jueves, 25 de agosto de 2016

TRUENAN FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS Y UNIÓN DE ARMADORES CONTRA REPEBAC


“No existe evidencia alguna que la asociación civil Refugio Pesquero y Administración del Parque (Repebac), haya sido designado como Administradora General del Parque Bonfil, como se ostenta”, sostiene Ricardo Michel Luna.

El líder pesquero escudriñó los estatutos de la asociación civil que surgió al inicio del sexenio malovista y encontró que uno de sus objetivos es el interés político de “proponer a personas físicas para ocupar cargos públicos dentro de los tres niveles de gobierno”.

Fue la mañana del pasado 27 de julio, cuando Ricardo Michel Luna, presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Océano Pacífico, A.C. (UALOP), estaba emocionado en el presídium de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera de la ciudad y Puerto de Mazatlán, SC de RL.

“Yo en lo particular, me siento sumamente emocionado de estar aquí, en esta que es mi casa (las instalaciones del auditorio de la Federación), del cual fui presidente hace 30 años…”, dijo.

Lo acompañaban, entre otros líderes en sus respectivas actividades en el Parque Industrial Alfredo V. Bonfil, Carlos Rojas López y Gerardo Armenta Gatica, presidente y secretario de la Federación, respectivamente.

El tema central por el que los líderes pesqueros se habían reunido y habían convocado a los medios de comunicación electrónicos y escritos no era hablar sobre la “cuna de la pesca”, sino del Repebac, capitaneado por Francisco Javier Castillo López.


“Permanentemente y recientemente la UALOP y un servidor, han sido objeto de una serie de señalamientos, injurias desprestigiándonos y denostándonos ante nuestro sector en el sentido de que nos oponemos a la ‘Dignificación, Ordenamiento y Control del Muelle’, sin razón alguna y por intereses políticos, al grado de calificarnos como manipuladores de parte de Rebepac A.C.”, dijo Michel Luna.

CUNA DE LA PESCA

El armador Michel Luna reconoce: “sobre todo me da mucho gusto que se esté rescatando la federación, que esté trabajando esta administración y que estén rescatándola de algo que fue la verdad algo histórico dentro del sector pesquero”.

Algo que prevalece y debe existir para toda la vida como es el sector social de la pesca, en el cual yo me siento realmente cobijado bajo estas siglas, mi camiseta siempre ha tenido sentido social, a ustedes les consta”, enfatiza.

Hay que agradecer, añadió, a “Carlos, Gerardo y compañeros de invitarnos a esta nuestra casa del sector, porque esta es la cuna de la pesca, estamos hablando que tiene constituida (la Federación) desde 1958 o antes, con grandes hombres, pioneros de la actividad pesquera. Me da mucho gusto, estar aquí y más que gusto me emociona estar aquí en esta casa, casa para mí, la cuna del sector social, la cuna de la pesca, porque esta federación tiene una gran tradición”.

“NO ES BOTÍN POLÍTICO”

Después de 30 años, Ricardo Michel Luna, regresaba a su “casa”, para además de resaltar la “gran tradición de la federación”, denunciar la “prepotencia e intransigencia” del Rebepac, que lo acusaba de maquinar “componendas” con los líderes pesqueros de dicha organización pesquera.

Por ejemplo, en un escrito dirigido a Carlos Rojas López, el administrador general, Francisco Javier Castillo López, le reprochaba a aquél su postura de deslinde con Repebac y evidente apoyo al líder de la Unión de Armadores.

“En relación al escrito del 11 de mayo del 2016 dirigido al presidente de Canainpesca (Cámara Nacional de la Industria Pesquera) Jaime Andrés Osuna Magaña, le manifiesto por lo que respecta al suscrito que la administración de los muelles no es botín político”, critica.

“Es un asunto que ustedes las organizaciones pesqueras se han involucrado de las acciones y gestiones que hemos realizado durante los últimos cinco años. Sin embargo, ustedes como representantes de la federación que representan, una vez dicen una cosa, otra firman acuerdos donde aceptan éstos y en la referida dejan sin efecto los acuerdos tomados y que han sido un avance a este proyecto.

