CIUDAD
DE MÉXICO (Proceso).- En su discurso del jueves 5, luego de los bloqueos
carreteros en casi todo el país debido al descontento generalizado por el
aumento a la gasolina, el presidente Enrique Peña Nieto intentó justificarse.
Aseguró que entendía “el enojo y malestar” de la población, y comentó que el
gobierno federal también se ha apretado el cinturón en casi 19 mil millones de
pesos.
Los
dueños de los vehículos automotores deberán pagar más por la gasolina que
consuman –la Magna subió 14.2%, la Premium 20.1% y el diésel 16%–, mientras que
la alta burocracia –secretarios de Estado y directores de organismos
descentralizados, entre otros– no pagará un solo peso, pues goza de
“prestaciones inherentes al puesto”.
El
secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, encargado de recaudar el
impuesto indirecto a las gasolinas, por ejemplo, puede acabarse seis tanques de
gasolina a la quincena, si el tanque de su vehículo tiene una capacidad de 60
litros.
En
su apartado de materiales y suministros, el Presupuesto de Egresos de la
Federación menciona una partida llamada “combustibles, lubricantes y aditivos”
que, en la parte correspondiente al “secretario”, consigna un presupuesto de
156 mil 951 pesos al año para él. En otras palabras, Meade recibe 6 mil 539
pesos a la quincena para abastecerse de combustible.
En
el otro extremo están los 7 millones de ciudadanos que ganan un salario mínimo
general; algunos tienen incluso dos empleos para sobrevivir. Digamos que ganan
2 mil 401 pesos. Si alguno de ellos invirtiera todo su dinero para comprar la
gasolina Premium, le alcanzaría para adquirir 134.9 litros que servirían para
llenar 2.24 veces el tanque al mes, pero se quedaría sin comer.
Lo
cierto es que los trabajadores viajan en transporte público y algunos ya no
tendrán fondos para comprar la canasta básica, que en 2016 se cotizó en 3 mil
139 pesos.
Esos
privilegios también incluyen a los órganos autónomos, pues sus directivos
reciben gasolina gratis mientras estén en funciones.
Las
prestaciones para los integrantes de la Suprema Corte, según el presupuesto, es
de 4 millones 717 mil 686 pesos al año, mientras que el Consejo de la
Judicatura tiene asignados, para ese rubro, 98 millones 231 mil 11 pesos.
A
su vez, el presidente del Instituto Nacional Electoral, según el presupuesto de
egresos, cuenta con 358 mil 201 pesos al año; es decir, 29 mil 850 pesos al
mes, que le sirven para comprar mil 677 litros de gasolina Premium.
Lo
que destina el Poder Legislativo para la compra de combustible es igual de
escandaloso que el de los secretarios de Estado. Según el presupuesto, los
diputados federales tienen una partida de 8 millones 193 mil 619 pesos; el
Senado, 3 millones 723. 32, y la Auditoría Superior de la Federación, 1 millón
156 mil 715.
La
Presidencia de la República, según el presupuesto, tiene asignados 9 millones
424 mil 607 pesos para gasolina al año; la secretaría particular, 1 millón 430
mil 802 pesos, y la Jefatura de la Oficina de la Presidencia, 180 mil 477
pesos.
Todo
lo anterior sin contar que cada uno de los secretarios de Estado, los
integrantes del INE, la Corte, los legisladores y directivos de organismos
descentralizados tienen una partida adicional de “servicios de traslado y
viáticos”, que incluyen boletos de avión. Las aeronaves utilizan turbosina.
Para
justificar el alza y atemperar el malestar de la población, Peña Nieto dijo que
el gobierno federal también se ha apretado el cinturón recortando “casi 190 mil
millones de pesos y ha eliminado alrededor de 20 mil plazas laborales, lo que
representa una reducción en sueldos y prestaciones de más de 7 mil 700 millones
de pesos y, a partir del primer trimestre de este año, se reducirá en 10% la
partida de sueldos y salarios de servidores públicos de mando superior de dependencias
federales”.
Lo
que no dijo es que la gasolina gratis no se ha eliminado.
(PROCESO / REPORTAJE ESPECIAL/ JESUSA
CERVANTES/10 ENERO, 2017)
