Autoridades descartan masacre; primeros
peritajes eximen a fuerzas federales de presuntos abusos. Human Rights Watch
recomienda una investigación puntual. Hay dudas de la vinculación del grupo
criminal abatido con el CJNG. El investigador Guillermo Zepeda advierte que la
muerte de presuntos narcotraficantes a manos de militares va al alza, sin pasar
por el sistema de justicia
Mientras funcionarios del
gobierno federal aseguran que no hubo excesos en el operativo de la ranchería
de Tanhuato, Michoacán, donde 42 presuntos delincuentes fueron abatidos por
fuerzas federales y militares, y la Comisión Nacional Derechos Humanos
participa en la investigación de lo ocurrido hace una semana, las dudas y las
opiniones divididas persisten creando incredulidad en la sociedad.
Los resultados de los
primeros peritajes de necropsia y balística practicados a los cadáveres de los
presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y en el lugar de
los hechos revelan que los disparos que mataron a los civiles fueron realizados
a más de 200 metros de distancia.
Independientemente de las
versiones extrapoladas de autoridades y de familiares de los fallecidos,
organismos internacionales –entre ellos Human Rights Watch (HRW)– exigen al
gobierno mexicano afinar las pesquisas desde un inicio para que no ocurra un “fiasco”
como en las averiguaciones del caso Tlatlaya, donde soldados ejecutaron
extrajudicialmente a presuntos criminales.
A siete días de la balacera
en el rancho El Sol, en los límites de Michoacán con Jalisco, la mayoría de los
cuerpos sin vida ya han sido reclamados y entregados a sus deudos. De acuerdo
con datos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), 18 de los occisos eran
jaliscienses, tres michoacanos, dos del Distrito Federal y cuatro personas más
eran habitantes de Aguascalientes, Sonora, Coahuila y Tabasco.
El dicho de que los ahora
muertos estaban vinculados al CJNG fue obtenido por las autoridades federales
de las declaraciones de dos de tres personas detenidas tras el operativo,
calificado como exitoso por parte de quienes salieron victoriosos, aunque la
forma de operar del grupo no se parezca a las ofensivas ocurridas semanas antes
en los municipios de Ocotlán, San Sebastián del Oeste y Villa Purificación, en
Jalisco.
Al catedrático Guillermo
Zepeda Lecuona, investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y
Jurídicos, del ITESO, le preocupa el tema de la fuerza letal del Ejército
Mexicano, pues investigaciones que ha realizado en los últimos años muestran
que mientras las sentencias severas por delitos contra la salud van a la baja,
las personas abatidas por militares van a la alza.
LA BALACERA EN TANHUATO
Los hechos no son claros
desde el principio. Pues una de las versiones señala que los agentes federales
investigaban la invasión de la ranchería por parte de un grupo delincuencial;
la otra, destaca que federales y militares detectaron a sujetos armados afuera
del rancho y los persiguieron al interior.
El escenario fue en kilómetro
371 del tramo de la autopista Guadalajara-Morelia, en la desviación a las
Tinajas de Vargas. Eran aproximadamente las nueve de la mañana cuando los
elementos operativos que viajaban en vehículos blindados fueron agredidos con
armas de fuego y en respuesta incursionaron en un enorme inmueble, al mismo
tiempo que solicitaron apoyo terrestre y aéreo.
Entre los primeros balazos,
el arribo de un mayor número de más unidades y la aparición de un helicóptero
Black Hawk artillado transcurrieron más de tres horas. En el sitio perdieron la
vida 42 civiles y un elemento de la Policía Federal. Varios presuntos sicarios
huyeron con rumbo al cerro y otros tres fueron capturados ilesos.
Autoridades estatales y de la
Procuraduría General de la República (PGR) aseguraron 42 armas de fuego largas
AK-47 y AR-15, un lanza cohetes, un fusil Barret calibre 50 y un arma corta,
además de dos camionetas y seis vehículos calcinados.
Dos de los detenidos
declararon pertenecer a la organización de “Los Guerrero”, supuestamente
patrocinados por el Cártel Jalisco Nueva Generación y enfrentados con La
Familia Michoacana. A dicha célula criminal se le investiga por su probable
participación en la ejecución del candidato por el partido Morena en Yurécuaro,
Enrique Hernández, algunos días antes de este enfrentamiento.
