Y EN EL SALVADOR LA AMNISTÍA NO DISPARÓ LA VIOLENCIA

SAN SALVADOR (Proceso).- El 20 de marzo de 1993 la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, cuyo principal efecto fue, durante los últimos 24 años, la impunidad de los crímenes de lesa humanidad que cometieron la Fuerza Armada y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en la guerra civil de los años ochenta, y no el aumento de los asesinatos posteriormente a la firma de los Acuerdos de Paz, como lo afirmó Ricardo Anaya, candidato presidencial de Por México al Frente.

Desde principios de 1980 hasta enero de 1992 el Estado salvadoreño y los insurgentes se enfrentaron por el control del poder. El resultado: 75 mil muertos y 8 mil desaparecidos. En promedio morían violentamente 17 salvadoreños cada 24 horas.

El 16 de enero de 1992 el Estado salvadoreño y la guerrilla firmaron la paz en la Ciudad de México, lo cual sólo fue posible por la declaración francomexicana que reconoció a los guerrilleros como actores políticos y beligerantes.

Uno de los puntos de ese acuerdo fue la instalación de la Comisión de la Verdad de la ONU para investigar los crímenes de guerra cometidos por los dos bandos. En enero de 1993 el informe ya estaba listo. En marzo se conoció su principal resultado: la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad bajo sus órdenes (Policía Nacional, Guardia Nacional, Policía de Hacienda) eran responsables de más de 90% de los crímenes de guerra, lo que convirtió a los mandos militares en autores intelectuales y materiales de las peores masacres contra la población civil. Ejemplos de ello fueron la matanza de los sacerdotes jesuitas en la Universidad Centroamericana (UCA) en noviembre de 1989; la masacre del Mozote, con más de 600 víctimas; y la del Sumpul, con más de 700.

En su informe, la comisión recomendó “sancionar las conductas”, es decir, llevar ante la justicia a los criminales de guerra. Sin embargo, el entonces presidente Alfredo Cristiani Burkard impulsó una estrategia de protección de los altos mandos militares que concluyó en la amnistía que aprobaron los diputados en 1993. El resultado inmediato fue la obstaculización de las investigaciones de los asesinatos de opositores a la dictadura militar, así como de las desapariciones, torturas, violaciones y desplazamientos forzados.

Mientras avanzaba el proceso de “perdón y olvido” que impusieron por decreto el gobierno de Cristiani y sus aliados, el Estado se reacomodaba para cumplir los Acuerdos de Paz: los viejos cuerpos de seguridad fueron sustituidos por cuerpos civiles, el Órgano Judicial expulsó a sus peores jueces y se instituyó el Ministerio Público, entre otras medidas. Esta reconfiguración explica que de 1994 a 1996 la Fiscalía General de la República clasificara como “homicidios” los asesinatos y las muertes accidentales.

Así, en 1994 se registraron 9 mil 135 homicidios; en 1995, 7 mil 877; y en 1996, 8 mil 47. En este periodo la tasa de homicidios llegó a 139 por cada 100 mil habitantes.

El asesinato, como máxima expresión de la violencia, no se limitó al periodo de la guerra. Desde los años treinta del siglo pasado se tiene constancia de que las muertes violentas ocurrían todos los días. En 1934, por ejemplo, fueron asesinadas mil 388 personas, es decir, un promedio de tres a cuatro cada día, de acuerdo con un artículo publicado en La Prensa Gráfica el 14 de diciembre de 2014. Muchos de esos crímenes fueron cometidos en reyertas entre borrachos y robos.

A finales de los años sesenta la tasa de asesinatos era de 30 muertes por cada 100 mil habitantes; para 1974 se incrementó a 33. Después vino el conflicto armado.

Los Acuerdos de Paz cerraron ese ciclo de violencia política, pero uno nuevo se gestaba.

En 1993 una encuesta del Instituto Centroamericano de Opinión Pública de la UCA (IUDOP) advirtió que casi la mitad de los salvadoreños dijo que padecía el acoso de las pandillas en su comunidad. Tres años después la misma casa de estudios realizó otra encuesta y la principal conclusión de los salvadoreños fue: la “violencia criminal” es “mucho peor” que la guerra porque “si uno no se metía en política no lo mataban; ahora sí: en la casa puede estar uno y ahí lo matan”.

Los pandilleros deportados de Estados Unidos regresaron al país, de donde habían huido por la violencia y la pobreza. La delincuencia se enquistó en familias desintegradas y en las comunidades marginales que fundaron en terrenos privados las masas poblacionales desplazadas de las zonas rurales durante la guerra, con viviendas hacinadas, sin acceso a educación, salud y empleo.

