De haberse cumplido la meta del plan al
100 por ciento — medio año de arduo trabajo, no es poco — esta cantidad de
votos significaría el 20 por ciento de la diferencia con la que Peña Nieto, del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), ganó a Andrés Manuel López Obrador
del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) las elecciones
Presidenciales.
Víctor Fuentes del Villar, líder del
SUTERM. Foto: especial.
Ciudad de México, 12 de abril
(SinEmbargo/Vice News en Español).- El operativo fue quirúrgico, y a juzgar por
los documentos que VICE News tiene en su poder, ideado por una mente experta.
La fecha para llevar a cabo el plan iba de febrero a julio de 2012, cuando
Enrique Peña Nieto recorría México, en medio de una intensa campaña electoral
que finalmente lo llevaría a la Presidencia el 1 de diciembre de ese mismo año.
El objetivo de la operación, orquestada desde dentro de uno de los sindicatos
más poderosos del país, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la
República Mexicana (SUTERM), fue muy claro: conseguir 700 mil sufragios a favor
de Peña Nieto.
La estrategia fue denunciada
ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade) según consta
en el documento en poder de este medio, y el caso fue desechado una vez que
Peña Nieto llegó al poder. El especialista René Torres Ruiz,
profesor-investigador de tiempo completo en el Departamento de Ciencias
Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana — quien accedió a revisar
el reportaje — opina que la operación, según los testimonios que ofrecen los
trabajadores, caería en el ámbito del delito.
De haberse cumplido la meta
del plan al 100 por ciento — medio año de arduo trabajo, no es poco — esta
cantidad de votos significaría el 20 por ciento de la diferencia con la que
Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ganó a Andrés
Manuel López Obrador del izquierdista Partido de la Revolución Democrática
(PRD) las elecciones Presidenciales.
El plan fue bautizado como
‘SUTERM-Genera 10’ y para corroborar la información sobre la puesta en marcha,
este medio obtuvo copia del proyecto, y realizó entrevistas a cinco
trabajadores y ex trabajadores sindicalizados de distintos estados. Además, se
comprobó, por ejemplo, el registro de un dominio web utilizado para procesar
toda la información electoral, llamado www.genera10.com, actualmente en desuso,
pero adquirido por tres años, del 26 de febrero de 2012 al 26 de febrero de
2015.
El plan electoral del SUTERM
— conformado en su mayoría por trabajadores de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), empresa estatal de energía eléctrica en México — utilizó a
los empleados sindicalizados, pues cada uno de los más de 70 mil afiliados tendría
que haber convencido a 10 personas para votar por el entonces “candidato” del
PRI, según se infiere a partir de la gráfica que mostramos a continuación, en
la cual aparecen las iniciales “EPN” y al lado el logotipo de su campaña donde
se escribe “Enrique Peña Nieto”. Los sindicalizados, según testimonios, tenían
que hacer campaña así fuera en sus horarios laborales, e incluso hablan de
coacción.
La estructura del
‘SUTERM-Genera 10′ se plasmó en un documento; y la acción proselitista requirió
a trabajadores’ con capacidad para “transmitir ideas y motivar”, a fin de
generar los votos necesarios para el actual presidente.
En la cabeza de este diagrama
— en el que se hace una analogía con la generación de electricidad, para ir a
juego con el gremio — estaba el Secretario General, como gestor de la gran
energía. Luego bajaba la ‘electricidad’ a través de dos enlaces: la Secretaría
de Organización y la de Relaciones Obreras. Posteriormente se dibujaron los
conductores, los circuitos, y al final los electrones, que eran los
“familiares, amigos, grupos deportivos” y todas las personas con las que los
sindicalizados hacían vida social. Al final, el resultado debió ser una
descarga de 10 votos a Enrique Peña Nieto por cada obrero del SUTERM.
El ‘SUTERM-Genera 10’ se
elaboró e instrumentó desde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del sindicato,
según el documento. El plan dividió al país en cinco zonas, y sus enlaces
políticos fueron personas allegadas al líder del gremio, Víctor Fuentes del
Villar, según fuentes del propio sindicato.