“Entonces a qué juegan, al mejor postor, no señores representantes de esta pequeña federación, esto no es un juego, esto es una alternativa que se tiene hoy”, advierte.


“Entonces señores representantes por qué aceptaron a Rebepac y ahora dejan sin efecto este acuerdo en la participación del rescate, reordenamiento y conservación de los muelles”, cuestiona.

Si Rebepac, agregó, es la instancia que tiene dando atención conjuntamente con API, la cual manifestó que fueran las organizaciones pesqueras y los actores relacionados con estas áreas los que participen.

“Les manifiesto y solicito más seriedad entre lo que quieren hacer y lo que deben hacer y seguramente en razón que su campo de acción en esta área es mínima no les interesa mucho, pero a Rebepac sí.  Ya que fuimos los que realizaron este proyecto y hoy lo quieren manejar con tintes políticos y componendas de negocios con la Unión de Armadores a cargo del señor Ricardo Michel, quien se opone a todo lo que él no hace”, arremete Castillo López.

No permite, aseguró, “que otras personas como Rebepac que lo único que ha realizado son proyectos y atención en beneficio del sector pesquero al que ustedes representan en una pequeña porción”.

MISIVA A CANAINPESCA

El oficio que había enviado la Federación al presidente del Consejo de Canainpesca, y encolerizado a Castillo López, estaba fechado el 11 de mayo de 2016.

“Hacemos de su conocimiento que nosotros mantenemos el acuerdo inicial de las 10 reglas sugeridas por la Unión de Armadores y de la cual estuvimos de acuerdo las tres organizaciones en trabajar en dicho documento”, comenta.

Dada la importancia que significa establecer de manera definitiva las reglas o bases para el control y ordenamiento del muelle Bonfil, añadió, “manifestamos nuestro acuerdo para que se convoque a los consejos de administración de las tres organizaciones pesqueras, pero sin la presencia del administrador”, aclara.

Señalaron que en el dado caso de que las discrepancias continúen y no haya solución al respecto, “esta Federación Regional de Sociedades Cooperativas de Mazatlán, se pronuncia y propone que se designe a otra persona, en sustitución del licenciado Francisco Javier Castillo López”.

Advierten que para “el debido conocimiento de ustedes, hemos tomado la decisión de dejar sin efecto, el escrito y documentos de apoyo que con anterioridad firmamos a favor del licenciado Castillo, con la finalidad de que no se entorpezcan los acuerdos y decisiones que se tomen en la reunión de las tres organizaciones pesqueras”.

DECÁLOGO DE LA DISCORDIA

Ricardo Michel Luna advierte que la UALOP acuerda participar activamente en la dignificación, ordenamiento y control del Muelle Público Bonfil, sin contemplar el muelle de Las Malvinas, bajo las siguientes reglas:

1: Bajo la tutela y enlace de las tres Organizaciones Pesqueras de Altamar

2: Designar al Francisco Javier Castillo López (No Rebepac A.C.), en carácter de comisionado

3: Las organizaciones pesqueras de Altamar designarán a dos personas para la toma de decisiones

4: Aportación anual de 1,000.00 (mil pesos moneda nacional) por embarcación

5: Los trabajos que se realizan a flote en el Muelle Público Bonfil continuarán tomando siempre las medidas de seguridad preventivas


6: El flujo de información será única y exclusivamente emitida por las tres organizaciones pesqueras

7: Conformidad de la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. (API), Ayuntamiento de Mazatlán y Capitanía de Puerto

8: Toda cuota por servicios deberá ser consensuada y autorizada

9: Aportación adicional por 100.00 (cien pesos moneda nacional)

10: El convenio deberá formalizarse ante notario público


(RIODOCE/ Cayetano Osuna/Mazatlán en 21 agosto, 2016)

COMUNEROS DE PRESA SANTA MARÍA: SIN INDEMNIZACIÓN, SIN PREDIOS Y SIN CONSTRUCCIÓN DE SU NUEVO POBLADO


Una millonaria inversión en la presa Santa María reveló la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para la creación de una infraestructura hidroagrícola que a un año cinco meses de haberse dado el “banderazo” de inicio, cuenta con un avance de apenas 9.31 por ciento.