“Al ser deportados algunos de ellos, por sus actividades fuera de la ley, encontraron un caldo de cultivo en la desintegración de comunidades pobres, con alto nivel de exclusión, y el fenómeno pandilleril creció exponencialmente”, escribió el exdiputado Héctor Dada Hirezi en su artículo La situación de El Salvador: antecedentes, evolución y retos, publicado en septiembre de 2017.

Entre mediados y finales de los años noventa, el país volvió a quedar atrapado entre la pobreza y la marginación social, lo que favoreció la violencia criminal.

DESPUÉS DE LA MANO DURA

El 23 de julio de 2003 el entonces presidente Francisco Flores ordenó la implementación del plan Mano Dura con el propósito, según sus intervenciones públicas, de desarticular las bandas delictivas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13). Ese año la Policía Nacional Civil (PNC) registró 2 mil 197 asesinatos, una tasa de 39.7 homicidios por cada 100 mil habitantes.

El 31 de agosto de 2004, el nuevo mandatario Elías Antonio Saca lanzó el plan Súper Mano Dura, que también se concentraba en detenciones masivas de supuestos pandilleros, militarización, encarcelamiento indiscriminado, entre otros métodos. El resultado: de 2004 a 2009 la tasa de homicidios aumentó de 49.7 a 71 por cada 100 mil habitantes, y de 2 mil 773 asesinatos a 4 mil 382.

En 2009 ganaron las elecciones Mauricio Funes y el FMLN. De 2010 a 2011 se registraron 8 mil 347 asesinatos. La tasa osciló entre 64.8 y 70.1 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Entre febrero y marzo de 2012, sin embargo, esos crímenes disminuyeron notablemente. El gobierno auspició la tregua entre las pandillas. Fue un proceso completamente diferente al ocurrido en los años noventa con la ex guerrilla.

El promedio de muertes violentas cayó de 14 a cinco diarios. Pero la tregua terminó. En 2014 asumió la presidencia Salvador Sánchez Cerén y se distanció de Funes. En 2015 fueron asesinadas 6 mil 670 personas, aunque al año siguiente la cifra bajó a 5 mil 278.

Durante la tregua no se conoció, ni oficial ni extraoficialmente, que los cabecillas de las bandas fueran amnistiados. Hacerlo, además, habría implicado reconocer lo que no eran: actores políticos. El Estado, al darles concesiones, lo hizo sin dejar de tratarlos como delincuentes. Una vez terminada la tregua, esas concesiones terminaron.

El incremento de la violencia fue atribuido a la guerra entre pandillas, a los asesinatos que cometieron grupos de exterminio formados por policías y militares, así como a la guerra entre el Estado y la delincuencia organizada.

Este reportaje se publicó el 6 de mayo de 2018 en la edición 2166 de la revista Proceso.

(PROCESO/, REPORTAJE ESPECIAL/  DAVID ERNESTO PÉREZ / 7 MAYO, 2018)

LA POBREZA EN SINALOA FUERA DE CIFRAS

El estado se ubica entre las entidades que más abatió indicadores de carencia social: CONEVAL

Sentada bajo la sombra de una lona ve la tarde pasar. Acalla a los perros que ladran al ver gente en las proximidades. Ahí, a un costado de las vías del tren, María del Rosario espera la llegada de su hija Martina.

Con 62 años a cuestas y sin formar parte de algún programa de asistencia, María del Rosario se encuentra convaleciendo por una caída que le ha dejado lesiones en sus dos piernas. Apoyada sobre una andadera, apenas puede caminar.

El Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social en el estado de Sinaloa y sus municipios destaca la reducción consistente de la población en condiciones de pobreza y de la población en condiciones de pobreza moderada en el periodo comprendido entre 2010 y 2016.

Los datos están basados en cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que mide la pobreza en México y evalúa programas y políticas sociales del Gobierno Federal.

A fines de marzo, el Gobierno del Estado y el CONEVAL firmaron el convenio de colaboración para abatir la marginación, principalmente en municipios que rebasan el 50 por ciento en pobreza extrema.

La pobreza se mide con siete elementos: el ingreso de las familias, el acceso a la salud, a la seguridad social, educación, vivienda, servicios en la vivienda y alimentación.

Y el caso de Martina y María del Rosario contrasta con lo presentado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el CONEVAL.

El director de COVEVAL, Gonzalo Hernández Licona, mencionó que en Culiacán y Mazatlán los niveles de pobreza son mucho menores a los de otros municipios como Choix, Sinaloa y Badiraguato.