En los estados, el plan lo
encabezaron los líderes locales del sindicato a quienes se les llamó
“generadores”, y tenían la misión de coordinar el programa, definir la
estructura operativa en distintas municipalidades, convocar a reuniones de
trabajo y evaluación de resultados y organizar las acciones para el día de la
elección, según lo explica el documento.
En este programa también
participaron los secretarios de relaciones obreras y de organización de las
secciones sindicales que fungían como “enlaces”, y debían capturar información
de una encuesta electoral, integrar un padrón de cada sección e identificar a
los “transformadores”.
Estos últimos eran los
integrantes de los comités ejecutivos seccionales, delegados departamentales y
líderes naturales; lo definían como un “trabajador con cualidades de liderazgo,
iniciativa, capacidad para motivar y transmitir ideas, alto nivel de disponibilidad,
lealtad y compromiso con el SUTERM”.
La red que instrumentaría el
plan también abarcaba a los trabajadores de las secciones sindicales de las
regiones identificados como “conductores”; éstos se encargarían de integrar la
“red afectiva del programa”. Es decir, buscarían sumar 10 personas con las que
hacen “vida social”, ya sea “integrantes de su familia, agrupaciones
religiosas, juntas vecinales, grupos deportivos, etc”.
En Veracruz, estado ubicado
en el Golfo de México, la implementación del plan para votar por el PRI fue
intensa. El día de la elección un funcionario sindical se encargaba de ir a
recoger a los trabajadores y a sus familias para llevarlos a las casillas, y
les pedían, a quienes traían celular, que tomaran foto de su voto: “ellos llegaban
a los distintos domicilios, por ejemplo a la casa de una familia donde ya había
10 personas, y le decían al trabajador: vamos a la casilla y ahí está el
directivo presente, sácale una fotografía [al voto] con tu celular; y ya le
enseñaban la foto de que efectivamente votaron por el partido”, afirmó un
sindicalizado que omitió revelar su nombre por miedo a represalias al interior
del gremio, y que sabía del plan GENERA-10.
Esta fuente relató que el
trabajador que se negaba a votar por el PRI, era amenazado con perder
prestaciones a las que tenía derecho, como algunos bonos.
Previo a la elección, se
hicieron juntas presididas por el dirigente de esa región donde les exigía a
los trabajadores que votaran por el PRI, y que le dieran copia de su credencial
de elector para tener un registro en el partido, narró el testigo. “A los
mítines llevaban a todos los trabajadores; los carros [de la CFE] llenos de
gente, con familia y todos gritaban: ‘viva el PRI’; a él (al dirigente) le
dicen: necesito que organices, y él ya acomoda a todos los trabajadores. Ya
saben que todos los votos del sindicato los tienen a favor del PRI”, narra otro
trabajador.
LOS BÚNKERS DE FARADAY
En el documento
‘SUTERM-Genera 10’ se plasma que para la implementación del programa se
recomendaba instalar en cada coordinación regional un espacio seguro llamado
‘Búnker de Faraday’, en referencia a Michael Faraday, un físico británico que
hizo diversas aportaciones en el campo electromagnético y en la electroquímica.
Esta instalación tendría que
ser: “ajena a la empresa; en la cual se puedan planear y desarrollar
estrategias, llevar a cabo reuniones de difusión y capacitación, así como la
revisión del avance de las metas y que funja como centro neurálgico para el día
E [día de la elección]”.
El SUTERM fue cuidadoso y
tomó una serie de precauciones para que el plan no se conociera públicamente.
Por ejemplo, en el apartado titulado El ABC de lo electoral piden no recoger la
credencial para votar “en ningún momento” [aunque hay señalamientos de que sí
fotocopiaron credenciales]; y evitar condicionar expresamente un favor
relacionado con la función del servicio público de energía eléctrica a cambio
de un voto.
