En muchas comunidades de Durango,
Chihuahua y Sinaloa –entidades que forman el Triángulo Dorado del narcotráfico–
las elecciones se convierten cada tres años en un círculo perverso que sólo
exacerba la violencia y la inseguridad, comentan a Proceso dirigentes políticos
y representantes electorales. En esos territorios inhóspitos, la delincuencia
organizada hace huir a los lugareños de sus comunidades e impone o quita a
candidatos.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
Gran parte de los estados de Durango, Chihuahua y Sinaloa –que forman parte del
Triángulo Dorado del narcotráfico– están bajo el control del crimen organizado.
Su influencia es inocultable.
Ahí, en ese inhóspito
territorio las decisiones las toman los líderes de los grupos criminales,
sostienen los representantes locales de PAN y PRD. Tanto, que en este proceso
comicial el Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo que eliminar casillas
electorales en comunidades, pues los votantes huyeron de la violencia.
En pasadas elecciones la
intervención del crimen organizado en la imposición de candidatos, el control
de las casillas y la expulsión de sus habitantes fue evidente en estas tres
entidades.
Desde que Felipe Calderón
inició su guerra contra el narcotráfico, más de 1 millón de mexicanos han
abandonado sus comunidades. “La evidencia del desplazamiento en México es
clara. El problema es que el Estado mexicano no admite la dimensión del problema,
que ha generado una crisis humanitaria”, afirma Leonel Aguirre Meza,
expresidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, A.
C. (CDDHS).
Aguirre Meza, hoy candidato a
diputado local por el Partido Sinaloense, apoya a los desplazados de Sinaloa y
Durango desde que se generalizó la violencia.
Ante el alarmante crecimiento
del ese fenómeno, el 19 de octubre de 2015, durante una visita oficial a
México, la subsecretaria general adjunta para Asistencia Humanitaria y
subcoordinadora de Alivio de Emergencia para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios, Catherine Bragg, declaró:
“Estamos monitoreando la
situación de los desplazados por efecto de las actividades del crimen
organizado, y es preocupante el impacto que tiene sobre las víctimas. Nos hemos
acercado a las autoridades mexicanas para promover el cese de la violencia en
el territorio nacional. La ONU está lista para intervenir y proporcionar ayuda
humanitaria en caso de que el Estado mexicano lo solicite.”
De acuerdo con la recomendación
01/2012 de la CDDHS, “desde 2007 al menos 1 millón de mexicanos fueron
obligados a dejar su hogar a consecuencia de los enfrentamientos armados. La
mitad cruzó a Estados Unidos. El resto se movió internamente en Nuevo León,
Chihuahua, Durango, Sinaloa, Michoacán, Coahuila, Veracruz, Tamaulipas, y en
2013 se sumaron Guerrero y el Estado de México. Este país destacó entre los
cinco con más desplazados por violencia en América Latina en 2010, cuando al
menos 120 mil personas abandonaron su lugar de origen”.
EN SINALOA, ELECCIONES ACOTADAS
El actual proceso electoral
en los estados del Triángulo Dorado del narcotráfico también se vio afectado
por el desplazamiento de pobladores: Josué Cervantes, titular de la Junta Local
del INE en Sinaloa, el 2 de febrero de este año anunció que al menos 10
casillas no serían instaladas en la zona serrana de Sinaloa, como en municipios
de Choix, Sinaloa de Leyva, San Ignacio, Concordia, e incluso Mazatlán:
“Tenemos información de que pudiera haber violencia o presencia de personas
armadas”.
El pasado 26 de mayo, en
entrevista con Proceso, Josué Cervantes explicó que son 92 casillas las que no
se van a instalar debido a que existen menos de 100 electores en cada una de
ellas.
“En la última elección
federal de 2012, conforme al Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se instalaban casillas hasta con 50 electores como mínimo, a
partir de la reforma de 2014, la nueva Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales ordena que para el proceso federal de 2015 sean
mínimo 100 electores por casilla”, explicó.
–¿Debido a la delincuencia
organizada estas secciones quedaron solas?
