Foto: Antonio de Jesús Cervantes G..-
José Antonio Agúndez Montaño, ex Alcalde de Los Cabos fue manipulado por los
intereses de su hermano, Narciso Agúndez, ex Gobernador de BCS para beneficiar
a ciertas empresas en su administración
Desde grúas, patrullas, cascos
antimotines, motocicletas y chalecos antibalas, en tiempos de la cumbre
económica en Los Cabos, arrojaron una inversión de 25 millones de pesos. Ahora,
autoridades desconocen el paradero de lo que se adquirió
El 18 y 19 de junio de 2012,
el municipio de Los Cabos fue sede de la cumbre del Grupo de los 20 (G20), en
referencia a las potencias mundiales que se encuentran entre los primeros 20
lugares. A dicha cumbre asistieron los representantes de países como Estados
Unidos (Barack Obama), Alemania, Canadá, Italia, México, Francia, entre otros.
Para enfrentar tan grande
compromiso, el gobierno mexicano y el estadounidense exigieron fuertes medidas
de seguridad, por ello se requirió una inversión de más de 25 millones de
pesos.
El XI Ayuntamiento de Los Cabos
estaba bajo el poder de José Antonio Agúndez Montaño, quien convocó a su Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, integrado por:
*José Antonio Agúndez Montaño (presidente municipal)
*Oswaldo Murillo Martínez (síndico municipal)
*Guillermo Marrón Rosas (secretario general)
*Gerardo Manríquez Amador (tesorero general municipal)
*Edilberto Graciano Chávez (oficial Mayor)
*Alejandro Rosas Cañedo (director general de
Asentamientos Humanos y Obras Públicas)
*Héctor Alejandro Arechiga de la Peña (contralor
general municipal)
*Reynaldo Zatarain Valera (VIII regidor)
*Gustavo Castro Sánchez (director general de Servicios
Públicos)
*María Verónica Olvera Guevara (directora municipal de
Administración)
ZETA pudo obtener a través de
una solicitud de información y juicio ganado ante el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
(ITAI) al Ayuntamiento de Los Cabos, toda la documentación existente en cuanto
a la adquisición de equipamiento para el G20, elementos que bien pudo haber
servido para atender la demanda de inseguridad que se vive actualmente.
En Los Cabos, nadie sabe qué
ocurrió con ese equipamiento que se adquirió para atender la Cumbre, solo por
medio de documentos se sabe de su existencia, pero físicamente nadie sabe dónde
quedó.
Foto: Antonio de Jesús Cervantes G.-
José Antonio Agúndez Montaño, ex Alcalde de Los Cabos fue manipulado por los
intereses de su hermano, Narciso Agúndez, ex Gobernador de BCS para beneficiar
a ciertas empresas en su administración
Los documentos relatan lo
siguiente:
Siendo las 14 horas y 40
minutos del 15 de mayo de 2012, se desarrolló la tercera sesión extraordinaria
correspondiente al Ejercicio 2012. El comité se reunió para tomar en cuenta un
único punto, el de la “adquisición de equipamiento de seguridad pública para el
evento de la Cumbre G20 a realizarse en el municipio de Los Cabos, Baja
California Sur, los días 18 y 19 de junio de 2012”.
El recurso extraordinario sería
otorgado por la Federación a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores;
esto por la cantidad de 25 millones de peso, recurso que sería utilizado para
“garantizar la seguridad de los representantes de las principales economías
desarrolladas y emergentes del mundo durante la Séptima Cumbre de Líderes,
denominada G20”, expresan los documentos.
En un convenio entre el
secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, gobierno de
Baja California Sur y el Municipio de Los Cabos, el 8 de mayo de 2012, se
consideró equipamiento como:
También “se adquieran
adicionalmente 100 kits de protección para el Grupo Antimotines”, los recursos
se obtendrían al optimizar los 25 millones de pesos de la Federación para
equipar a los agentes.
Una segunda adquisición
provendría del Programa Subsemun Ejercicio 2012, luego de un convenio signado
con las mismas instituciones, el 29 de febrero del mismo año: vehículos de
doble Cabina, acondicionados como patrullas, por dos millones 467 mil 400
pesos; chalecos antibalas, por un millón 250 mil pesos; impresoras de alto
rendimiento, por los 30 mil pesos; en total arroja una cifra de tres millones
747 mil 400 pesos.