La información fue apuntalada por Eviel Pérez Magaña, titular de la SEDESOL a nivel federal, quien en entrevista a medios de comunicación locales insistió en que la pobreza ha bajado en un nivel considerable en Sinaloa.

“Es el primer lugar Sinaloa, de acuerdo no a lo que diga yo, (sino) el CONEVAL, Sinaloa fue el estado que más pudo combatir la pobreza extrema. Esto va de la mano de una serie de acciones que genera la inclusión social y la participación de todo el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal y los gobiernos Municipales, atendiendo las carencias que se nos están señalando hoy, que en el caso de Sinaloa se logró abatir de manera importante el tema de salud, el tema de educación”.

Sin embargo las cuentas no salen. Martina y María del Rosario viven en la sindicatura de Costa Rica dentro de un vagón de tren abandonado. La localidad es una de las sindicaturas más pobladas de la capital sinaloense. Ahí, a un costado de las vías sobre la calle 17, sin drenaje y sin electricidad, Martina y María del Rosario obtienen agua potable mediante cubetas. Cumplen con cada uno de los siete elementos que determinan una situación de pobreza.

Y sobre el terreno entre las vías del tren y el vagón abandonado llevan ya un año. El predio es prestado y había un adeudo muy fuerte de agua. Se debía poco más de 8 mil pesos y mes con mes Martina abona a la cuenta.

Un señor trabajador del área les dio chance, según explica Martina. Aprovechan el vagón abandonado para pernoctar y durante el día hay que buscar el sustento. Ninguna de las dos tiene seguridad social y viven en condiciones de pobreza extrema: con muy bajos ingresos, sin acceso a la salud ni a seguridad social, sin educación, en una vivienda con muchas carencias y de la alimentación mejor ni hablar.

“Ya cumplimos un año. Antes pagábamos renta aquí por la Camarena, pero ahora no tenemos. Él me dijo que podíamos estar el tiempo que quisiéramos pero que aquí podíamos estar. Antes estaba otra familia, otra gente nomás que se fueron porque rentaron, sabe para dónde se iría, no sé”.

Sentada sobre una silla de plástico, María del Rosario calla a los perros, los corre. Luego interrumpe a Martina. “Me llevan al centro a pedir porque qué quieres que haga, no tiene uno ni pa’comer, ni medicinas ni nada”.

Martina tiene 39 años y se gana la vida limpiando casas. Gana entre 50 y 80 pesos diarios y a veces lleva a su madre, María del Rosario, al centro de la sindicatura. Ahí pide ayuda. Unas pocas monedas para el litro de leche y algo qué comer.

Durante unos años se dedicó al trabajo en el campo y en las empacadoras. Martina explica que ahí ganaba entre 180 y 200 pesos. Y hoy día, limpiando casas, no le alcanza lo que gana. Se le cuestiona sobre sus necesidades y ella responde que solo quiere trabajo. Nada más. Un trabajo donde le paguen bien.

“Pues trabajo, nada más trabajo, de cualquier cosa en el campo o limpiando, no le hace. Y tener seguro, que me atiendan”.

EVIEL PÉREZ. Titular de la Sedesol.

Hace siete años perdió a su marido víctima del cáncer. Desde entonces tuvo que mantener tanto a su madre como a sus dos hijos. El mayor ya tiene 20 y se vale por sí mismo, pero su hija menor se fue a vivir con la familia de su esposo.

Explica que en el pasado fueron beneficiarias del programa de inclusión social federal “Prospera”, sin embargo perdieron el beneficio. Martina comenta que debido a que no tiene condiciones para criarla en su actual vivienda, la niña vive ahora con sus abuelos.

“Ella está viviendo con su familia en la colonia Obrera porque no la puedo tener aquí, ella vive allá con la familia de su papá. Él murió ya hace como siete años, murió de cáncer”.

La cuota que recibía era por 3 mil pesos mensuales. “Ya vinieron ellos (de Prospera), vinieron y checaron, ya lo tenía yo por la niña de la escuela pero me lo quitaron porque no me hallaron en donde vivía antes, dijeron que tenían que volver a venir pero ya no volvieron”.

Antes de despedirse Martina hace una pausa y luego hace una pregunta. “¿Ustedes nos pueden ayudar? Lo único que yo les pido es trabajo, que me den trabajo, nada más”. Luego apunta a unas láminas de cartón. “La síndica procuradora me las dio pero yo lo que quiero es trabajar, no esas cosas”, añade.

