanto a la participación de policías en los secuestros.

Esto sucedió después de la captura ocurrida el 23 de mayo, del grupo de plagiarios integrado por el ex agente ministerial, Sirak Anwar, tras el rescate de un comerciante de 62 años.

Ramírez Ferrer y los civiles, Zozy Abad Hernández Escalante, José Adrián Sánchez Nieblas, Leonel Guadalupe Sánchez Nieblas y el menor de edad Edwin Enrique “N”, todos ya vinculados a proceso.

Quienes pudieron ver la actitud del ex ministerial y escuchar sus cometarios tras la aprehensión, consideraron que debió sorprenderse de haber sido judicializado, porque mientras esperaban a ser consignados, estuvo diciéndoles a sus cómplices que no hablaran, que no dijeran nada y que saldrían de las oficinas de la Procuraduría sin cargos.

Ramírez Ferrer es abogado litigante, titulado en Licenciatura en Derecho en 2015, por el Centro de Estudios Universitarios Xochicalco del Estado de Morelos, con cédula número 9643034. Fue empleado interino de la PGJE, como auxiliar del Ministerio Público, en el Ministerio Público de La Mesa, del 8 de agosto de 2016 al 15 de marzo de 2017; ingresó porque respondió a una convocatoria que aprobó y salió cuando se le terminó el contrato.

Antes estuvo en las oficinas de la delegación Tijuana, de la Procuraduría General de la República (PGR), entre los años 2012 y 2013, haciendo sus prácticas y servicio social en la mesa de averiguaciones. Por ello, en la búsqueda de los agentes corruptos, autoridades integradas al Grupo Coordinación, iniciaron pesquisas alrededor de los amigos y contactos del ex agente Ramírez Ferrer.

Como tienen identificados que además de secuestros, los oficiales corruptos están participando en otros crímenes de los cárteles, también decidieron dar una segunda mirada a los amigos, los contactos y al caso del agente ministerial Alfredo Pérez Obispo, cuyo nombre se ha visto involucrado en tres hechos destacados en menos de un año.

Las autoridades del Consejo Estatal de Seguridad de Baja California recordaron el narcomensaje dejado sobre el cadáver de un hombre en el Bulevar 2000, en agosto de 2017, en el que señalaban a un “Freddy” que es “ministerial”; de acuerdo a la cartulina, la amenaza era de parte del Cártel Nueva Generación y se estaban peleando el territorio de El Florido.

También refirieron un caso reciente por el que le iban a abrir una investigación, pero se truncó cuando asesinaron a los testigos. Sin proporcionar fecha ni nombre de las víctimas, hablaron de la captura de dos vendedores de droga al menudeo que al ser detenidos, manifestaron que “la conecta” era el agente Pérez Obispo, que él era el administrador y el encargado de surtir la droga en más de 20 “tienditas” en la zona. La información se filtró al interior de la Procuraduría y en menos de dos semanas, los dos narcomenudistas aparecieron asesinados.

Ya en 2018, la mañana del 2 de mayo, cuando circulaba en la unidad oficial por la colonia Ampliación Guaycura, el agente Pérez salió vivo de un ataque a balazos en el que recibió rozones de balas o esquirlas en cabeza y hombros.

EN UNA SEMANA VINCULARON A PROCESO A 11 PRESUNTOS SECUESTRADORES

El 18 de mayo, el dueño de una imprenta en Tijuana cerró su negoció en la calle 11 del Centro y se dirigió a otra empresa de la familia, ubicada en la Avenida San Antonio de los Buenos, colonia Valle del Sur. Alrededor del mediodía salió en su vehículo y fue interceptado en la rampa Valle Sur por una camioneta Dodge RAM blanca que le bloqueó el paso y un Ford F150 con estrobos.

Un hombre armado y con parte del rostro tapado con cubrebocas, se bajó y le dijo a la víctima que era sujeto de una investigación y que lo llevarían a una oficina para interrogarlo. Ya en la casa de seguridad le preguntaron por su “clave para lavar dinero”, pero como no respondió, golpearon al hombre de 67 años. Mientras lo tuvieron secuestrado le quitaron las tarjetas y obtuvieron sus claves de acceso.

