Javier Duarte llegó a México
extraditado por Guatemala para enfrentar acusaciones que tienen que ver con
corrupción. Sin embargo, no hay que dar de brincos porque alguien al que se le
adjudica saqueo de las arcas por cientos de millones de pesos, tenga que rendir
cuentas. De hecho, las acusaciones que formularon la PGR y la Fiscalía de
Veracruz ente el Tribunal guatemalteco para que autorizara su entrega, están
llenas de errores y no prueban de manera contundente las acusaciones en su
contra. Es decir, en las condiciones jurídicas actuales, las posibilidades de
que Duarte derrote en tribunales a sus acusadores, son mucho más elevadas
frente a la posibilidad de que sea sentenciado.
La extradición de Duarte se
fincó en tres acusaciones, una de ellas federal, que es la de la PGR que lo
acusa por delincuencia organizada y lavado de dinero, y dos locales radicadas
en Veracruz, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de
un deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, y por tráfico de
influencias e incumplimiento de un deber legal. Un análisis sobre las
acusaciones, publicadas por la edición impresa de Eje Central establece errores
en los documentos entregados a los tribunales guatemaltecos y contradicciones
en las cifras del presunto daño que causó al erario.
De acuerdo con la
explicación, la PGR presentó peritajes que no demuestran la ruta del dinero del
presupuesto veracruzano presuntamente desviado por el ex gobernador, ni
soportan los testimonios que acrediten el delito de delincuencia organizada. En
el caso de la Fiscalía de Veracruz, sólo aportaron dos documentos y un par de
testimonios, con las que pretende probarle al exgobernador cinco delitos. La
debilidad del caso contra Duarte fue sintetizado en tres campos por Eje
Central:
1. Al no establecer que
existía una estructura criminal para delinquir, no se podrán demostrar los
delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, que exige comprobar que
tres o más personas se organizaron para realizar, en forma permanente o
reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado
cometer alguno o algunos de los delitos tipificados por la Ley Federal contra
la Delincuencia Organizada.
2. En el caso de los delitos
del fuero común, los documentos que integran las dos carpetas, las 38/2017 y
56/2017, en las que se basan las acusaciones de abuso de autoridad,
incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición,
tienen su origen en las denuncias de un líder partidista, y en una de las
auditorías que practicó el Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis)
en 2014 y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero que apenas
cubren un pequeño monto de los presuntos desvíos que se atribyen al gobierno de
Javier Duarte, y que Orfis calculó en 24 mil millones de pesos en ese ejercicio
fiscal.
3. En la carpeta 56/2017, se
vincula a Duarte por el presunto desvío de 220 millones de pesos de la Comisión
de Aguas del Estado de Veracruz (CAEV), originado por la denuncia presentada el
13 de diciembre de 2016 por el Orfis. El expediente está tan mal integrado que
ni siquiera los montos del presunto peculado coinciden con las auditorías
federales. Y en el caso de la segunda carpeta, en la que se le acusa de tráfico
de influencias por utilizar un helicóptero del gobierno del estado, cuando ya
era gobernador con licencia, la autoridad ni siquiera prueba que utilizó sus
influencias para beneficiarse del helicóptero, y tampoco acredita que como
Gobernador con licencia ya no tenía derecho a usar la aeronave.
La debilidad de la acusación
y el hecho de que no haya sido deportado en automático, levantan suspicacias
sobre una entrega pactada. ¿Por qué no lo hizo inmediatamente el gobierno de
Guatemala si había violado sus leyes migratorias al ingresar al país con
pasaporte falso? La respuesta, dicha en un principio por los guatemaltecos, es
que Duarte entró con uno real. Si fue el suyo, se puede alegar que la
Secretaría de Gobernación, que era la resonsable de dar este seguimiento, no lo
estaba buscando. Si fue un pasaporte real, con nombre apócrifo, tampoco hay
investigación conocida de cómo lo obtuvo en la Cancillería mexicana.
La razón por la que no lo
deportaran lo explicó –sin abundar porqué no fue un proceso mecánico sino
hablado con México- el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray,
como una medida para evitar que Duarte pudiera quedar libre, lo que es incorrecto,
pues al fincársele el presunto delito de delincuencia organizada, no sería
sujeto a fianza. De habérsele deportado, se podrían haber añadido delitos a las
causas penales que se le siguen. Al ser extraditado, sólo lo pueden juzgar por
los delitos establecidos en el documento entregado al Tribunal. Para que se le
puedan añadir delitos en México, tendrían que volver a hacer un trámite en
Guatemala para ver si el Tribunal acepta que se le añadan.
La extradición es benéfica
para Duarte, que parece más un reo protegido por las autoridades mexicanas que
perseguido con total cabalidad. Ciertamente, esta hipótesis podrá ser
desmontada por la realidad de un juicio expedito y de acusaciones sólidas, en
lugar de los que nos tienen acostumbrados, llenos de fuegos pirotécnicos y
acciones cosméticas que ganan tiempo y desgastan a la opinión pública; procesos
políticos, no legales, donde pagar las cuentas que deben no es el objetivo,
sino apagar el incendio de la coyuntura.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/ 18/07/2017 | 04:08 AM)