Luego se despide. Su madre hace lo mismo. “Dios los bendiga”. Los perros ladran otra vez y la tarde vuelve a su normalidad. En Costa Rica junto a las vías del tren. Con el vagón abandonado y las cubetas de agua buscan la sombra de una lona.

Artículo publicado el 6 de mayo de 2018 en la edición 797 del semanario Ríodoce.

(RIODOCE/ AARÓN IBARRA/ 8 MAYO, 2018)

EL ENOJO DE ALGUNOS BARONES DEL DINERO

Están enojados algunos barones del dinero aglutinados en el Consejo de Hombres de Negocios, y todo porque su candidato no ha levantado.

Resultó un fiasco José Antonio Meade, un candidato que no es del PRI y que Enrique Peña Nieto esperaba que en tropel los priistas irían corriendo a ofrecerle su apoyo y levantarlo en hombros y besarle los pies. Pero eso no pasó, es ajeno al PRI, y muy distante. Ese fue el primer error de Peña Nieto.

El segundo error de Peña Nieto fue poner al frente del PRI a una persona que no conocía al PRI, un hablantín que cuando habría lo boca era para darle más fuerza a la oposición. Una persona que desconocía lo que era el PRI y a sus grupos regionales. A lo mejor alguna vez leyó el libro de Luis Javier Garrido sobre el PRI, y pensó que con eso bastaba. Nunca conectó su persona con eso que se llama PRI.

Y la tercera razón que hizo que José Antonio Meade no funcionara como candidato, es que nunca pudo y nunca quiso separarse de la Presidencia de la República. Para la inmensa mayoría de mexicanos, el gobierno de Enrique Peña Nieto es de los más corruptos de los últimos decenios. Esa corrupción de Enrique Peña Nieto no la vio Meade cuando fue Secretario de Hacienda, ni tampoco vio la corrupción en los gobernadores de extracción priista y panista que se dedicaron a saquear el erario público.

Candidato no priista, un presidente del PRI mediocre, y una presidencia de la república corrupta, son los tres factores que impidieron que Meade levantara y que hoy lo colocan en un lejano tercer lugar, del que muy difícilmente saldrá. Un José Antonio Meade al que el político-empresario Enrique Coppel le juró amor eterno hace unos meses al llevarlo a comer a la zona residencia la Primavera, a un costado de los Huizaches, y que hoy busca deshacerse de él. Hace esfuerzos por cambiarlo, y en forma desesperada hace un llamado al PRIAN a escoger un solo candidato. Pero Francisco Labastida Ochoa le dice que eso no se puede, pues si se hace, una parte importante del PRI se iría automáticamente a apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador.

Este grupo de empresarios están acostumbrados a mandar y creerse dueños de México, no les gusta pagar impuestos, y quieren seguir haciendo negocios con dinero público. Saben que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador las reglas cambiarían, y que tendrán que pagar impuestos, tal y como lo hacen los trabajadores. Eso no lo quieren, quieren seguir viviendo de privilegios y gastar el dinero público como si fuera propio.

Es muy difícil que el PRI y el PAN alcance electoralmente a López Obrador, la ventaja es hoy mayor que la del 2006, y la pandilla que ha gobernado nuestro país desde entonces hasta la fecha, ha robado en forma cínica y descarada. Lo han hecho a manos llenas. Pero hay un despertar de la sociedad mexicana, está cansada de tanto político corrupto y rata, ya sea del PRI o del PAN. El hartazgo es mayor que el miedo. Por esa razón no lo alcanzarán.

Los políticos-empresarios que financiaron la campaña de miedo en el 2006 están dispuestos a hacerlo en el 2018, y lo están haciendo, pero no les está funcionando la guerra sucia. La televisión ya no convence y además, no es el único medio de comunicación. Hoy los jóvenes se informan y se comunican principalmente por las redes sociales. Televisa apesta y está desacreditada.

En Sinaloa se han expresado dos visiones distintas del empresariado sobre la sucesión presidencial. Una que hace un llamado a conocer todas las opciones y emitir un voto en forma razonada, expresada por Juan Manuel Ley Bastidas, y la otra que encabeza Enrique Coppel, expresión violenta que llama al enfrentamiento contra López Obrador. Cerebro y víscera.

E-mail: riosrojo@hotmail.com

Twitter: @riosrojo

Artículo de opinión publicado el 6 de mayo de 2018 en la edición 797 del semanario Ríodoce.