En la obra se han invertido más de 760 millones de pesos, de los 1 mil 100 millones que se anunciaron en marzo del 2015.

La Conagua reveló, a través de una solicitud de acceso a la información pública, que el importe pagado a las empresas Ingenieros Civiles Asociados, S. A de C. V. (ICA) y Aeroivest, S. A. de C. V., encargadas de llevar a cabo la construcción de la presa Santa María al amparo del contrato de obra pública CNA-CGPEAS-FED-OP-097/2014-LPN, asciende a 761 millones 498 mil 663.45 pesos sin impuesto al valor agregado.

Precisó que  en el importe total pagado se incluyen los anticipos concedidos al contratista para los ejercicios 2015 y 2016, mismos que son amortizados en cada una de las estimaciones que se presentan para fines de cobro en cumplimiento a la normatividad aplicable.

A pesar de que en el contrato de obra pública se estableció como fecha de inicio el 26 de diciembre de 2014 y fecha de término el 9 de enero del 2018, ésta última se ha prorrogado, entre otras causas, por la falta de licencia de construcción para la obra que el Ayuntamiento de El Rosario tardó en entregar 105 días.

RETRASO EN LA OBRA

El contrato de obra ha sido objeto, hasta la fecha, según precisa la respuesta de la Conagua, de cuatro convenios modificatorios, el primero, con fecha 2 de marzo, 18 días antes de que el gobernador Mario López Valdez y el entonces titular de Conagua, David Korenfeld encabezaran el “banderazo” simbólico.

En ese convenio se reconoce el diferimiento al programa de ejecución originalmente contratado por la entrega tardía del anticipo, por lo que se recorrió la fecha de inicio y entrega  de la obra, quedando el 2 de marzo del 2015 y 16 de marzo del 2018, respectivamente.

Con fecha 18 de junio de 2015 se celebró el segundo convenio modificatorio, en el cual se reconoce el periodo de suspensión total a los trabajos de 105 días del contrato de obra  pública, a consecuencia de que no se había emitido el permiso de construcción por parte del municipio de El Rosario. Ante ese retraso la fecha de inicio se estableció con el 16 de junio 2015 y nueva fecha de término el 30 de junio de 2018.

Cabe mencionar que la obra fue suspendida por Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) por la falta de Manifiesto de Impacto Ambiental y tala de árboles. El 16 de junio de 2015 reinició, mismo día en el que José Luis López Montiel, director de la Unidad de Inversiones estatal se reunió en privado con regidores, alcalde y síndico procurador de El Rosario en un hotel de Mazatlán, durante más de tres horas.

El 19 de junio de 2015, en sesión extraordinaria, el Cabildo de El Rosario aprobó, con el voto a favor de ocho regidores del PRI, el del Síndico Procurador y el del Alcalde, la celebración de una firma de convenio de colaboración entre el gobierno del estado y el Ayuntamiento para la exención de pago por la expedición de la licencia de construcción.

La licencia de construcción tiene fecha 1 junio de 2015 y una vigencia hasta el 31 de marzo de 2018.

La siguiente modificación del contrato la provocó un cambio de número de cuenta para el depósito de las estimaciones, la fecha de terminación no se movió.

La última modificación fue el 29 de febrero de 2016 y tuvo como objetivo prorrogar de nuevo la fecha de término por modificaciones en el proyecto ejecutivo por las condiciones geológicas que resultaron ser distintas a las originalmente previstas. Ante esto la fecha de entrega se recorrió hasta el 14 de noviembre de 2018.

LA AMENAZA

El pago de indemnización que prometió el gobierno del estado otorgar a los comuneros, aún no se cumplía al 15 de agosto de este 2016.