–No lo puedo afirmar, porque
el INE no hace un estudio sociológico o sociodemográfico, para determinar qué
fenómeno provocó la movilidad poblacional. Lo que sí sabemos es que tienen
menos de 100 electores. De esas 92, hay 11 que tienen incluso más de 100
electores en la lista nominal, pero no viven allí, por lo tanto no se instalará
la casilla.
El candidato que resulte
electo gobernador en Sinaloa estará en el cargo sólo cuatro años 10 meses, por
las modificaciones a la ley electoral. Son ocho los contrincantes: Martín
Heredia, del PAN; Quirino Ordaz Coppel, de la alianza PRI-PVEM; Mariano Gómez Aguirre,
del PRD; Héctor Melesio Cuén Ojeda, de la alianza Partido Sinaloense-Movimiento
Ciudadano; Juan Estrada Ferreiro, del Movimiento de Regeneración Nacional;
Guadalupe Rocha, del Partido Encuentro Social; Leobardo Alcántara Martínez, del
Partido del Trabajo, y Francisco Frías Castro, quien va como independiente. De
los ocho, sólo Ordaz Coppel tiene escolta.
Francisco Javier Juárez,
representante del PRD ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), habla de la
inseguridad derivada de la violencia, pero también de la jurídica, pues, Ordaz
Coppel, dice, fue impuesto desde Los Pinos y el IEE se inclina hacia los
partidos que lo impulsan. A él lo apoyan Juan Manuel Ley López, Jesús Vizcarra
–de Grupo Viz– y (el empresario hotelero) Ernesto Coppel.
Juan Quiñonez, presidente del
Comité Directivo del PAN en Durango, está preocupado por los desplazados de San
José de Los Hornos, municipio del Mezquital, y de Santa Ana, La Borrega, La
Higuera, El Durazno, Las Cazuelas, El Limón, Las Carretas, La Clera, El Verano,
La Iglesia, Colorado, Río de los Barraganes, La Sierrita, La Piedroza, El
Duraznito, Los Jacales, Lagunita y Rancho Viejo, en Tamazula. Son como mil,
dice.
En este estado Esteban
Villegas, del PRI, y José Rosas Aispuro Torres, del PAN, se disputan la gubernatura.
Negar que hay delincuencia
organizada en el estado de Durango estaría fuera de foco, dice.
Y enumera los municipios más
críticos: Tamazula, Topia, Canelas, Otaez, Pueblo Nuevo, San Dimas y Guanaceví.
“Queremos que los próximos gobiernos concluyan la carretera Durango-Culiacán,
porque le dará vida a toda esa zona serrana que conforma el Triángulo Dorado
del narcotráfico.
En su edición del 8 de
septiembre de 2015, Proceso informó sobre las denuncias penales contra el
alcalde de Canelas, Santiago Cháidez Jiménez, a quien los lugareños acusan de
mandar asesinar, secuestrar y desaparecer a pobladores de la región.
Los municipios de Villa
Ocampo, San Bernardo, Indé, El Oro; igual que en Santiago Papasquiaro,
Guanaceví y Tepehuanes, en donde está asentado el crimen organizado, dice el
dirigente panista, forman un corredor para el trasiego de droga hacia el norte,
hacia Chihuahua.
CHIHUAHUA, LA SOMBRA DEL NARCO
El pasado 3 de marzo, Javier
Corral Jurado, candidato del PAN al gobierno de Chihuahua, proporcionó al
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, información detallada
sobre la postulación de candidatos del PRI infiltrados por el narcotráfico en
municipios de la Sierra Tarahumara y otros ubicados en conocidos corredores de
trasiego de drogas.
Arturo Quintana, El 80, es
famoso en la región noroeste del estado, desde Cuauhtémoc hasta Buenaventura,
pasando por el corredor comercial Álvaro Obregón, Bachíniva, Namiquipa, Gómez
Farías y Riva Palacio. En muchas comunidades aparecen obras con un letrero
donde se consigna que fueron construidas “con 80% de aportaciones privadas y
20% de fondos públicos”.