(RIODOCE/ JOSÉ ANTONIO RÍOS ROJO/8 MAYO, 2018)

LAS PREOCUPACIONES CON ANDRÉS

Andrés Manuel López Obrador, como se apuntó en este espacio el viernes pasado, mostró una cara moderada y un perfil socialdemócrata alejado de la imagen beligerante y radical que se ha construido en torno a él, durante la entrevista a siete manos en el programa Tercer Grado el jueves por la noche. Por tiempo y formato se quedaron en la mesa preguntas, réplicas y contra réplicas -que son los recursos en donde se obtiene la información de mayor calidad-, que habrían permitido un mayor conocimiento de lo que piensa y siente el candidato. López Obrador respondió todo, muchas veces a su manera, y consumía minutos-aire con su larga experiencia cuatro por cuatro. Quedaron de esa forma aspectos importantes sin aclararse, y surgieron momentos en donde no hubo coyuntura para que profundizara. Como botones de muestra:

*Cuando se le preguntó sobre el porqué negó a su hermano Arturo cuando en la elección para Gobernador en Veracruz apoyó al candidato del PRI, respondió: “La Patria es primero”. Con esta frase evocó a Vicente Guerrero, quien la expresó cuando en 1815, a través de su padre, las fuerzas realistas le ofrecieron el indulto a cambio de que depusiera las armas. Aquella era la lucha por la Independencia de México, que no es lo que ha propuesto al no hablar de una ruptura, sino la de una transformación. Es decir, evolución no revolución. Cambio, no guerra. Pero López Obrador no se percibe como héroe, como lo señaló en Tercer Grado, pero ayuda a consolidar el calificativo de “mesiánico”.

*Su discurso, como habló largo tiempo en la entrevista en lugar de responder directo y sucinto las preguntas, se cruza muchas veces con la historia. Benito Juárez es una de sus principales referencias, y admitió que su gran error fue querer perpetuarse en el poder. La muerte le impidió convertirse en dictador y, al mismo tiempo, pasar a la historia con honores. Pero hubo algo más que López Obrador tiene que conciliar. Juárez firmó en 1859 el Tratado McLane-Ocampo, donde vendió a Estados Unidos a perpetuidad el derecho de tránsito por el istmo de Tehuantepec, por cuatro millones de dólares (cuatro millones 300 mil pesos al tipo de cambio en aquel año), que fue una acción más extrema y menos redituable para los mexicanos que la Reforma Energética que tanto cuestiona.

*No hubo mayor tiempo para discutir la propuesta de amnistía, aunque se trazaron paralelismos con la Ley del Punto Final en 1986 en Argentina, con la cual el Presidente Raúl Alfonsín dejó sin efecto los delitos de desaparición forzada cometidos por la dictadura, a fin de facilitar el retorno de la democracia. Esa Ley, como la amnistía a movimientos armados, ayudan a la reinserción social y a restablecer el tejido social. Una amnistía por delitos de narcotráfico es totalmente diferente en su naturaleza: la amnistía a quienes participaron en luchas políticas y sociales, ayudó a su reinserción, ayudó en procesos democráticos; cancelar condenas a narcotraficantes, cuya actividad es un negocio con finess de lucro, no combate al narcotráfico ni resuelve el problema de la inseguridad. Al contrario, otorga carta de impunidad a los cárteles de la droga.

*Cuando se le preguntó sobre el choque de proyectos de nación para saber cómo gobernaría a quienes votaron contra el suyo, dijo que hay un punto donde encuentran vasos comunicantes, la lucha contra la corrupción. López Obrador elaboró sobre el fenómeno de la corrupción sin que se pudiera saber por qué quiere fincar los dos proyectos de nación en el ámbito de lo moral, cuando se trata de dos modelos económicos claramente opuestos. El Estado de Bienestar que plantea, retoma el modelo de desarrollo iniciado en el segundo lustro de los 50, y termina en 1971 cuando, ante un déficit en la balanza comercial, el Presidente Richard Nixon abandonó el patrón oro, sustento de los acuerdos de la posguerra en Bretton Woods, y convirtió al dólar en una moneda fiduciaria. López Obrador desea para México regresar medio siglo a aquel modelo económico, que choca contra lo que plantean los demás candidatos, que es una economía de libre mercado, que es lo dominante en el mundo actual.

*No hubo tiempo para hablar de su proyecto de aeropuerto alterno en Santa Lucía. Por tanto, no pudo explicar cómo piensa conciliar operaciones aéreas simultáneas comerciales, que añadan 56 vuelos más por hora a las seis que tiene la base militar, que son las que tiene el actual aeropuerto en la Ciudad de México, puesto que los modelos de operación simultánea, muestran que los aviones chocarían al despegar. Tampoco pudo expresar de dónde saldrá el dinero para la conectividad de Santa Lucía. López Obrador asegura que el costo será de 40 mil millones de pesos, un ahorro de 140 mil millones, pero sólo se refiere a la terminal. No incorpora el costo de derechos de vía para las expropiaciones, ni el tiempo de negociación que ello significa. No ha hablado que Santa Lucía sólo resolvería el 50 por ciento de lo que el nuevo aeropuerto proyecta, con lo cual será tanto como construir una Terminal 3, de vida efímera, y no una solución duradera.