La adjudicación de las
contrataciones se dio mediante un procedimiento de adjudicación directa;
celebrada la convocatoria en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dando como resultado, por
unanimidad, la aprobación del único punto del orden del día.
LAS IRREGULARIDADES
“Para ese evento se
instalaron gran cantidad de equipos de seguridad, cercos perimetrales, arcos
para la detección de armas, cámaras de seguridad; se equiparon a los cuerpos de
seguridad, tanto local como federal, incluso llegó una avanzada del Gobierno de
Estados Unidos para monitorear las medidas de seguridad, pues venía su
Presidente en turno, Obama. Todo el corredor turístico contaba con equipos de
videovigilancia de la Policía Federal, incluso se instalaron centros de mando;
el municipio instaló un C2, pero la verdad ahora no veo la operación que tenía,
creo que todo el equipo fue retirado”, refirió una fuente protegida sobre el
tema de equipamiento para el G20.
Por ello se sospecha que
ocurrieron irregularidades que son latentes en la documentación de la cuenta
del propio XI Ayuntamiento de Los Cabos, referente a la adquisición del
“Sistema de Videocámaras para Vigilancia y Monitoreo Vial”. En dicha
adquisición, la documentación es clara; en esa compra no hay firma del
apoderado legal en el contrato por la Empresa Grupo Comercial KAR, S.A. de
C.V., denominado “Proveedor” en este movimiento, tampoco el recibo.
Además no existen facturas en
la transacción. El representante legal de la empresa, Enrique Karchmer Lask,
acredita a la empresa con la Escritura Pública 52,392, con fecha del 16 de
enero de 2012, casualmente meses antes de que se celebrara el contrato.
En el caso de las siete
motocicletas Harley Davidson que fueron adquiridas, el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Ayuntamiento de José Antonio Agúndez Montaño
aprobó un recurso de dos millones 590 mil pesos. En el contrato se acordó entre
las partes, un total de dos millones 781 mil 62 pesos y 26 centavos; sin
embargo, la facturación final fue de dos millones 949 mil 986 pesos y seis
centavos; es decir, 359 mil 986 pesos y seis centavos por encima del
presupuesto.
Se adquirieron 10
transportadoras individuales SEGWAY, modelo patrulla, de manera que se
realizaron dos depósitos por 669 mil 817 pesos y 64 centavos, facturas 1325 y 1327
a SEGWAY de México S.A. de C.V. Sin embargo, existen irregularidades en el
recibo y el contrato, ambos carecen de la firma del representante de la
empresa; además se realizó un pago adicional de 92 mil 388 pesos y 64 centavos
que no fueron comprobados.
“Ya no sirve ninguno de estos
aparatos que se veían bien en la Cumbre. Después de eso dejaron de funcionar o
los tienen guardados, pero ya no se vieron en las calles”, dijo la fuente
protegida.
El Ayuntamiento consideró
urgente la compra de una grúa con plataforma, la cual se adquirió por un millón
116 mil 660 pesos. El presupuesto se elevó 126 mil 660 pesos más; además, el
contrato no cuenta con la firma del proveedor: Camionera del Pacifico, S.A. de
C.V.
Definitivamente, para la
compra-venta de 100 cascos y escudos antimotines, así como del equipamiento
para cada uno de los elementos, siendo estos: petos, coderas, antebrazos,
rodilleras, etc. José Antonio Agúndez Montaño se olvidó del contrato para dicha
adquisición; no hay documentos que den fe de la existencia de dicha empresa. No
cuenta con firma el recibo, así como tampoco del contrato.
La compra se había
establecido en 450 mil pesos, pero resultó un recibo de un millón 100 mil 760
pesos, es decir, más de 650 mil pesos de lo presupuestado. Los depósitos se
hicieron a nombre de Ana Lilia Camacho Favela para la empresa de Chihuahua:
“Optimagen”.
Además, con el recurso del
Subsemun 2012, se consideró la compra de más chalecos antibalas por un millón
250 mil pesos, los cuales no están sostenidos ni justificados en documentos,
tampoco la compra de impresoras de alto rendimiento, por un valor de 30 mil
pesos.