El 23 de mayo, la Unidad de Atención al Delito de Secuestro rescató a la víctima y detuvo a los presuntos responsables en dos puntos, unos en la casa de seguridad donde tenían al secuestrado, y a otros en el centro comercial de la delegación La Mesa, donde se había acordado hacer el pago.

Por este secuestro fueron vinculados a proceso, Sirak Anwar Ramírez Ferrer, y los civiles Zozy Abad Hernández Escalante, José Adrián Sánchez Nieblas y Leonel Guadalupe Sánchez Nieblas. Los imputados se reservaron su derecho a declarar y el abogado pidió al juez requerir a los agentes que participaron en la detención y al testigo para declarar en la siguiente audiencia. El menor Edwin Enrique “A.M” será procesado aparte.

Los otros vinculados a proceso fueron aprehendidos el 25 de mayo en Tijuana, se trata de cinco hombres y dos mujeres: Jairo Morales Martínez, Elías Castro Aguirre, Julio Gerola Cortez, Berenice Rodríguez Aguirre, Alberto Morales Pérez, Leslie Quijano Díaz y Luis Calleros Paz.

Este grupo fue detenido como parte del operativo de rescate realizado por la Unidad Antisecuestros que resultó en la liberación de un comerciante de 22 años de Rosarito, quien fue privado de la libertad el día 22 de mayo, cuando se encontraba cerrando el negocio de la familia, una frutería concurrida en el principal Bulevar del municipio de Rosarito, cuando llegaron un grupo de delincuentes en una camioneta Caravan azul, disfrazados con barbas falsas y armados que lo obligaron a subir al auto y huyeron con rumbo a Tijuana.

OCHO VÍCTIMAS DE PLAGIO EN PRIMER CUATRIMESTRE 2018

De las otras víctimas de secuestros, una ha sido secuestrada en Ensenada, otra en Mexicali y seis en Tijuana.

17 DE ENERO: una estudiante de 24 años fue al gimnasio, avisó a su casa que comería con un amigo y por la tarde no respondió los llamados de sus familiares. Ese mismo día a las 5 de la tarde, la familia recibió la petición de rescate y la amenaza de muerte. Fue rescatada el 20 de enero.

26 DE ENERO: otro estudiante en Mexicali. Pasadas la una de la madrugada, el joven se comunicó por redes sociales con su padre, dedicado al sector salud en la consulta privada, y le pidió su número telefónico para agregarlo en su nuevo celular. El padre le respondió a las 6 de la mañana. Como a las 08:00 horas, el joven no se presentó a trabajar en la empresa de la familia, lo empezaron a buscar; por la tarde del mismo día recibieron el reclamo del rescate. Fue liberado el 3 de febrero y tres captores fueron detenidos.

23 DE FEBRERO: en Tijuana se llevaron a un comerciante dedicado a la venta de frutas. El día del crimen, los padres lo escucharon abrir el portón de la casa familiar a las cuatro de la mañana, creyeron que había entrado a su recámara, pasado el mediodía les extraño no verlo, lo buscaron y por la tarde recibieron la aterradora llamada. Fue rescatado el 27 de febrero.

20 DE MARZO: por la mañana, un joven empleado de 17 años que trabaja en un negocio familiar, fue en motocicleta a hacer depósitos de dinero en una tienda de autoservicios ubicada en la calle principal del poblado Francisco Zarco, en Ensenada, al salir fue interceptado por tres plagiarios encapuchados con armas largas que lo subieron con violencia en una camioneta Nissan y huyeron con rumbo a Tecate. Esa misma tarde pidieron dinero y ese mismo día lo rescataron.

28 DE MARZO: un señor jubilado de 80 años fue privado de la libertad, vivía solo. El día del plagio, sus hijos atendieron la llamada de un vecino que les avisó, había escuchado gritos y ruidos de forcejeos en el domicilio de su padre, al llegar encontraron el departamento abierto y la habitación desordenada. Más tarde recibieron la llamada pidiendo rescate. El grupo antisecuestros lo liberó el 6 de abril.