Ciertamente faltan todavía muchos puntos que tiene que aclarar López Obrador sobre qué piensa y cómo piensa el nuevo país que quiere llevar a una “cuarta transformación” que no tiene nombre. Le ayuda que a quienes quieren votar por él, estas precisiones no importan, y por lo mismo no le exigen nada. Pero a muchos más les interesaría que respondiera las dudas y eliminara las preocupaciones de qué esperar si gana la Presidencia.

Nota: Andrés Manuel López Obrador encabezó en 1996 una protesta en Tabasco que incluyó la toma y el bloqueo de instalaciones de Pemex y pozos petroleros, por lo que fue acusado por el gobierno de incitar a la violencia y provocar pérdidas millonarias a la empresa, como secuela de un conflicto electoral, pero no quemó los pozos, como se reportó originalmente en esta columna.

(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 07/05/2018 | 03:00 AM)

NO SÓLO AGOTAN RECURSOS: PEMEX Y MINERAS CONTAMINARON 70% DEL AGUA, ALERTAN ONU Y ACADÉMICOS

Especialistas en diversas disciplinas en Ciencias de la UNAM, así como el Relator de la ONU sobre el Manejo de Sustancias Peligrosas coincidieron en que fue a partir de 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que en México detonó la proliferación de industrias extractivas y con ello se instauró también la laxitud de la normatividad para permitirles operar con impunidad, lo que ha puestos sus recursos naturales, principalmente el agua, en un verdadero riesgo.

Raúl García Barrios, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, alertó que el 70 por ciento de los ríos mexicanos está contaminado gravemente por las industrias extractivas, privadas y también por parte de Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias, lo que tiene al país en una “catástrofe”.

Las industrias extractivas son aquellas que se dedican a extraer y explotar los recursos del subsuelo: minerales, gas y petróleo.

Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).– Las industrias extractivas en México, tanto las que administra el Estado como las privadas, han provocado una situación “catastrófica” en los cuerpos de agua, ya que alrededor del 70 por ciento de los ríos presenta contaminación grave, denunciaron especialistas en materia y organizaciones civiles. Además, todo ese deterioro lo han realizado con el permiso y la omisión de funcionarios del Gobierno federal y de las autoridades estatales y municipales, explicaron.

Para el Relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Manejo de Sustancias Peligrosas, Baskut Tuncak, la contaminación es un problema de derechos humanos y en México se ha tornado de graves consecuencias particularmente para los más débiles.

Las industrias extractivas son aquellas que se dedican a extraer y explotar los recursos del subsuelo: minerales, gas y petróleo.

Esas industrias, afirmó el Relator de la ONU, ejercen violencia contra las comunidades, en su mayoría indígenas, al contaminar con químicos tóxicos, ya que las víctimas carecen de acceso a medidas de remediación, con lo que se incurre en injusticias en México y alrededor del mundo. Las empresas, manifestó, siguen contaminando aire, agua y tierra con toda impunidad.

Por ello, destacó, la industria extractiva no es sostenible, pues no existe solución para los problemas que provoca y, especialmente en el tema del agua, la situación es ya de crisis por el rápidos agotamiento de los mantos hídricos.

El doctor Raúl García Barrios, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó que el 70 por ciento de los ríos mexicanos está contaminado gravemente por estas industrias, incluyendo a Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que tiene tiene al país en una “catástrofe”.

El especialista mencionó los factores que han permitido esa contaminación, y enlistó la violación sistemática de las leyes mexicanas, la debilidad del Estado de derecho, la corrupción, la omisión en consistencia normativa y la insuficiencia de presupuesto.

“México tiene la Constitución más manoseada del mundo”, afirmó. “En México, las fallas del Estado son endógenas al sistema económico”, agregó.

Gráfico: Agua.org.mx

IMPACTO Y DETERIORO SOCIAL

Para Omar Arellano Aguilar, biólogo y doctor en Ciencias de la UNAM, los impactos hacia las comunidades humanas por la contaminación en los cuerpos de agua se manifiestan en la pérdida de actividades económicas por los daños a la biodiversidad, además de que también están presentes en el tema de salud, pues la situación provoca enfermedades renales, leucemia y alergias, principalmente. Pero, a pesar de ello, recriminó, la Norma ambiental 001 permite la contaminación provocada por descargas industriales.

La Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 es la encargada de establecer los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

El especialista y profesor del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la UNAM, aseguró que a partir de 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se detonó la proliferación de empresas trasnacionales y con ello se instauró también la laxitud de la normatividad para permitirles operar con impunidad y explotar –y contaminar– el agua a placer.

“[México] se está convirtiendo en una sociedad de alto riesgo socioambiental que provoca un descontento social generalizado”, destacó el especialista.

José Luis Pablos Hach, ingeniero Agrónomo, maestro en Ciencias, doctor en Estadística y profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, dijo que el país cuenta con 446 mil 777 metros cúbicos de agua dulce al año que sufre variaciones en su cantidad y desigual distribución territorial. En la República Mexicana, mencionó, hay 51 ríos principales por los que fluye el 87 por ciento del escurrimiento superficial.

“De las 731 cuencas hidrológicas que hay, 104 muestran problemas de disponibilidad que se debe a la sobreexplotación, sobre concesión y contaminación que venimos arrastrando desde hace muchos años y en temas de agua subterránea, de 653 acuíferos, 105 se encuentran en situación de sobreexplotación”, afirmó.

Una encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública reveló que el 89.7 por ciento de los mexicanos está de acuerdo en que debería existir una Ley que prohíba la explotación de minerales e hidrocarburos en las áreas naturales protegidas, tanto por parte de Pemex como de empresas privadas.

Otro ejercicio realizado por mismo centro de estudios de la Cámara de Diputados plantea que uno de cada dos mexicanos considera que el mayor índice de afección hacia él o su familia se encuentra en la contaminación del agua (51.0 por ciento). Además de que a cuatro de cada 10 ciudadanos le preocupa “mucho” la sobreexplotación de los recursos naturales.

Para ejemplificar esa situación de crisis, Francisca García, representante de los comités de Cuenca de Río Sonora, recordó que el 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre –subsidiaria de Grupo México– derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico con 700 toneladas de metales pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora, que afectaron a 22 mil personas de siete municipios: Ures, Baviácora, Aconchi, Huépac, Banámichi, San Felipe de Jesús y Arizpe.

La activista manifestó que los derechos al agua, a un medio ambiente sano y a la salud se han visto violentados, pues aunque Grupo México se comprometió a desarrollar una clínica para la atención de los afectados y plantas de tratamiento de agua, a cuatro años del derrame, no cumplió al asegurar que ya no existen personas afectadas por el desastre ecológico.

Los habitantes, indicó, tienen desconfianza del agua y los alimentos que producen, ya que se desconoce si son aptos para el consumo humano o se encuentran contaminados.

Cabe mencionar que Grupo México es propiedad de Germán Larrea Mota-Velasco, un multimillonario mexicano que también participa en empresas y organizaciones como Grupo Financiero Banamex, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y Grupo Televisa. El dueño de ese consorcio minero es considerado un

a de las personas más ricas de México y tiene, de acuerdo con la revista Forbes, una fortuna que supera los 18 mil millones de pesos.

García adelantó que seguirán luchando hasta asegurar la remediación y la no repetición del daño.

Sobre la misma línea, la maestra Mayeli Sánchez, experta en Ecotoxicología y Ecología Acuática de la organización PODER, denunció que en el caso del Río Sonora aún no está clara la magnitud del daño en más de 200 kilómetros afectados, pues, dijo, hubo irregularidades en la toma de muestras del agua contaminada.

“El ecocidio dejó en la incertidumbre a las comunidades”, criticó.

También destacó que la normatividad mexicana es laxa, ya que según las leyes, la empresa estaba obligada a determinar el nivel de daño y a implementar un plan de remediación, el cual se limitó a un plan de remediación de suelos y no ecológica. “Nuestras normas son bastante laxas”, declaró.

Las dependencias que permiten la actividad minera en el país son la Secretaría de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), del Trabajo y Previsión Social (STPS), de la Defensa Nacional (Sedena) y de Energía (Sener); también las comisiones Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Nacional del Agua, además del Servicio Geológico Mexicano (SGM), los gobiernos municipales y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) ha exhibido la falta aplicación de sanciones ante incumplimientos de las mineras, irregularidades sobre el cobro de derechos, padrones desactualizados, así como el incumplimiento de informes de los concesionarios que no han explotado territorios avalados.