Los intentos por parar la obra y la advertencia para que Malova se presente en Santa María, son insistentes.

Ante esto, la Conagua expuso en su respuesta que a la fecha, el único pago que ha realizado el gobierno del estado a la comunidad de Santa María es lo correspondiente al convenio de ocupación previa.

“Se desconoce cuándo se hará el pago de las indemnizaciones; sin embargo este organismo de Cuenca Pacífico Norte de la Conagua ha comunicado insistentemente al gobierno del estado de Sinaloa la necesidad de resolver con oportunidad la liberación de los predios y la construcción del nuevo poblado”, expuso la institución.

Se considera que la conformidad de los pobladores Santa María es de suma importancia par sacar adelante el compromiso de gobierno denominado CG-098: “Construir la presa Santa María para apoyar las actividades productivas del sur de la entidad”, se agregó en el documento, evitando cualquier situación, incluidas las de tipo social, que de darse, redundaría por una parte en el incumplimiento del compromiso, lo que a su vez impactaría en su costo, amén de las pérdidas al no contarse oportunamente con la obra.

A la fecha, según revelan fuentes de gobierno, está dentro del presupuesto una partida para cumplir con el compromiso a los Comuneros, pero se desconoce la causa por la que no se ha entregado.

La incertidumbre prevalece entre las familias que cedieron su tierra al desarrollo de la región, y han amenazada con bloquear los trabajos a cambio de que López Valdez ceda al diálogo, acuda a Santa María y cumpla con su compromiso.

Al cierre de esta edición el gobierno de Malova fue emplazado a pagar a más tardar el lunes 22 de agosto, de lo contrario la obra será detenida.

En contraparte el estado enviaría un oficio avisando que el pago se haría el jueves 25 en la comunidad por parte del personal de la Secretaría de Obras Públicas.

Se prevé que ésta sólo sea una primera etapa de pagos en la que se erogarían entre 18 y 20 millones de pesos por concepto de bienes distintos a la tierra.


(RIODOCE/ NELDA ORTEGA/ MAZATLÁN EN 22 AGOSTO, 2016)

BUSCA MINISTERIAL MEDIAR CON MANIFESTANTES DE MATATÁN


A bordo de cuatro patrullas de la Policía Ministerial, con 16 elementos, Jorge Sajaropolus Corona, llegó esta tarde al bloqueo de Matatán para dialogar.

El director de Seguridad Pública y comandante Ministerial dijo que la intención era ver cómo le hacían para que liberaran el paso.

Aclaró que no se ha liberado ninguna orden oficial para desalojarlos.

Advirtió que en cualquier momento “tarde que temprano”, eso podría ocurrir, y que no se haría de manera violenta ni usando la fuerza sino a través del diálogo, como hasta la fecha lo ha hecho.

En entrevista declaró que el director de la policía Ministerial en el estado, Jesús Aguilar Iñiguez está informado y solicita estar al tanto de lo que ocurre.

Dijo que le daba gusto la flexibilidad de la gente, al permitir el paso de servicios básicos de salud y alimentación, así como el libre tránsito para quienes tienen alguna urgencia médica.

Los manifestantes expusieron su temor a hablar, luego de la experiencia por la que pasaron sus compañeros durante la reunión con el gobernador Mario López Valdez.

Sajaropolus Corona mencionó desconocer tal situación, e insistió en que su presencia era para mantener un acercamiento pacífico.

Sugirió a los hombres y mujeres cuidarse de las inclemencias del tiempo y a los niños, y que eviten exponerlos.

Aseguró que el gobierno del estado no usará la violencia para liberar el bloqueo.

“No vamos a llegar utilizando la violencia, nunca lo hemos hecho, ni lo vamos a hacer”, sostuvo.


(RIODOCE/ NELDA ORTEGA/ 25 AGOSTO, 2016)

FAMILIARES INVESTIGAN POR SU CUENTA Y ENCUENTRAN QUE EN UN MES MURIERON 15 BEBÉS EN EL IMSS


CUNEROS DEL IMSS.