12 DE ABRIL: cuatro hombres armados en una camioneta Caravan azul, se llevaron a la fuerza a un niño de 13 años que había llevado un vehículo de su familia al lavado de autos, ubicado en la calle 12 a la altura de la calle Miguel Anzurez. Los delincuentes contactaron a la familia el mismo día. Fue rescatado el día 15 de abril.

17 DE ABRIL: en la colonia Montes Olímpicos se llevaron al vástago del propietario de una tortillería. Los secuestradores llegaron preguntando por “el hijo del dueño”, al padre habían tratado de matarlo a balazos una semana antes.

23 DE ABRIL: hombres a bordo de unidades similares a las camionetas de la policía ministerial, se llevaron con lujo de violencia al administrador e hijo de los dueños del bar y licorería Licodega, después de electrocutarlo. Fue rescatado el 26 de abril; en la casa de seguridad fueron detenidos José Manuel Camacho Vizcarra y Julio Arturo Martínez Corrales, a quienes originalmente los secuestradores los habían “contratado para cuidar un cargamento de droga”, pero cuando llegaron, los dejaron con el secuestrado, aseguraron.

41 DETENIDOS POR SECUESTROS EN LO QUE VA DEL AÑO

En Mexicali, el Grupo Antisecuestros suma seis aprehensiones: Alberto Evangelista fue retenido el 19 de enero, con orden de aprehensión por secuestro agravado; por la privación de la libertad de un estudiante, Daniel Sandoval Ortega, Joel García Hernández y Fernando González Martínez, fueron presentados ante el Ministerio Público, el 3 de febrero; y el 23 de mayo capturaron a Marco Luqueño Flores y Joel García Hernández por secuestro de migrantes.

A los otros 35 los arrestaron y judicializaron en Tijuana. Los grupos más numerosos fueron apresados este mes. Los siete plagiaron detenidos por el secuestro del comerciante de Rosarito; y los cuatro -más un menor de edad- aprehendidos por el plagio de un empresario de 62 años, capturado el 22 de mayo.

A esta lista se suman: Elías Pérez Casullas, Javier Hernández Córdova, Gonzalo Peñaloza Melgarejo, capturado el 20 de enero; Analya Buendía Castillo, retenida con orden de aprehensión por secuestro de migrantes, el 13 de febrero; Ángel Aguilera Valadez, Julio Pérez González y Juan Rivera Padilla, asegurados el 27 de febrero.

También Alfredo Lara González, Víctor Domínguez Rangel, Vicente Ontiveros Torres, Eusebio Gutiérrez Madrigal y Félix Palomino García, detenidos el 17 de abril; así como Julio Arturo Martínez Corrales y Manuel Camacho Vizcarra, presos desde el 26 de abril.

Además de Israel Hernández Palma, Eduardo Jiménez Martínez, Ramón Gazca Camacho y Desiré Espinoza Acha, detenidos cuando se llevaban a una mujer oriental, el 20 de abril; por secuestro exprés en el mes de mayo, Sebastián García Díaz y Miguel Ángel Lagunes Reyes; y al cierre de edición, la procuraduría anunció el jueves 31 de mayo, la captura de tres hombres en Tijuana por el secuestro de un migrante.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 4 JUNIO, 2018 01:00 PM)

LLEGA TIJUANA A LOS MIL EJECUTADOS


Alrededor de las 14:00 horas de este lunes 4 de junio, en la vía pública y frente a transeúntes fue asesinado a balazos un hombre en la colonia México, en Tijuana, que, según estadísticas de la Procuraduría General de Justicia, se convierte en el homicidio doloso número mil en lo que va del año.

De acuerdo a Lantia Consultores, una empresa especializada en el análisis de Políticas Públicas fundada en 2008, con una amplia experiencia en gestión de gobiernos estatales y locales, y políticas de seguridad, en abril, Tijuana fue registrado como el municipio más violento con 159 crímenes, seguido de Acapulco, Guerrero con 80; Benito Juárez, Quintana Roo, 61; Culiacán, Sinaloa, 50; y Juárez, Chihuahua con 37.