También se sugiere no
utilizar edificios, vehículos, equipos y demás inmuebles propiedad de la
empresa para beneficio de un candidato; evitar el reparto de propaganda de
cualquier tipo dentro de las instalaciones y evitar solicitar expresamente el
voto, lo que tampoco se cumplió a cabalidad.
También se advierte que en el
orden del día de las reuniones sindicales donde se pretenda difundir
información no se incluya expresamente el tema del ‘SUTERM-Genera 10’. El
sindicato también ordenó “evitar evidencia de convocatoria expresa a una
reunión en la que habría de tocarse el tema, que habría de beneficiar a un
candidato y evitar la presencia de cualquier medio de comunicación, prensa o
elementos ajenos a los convocados”.
A la red que habría de
instrumentar el plan electoral, se le ordenó mencionar en sus discursos las virtudes
de los candidatos del PRI, y a lo largo del documento se menciona varias veces
a este partido. “El PRI es el partido de las instituciones. El PRI es el
partido de la gente. El PRI es el partido que respeta y promueve el
sindicalismo, la democracia y los derechos laborales”, se escribe.
“El voto es libre, secreto y
directo — hacer énfasis en las virtudes, resultados, cualidades y beneficios
potenciales del candidato —, reiterando la libertad de voto”, se asienta en el
documento de entrenamiento; aunque a decir de los testimonios recabados, no se
hizo del todo caso de ésta sugerencia.
También en el documento se
habla de la elaboración y entrega de promocionales, pulseras y calcomanías. El
plan incluyó capacitación para saber cómo actuar el día “E” [día de la
elección], levantamiento de encuestas y elaboración de formatos llamados “cédulas
de circuito” que contenían los datos del transformador [los trabajadores con
cualidades de liderazgo]: nombre, dirección, teléfono y número de credencial
electoral.
LA DENUNCIA ANTE FEPADE
El plan causó inconformidad
entre trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tanto que
algunos de ellos filtraron el proyecto a grupos de disidentes a fin de que
interpusieran una denuncia ante la fiscalía de delitos electorales, Fepade.
El 26 de junio de 2012 [cinco
días antes de la jornada electoral] Evangelina Navarrete Castellanos [hermana
de Jesús Navarrete Castellanos, principal opositor de la actual cúpula
sindical], y Francisco Javier Carrillo Soberón presentaron ante la fiscalía una
denuncia de hechos “constitutivos de delitos electorales en contra de la
ciudadanía” por la cual se inició la averiguación previa 1422/FEPADE/2012, de
la cual este medio tiene copia.
En el documento se acusaba a
Fuentes del Villar, secretario general del SUTERM, a los integrantes del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) del sindicato, a los secretarios generales locales de
las secciones sindicales y a Mario Ramírez Manzanares, secretario general de la
sección de Acapulco, Guerrero, de “tratar de inducir el voto hacia el PRI, por
medio de los representantes sindicales”. En sus argumentos exponían que se han
“modificado los estatutos para introducir aspectos negativos, como la
afiliación forzosa de los electricistas al PRI y el derecho a ser electo para
puestos de representación popular, pero sólo postulándose por ese partido”.
Además la demanda alega que
“los líderes del sindicato y los representantes sindicales amenazaban a los
trabajadores y los obligaban a entregar copias fotostáticas de su credencial de
elector, así como de 10 familiares más. En Piedras Negras, Coahuila — explica
la denuncia — utilizaron trabajadores temporales y de nuevo ingreso para apoyar
eventos proselitistas del PRI; y en Mérida, Yucatán, los dirigentes locales
formaron brigadas de propaganda del PRI”.
La denuncia tuvo respuesta
por parte de la Fepade hasta el 16 de abril de 2014, casi dos años después. En
el oficio 8517 se informa que se determinó “el no ejercicio de la acción
penal”. Los detalles de esta determinación obraban en un dictamen, el cual no
se anexó en la respuesta.
Posteriormente los
denunciantes solicitaron el documento faltante, pero la Fepade, también según
el escrito oficial en poder de VICE News, argumentó que “no podían tener
acceso, ya que “usted no es la inculpada, ni su defensora, ni la víctima u
ofendida”.