Tras los primeros datos
confirmados por la Comisión Nacional de Seguridad, en voz de su titular, Monte
Alejandro Rubido, surgieron versiones de que a los fallecidos los masacraron
sin ninguna oportunidad de defenderse. Algunas fotografías compartidas a través
de las redes sociales a los occisos en una posición, sin armas, y
posteriormente con postura modificada y armas a su lado.
En cuanto familiares de los
finados lograron su identificación expresaron a través de medios de
comunicación que sus parientes eran personas trabajadoras y no criminales,
aunque coincidieron al señalar que no los veían desde hace varios meses y
desconocían en qué consistía su trabajo.
LAS INVESTIGACIONES
Aún no se aclaran los hechos
de Villa Purificación, Jalisco, donde el primero de mayo narcotraficantes
derribaron un helicóptero del Ejército con saldo de nueve elementos muertos, y
de la presunta respuesta de militares, que abatieron a ocho personas en las
rancherías próximas al lugar de los hechos, cuando ahora se registra un nuevo suceso en
Tanhuato.
Desde el primer día y hasta
la fecha, el gobierno federal descarta que federales y militares se hayan
extralimitado en el cumplimiento de su deber y se trate de una masacre. El
comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, salió un par de
veces ante los medios de comunicación para asegurar que las fuerzas federales
respondieron al ataque de los civiles y solo los tres detenidos se rindieron.
Este jueves 28 de mayo,
trascendió que los primeros resultados de los peritajes que realizan la PGR,
con apoyo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán y la
supervisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, corroborarían que no
se trató de un exceso policial.
En resumen, la información
destaca que los disparos de militares y federales fueron efectuados por lo
menos desde 200 metros de distancia, desde diferentes alturas y con diversos
calibres. Presuntamente, los cuerpos de las víctimas presentan en promedio dos
balazos, no hay prueba de les hayan disparo a corta distancia y no tienen el
llamado “tiro de gracia”.
Pese a lo anterior, la
menguada credibilidad de las autoridades ha despertado la voz de diversos
organismos internacionales, entre ellos Human Rights Watch (HRW), que sugirió a
los representantes del Estado mexicano realicen una investigación puntual sobre
los acontecimientos de la Tinaja de Vargas para evitar que se repitan casos
como el de Tlatlaya.
El director gerente de para
las Américas de HRW, Daniel Wilkinson, no vaciló al asegurar que “debido a los
pésimos antecedentes en materia de derechos humanos de las fuerzas de seguridad
mexicanas, es crucial que se lleve a cabo una investigación rigurosa y
transparente para determinar si efectivamente el empleo de la fuerza fue
proporcional durante el enfrentamiento y si se produjeron ejecuciones
extrajudiciales”.
Wilkinson destacó que la PGR
debe adoptar medidas inmediatas para asegurar que estos delitos “se investiguen
sin demoras y negligencia” para no repetir pesquisas como las de los militares
en el Estado de México, calificadas como “un fiasco” y recomendó “convocar a
expertos forenses independientes y rigurosos que puedan otorgarle credibilidad
a su investigación sobre los asesinatos”.
Dudas
razonables
Además del posible exceso en
el uso de la fuerza, que se dice, habrían incurrido los agentes al matar a los
presuntos delincuentes, existen otras dudas, entre ellas su real vinculación
con el Cártel Jalisco Nueva Generación, calificado por los gobiernos de Estados
Unidos de América y de México como el más poderoso en la actualidad.
La reacción del presunto
grupo criminal, identificado como Los Guerrero del Cerro, célula que
anteriormente era relacionada con el Cártel de Sinaloa y comandada por un tal
Jesús Guerrero y Luis “El Chureko”, no estuvo mínimamente relacionada con la
operatividad mostrada en los ataques recientes a policías federales, estatales
y militares.
De marzo a la fecha, las
emboscadas en Ocotlán con la muerte de cinco agentes de la Gendarmería
Nacional; en San Sebastián del Oeste, con 15 elementos de la Fuerza Única
regional masacrados; y de Casimiro Castillo-Villa Purificación, con el derribo
del helicóptero y nueve fallecidos de la milicia y la Policía Federal,
motivaron una serie de declaraciones de autoridades y expertos en seguridad.
