Fotos: Cortesía
De la acusación de tortura y violación
por parte de una mujer sobre seis policías estatales preventivos, las versiones
son varias. La señora refiere cómo la aislaron en una habitación para
molestarla. Los agentes declararon que no lo hicieron, y posteriormente se
documentaron y refieren, extraoficialmente, que sí acudieron a la casa, cuando
un traficante de drogas señaló a la dama como distribuidora
En el caso de los seis
policías estatales preventivos suspendidos, cinco hombres y una mujer,
señalados por una fémina de tortura y violación impropia, hay tres versiones de
los hechos.
Mientras la presunta afectada
refiere una forma en que los oficiales llegaron a su hogar, se introdujeron, la
separaron del grupo con el que se encontraba para molestarla y torturarla,
ellos declararon ante Asuntos Internos de la corporación que no estuvieron en
el domicilio y que no realizaron los actos vejatorios de los que son acusados.
Sin embargo, de manera
extraoficial, los agentes relataron a sus abogados que en efecto llegaron a la
vivienda de la señora, hasta donde fueron guiados por un hombre detenido con 35
kilos de marihuana que la señaló como distribuidora de la droga.
En efecto, en la
investigación administrativa de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, el parte de novedades de los seis elementos estatales
indica que estuvieron en la zona de la colonia Altabrisa haciendo
intervenciones, justo por las calles en las cuales reside la denunciante.
Ni en Asuntos Internos ni en
la Subprocuraduría proporcionaron los nombres de los implicados, pero elementos
de la PEP informaron que el acusado de violación impropia, es Johnny López
Ruiz, quien con otros cinco compañeros, protagonizó la recomendación 27/13
presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por otra
incursión violenta sin orden judicial ocurrida en septiembre de 2012, en una
casa en Playas de Tijuana.
López también encabeza por lo
menos dos averiguaciones previas más, de las 27 abiertas en la Procuraduría
General de Justicia del Estado contra elementos de la PEP entre el 1 de enero y
el 22 de julio de 2016, todas por
irrupciones ilegales en casas de Tijuana.
LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL
El subprocurador de Zona
Tijuana, Jorge Álvarez, se muestra cauto en sus declaraciones, solo confirma:
“Existe una denuncia de parte
de la ofendida por el delito de abuso de autoridad, lesiones, violación, en
contra de personas que se introducen a su domicilio. Personas uniformadas,
algunas de ellas encapuchadas, de alguna corporación. Es una averiguación
previa en etapa de integración desde el mes de abril, y se denunció
oportunamente”.
La denuncia fue presentada el
18 de abril en la agencia de Delitos Sexuales, y el presunto acto ocurrió el 15
de abril.
“Estamos haciendo exámenes
ginecológicos y psicológicos (el psicológico se hace en diferentes etapas,
puede durar hasta seis meses), que son los más importantes”.
Los exámenes médicos reportan
que la mujer presentaba moretes en brazos y pechos.
A través de redes sociales,
“Sonia”, la denunciante, hizo público que dos de sus presuntos atacantes
aparecían en un video grabado el 16 de mayo de 2016 en la tienda Sam’s de la
Zona Río Tijuana.
En el mismo mes presentó
denuncia a la CEDH, donde la apoyaron para que el 13 de julio iniciara un
procedimiento administrativo ante Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado.
“La señora lo manifestó en
prensa que había reconocido a algunas de las personas que participaron en el
evento que refiere. Esa parte está en este momento en integración, a ver si hay
algún reconocimiento”, comentó Álvarez, porque fue hasta el miércoles 27 de
julio cuando la víctima se presentó a la PGJE a ponerle nombre y apellido a sus
agresores.
— Los investigadores hablaron
con vecinos, ¿refirieron presencia de los agentes dentro de la casa, como
indica la denunciante?
“Eso está confirmado, tenemos
muchas testimoniales. Incluso el reporte de un policía municipal”, y hubo
agentes de la PEP en el lugar.
La PGJE aún no cita a
declarar a los seis policías estatales, porque hasta esta semana que concluye,
no estaban señalados directamente.
ASUNTOS INTERNOS: SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA
Humberto Moreno, responsable
de Asuntos Internos de la SSPE, explicó que el 13 de julio la CEDH les solicitó
acudir a las oficinas de Zona Río para que recibieran una queja, ahí hablaron
con la mujer, quien detalló que el 15 de
abril se habían metido a su domicilio cinco hombres y una mujer, y los habían
agredido a ella y a su familia, a su hijo y a un amigo de ellos, que no supo
que eran agentes porque iban de civil.
Explicó que el lunes 18
presentó una denuncia contra quien resulte responsable y después su hija y ella
los identificaron por un video.
“Presenta su denuncia y narra
las cuestiones, que había sido violada y aparte golpeada, nosotros iniciamos
investigación y radicamos, ella no traía las personas, fue hasta el 18 de julio
que se presentó el resto de los quejosos, la hija, el hijo y el amigo de ellos,
ahí identificaron a los presuntos agresores”, informó Moreno.
“Ella declara que se desmayó,
que fue torturada y perdió el conocimiento, y en una de esas ocasiones vio a su
hija, que sufre del corazón y toma medicamentos. Explica que la esposaron, que
le ponen un plástico en su cara, eso refiere como tortura”, complementó.
LOS POLICÍAS
El titular de Asuntos
Internos de Seguridad Pública Estatal refirió que la declaración oficial de los
uniformados implicados ante su oficina, fue remitirse al parte de novedades que
menciona las áreas donde ellos estuvieron dando vueltas en las colonias, las
casas que revisaron.
Y negaron oficialmente haber
cometido los hechos que refiere la mujer, incluso que entraran a su vivienda.
Los oficiales fueron declarados el 19 de julio
y suspendidos el 20 de julio. Falta uno por declarar, y el policía municipal
que estuvo en la zona también ya fue declarado.
Una fuente cercana a los
abogados que llevan el caso de los agentes de la PEP expuso a este Semanario
que en efecto negaron los hechos en la declaración ante Asuntos Internos,
“porque desconocían de qué se trataba”, y una vez libres de la encomienda,
revisaron los casos y encontraron que se trataba de una mujer que había sido
señalada por un traficante de droga, y a cuya casa, en efecto, acudieron.
ZETA conoció así que la mujer
sí era sujeto de interés del Grupo de
Investigación de la PEP, con
relación al parte informativo ROS-235/16, del 7 de abril de 2016, cuando
detuvieron en la calle Isla Mujeres de la colonia Lomas del Coronado en
Rosarito a Juventino Parra Hernández “El Topo”, con tres paquetes conteniendo
10 kilos de marihuana y la leyenda “Limón”; el indiciado les informó que su
proveedora era Sonia González Rubio y/o
Sonia Rivera Rubio alias “La Doña”, precisamente la mujer que acusa a los
estatales preventivos.
(SEMANARIO ZETA/ Reportajez/ Rosario
Mosso Castro /Lunes, 1 agosto, 2016 12:00 PM)
