En 2018, frente a los comicios del 1 de
julio –los más concurridos de la historia del país, pues ese día se disputarán
más de 3 mil 300 cargos en 30 entidades– el Instituto Nacional Electoral (INE)
tendrá que desplegar una estrategia pedagógica para “corregir detalles y
recuperar la credibilidad ciudadana y ganar la confianza de los votantes”. En
entrevista con Proceso, Lorenzo Córdova, titular de esa institución, admite que
en el proceso recientemente concluido el domingo 4 hubo fallas y acepta las
críticas; sólo pide que éstas tengan una “dosis de realismo”.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral
(INE), lo admite: el árbitro electoral llegará a los comicios de 2018 con
problemas de credibilidad. Por ello, agrega, se tiene que trabajar para
recuperar la confianza ciudadana; de no hacerlo, la legitimidad de quien
resulte ganador en la contienda presidencial será cuestionada.
Y abunda: “Como pocas
instituciones del Estado, el INE necesita de credibilidad pública; de ella
depende la credibilidad en las elecciones y en sus resultados; y de esta
depende la legitimidad de quien resulte electo”.
Entrevistado en sus oficinas,
Córdova acepta –a la luz de lo ocurrido en la jornada electoral del día 4– que
el instituto electoral no está en su mejor momento. Las críticas que se le
hicieron en 2006 –“no necesariamente demostradas”, dice–, provocaron una caída
importante en términos de su credibilidad.
Sin embargo, puntualiza el
consejero presidente, ese problema no es exclusivo del INE, sino de la mayoría
de las instituciones del Estado, en algunas de las cuales, incluso, esa falta
de credibilidad es más grave. Córdova reconoce las críticas al instituto, pero
demanda que éstas sean informadas y objetivas.
Para recuperar la confianza,
debe retomarse la función pedagógica que el instituto ha tenido en sus 27 años
de existencia y maximizarla. Es urgente instrumentar una campaña ciudadana en
estos meses previos al proceso electoral de 2018 para corregir los “detalles” y
“comportamientos atípicos” que se registraron en el proceso que concluyó el
domingo 4, sobre todo en el Estado de México y en Coahuila.
En el caso mexiquense, dice,
hubo fallas informáticas en el sistema de registro de representantes de los
partidos políticos; en Coahuila se presentó un “comportamiento atípico” tanto
en el conteo rápido como en el Programa de Resultados Preliminares (PREP), algo
que no había sucedido en los últimos años.
La falla en la selección de
la muestra fue de 54%, “un problema del manejo estadístico muestral, técnico,
del conteo rápido”. Esos datos, puntualiza, eran insuficientes para tener una
representatividad estadística que pudiera anticipar los intervalos de votación
de los candidatos.
Pese a todo, insiste Córdova,
eso no implica que haya habido fraude porque los resultados del conteo rápido y
los del PREP no cuentan para efectos legales, sólo son válidos los del cómputo
total.
“Es importante no dejar esta
imagen de que asumimos que todo ocurrió sin contratiempos”, reitera Córdova, y
adelanta que se investiga qué pasó con las actas que estaban en los paquetes
electorales de Coahuila.
OMISIONES Y JUSTIFICACIONES
Con relación a las críticas
de que en el Estado de México el instituto no actuó como se lo pidieron
partidos como el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Acción Nacional
para impedir el uso de los programas sociales a favor del candidato del PRI,
Alfredo del Mazo y de que el INE se responsabilizara del conteo rápido o del
PREP, e incluso se hiciera cargo de la elección, Córdova responde:
De acuerdo con la ley
electoral aprobada en 2014, el INE no está facultado para impedir la aplicación
de esos programas. Por lo que atañe a la atracción del proceso electoral, la
petición debió hacerse con mucha anticipación, no unos días antes, como lo
pidieron los dos partidos mencionados.
Y expone: De acuerdo a la
ley, para atraer una elección sólo el Organismo Público Local encargado de
organizar las elecciones en cada estado o cuatro consejeros del INE pueden
solicitar al Consejo General del instituto la asunción del proceso electoral en
alguna entidad.
En cuanto al uso de los
programas sociales, recuerda que en enero pasado el INE emitió un acuerdo para
que esos programas estuvieran previstos en los presupuestos; también aclaró que
las reglas de operación y el padrón de beneficiarios fueran publicadas antes de
las elecciones. Más adelante se agregó al acuerdo que se prohibiera la entrega
de los recursos en eventos masivos.