Versiones públicas de actas de defunción de bebés recién nacidos durante diciembre de 2014 y octubre de 2015 en el Hospital General Regional número 1 del IMSS, revela que durante septiembre fueron 10 los fallecidos por choque séptico o sepsis.

La solicitud, elaborada por Francisco Javier Cortez Mora, padre de uno de los recién nacidos fallecidos durante ese mes, confirma la cifra publicada por esta casa editorial (Ríodoce 666) en noviembre de 2015.



FAMILIARES. En espera de justicia.

La historia se remonta a la versión por parte del IMSS del deceso de únicamente dos neonatos en septiembre de 2015, reiterada por el entonces delegado estatal del instituto, Adalberto Castro Castro.

Pero, según los archivos de Cortez Mora, con folio 0064100857116, durante el mes de septiembre ocurrieron 15 decesos de bebés, 13 de ellos neonatos y 10 a causa de una sepsis en los cuneros, diagnosticadas bajo el numeral “P369”.

La solicitud, emitida el 19 de mayo, es para bebés con un rango de edad entre una hora de nacidos hasta 12 meses, indicando a su vez las áreas donde ocurrieron los decesos.

“copia LEGILBLE de los CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL NÚMERO 1 DEL IMSS, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2014, ENERO 2015, FEBRERO 2015, MARZO 2015, ABRIL 2015, MAYO 2015, JUNIO 2015, JULIO 2015, AGOSTO 2015, SEPTIEMBRE 2015, OCTUBRE 2015. SE DEBE ESPECIFICAR LAS CAUSAS DE MUERTE EN CADA CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN” (sic).

El lunes 22 de febrero, peritos de la PGR comenzaron con las exhumaciones de los bebés neonatos fallecidos en los cuneros del HGR 1 en busca de las causas de los decesos. En total fueron 10 exhumaciones las que se llevaron a cabo, y a seis meses de distancia, la autoridad continúa sin revelar la información.

Para principios de este mes, Jesús Gerardo Rodríguez Prado, delegado de la PGR en Sinaloa, señaló que el informe de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) sería determinante para el futuro de la investigación y, en su caso, fincar responsabilidades.

En conferencia de prensa celebrada el lunes 15, Cortez Mora y un grupo de madres afectadas, manifestaron su preocupación ante la dilatación del resultado en las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).

“Ante esta importante afirmación hoy necesitamos manifestar nuestra postura como afectados respecto a la participación que tendrá la Conamed en la investigación y en la emisión del dictamen referente al expediente donde se acumularon las denuncias que presentamos”, dijo Cortez Mora.

El temor tanto de Francisco Cortez como de las demás familias afectadas es que la Conamed les patee la investigación, por lo que la presión ante la PGR así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes aún no emiten recomendación, continúa.

En total son 19 denuncias penales las que esperan por una resolución, y a casi un año de destapada la tragedia al interior de los cuneros del HGR 1 del IMSS, la justicia aún no llega.

DETRÁS DEL RASTRO DE LA MUERTE

La primera muerte de un bebé neonato por sepsis durante septiembre de 2015, ocurre el día 2, dicho bebé nació a la 01:00 horas y a las 10:00 de ese mismo día fue declarado muerto.

Para el día jueves 10, el área de cuneros presentó una anormalidad, según informaron fuentes oficiales, por lo que a partir de entonces se comenzó con una serie de protocolos, mismos que terminaron con la clausura temporal y reasignación de los pacientes a otra zona del hospital.

A partir de ahí el bombardeo oficial fue de que todo estaba bajo control, y que únicamente dos bebés habían sido diagnosticados con sepsis, sin embargo, los hechos fueron poco a poco superando a las versiones oficiales.

Para el 18 de septiembre los cuneros patológicos fueron cerrados, por lo que autoridades comenzaron con medidas de higiene y seguridad al interior del hospital, pero el daño ya estaba hecho.