Este municipio fronterizo cerró mayo con 196 homicidios, el segundo mes más violento del año; mientras que, en los primeros cuatro días de junio, la estadística apunta 35 ejecuciones.

Traemos una guerra contra el estado de derecho en México.- Semáforo Delictivo

“El panorama que atraviesa Tijuana, es triste. Se observa como desde marzo y abril del año pasado los homicidios han incrementado. En lo que refiere este año, hasta abril, era del 59 por ciento, la gráfica está muy por arriba de la media histórica. Un municipio que está muy en rojo”, explicó Santiago Roel, fundador del organismo Semáforo Delictivo.

Puntualizó que la guerra en México ya no necesariamente es por el control del territorio para exportar droga “ahora es el narcomenudeo, esos ataques en colonias pobres y  barrios marginales”.

“Entre el 90 y 95 por ciento de las ejecuciones son del crimen organizado, es la estúpida guerra que traemos contra el mercado de la droga lo que nos lleva a esto. En la disputa se van atomizando las mafias, los grupos; traemos una guerra contra el estado de derecho en México”.

“Se están matando entre ellos”, es una frase trillada de la autoridad, pero “yo me pregunto ¿Quiénes son ellos? son pobres, es una guerra contra pobres, jodidos; porque si fuera una guerra en donde se estuvieran muriendo jóvenes de la clase media o alta mexicana ya hubiéramos regulado todas las drogas, sin debate de por medio”.

Según Santiago Roel lo único que logrará bajar el índice de homicidios dolosos es la regulación de las drogas.

“Algún día lo vamos a entender y vamos a voltear al pasado y decir ¡qué estúpidos, tontos y tercos fuimos!”.

“En BC  algo se dejó de hacer en materia de seguridad”: Observatorio Nacional Ciudadano

Para Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), es claro que en Baja California no hay estrategia para combatir la inseguridad, desde el ámbito federal como el local.

“Los problemas de la frontera siempre serán un reto en materia de seguridad, porque Estados Unidos es demasiado grande para lo que quieras, no solo para el tema de drogas, sino también de personas, de lo que quieras. Partiendo de ese supuesto debes generar estrategias que van desde lo local hasta lo nacional; ahí es donde no veo estrategias, ideas, no veo cambio de ruta; nada”.

Rivas comentó que desde su punto de vista da la impresión de que la Procuraduría de Justicia, ante este panorama incierto se ha replegado.

“Creo que la fiscalía en lugar de fortalecerse se ha debilitado, es mi impresión porque no tengo los elementos para afirmarlo; pero me da la impresión de que algo se dejó de hacer desde la fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública, por eso el cambio tan radical en los niveles de violencia que se están viendo ahorita”.

Agregó que en materia de homicidios ha reflejado un crecimiento constante desde el año pasado “que no se ve ni para cuando termine”.

Rivas puntualizó que Baja California atraviesa una situación terrible, pero que tampoco es alejado de lo que se vive en el resto del país.

Cabe destacar que, en abril el índice de Paz México 2018 (IPM), publicado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) los estados menos pacíficos fueron Baja California Sur, Guerrero, Baja California, Colima y Zacatecas.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS / PATRICIA TAMAYO /LUNES, 4 JUNIO, 2018 06:01 PM)

UN VALET, MENSAJERO, SUPERVISOR DE ALIMENTOS: EL ESTADO MEXICANO LE PAGA A SALINAS LA SERVIDUMBRE


NdeR:
[Frente a la resistencia de las entidades públicas y los muros legales, el navegante de los portales de acceso a la información se parece a Moisés, el hombre bíblico que en cuarenta años de búsqueda jamás pisó la tierra prometida. El marco jurídico de la Transparencia nacional permite que la información sea negada con uno de estos argumentos: los datos solicitados están bajo reserva, son inexistentes o confidenciales. Así, la Administración de Enrique Peña Nieto mantiene más de 12 millones de expedientes bajo llave. Se ha negado a mostrar el acta de nacimiento del Presidente, el decreto que avala la pensión vitalicia a exPresidentes y sus viudas, los resultados de sus encuestas, los fundamentos para crear la Gendarmería o los gastos de las fiestas dentro de Los Pinos. #DatosCerrados es un ejercicio de la Unidad de Datos de SinEmbargo que identifica lo que el Gobierno y otras instituciones no quieren revelar.]

