martes, 26 de mayo de 2015

IDENTIFICAN A PRESUNTOS ASESINOS DE MINISTERIAL


El subprocurador de la PGJE en Mexicali,  Fernando Ramírez Amador, dijo que los agresores del agente ministerial Carlos Fabián Torres,  se encuentran identificados pero aun no han sido detenidos.
El funcionario señaló que los dos asaltantes fueron captados por las cámaras de seguridad de la casa de cambio, por lo que se conocen sus características.
El ministerial falleció a las 10 de la mañana luego de recibir dos impactos de bala, por lo que fue trasladado en una patrulla hasta el Hospital General, donde finalmente perdió la vida.
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El móvil de la investigación es el robo con violencia al centro cambiario, en donde dos empleados también recibieron un disparo cada uno,  por lo que se encuentran delicados de salud.


(SEMANARIO ZETA/ GENERALEZ/ Cristian Torres Cruz /   26 de Mayo del 2015 a las 12:45:55)

SAN QUINTÍN, TODOS SE SUBEN AL RING


… Pero poco resuelven; ante la negativa de los dueños y administradores de los campos agrícolas de otorgar a los jornaleros el salario que exigen, el Gobierno Federal entra al quite con la promesa de subsidiar el faltante hasta alcanzar los 200 pesos. Gobierno del Estado no llega a acuerdo con empresarios, los perredistas exigen aclaración de Daniel de La Rosa respecto a represión a jornaleros, y comerciantes y agrícolas también amenazan con manifestarse

De la mañana del 14 de mayo a la fecha, muchas cosas han pasado en torno al tema del conflicto en San Quintín. Ha permanecido el mutis de los voceros de la Alianza de Jornaleros que inició tras salir satisfechos y considerar como logro el acuerdo de 13 de14 puntos de las condiciones laborales en los campos agrícolas, quedando pendiente el salario mínimo de 200 pesos.

Después de los disturbios ocasionados el 8 y 9 de mayo, atribuidos a infiltrados en el movimiento -según versión de los líderes y no desmentidos por autoridades oficiales-,  la actitud de los jornaleros organizados ha cambiado a un silencio y prudencia, en contraste al resto de actores que se han subido al ring, incluso aquellos que se habían mantenido al margen pese a su involucramiento directo.

Fijado el 4 de junio para la próxima mesa de diálogo donde supuestamente se dará la respuesta definitiva al salario exigido y comprometido por el Gobierno Federal para completar los 200 pesos, si es que los patrones agrícolas no acceden cubrirlo completo, después de 15 horas de reunión entre jornaleros y autoridades de los tres niveles de gobierno, el mandatario estatal Francisco Vega de Lamadrid se siguió de largo la jornada del jueves 14 para encerrarse y conciliar el tema con empresarios agrícolas.

De allí en adelante han sido declaraciones, versiones, confrontación, señalamientos de parte de todos los sectores. Empezando por los patrones de los jornaleros, el Consejo Agrícola de Baja California (CABC) que reprochó, a través de su vocero Marco Antonio Estudillo Bernal, que se perdió el 45 por ciento de la cosecha. Como este medio calculó en su momento, en la primera semana de paro nada más en fresa y arándanos se habían perdido alrededor de 85 millones de dólares, días después los empresarios confirmarían de “80 a 100 millones las pérdidas”.

El Consejo Agrícola, que se había mantenido alejado del “foco”, desacreditó tajantemente al movimiento encabezado por la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social: “Los manifestantes no son trabajadores de las empresas, no se va a poder negociar con quien no representa a los trabajadores, a quien no respeta las vías legales”, expresó Estudillo.

Dijo que responder un “no” rotundo puede ser peligroso respecto a la pretensión de los jornaleros de recibir 200 pesos por jornada, pero “lo vemos difícil”. Además, advirtió que el acuerdo fue entre jornaleros y autoridades del gobierno, no con ellos. Así que la solución la adelantó: “Corresponde a la autoridad federal”.

Además de insistir que los jornaleros en rebelión son intratables para el diálogo y que  no son auténticos trabajadores del campo, el gremio agrícola aprovechó para reprochar lo que le toca al gobierno, falta de inversión en todo: “No hay agua…. ¡no hay agua para nadie!”, remarcó el vocero. “El sector empresarial tampoco es el malo de la película”.