“Pudimos haber hecho más
–dice el entrevistado–, pero el problema es que la ley nos fija lo que tenemos
que hacer. No podemos actuar sin un fundamento legal.”
También precisa que la
petición de que el INE realizara el conteo rápido y el PREP se hizo cinco días
antes de la jornada del domingo 4, lo cual era técnica y materialmente
imposible. Y arguye:
“Se plantearon fuera de
tiempo, lo digo sin intención de polemizar, pero en muchos casos se hizo para
cubrir el expediente público mediático. Pero insisto, esas cosas por ley las
tiene que hacer el Organismo Político Local. Eso es lo que los partidos
pactaron en su momento y lo pusieron en la ley. Si la asunción de atribuciones
estuviera prevista como la regla, pues simple y sencillamente no habría Oples.”
–Para 2018, ¿el INE llega
preparado para enfrentar todas las posibilidades de conflicto y las críticas?
¿Tendremos un INE confiable y fuerte? –se le pregunta a Córdova.
–Necesitamos un INE más
fuerte de lo que hoy es. En 2018 vamos a enfrentar una circunstancia inédita en
la historia electoral del país. Va a ser la elección más grande, pero también
la de mayor intensidad por el número de cargos en disputa.
AVANCES ELECTORALES
Las elecciones de los últimos
tres años, dice, han ayudado a mejorar los mecanismos de organización y
fiscalización del INE. Han dejado enseñanzas que deberán asumirse para actuar
en consecuencia y llegar lo más fortalecidos bajo una premisa: “que la elección
salga bien, porque es un momento donde la disputa por el poder político se
procesa de manera pacífica y, en la medida de lo posible (es) generadora de
legitimidad de los gobiernos que emanen de esa elección”.
Para eso, indica, se requiere
de la confluencia de varios actores, porque no es sólo responsabilidad del INE,
sino también de las autoridades jurisdiccionales y en gran medida de los
partidos y candidatos.
“El no cumplimiento de la
responsabilidad que les toca a los partidos y candidatos también es un elemento
del que depende que una elección salga bien”, dice Córdova.
Lo mismo señala para los
gobiernos locales y federal, que tienen una responsabilidad que cumplir, no
sólo jurídica, sino también política:
“Las anclas de la
responsabilidad política de una elección no solamente corresponden a los
órganos electorales, también a los propios gobiernos que, cuando violan la ley,
se le tiene que fincar responsabilidades. En esto tengo que ser claro: si
alguien compra el voto, si desvía recursos públicos, está cometiendo un delito.
Eso debería de ser penado; si no, esto abona a la impunidad de los grandes
problemas nacionales que sustenta la corrupción.
“Hay que saber deslindar
responsabilidades. Eso también lo tiene que aclarar el instituto. ¿El INE puede
impedir la compra y coacción del voto o eso les corresponde a las autoridades
ministeriales? Y si las autoridades de procuración de justicia son incapaces de
cumplir con ese cometido, entonces el problema no es de la autoridad electoral,
sino de las autoridades ministeriales. Eso hay que revisarlo.”
Según él, hay una “sobrecarga
de expectativas” en el INE. Sin un afán de deslindar responsabilidades,
comenta, deben precisarse los linderos de cada actor e institución que
participa en las elecciones.
“Insisto, hay responsabilidad
de todos los actores, así como de los gobiernos locales y federal. Quien no
cumpla con las responsabilidades jurídicas, hay que fincarle responsabilidad
conforme a la ley. Si hay delitos, deben perseguirse; si hay violaciones
penales a las leyes, los responsables tienen que acabar en la cárcel. También
hay responsabilidad de los medios de comunicación como generadores de
información y del espacio del debate público.”
Para 2018, comenta el consejero
presidente del INE, el reto es desplegar una pedagogía para superar el profundo
malestar social hacia la política, los partidos y a lo público y afinar las
reglas para el próximo proceso electoral.
Aunque advierte: ante la
imposibilidad de hacer cambios a las leyes, sólo se harán ajustes al reglamento
de elecciones, se intentará acabar las fiscalizaciones pendientes de los
procesos de este 2017, estudiar la posibilidad de cambiar el reglamento de
radio y televisión y, eventualmente, emitir los nuevos reglamentos para que el
trabajo de las Oples sea más controlado de lo que les va a tocar hacer el
próximo año.