#DatosCerrados | Carlos Salinas de Gortari, el ex Presidente de México más controvertido de la Historia moderna, hace uso de la pensión vitalicia que le paga el Estado mexicano de manera peculiar. Aunque renunció al monto en efectivo del beneficio, mantiene a su disposición una nómina de once colaboradores. Pilar de la tecnocracia, afanoso en borrar sus culpas de la debacle financiera de diciembre de 1994 y los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu, sus trabajadores -pagados por el erario mexicano- no son, precisamente, estrategas o asesores.
Entre ellos está un mesero, un supervisor de alimentos, un valet, un mensajero, dos contadores públicos y varios técnicos de mantenimiento de inmuebles. Se trata de un equipo que tiene como nivel de escolaridad promedio el Bachillerato y algunos de sus miembros sólo tienen la Secundaria. Son, en su mayoría, antiguos conocidos. Han estado con Salinas desde 1982, cuando este fue titular de la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto. Le han colaborado a lo largo de su ajetreada ex Presidencia en la que se declaró en huelga de hambre y se exilió en varios países. Este 2018 ganarán en conjunto 3.2 millones de pesos.

Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).- Unos 80 millones de mexicanos no habían cumplido la mayoría de edad, o de plano no habían nacido, cuando en 1994 ocurrió una de las mayores hecatombes financieras en México. Ese mismo año, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio Murrieta fue asesinado en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana.

Para zafarse de toda culpa, Carlos Salinas de Gortari, quien concluía su mandato, ha escrito unas cinco mil páginas entre libros, alegatos, advertencias y acusaciones. Cuando brinda conferencias o entrevistas, no desperdicia ni un minuto para insistir en que su personaje ha sido incomprendido y siempre se dice víctima de la fabricación de estereotipos. Así, es el ex Jefe del Ejecutivo más polémico de la Historia moderna de México.

El hombre que gobernó México de 1988 a 1994 hace uso de la pensión vitalicia que le brinda el Estado de forma peculiar. Al monto en efectivo de 205 mil pesos, renunció; pero ha mantenido una nómina de once trabajadores que no son precisamente estrategas o asesores que le ayuden a lavar su imagen.

Los colaboradores de Salinas de Gortari tienen funciones de selección de alimentos, labores de mesero, de técnico de mantenimiento y entre ellos está el valet de cuando fue candidato en las elecciones presidenciales de 1988. Ante la Función Pública están registrados como Director, Subdirectores y Jefes de área. Tienen sueldos mensuales de 87 mil 312 pesos, 41 mil 208 pesos o 19 mil 287. Se trata de un equipo de trabajo que tiene como nivel de escolaridad promedio el Bachillerato y los hay sólo con la Secundaria.

Son, casi todos, antiguos colaboradores. La relación con el ex Presidente que impulsó el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, data de dos, tres y hasta cuatro décadas. Trabajaron con él desde que fue el titular de la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), lo acompañaron en la campaña electoral de 1988 cuando fue candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y luego, ocuparon un sitio en Los Pinos cuando fue Presidente de la República, de 1988 a 1994. En cuanto Carlos Salinas de Gortari inició su ex Presidencia, continuaron bajo su cargo.

A lo largo de la vida de Salinas, quien vivió en un autoexilio en varios países, este personal ha cuidado sus alimentos o sus traslados, sus bienes, su mensajería y hasta su seguridad, según la respuesta que dio la Presidencia de la República a SinEmbargo, las declaraciones patrimoniales de cada uno de estos servidores públicos, así como los datos abiertos en el Portal de Obligaciones y Transparencia.