Foto: Antonio de Jesús
Cervantes G..- Grupo Comercial KAR recibió 9 millones 400 mil pesos por el
concepto de Configuracion e Instalacion de Sistema de Videovigilancia G20, los
movimientos interbancarios se hicieron aun cuando el XI Ayuntamiento de Los
Cabos no recibió facturas
El gasto real sostenido con
documentos y contratos revela que de los 25 millones de pesos que se bajaron a
través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se gastó esa misma cantidad
más 786 mil 62 pesos y 23 centavos.
Sin embargo, si se le resta
la adquisición de equipos que carecen de contratos o de facturas de la
compra-venta, se podría suponer que al menos 10 millones de pesos están
perdidos al no poderse comprobar que hayan sido utilizados para el pago de
servicios y quizá estén involucrados en operaciones simuladas.
Están también los documentos
sin firmas en recibos y contratos, lo cual aumenta aún más la cifra de recursos
que al parecer fueron bajados e “invertidos” o “justificados” de manera
irregular.
En una auditoría externa,
presentada en 2012 por el CP Gerardo Lozano Dubernard, el Ayuntamiento de Los
Cabos tuvo un Ejercicio Real por el concepto de Seguridad Pública G20, por 28
millones 44 Mil 37 pesos; todo fue reclasificado como Excedente No Autorizado.
Se hizo la compra de equipo
para 100 agentes antimotines, la compra se hizo sin contrato de por medio y la
compra se excedió por más de 650 mil pesos en la administración de José Antonio
Agúndez Montaño
Coincidentemente, durante ese
periodo en que se realizaron las compras y adquisiciones irregulares, Narciso
Agúndez Montaño, hermano del Presidente Municipal, Tony Agúndez, se encontraba
recluido y pagó una fianza y a abogados para abandonar la cárcel del Centro de
Reinserción Social (Cereso) de La Paz.
LOS CABOS AL DESCUIDO DE GOBIERNOS
“Esto es un asunto de
números. Los resultados se miden por números más allá de las cosas, podemos
hablar de que en los últimos 45 días ha habido solo dos asesinatos relacionados
por narcomenudeo o delincuencia organizada. Estamos hablando de un número
bastante aceptable para Los Cabos. Esto es resultado no de ahorita, sino de un
año o más de trabajo en el que intervienen elementos de la Marina, Sedena,
Policía Federal y la suma de los trabajos locales”, reconoció Julio Castillo,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Los Cabos.
Pero Los Cabos, desde octubre
de 2016, se había colocado en medio de una lucha entre miembros vinculados a
los Cárteles de Sinaloa y Jalisco, situación que en algún momento se iba a
salir de control y a estas alturas solo se puede hablar de una contención de
seguridad.
La falta de prevención y la
simulación, presente en gobiernos anteriores, surgieron a la luz, mostrando lo
colapsado de la estrategia de seguridad, lo cual sugiere la necesidad de crear
medidas emergentes para sostener a uno de los destinos más importantes de
México.
La falta de visión y
compromiso con los ciudadanos se veía muy clara en la administración de José Antonio Agúndez Montaño, quien
gobernó Los Cabos de 2011 a 2015; su paso por la administración pública cabeña
dio mucha ventaja a las fuerzas criminales: cuerpos de seguridad sin
capacitación, equipamiento ni equipo tecnológico para proteger la ciudad.
Pese al descuido que por años
sufrió la ciudad, empresarios de Los Cabos han puesto de su parte para mejorar
al destino.
“La prueba está en que
seguimos apoyando para que Gendarmería esté aquí, que inició cuando los
momentos estaban difíciles y se tenía que reaccionar, apoyando con la
construcción de un cuartel de marinos para que pueda haber aquí por la falta de
instalaciones, y nadie se había puesto a pensar en eso. Esto nos dio
oportunidades de ver dónde estábamos débiles, qué es lo que estábamos dejando
de hacer, los anteriores gobiernos que no pensaron en esto y la sociedad misma
estamos aprendiendo de ello y de las circunstancias”, lanzó Julio Castillo.