Semanas después, presuntos
enviados de El 80 visitaron a los aspirantes a las presidencias municipales de
Bachíniva para advertirles que sería postulada Silvia Mariscal Estrada, suegra
de Quintana, como candidata del PRI y les pidieron apoyo para la campaña. A
finales de marzo, Mariscal declinó.
En Namiquipa, El 80 aplicó el
mismo método para impulsar la candidatura de Ramón Alonso Enríquez Mendoza. En
Buenaventura, uno de los municipios bajo control del crimen organizado, sus
habitantes denunciaron la imposición de Miriam Caballero Arras, propietaria de
huertas nogaleras, aunque muchos aseguran que es prestanombres de personajes
ligados al crimen organizado.
En Chínipas, municipio de la
baja Tarahumara, el PRI registró como precandidato a Juan Miguel Salazar Ochoa,
Juanito. Semanas antes, cuatro de sus adversarios recibieron mensaje: “Más vale
que se calmen, el presidente municipal va a ser Juanito. Nadie más se apuntó,
ni en el PRI ni en el PAN”, decía el mensaje. Los cuatro se retiraron.
Juanito es hijo de Joel
Salazar Zamorano y sobrino de Crispín Salazar Zamorano, quien heredó el control
del grupo criminal Los Salazar, tras la detención, en noviembre de 2012, de su
hermano Adán Salazar Zamorano y su sobrino Jesús Alfredo Salazar Ramírez. El
primero preso en el penal de Puente Grande; el segundo en El Altiplano, señala
el portal ElNorteDigital, de Ciudad Juárez.
La incursión del crimen
organizado en Chihuahua no es nueva, sostiene el panista Roberto Andrés Fuentes
Rascón: “En 2013, militantes de Balleza y Gómez Farías denunciaron la presión
de estos grupos. Incluso hubo municipios en que fue imposible postular
candidato, como Gómez Farías y Galeana.
“La gente del PAN tiene miedo
a denunciarlos, pues les traería consecuencias muy graves… En esos municipios
ganó el candidato del PRI; ellos lo impusieron. Ahora estamos a la expectativa
de que el Ejército pueda hacer una cobertura sobre todo de la parte serrana de
Guadalupe y Calvo, Guachoci y Balleza.”
En Guadalupe y Calvo,
Chínipas, Bachíniva y Villa Ahumada, la situación es complicada para el PAN,
insiste. En estos municipios hay comunidades de desplazados por la violencia de
los cárteles de la droga. Lo mismo en Uruachi, en la cabecera, y en Las
Tinajas; la cabecera de Maguarichi, así como en las comunidades de Ocoviachi y
San José de las Lajas. En Bachíniva, El Porvenir; la cabecera de Batopilas,
Yokivo y Polanco; en Urique, Tubares y Guagueybo, así como en El Vergel,
perteneciente a Balleza.
En el valle de Juárez:
Guadalupe Distrito Bravos; La Caseta, Barrerales, y Rinconada del Mimbre y
Práxedis G. Guerrero. En el noroeste: Gómez Farías y en la cabecera municipal
de Ignacio Zaragoza.
Ahí, el IEE va a instalar
todas las casillas. La pregunta es si la gente saldrá a votar, dice Fuentes Rascón.
Sobre las poblaciones vacías,
René Miranda Jaimes, director ejecutivo del Registro Nacional de Electores
(RNE), dice:
“Alrededor de 20% de los
ciudadanos empadronado en el país no actualiza sus datos. Por lo tanto, el
padrón electoral no es un instrumento muy sólido para poder medir este tipo de
migraciones por cuestiones de violencia.”
Sin embargo, el RNE aporta un
dato: el rango más fuerte de desactualización de domicilios se da en jóvenes de
entre 18 y 25 años, edad en que los jóvenes dejan la casa materna; muchos se
van a estudiar fuera de su localidad o migran a Estados Unidos.
(PROCESO/ PATRICIA DÁVILA /31 MAYO,
2016)