Lo anterior es posible porque el acuerdo presidencial de 1987 en el que se basan las pensiones y otros beneficios para los ex Presidentes de México  no estipula ningún criterio de perfil de puesto en el personal asignado. La forma en que llegan a esas posiciones no es un dato público. De modo que no se sabe si las plazas son concursadas o fueron llenadas con la decisión del ex Mandatario.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la revisión de la Cuenta Pública 2009, recomendó a la Presidencia de la República que impusiera el cumplimiento de ciertos requisitos profesionales para ese personal. Ha pasado casi una década desde entonces y ello no cambió.

Este año, la oficina de Salinas de Gortari le costará a los mexicanos tres millones 284 mil 102 pesos con 76 centavos. Este dinero gastado en apoyar al ex Primer Mandatario equivale a lo que invirtió la Procuraduría General de la República en 2017 en la contratación de servicios profesionales de apoyo a las diligencias y trabajos administrativos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

CAMINO SALINISTA: SPP, PRI, LOS PINOS Y LUEGO, EL EXILIO

La Secretaría de Programación y Presupuesto fue una dependencia de Estado creada en 1977 por el entonces Presidente José López Portillo (1976-1982). Cuando la anunció, el entonces Jefe del Ejecutivo dijo que con ella se haría “más oportuna y eficaz la intervención del Estado en materia económica”. Cinco años después, el despacho lo ocupó un joven Carlos Salinas de Gortari, Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con 34 años de edad. La SPP fue centro de pugnas políticas, desacuerdos de grupos, conflictos y polémicas. Y los enconos no eran por la disputa de un proyecto de Nación. Con un cúmulo de facultades (puede decirse que en ella se concentraba lo que hoy es la Secretaría de Hacienda, la extinta Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y la Secretaría de Desarrollo Social) era el ring donde se enfrentaban quienes aspiraban a ser Presidente.

En 1987 el llamado “dedazo” (esa regla no escrita en la que el Presidente nombraba al candidato del PRI quien ganaba las elecciones de manera apabullante) benefició a quien ocupaba la silla principal de la SPP; es decir, a Carlos Salinas de Gortari. Ese año, arrancó una campaña en la que recorrió todo el país. Y en 1988, en la primera elección impugnada de la Historia, se convirtió en Presidente de México.

Juan Flores Neria conoció a Salinas de Gortari en la SPP. Ahí, de 1982 a 1987, fue su asistente. Luego, durante la campaña, se convirtió en coordinador de Logística. Desde 1995, es Subdirector de área con tareas en áreas técnicas que ningún dato público especifica. Gana 41 mil 208 pesos con 44 centavos y como máximo grado de estudios tiene el Bachillerato.

Otro colaborador que permanece con Carlos Salinas desde los tiempos de la SPP es Armando Rojas Yáñez. De 1987 a 1988 fue analista en la Dirección General de la dependencia. Luego, ya Salinas Presidente, subió a Jefe de Departamento en la Dirección General de Administración en la Presidencia de la República de 1988 a 1994. Desde 1995, trabaja en la oficina del ex Presidente como pagador habilitado (figura en cuya responsabilidad quedan pagos de salarios o créditos). Su salario es de 27 mil 82 pesos con 50 centavos y su nivel de estudios es una carrera técnica en Contaduría privada.

De 1980 a 1982, Julián Ramírez Rodríguez fue mensajero en el PRI. Luego, mientras Salinas ocupó la silla principal de la SPP se encargó de su seguridad. Durante la campaña de 1988 fue su valet. Y de 1988 a 1994 fue jefe de departamento en Los Pinos en la supervisión de personal. Su grado máximo de estudios es la Secundaria y percibe percibe 19 mil 287 pesos con 93 centavos. (Dado que la labor de supervisión de personal no es específica, en este perfil se consideró el trabajo de valet que es el último que arroja su currículum vitae en la declaración patrimonial).