El 15 de octubre de 2015, Francisco Javier Cortez Mora decide emprender la búsqueda de respuesta por su cuenta. La versión oficial por el deceso de su bebé nacido el 30 de agosto de ese año en el HGR 1 y fallecido el día tres de septiembre, lo puso tras el rastro de la muerte.

Desde esa fecha emprendió la búsqueda de la verdad, y de manera paralela, todas las versiones oficiales han dilatado resultados, sin embargo, cada día se suman más familias a la búsqueda de Francisco.

La primer cabeza en rodar fue la del entonces director del HGR 1, el doctor Manuel Antonio Padilla Loera, y posteriormente la del mismo delegado, Adalberto Castro Castro.

Y a cuenta gotas y por medios propios, para Francisco Cortez y su familia las respuestas comienzan a brotar. A un año de la tragedia que laceró a familias, el dolor de sepultar por partida doble al hijo perdido y la ausencia de lógica en las explicaciones, no detienen el camino que emprendieron en busca de la verdad.

La demanda de los deudos es clara y sin segundas interpretaciones: el resultado del estudio forense que arrojen las exhumaciones les dirá qué sucedió en los cuneros del HGR uno del IMSS.

A casi un año de la tragedia y a seis meses de las exhumaciones, las causas de los decesos en los bebés neonatos del IMSS siguen dilatadas, igual que la justicia.


(RIODOCE/ AARÓN IBARRA/  21 AGOSTO, 2016)

CASTILLO, UN AMIGO INCÓMODO


CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alfredo Castillo Cervantes tiene dos primos que están en las altas esferas del poder. Con ambos ha hecho un equipo para defenderse y posicionarse como lo ha hecho hasta ahora.

Se trata de Humberto Castillejos Cervantes, consejero jurídico de la Presidencia de la República, y Raúl Cervantes Andrade, senador y aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pero más allá del nepotismo familiar, tiene un amigo que lo protege: Enrique Peña Nieto.

Y así, como en la película de Pedro Infante “Los Tres García”, en las esferas del poder se conoce a estos tres personajes como los “Tres Cervantes”, porque han hecho un frente familiar y político que les ha permitido hacer sus propias alianzas y mantenerse en el gobierno.

El caso más evidente de los “Tres Cervantes” es el de Alfredo Castillo, un policía puesto al frente de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) por decisión de su amigo Enrique Peña Nieto y con el apoyo de ese grupo familiar que ha tratado de impulsar sin éxito a Raúl Cervantes en la máxima instancia de justicia del país.


Alfredo Castillo es licenciado en derecho con especialidad en ciencias penales y criminológicas. Estudió Ciencias Políticas y Economía en la Universidad Iberoamericana y en la Escuela Bancaria y Comercial, y ha tenido varios cargos públicos, pero siempre bajo el cobijo de Peña Nieto, que siendo gobernador del Estado de México lo nombró procurador de Justicia para encargarse del caso de la niña Paulette.

Una vez que cumplió su cometido de sacar del atolladero a Peña Nieto al descubrir el cuerpo de Paulette —desaparecido por semanas— entre la cama y la pared de su cuarto, Castillo recibió como premio la Procuraduría mexiquense hasta el año 2012.

Nuevamente de la mano de Peña, se integró al gobierno federal como subprocurador regional de procedimientos penales y amparo de la Procuraduría General de la República (PGR), y luego fue llevado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en lugar de Humberto Benítez, que tras el escándalo de su hija, quien mandó a cerrar un restaurante por el simple hecho de no darle una mesa, tuvo que renunciar.

El amigo de Peña estuvo seis meses en la Profeco y una vez más, por decisión presidencial, fue enviado a Michoacán para pacificar la entidad que literalmente estaba cooptada por lo Caballeros Templarios.

Castillo se convirtió en “comendador” policiaco con el encargo de brindar seguridad a los michoacanos, tratados como encomendados. El amigo del presidente llevó a sus propios policías del Estado de México, que de inmediato empezaron a replicar al crimen organizado cobrando piso a empresarios y comerciantes, organizando las bandas de secuestradores y extorsionando a los ciudadanos.