Por ello fueron los mismos
empresarios quienes iniciaron programas de instalación de equipos de
videovigilancia en San José del Cabos y Cabo San Lucas, ante la falta de
interés del mismo municipio; sin embargo, de contar con un equipo al que se le
invirtió y supuestamente se instaló en la ciudad, hoy resulta necesario volver
a colocar uno nuevo.
“Se ha estado colocando
videovigilancia en todo el corredor turístico por parte del gobierno del
Estado, un sistema de vigilancia que está conectado al C4. Grupos Empresariales
como es Amigos de Cabo San Lucas, un grupo de empresarios comerciantes de la zona
centro de San Lucas, están haciendo equipos de videovigilancia para cubrir la
demanda y han invertido en cámaras en la zona donde ellos están, buscado
conectarse al C2 o al C4 para que tengan imagen. De igual manera, Colonos del
Médano, empresarios de esa zona del Médano, también invirtieron de 14 a 20
cámaras”, refirió por parte del CCE de Los Cabos.
Afirman que los problemas de
inseguridad no aparecieron de la noche a la mañana, pues estos responden al
atraso y falta de atención por parte de las autoridades correspondientes: “ni
el mal es producto de una maldición, ni la solución de magia; ambas tienen una
causa y generalmente este tipo de causas son de largo plazo, se generan en el
largo plazo, tanto la solución como el problema”, agregó.
Lo cierto es que para los
empresarios, tanto el Ayuntamiento de Los Cabos como el gobierno del Estado, no
han invertido en la sustentación de la seguridad, sobre todo de este municipio.
Hoy, el mal gobierno de otras administraciones es un reflejo de la actualidad.
El presupuesto de 25 millones
para la adquisición de equipo y tecnología de seguridad para la cumbre del G20,
fueron recursos bajados de la Federación al municipio de Los Cabos, de ese
recurso al menos 10 millones no se puede sostener la compra con documentos
“Años que no se invirtió, es
increíble que a la fecha ningún gobierno haya hecho una academia en forma para
capacitar policías; es increíble que a la fecha no tuviéramos una depuración
policial, que no hubiera depuración en las policías, que no se haya invertido
en capacitación, cuando los policías se contrataban sin ningún requisito, al
compadre, al amigo; así se formó la policía, quizá porque en ese tiempo no se
tenía la globalización y estos tiempos de seguridad más complejas que tenemos,
hoy que nadie lo pensó”, expuso el presidente del CCE de Los Cabos.
Cómo descuidar un municipio
rico en turismo, en una población trabajadora, riquezas naturales, José Antonio
Agúndez lo supo hacer, solo vieron lo que podría ocurrir en su momento y jamás
fueron visionarios de lo que pudiera pasar más adelante.
“No hubo un gobierno que
pensara que esto a la larga va a generar intereses, o va a ser más complejo.
Obviamente no se hizo; se combina esta situación de tiempos de descuido en
inversión, se combina con una situación nacional en términos de una lucha entre
grupos de la delincuencia organizada, y bueno, se forma el caldo perfecto para
que se dé lo que se dio”, recalcó Julio Castillo.
Pero la pregunta que la
población se sigue haciendo es: ¿dónde quedó el equipamiento comprado para la
Cumbre del G20? Lo cierto es que nadie ha sabido dar santo y seña del paradero
de estos equipos, instalados por el C2 de San José del Cabo, la Policía Federal
y la avanzada de seguridad que persiguió cada uno de los países que participaron
en el G20, con duración de una semana. Los Cabos se quedó sin equipo y sin
recursos. “Hace falta inversión en tecnología en términos generales, que es
algo que también se dejó de hacer en todos estos años; estamos hablando de que
todas estas debilidades que son producto de cosas que se dejaron de hacer y una
de ellas es la inversión en tecnología, no solo videovigilancia; estamos
hablando de tecnología en materia de prevención y desde luego uno de los rubros
es videovigilancia; y sí, desde luego hay una gran oportunidad. Hay un gran
rezago en este sentido”, finalizó el presidente del CCE de Los Cabos.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / ANTONIO CERVANTES
/MARTES, 13 MARZO, 2018 12:00 PM)