Según mencionaron los
quejosos, la Fepade se negó a entregarlo argumentando que ellos no podían tener
acceso al expediente porque no eran los afectados directos. “Lo que ellos
decían es que en este caso el que era víctima era el candidato Andrés Manuel
López Obrador, entonces tenía que ir él o sus abogados a solicitar el
expediente porque ellos eran, para la Fepade, los ofendidos, pese a que
nosotros como pueblo también éramos los ofendidos”, explica la denunciante.
FEPADE: “INSTANCIA DECORATIVA”
Para René Torres Ruiz,
profesor-investigador de tiempo completo en el Departamento de Ciencias
Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, el ‘SUTERM-Genera10’ es
un ejemplo del viejo sistema corporativista. Resalta también los testimonios de
los trabajadores que habrían denunciado un delito de coacción, lo cual debió
ser investigado por la Fepade y no lo hizo.
“Con esta estrategia del
SUTERM-Genera 10, de la coacción de distintos trabajadores del sindicato de
electricistas, las prácticas de retirar la credencial de elector, de pedir
fotografías para dejar constancia de que se había votado por los candidatos
priistas; y de esta convocatoria para votar abiertamente por el PRI, etc… si
todo esto ocurrió, son delitos que están tipificados en distintas legislaciones
en materia electoral”, argumentó Torres Ruiz.
Uno de los más importante es
el Artículo 4, Inciso 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales de 2008, el cual dice: “quedan prohibidos los actos que generen
presión o coacción a los electores”
Respecto al trabajo que ha
realizado la Fepade, el especialista comentó que “es una instancia decorativa”,
pues en repetidas ocasiones no ha sido profesional en la atención a los delitos
electorales.
“El clientelismo, el
corporativismo, faccionalismo, siguen estando presentes en donde se supone que
hemos transitado a la democracia”, opinó.
El académico mencionó que el
PRI es el partido que construyó el sistema corporativista, y a pesar de la
alternancia de 12 años del PAN, la mayoría de los sindicatos se mantuvieron.
Añadió que con operaciones
electorales como la del SUTERM-Genera 10, regularmente hay dos partes
ganadoras: el candidato que obtiene el cargo, y la cúpula sindical que recibe
reelecciones gremiales, puestos de elección popular, dinero y poder. Y quien
menos beneficios adquiere es la base de obreros sindicalizados.
En este sentido cabe recordar
que cuando Peña Nieto llegó a la Presidencia, el dirigente del SUTERM, Víctor
Fuentes del Villar, obtuvo el aval para su continuidad dentro de la dirigencia
sindical, un presupuesto millonario y la omisión legal ante un enriquecimiento
difícil de explicar; casos que fueron publicados en una serie de reportajes en
El Universal. La ex líder del sindicato de maestros y ex priista acusada de
traición, Elba Esther Gordillo, fue encarcelada.
Este medio solicitó a
Presidencia de la República una entrevista sobre el el plan llamado ‘SUTERM
G-10’, explicando el punto neurálgico del mismo; sin embargo un Oficial de Los
Pinos se limitó a responder: “los movimientos de apoyo al entonces candidato
del PRI a la presidencia se sujetaron a la normatividad electoral vigente para
aquel proceso. Su triunfo fue resultado del respaldo libre y mayoritario del
electorado mexicano”.
La CFE por su parte indicó a
través de un texto que “en estricto apego a la Constitución mexicana, cada uno
de los trabajadores, como cualquier ciudadano, ejerce su derecho al voto de
manera libre y secreta” y que el SUTERM es “independiente” de ellos.
Finalmente después de
reiteradas llamadas, peticiones por escrito, e incluso el envío de un reportero
a las instalaciones del SUTERM solicitando entrevista respecto al plan y los
documentos obtenidos, nunca se nos dio respuesta alguna.
(SIN EMBARGO.MX/ SILBER MEZA/ VICE NEWS
EN ESPAÑOL / ABRIL 12, 2016 - 7:30 PM)