Llamado “el virrey de Michoacán”, para lograr la tranquilidad del estado Castillo pactó con otro grupo del crimen organizado, el Cártel Jalisco Nueva Generación, y desapareció a las autodefensas una vez que cumplieron su cometido de acabar con el imperio de los Caballeros Templarios.

Pero Castillo fracasó. La inseguridad nunca se fue del estado, al contrario, regresaron las ejecuciones, secuestros, extorsiones, la producción de metanfetaminas y el cultivo de mariguana y amapola.

A pesar de su fracaso, fue impuesto en la CONADE, donde hace lo único que sabe hacer: comportarse como policía y como amigo de Peña Nieto.

Inexperto en los deportes, mal policía y pésimo servidor público, Castillo creó un caos en la Conade y se enfrentó con las distintas confederaciones de deportes, incluida la olímpica. Usando un lenguaje propio de policía, las acusó de mafias y luego él mismo hizo lo propio organizando su propia mafia de poder, impunidad y corrupción en el organismo.

Hoy, ante el desastre de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Casillo ha vuelto a hacer de las suyas al llevar a su séquito de servidores, su masajista y a sus amigas a Brasil, pero con gastos del erario.

Hoy, que ya no queda ninguna duda sobre su incapacidad e incompetencia, Castillo tendría que renunciar, pues su principal sostén, la mano presidencial, tampoco tiene mucho apoyo social y difícilmente podrá seguir sosteniendo a un amigo que ya es incómodo.


(RIODOCE/ JOSÉ GIL OLMOS/ PROCESO EN 21 AGOSTO, 2016)

EN AHOME, PERMISO DE MATAR PARA COBRAR VENGANZAS


En menos de 30 horas, esta ciudad aportó su cuota de homicidios a las estadísticas estatales, con tres individuos ejecutados, sumiendo a la autoridad municipal y policial en una ola de descrédito social por revictimizar a los sacrificados.

La ola de sangre comenzó al filo de las 03:00 horas de este domingo 14 de agosto, en el barrio Colombiano —mote popular que se le asignó por la venta indiscriminada de cocaína en la década de los 90, cuando la policía preventiva estaba en la nómina de la narcomenudistas—, y concluyó  el lunes 15 de agosto en el fraccionamiento Juan Cota, al nororiente de la ciudad, un sector de clase media, y otrora tranquilo.

Tres horas después de que la policía fuese alertada por teléfono de la operación de un grupo armado en el sector la Cuchilla ,y tras simulados operativos de búsqueda, los agentes encontraron el cadáver de quien sería identificado como Osvaldo Fidel Montenegro, de 22 años, residente de la colonia Tabachines Uno. El cadáver yacía en la calle Corregidora, casi esquina con el callejón Juan Carrasco.

Doce horas después del homicidio del joven, un residente de la colonia Jiquilpan encontraría la muerte a manos de un sujeto que a quemarropa y a sangre fría le disparaba con una pistola.

Julio César Kelly Bañuelos, de 55 años, quedaba tendido en la acera de la calle Vicente Guerrero casi esquina con bulevar Juan de Dios Bátiz, en el mismo sector de su residencia.

Conocido por el apodo del Tigre, de Julio César la policía recabó informes de que éste había sido privado de la libertad en noviembre del 2011 en la esquina de los bulevares Adolfo López Mateos y Poseidón. Un tiempo después reapareció con vida.

El Tigre resultó ser hermano de Juan Kelly Bañuelos, el Juanito, masacrado en la década de los 90 cuando la ciudad se convulsionaba por el arribo de ciudadanos colombianos.

Minutos después, en Antonio Rosales y calle Capomos, en Infonavit Macapule, la policía interceptó a Efraín Ruelas L. En el cacheo le encontraron una pistola calibre 380 abastecida. Un testigo lo identificó como el sicario que mató al residente de la colonia Jiquilpan.