Francisco Salome Ibarra Gutiérrez también trabajó en la SPP de 1984 a 1988 como técnico de mantenimiento en la oficina de Carlos Salinas de Gortari. Hoy es su Jefe de mantenimiento en la Conservación y mantenimiento de propiedades privadas. Como grado máximo de sus estudios tiene una boleta de una carrera técnica en Comercio en la Academia Hidalgo. Tiene estudios de Comercio en una academia.

María de Lourdes Lasso de la Vega Sánchez también conoció a Salinas en la SPP donde trabajó de 1985 a 1988 como Secretaria de Proyectos en la Coordinación de Voluntarios en Comunidades. De 1989 a 1994, en la Presidencia, fue jefa de departamento en la Coordinación de la Residencia Miguel Alemán. Desde 1995, administra los bienes materiales de la oficina del ex Presidente. Es Licenciada en Turismo por el Instituto Politécnico Nacional. Gana 19 mil pesos 287 con 93 centavos.

LA DIRECTORA DE LA OFICINA DE SALINAS FUE SECRETARIA DE JOSÉ CÓRDOBA

Miriam Josefina Tato Palma fue secretaria particular de José Córdoba Montoya, el Jefe de la Oficina de la Presidencia mientras Salinas de Gortari gobernó y quien fue considerado el hombre clave del sexenio. Ella dirige hoy al personal que la Presidencia de la República le paga al ex Mandatario con un sueldo bruto de 87 mil 312 pesos con 81 centavos.

Córdoba Montoya supo ser el hombre detrás del Hombre. Durante el Gobierno salinista, apareció pocas veces y no brindó entrevistas. Pero no había Secretario de Estado que no sometiera sus decisiones a su consejería. Desde esa posición discretísima, influyó en el diseño de la política económica y social de México. Así, silencioso y fantasmal, se desvinculó en apariencia de la política mexicana después de que el candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio fuera asesinado en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, el 23 de marzo de 1994.

Josefina Tato Palma fue su secretaria mientras todo ello ocurría dentro de la casona de Los Pinos.

De hecho, fue llamada a declarar en el caso Colosio. Según consta en el tomo IV del Informe del homicidio, Tato Palma dijo ante el fiscal (Raúl González Pérez, cuarto y último en el caso) que no recordaba si el doctor Córdoba Montoya había llamado a Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994 (día del homicidio). Dijo también que su jefe y el candidato tuvieron buena relación, lo que ella infería dadas sus reuniones frecuentes.

La ex Presidencia de Carlos Salinas no inició bien para él. Habían transcurrido 18 días de haber sacado sus efectos personales de Los Pinos y México se hundió por una devaluación del peso. Ernesto Zedillo Ponce de León quien lo sucedió en la Presidencia, justificó la debacle por la mala administración salinista y el ansia de ingresar al primer mundo.

El 2 de marzo de 1995, Carlos Salinas de Gortari anunció que haría algo inédito para un ex Mandatario mexicano: anunciaba una huelga de hambre para rescatar su honor. Córdoba Montoya ya no estaba con él; pero sí quien fuera su asistente personal durante seis años, Miriam Josefina Tato Palma, la misma que hoy dirige a su personal de apoyo.

LOS PINOS

Lorenzo Mejía Carpintero supervisa los alimentos de Carlos Salinas de Gortari desde 1989; es decir, desde el primer año como Presidente. Su nivel de escolaridad es el Bachillerato que cursó en el sistema abierto. Hoy, en la jerarquía de su oficina es Subdirector y, como en el pasado, se encarga de los alimentos con un sueldo de 41 mil 208 pesos con 44 centavos.

En 1994, el año en que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional le declaró la guerra al Estado mexicano y el candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado, a Los Pinos se incorporó José Pascual Ramírez Pomposo. Hoy continúa con el ex Presidente. Su grado máximo de estudios es la Secundaria y trabaja como mesero (dependiente de comedor). Su currículum arroja que en toda su vida sólo ha trabajado para Carlos Salinas de Gortari.