Primero fue el diario El País
de España quien captó declaraciones de autoridades de Jalisco que afirmaron que
los miembros del CJNG operaban con técnicas y tácticas de guerra como se
demostró tras la agresión armada y con explosivos a los policías estatales en
la sierra jalisciense.
Después, Wall Street Journal
publicó que los integrantes del Cártel de Jalisco han recibido formación
estratégica y paramilitar por parte de ex militares de México, Guatemala y Estados
Unidos. La versión fue atribuida al Comisionado de Seguridad Pública estatal,
Francisco Alejandro Solorio, a quien supuestamente intentó matar la misma
organización criminal a finales de febrero. Se dijo entonces que kaibiles, ex
miembros de élite del Ejército guatemalteco y veteranos de guerra dieron
formación estratégica y paramilitar a los sicarios del grupo criminal.
Recientemente, la revista
Proceso, dio a conocer que los sicarios del CJNG y Los Cuinis han sido formados
en tácticas de asalto a militares por elementos de las FARC colombianas, de
acuerdo a fuentes estadounidenses. La capacitación sería a ciertos mandos del
clan delictivo durante sus visitas a campamentos de los insurgentes
sudamericanos.
En el rancho El Sol, en
Tanhuato, nada de lo anterior fue observado. Los supuestos delincuentes fueron
sorprendidos y no hubo una reacción que mostrara el adiestramiento que se ha
señalado, por ello, algunas voces han señalado que tal vez los abatidos no
pertenezcan a la nueva generación, sino a la referida banda local de Los
Guerrero sin nexos con el cártel jalisciense.
Las declaraciones de Monte
Alejandro Rubido para descartar la masacre lo llevaron a decir que los agentes
que participaron en la Tinaja de Vargas son gente preparada y capacitada de las
fuerzas federales, mientras que los supuestos sicarios no tenían la adecuada
preparación y los agarraron dormidos. Entonces ¿los gendarmes federales en
Ocotlán, los policías de la Fuerza Única y los militares de Villa Purificación
no estaban debidamente capacitados?
LA LETALIDAD DEL EJÉRCITO
El investigador Guillermo
Zepeda Lecuona –con más de dos décadas de experiencia en temas de seguridad
pública y justicia– expresó su preocupación por el tema de la fuerza letal del
Ejército al referir que investigaciones muestran que “mientras las sanciones
más severas en el ámbito federal, impuestas por un juez federal van a la baja,
las personas abatidas en enfrentamientos con el Ejército van a la alza. Es una
fuente criminal que no está pasando por el sistema de justicia”.
El académico aseveró que en
los últimos ocho años –en los que se dice que hay una guerra en contra el
narcotráfico– “curiosamente las sanciones de menos de un año de prisión por
narcotráfico pasaron de cuatro mil a 16 mil y las sanciones de más de siete
años de prisión, pasaron de tres mil 700 a dos mil 900; es decir, las penas
pequeñas se cuadruplicaron y las penas severas tendieron a la baja”.
Zepeda Lecuona criticó la ley
del menor esfuerzo con la que “el Ministerio Público prefiere los casos fáciles
y eso es lamentable”, pues esa actitud abona a la impunidad y ése es el
contexto en el que florece el crimen organizado como industria.
“La estrategia es muy
importante, pero si el contexto de decisión política tiene atados los efectos y
el impacto de estas políticas públicas, pues la impunidad se garantiza en el
más alto nivel y dejan impotentes las acciones que en su diseño parecían
acertadas”, señaló el investigador del ITESO.
Las propuestas de solución a
la problemática no abundan, pero Guillermo Zepeda estima que “hay que apostar
por las instituciones, fortalecerlas y para eso hay que depurarlas a fondo.
Ojalá y se dieran casos como en Chile, como en Costa Rica, en que los casos de
corrupción de más alto nivel exhibida, enjuiciada y sancionada, para terminar
con estos cimientos carcomidos de la confianza pública y sobre todo el
deterioro de las instituciones”.
(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Investigaciones
ZETA / 01 de Junio del 2015 a las
12:00:38)