Hasta el fin de semana no se establecía si Efraín Ruelas era vinculado a proceso por el asesinato del civil de la colonia Jiquilpan o sólo se había remitido a la Subdelegación “C” de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de la República (PGR) por la posesión de la pistola, que de acuerdo con abogados consultados, estaría en libertad por alcanzar fianza, dado que el arma no es de grueso calibre.

La policía aún no concluía el papeleo del crimen cuando un tercer homicidio les fue reportado. Esta vez fue en la calle Ignacio López Rayón casi esquina con República de Chile,  en el fraccionamiento Juan Cota. A bordo de un auto Honda, línea Acoord color verde, que tenía los medallones delantero y trasero impactados por balazos, yacía el cadáver de un joven.

La policía levantó varios casquillos para fusiles automáticos. Con esos disparos se había privado de la vida a Armando “N”, de 31 años, residente del poblado Alfonso G. Calderón, en la sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, el Carrizo.

Tras reaparecer en público, el jefe de la policía municipal y coordinador de la Policía Ministerial del Estado, Gerardo Amarillas Gastélum, justificó la tripleta de asesinatos en los antecedentes personales de las víctimas, y aventuró la hipótesis de que éstos se habían cometido en el cobro de venganza.

Reiteró su argumento de que el municipio está en calma y de que la ciudad es la más tranquila de la entidad, porque no hay un grupo armado que la penetre para delinquir ya que la policía tiene el control urbano, pese a la cuota de sangre que pagó la comunidad.

El jefe policiado ponderó el arrojo, valentía y eficiencia de sus subordinados, a quienes consideró eficientes porque aclararon uno de tres homicidios, el perpetrado por un residente de la colonia Tepeca.

El alcalde Arturo Duarte García restó importancia a los asesinatos perpetrados a plena luz y sin que la policía pudiese evitarlos y exigió a reporteros ver lo bueno y no los saldos de sangre que le causan daño a la imagen de tranquilidad que tiene Ahome y por lo cual se ha elevado el turismo en un 40 por ciento.

Al igual que su jefe de policía, resaltó la eficiencia policial cotidiana que ha reducido en 68 por ciento los homicidios, y ejemplificó que ello se traduce en la exitosa detención de un sujeto que participó en uno de tres homicidios perpetrados a sangre fría, y del que escaparon los autores, como tuviesen vía libre y permiso para matar.


(RIODOCE/ LUIS FERNANDO NÁJERA/ LOS MOCHIS EN 22 AGOSTO, 2016)

MANIFESTANTES DE MATATÁN, DEJAN POBLADO POR TEMOR A REPRESALIAS





Por temor a sufrir represalias, tres de los cuatro integrantes que acudieron al encuentro con el gobernador Mario López Valdez, abandonaron la sindicatura de Matatán.

Luego de declarar a los medios de comunicación su temor a sufrir represalias, el síndico Francisco López Alvarado abandonó el pueblo, junto con dos personas más que estuvieron en la reunión llevada a cabo en la Tercera Región Militar.

Lo hicieron por voluntad propia, según comentaron los vecinos que mantienen el bloque, justo en la entrada.

“Temo por mi seguridad, lo estoy haciendo público en caso de que me pasara algo… Hago responsable al señor gobernador”, es la cita textual que medios locales reprodujeron luego de la entrevista grabada en audio y video que circulan en redes sociales.

El 23 de agosto, los cuatro comisionados abordaron un helicóptero, que envió Malova, con la indicación de ser llevados a la sede militar a entablar el diálogo que en reiteradas ocasiones los habitantes de esa sindicatura habían solicitado.

“Ahí encontraron un ambiente hostil, lleno de gobierno y la actitud del gobernador… se fueron con un semblante, con la idea de que por fin seríamos escuchados y regresaron con caras largas…, desencajados, con el temor de que algo les podía pasar, y se fueron, ya no están en el pueblo”, comentó otro vecino.


(RIODOCE/ REDACCIÓN/ 25 AGOSTO, 2016)