Las recomendaciones que hizo el órgano fiscalizador en su segundo paquete de auditorías a la Cuenta Pública 2016 se dirigieron a la Secretaría de Energía, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Gráfico: Agua.org.mx

AGUAS RESIDUALES Y CONTAMINACIÓN

De acuerdo con Agua.org.mx. cada año se vierten a los cuerpos de agua millones de metros cúbicos de aguas residuales, descargas municipales, industriales y agrícolas tratadas de forma inadecuada o sin tratamiento alguno. La contaminación del agua tiene un severo impacto en los ecosistemas y en la salud. Es preciso reducir los volúmenes y mejorar los procesos de tratamiento, no sólo para procurar el bienestar social y la protección ambiental, sino también por razones económicas y de seguridad nacional.

En México, las descargas de aguas residuales se clasifican en municipales (abastecimiento público urbano y rural) y no municipales (otros usos como industria autoabastecida). Según cifras oficiales, se trata el 52.7% de las aguas municipales que se generan, y el 32% de las aguas no municipales.

Aunque hay avances es aún insuficiente y existe un volumen indeterminado de aguas contaminadas que no son colectadas, que se pierden en las redes de desagüe o que se descargan de forma ilegal directamente al medio. Se calcula que en 2015 el costo económico de la contaminación causada por aguas residuales no tratadas fue de 57 403 millones de pesos, equivalentes al 0.3% del producto interno bruto.

La reducción de la contaminación del agua requiere una fuerte inversión en infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales y representaría un ahorro en cuanto a la atención médica que debe darse al tratamiento de enfermedades diarreicas provocadas por agua y productos agrícolas contaminados. En 2015 murieron en México 3 mil 754 personas debido a enfermedades infecciosas intestinales.

–Con información de Agua.org.mx

(SIN EMBARGO/ IVETTE LIRA/08 DE MAYO 2018)

MAGISTRADO PAGA 17.8 MDP POR CASA Y LA PONE A NOMBRE DE SUS HIJOS MENORES

El registro de sus hijos como propietarios de la residencia en el Pedregal permitiría a Camero aducir que su única propiedad legal es una casa, más modesta, en calzada de las Águilas.

El magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo, presidente del Colegio Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, tiene una casa en Paseos del Pedregal con valor de 17.8 millones de pesos -equivalentes al total de sus ingresos de los últimos 6 años-, la cual pagó de contado, pero no está a su nombre.

De acuerdo con una investigación de La Crónica, Camero Ocampo hizo que sus dos hijos menores de edad se convirtieran en los compradores oficiales de la residencia en el Pedregal, aunque atribuyó para sí los derechos de uso, según los datos de compraventa.

La residencia está sobre un terreno que mide mil 066 metros cuadrados (535 construidos), tiene cancha de tenis y espacio para estacionar 10 automóviles. La inmobiliaria que vendía la propiedad desde 2013 marcó como excelente el estado de conservación de este inmueble construido en la primera década del presente siglo y fue adquirida por Camero Ocampo el 8 de junio de 2015.

El magistrado Camero Ocampo tiene un sueldo anual neto de aproximadamente 2.8 millones de pesos desde 2011 (ya descontado el Impuesto Sobre la Renta).

De acuerdo con el diario, no se detectó algún crédito hipotecario de por medio en esta transacción.

“El registro de sus hijos como propietarios de la residencia en el Pedregal permitiría a Camero aducir que su única propiedad legal es una casa, mucho más modesta, en calzada de las Águilas, en la delegación Álvaro Obregón, con valor de 3 millones de pesos y a la que accedió vía un crédito hipotecario con Banorte”, refirió el medio.

“El magistrado no forzosamente debería reportar como propia la residencia del Pedregal, sin embargo, estaría obligado a declarar la posesión de facto y el origen de esta residencia toda vez que la ley establece mayor regulación para los integrantes de alto nivel de alguno de los poderes federales”, abundó.

El diario adelantó que presentará más “revisiones a casos en los que el despliegue de poder económico se hace patente y se enlaza a otros elementos que cuestionan la conducta del implicado”.

(ARISTEGUI NOTICIAS/REDACCIÓN AN/ MAYO 8, 2018 9:00 AM)

#ARISTEGUIENVIVO 8/05/18: LA DENUNCIA CONTRA ALEMÁN; LA RESPUESTA DE JULIO HERNÁNDEZ; LA VIOLENCIA Y MÁS

Este martes seguimos las campañas por la Presidencia y la reunión con representantes de agrupaciones de víctimas de la violencia.

(ARISTEGUI NOTICIAS/ REDACCIÓN AN/ 08 DE MAYO 2018)