–¿El INE está preso o es rehén de los intereses de los
gobiernos estatales, del federal y de los partidos y entrará a una crisis como
la de 2006?
–La pregunta es muy
pertinente. En un escenario ideal, la autoridad electoral no debería estar
sujeta a presiones de gobierno, de partidos, de candidatos y de gobiernos de
los estados. Pero este no es el mundo ideal, es el mundo de la política; los
órganos electorales estamos llamados a ser árbitros de la disputa por el poder
político. Creo que una dosis de realismo es importante.
“Esto quiere decir que todo
el tiempo hay presiones de gobiernos, de partidos que son parte del órgano
electoral y buscan que las decisiones de la autoridad sean conforme a sus
intereses. Hay presiones todo el tiempo, el problema no es que haya presiones;
las ha habido y las va a haber. En ocasiones son muy burdas; en otras son más
sutiles. El problema es que los órganos electorales sean refractarios a las
críticas.”
–¿Cómo garantizar que no se van a doblegar frente a
las presiones?
–La respuesta es múltiple.
Hay una dimensión interna en la cual vemos que las instituciones electorales no
son monocráticas y que el presidente del INE juega un rol importante, pero no
es el que toma las decisiones porque son colegiadas y por eso la cohesión del
Consejo General del INE y de las Oples es muy importante. El trabajo hacia
adentro, a partir de la pluralidad, es muy importante.
“Pero también hay una
dimensión externa. En la medida en que hay mayor credibilidad pública, mayor
será la capacidad de resistir frente a esas presiones. La credibilidad no es un
cheque en blanco, sino que se construye de manera lenta, paulatina; todo lo contrario,
al proceso de descrédito que ocurre de golpe, es muy difícil revertirlo.”
RECTIFICACIONES
A principios de septiembre,
probablemente el día 8, iniciará oficialmente el proceso electoral más grande
en la historia del país que se realizará en 2018. En un solo día se disputarán
más de 3 mil 300 cargos en 30 entidades, además de la elección presidencial y
la renovación de la Cámara de Diputados y el Senado, para lo cual serán
capacitados 930 mil representantes de casilla.
Ante este “reto histórico”,
Córdova reconoce que tendrán que revisar con sumo cuidado el funcionamiento del
conteo rápido y el PREP para que el 1 de julio de 2018 no se presente ninguna
falla o anomalía.
Reconoce que ha habido voces
críticas respecto a la reforma electoral de 2014, pero advierte que ya no hay
tiempo de cambiar las leyes, pero sí de asegurar que las que existen sean
aplicadas de manera severa, como por ejemplo la fiscalización de los recursos.
Destaca que en los últimos
tres años ha habido 24 elecciones de gobernador, en 14 de ellas ha habido
alternancia, lo mismo que en prácticamente la mitad de los cargos de diputaciones
de mayoría relativa y en el ámbito municipal.
No obstante, advierte, a la
par de alternancia política, también hay una pérdida de confianza y un mal
humor respecto a los gobiernos electos en tiempos recientes, así como problemas
estructurales irresueltos, como la pobreza, corrupción, impunidad e
inseguridad. “Eso genera un malestar social. Este es el contexto en el que las
elecciones se están llevando a cabo”.
Ante la enorme expectativa en
el proceso electoral 2018, Córdova pide analizar la tarea del INE a la luz de
la reforma de 2014 que generó un modelo híbrido en el cual se establece, como
excepción, la intervención del INE.
Le preocupa, dice, que las
Opes estén financiadas por los gobernadores, lo cual las pone “en una posición
de debilidad respecto de los actores políticos frente a los que deben ser
autónomos”.
–¿Cuál es el compromiso del INE para 2018?
–Tratar de revertir ese
déficit de credibilidad en el que hoy nos encontramos. Es un problema de todas
las instituciones del Estado, pero es compromiso que el INE tiene que
plantearse con independencia de lo que pase con el resto de las instituciones
públicas. Más aún, el gran compromiso es que en la elección de 2018 la
democracia dé un paso importante.
Este reportaje se publicó en la edición
2121 de la revista Proceso del 25 de junio de 2017.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ JOSÉ GIL OLMOS/29 JUNIO, 2017)