Sólo hay dos perfiles que ingresaron a la oficina salinista en los años recientes. Juan Joel Gómez Rosas se incorporó en 2015. Tiene la Licenciatura cursada en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán en Relaciones Internacionales, fue Jefe de Departamento en la Sedesol de 2014 a 2016, fue Secretario auxiliar de la Secretaria General de 1998 a 1999 en el PRI. Su declaración patrimonial ante la Función Pública no especifica cuál es su función. Se indica que está adscrito en la Coordinación General de Administración.

Otro trabajador de Salinas es Eduardo Núñez Torres con la Secundaria como nivel de escolaridad. De 1983 a 1999, fue sobrestante general A en la Administración Pública al Departamento del Distrito Federal. De 1988 a 1994 fue coordinador técnico ejecutivo de servicios en el DIF y luego, de 1999 a 2001 analista “d” en la Dirección General en el IMSS. Administra bienes materiales en la Oficina del ex Presidente desde septiembre de 2012.

Y está también Víctor Ramón Cedillo Cabrera, con el Bachillerato por el CCH Azcapotzalco se desempeñó de 1990 a 2012 en el archivo de la Clínica familia de Satélite Naucalpan. En la Oficina del ex Presidente administra bienes materiales con un sueldo de 27 mil 82 pesos.

LA OFICINA DE SALINAS

MIRIAM JOSEFINA TATO PALMA

Es Directora general adjunta. Sus funciones principales son las auditorías, la supervisión y el manejo de los recursos humanos. Tiene Licenciatura y gana 87 mil 312 pesos con 81 centavos. Usa un equipo celular con un máximo mensual de gasto de mil 850 pesos.

LORENZO MEJÍA CARPINTERO

Es Director general adjunto. Su función es la supervisión en el área de alimentos. Tiene el Bachillerato y gana 41 mil 208 pesos con 44 centavos. Usa un equipo de celular con gasto máximo de mil 850 pesos.

JUAN FLORES NERIA

Es Subdirector de área. Se dedica a las áreas técnicas, pero en su declaración patrimonial no las especifica. Cuenta con el Bachillerato. Gana 41 mil 208 pesos con 44 centavos.

JUAN JOEL GÓMEZ ROSAS

Es Subdirector de área. Sus labores están en la opacidad. Tiene la Licenciatura cursada. Gana 27 mil 87 pesos con 50 centavos.

EDUARDO NÚÑEZ TORRES

Es Subdirector de área. Administra los bienes materiales. Tiene la Secundaria. Su percepción es de 27 mil 82 pesos con 50 centavos.

VÍCTOR RAMÓN CEDILLO CABRERA

Es Subdirector de área. Administra bienes materiales. Concluyó el Bachillerato. Gana 27 mil 82 pesos con 50 centavos.

ARMANDO ROJAS YÁÑEZ

Es Subdirector de área. Su labor es de supervisión y pagador habilitado. Es Técnico en Contaduría privada. Gana 27 mil 82 pesos con 50 centavos.

MARÍA DE LOURDES LASSO DE LA VEGA SÁNCHEZ

Es Jefa de Departamento. En su declaración patrimonial indica que se dedica a las áreas técnicas, pero no especifica a qué. Tiene la Licenciatura. Gana 19 mil 287 pesos con 93 centavos.

FRANCISCO SALOME IBARRA GUTIÉRREZ

Es Jefa de Departamento. Se encarga del mantenimiento en la conservación de propiedades privadas. Tiene Cursos en Comercio en academia. Su salario es de 19 mil 287 pesos con 93 centavos.

JOSÉ PASCUAL RAMÍREZ POMPOSO

Es Jefe de Departamento. Se dedica a las áreas técnicas, pero no especifica a cuáles en su declaración patrimonial. Tiene la Secundaria. Gana 19 mil 287 pesos con 93 centavos.

JULIÁN RAMÍREZ RODRÍGUEZ

Es Jefe de Departamento. Su labor es de supervisión. Tiene la Secundaria. Gana en la oficina de Salinas. 19 mil 287 pesos con 93 centavos.

(SIN EMBARGO/ LINALOE R. FLORES/ 05 DE JUNIO 2018)