Increparon al igual como lo hizo el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), que la autoridad haya flaqueado y liberado a los jornaleros que causaron daños a terceros y a las propias instituciones el pasado 9 de mayo. “El único mensaje que se da es que este tipo de personas tienen autorización para hacer desmanes y no les va a pasar absolutamente nada”, apuntó Adrián Olea Mendívil, presidente del organismo.

Los empresarios declararon que las autoridades de Baja California están avalando la impunidad por encima del respeto al Estado de Derecho: “El sector empresarial y las familias se están viendo amenazadas, se está volviendo un asunto de alto riesgo”.

De hecho los que esta semana anunciaron no una, sino hasta tres marchas de protesta, son los empresarios, comerciantes, agrupaciones civiles y residentes de San Quintín, porque ya no pueden con el miedo y la incertidumbre.      

Empresarios y comerciantes unidos, según se informó en el poblado, repudiaron que el gobierno y sus dependencias federales protegieran el vandalismo, terrorismo, daños y robos de los que han sido objeto durante los disturbios. “Esta situación debe castigarse, y ni el gobierno y ninguna dependencia que esté bajo el régimen federal puede pasar por alto las acciones que supuestos jornaleros realizaron en el Valle d San Quintín. También reprobaron que la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ande pagando millonarios por sacar a delincuentes de la cárcel.

Mientras tanto, algunos ciudadanos aislados en Estados Unidos y Canadá han intentado boicotear los productos Driscoll’s, informando que los trabajadores están solicitando un pago mínimo de 13.33 dólares al día y no los menos de seis dólares que ahora perciben: “Usted puede vivir un día más sin la fruta que tiene que ser recogida por un niño de seis años en la extrema pobreza en un país como México”.

En Ensenada, Mario García Salaiza, presidente del Colegio de Abogados Independientes, consideró que en la rebelión en San Quintín hay más interrogantes que hechos reales: “¿Por qué el Gobierno Federal se reunirá con los jornaleros y empresarios tres días antes de las elecciones? Por qué no han mandado a la Gendarmería, por qué no la presencia del Ejército, por qué el Estado no ha aplicado la Ley, por qué el gobierno municipal ya ni participa en las mesas…”.

Reclamó también que los actos vandálicos sean moneda de cambio y se perdone a quien infringe la Ley, aparte del daño económico que ya es irreversible, y que la respuesta a todo es sencilla: “Desde hace mucho tiempo el tema se les salió de las manos a los tres niveles de gobierno, y ninguno quiere aceptarlo”.

Desde la capital del país, diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron el miércoles 20 de mayo un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución ante la Comisión Permanente para exigir al gobernador Francisco Vega, poner ante las autoridades judiciales a su secretario de Seguridad, Daniel de la Rosa, para que se le investigue sobre su injerencia en la represión a jornaleros el 9 de mayo. De igual manera, pedirán la destitución de Manuel Valladolid como secretario de Fomento Agropecuario, además de ser empresario agrícola acusado de explotación.

Días antes, en la última encerrona con autoridades federales y estatales, la líder jornalera Lucina Hernández denunció frente al gobernador a elementos de las policías Estatal y Ministerial de haberla agredido y amenazado el 18 de marzo, y aunque acusó a los empresarios como los autores intelectuales, transcendió que cara cara le dijo al mandatario panista: “Piénsela bien, si quiere ser recordado como un gobernador sensible o represor”.

Por lo pronto, San Quintín está tranquilo y a la espera, según describió a ZETA Fermín Salazar el jueves 21 de mayo al mediodía. “El gobernador ya dijo que sí es viable el aumento salarial…”, refirió como expectativa,  “esperando que ese compromiso se cumpla”.

Respecto a la versión del Consejo Agrícola que los desconoce como jornaleros auténticos Fermín, argumentó: “No tenemos ningún registro, no lo ocupamos para hacer el movimiento. Deben reconocer que son miles de personas las que participan, pero es lógico, no lo aceptan porque les afecta.

“Pero ese miedo que sintieron el 17 de marzo, ahí puede verse la presión, y lo podemos demostrar de nuevo el 4 de junio”, y agregó que reiteran el principio de diálogo ante el compromiso formal de todos los involucrados en las mesas.

Mientras que en el Gobierno del Estado, un día Francisco Vega se muestra muy entusiasmado ante los avances en los arreglos, empresarios lo desmienten y ya es “de a según”; hasta desconocen la autenticidad de la Alianza con los que se han sentado a negociar y firmar acuerdos: “Es entendible que los empresarios no quieran participar porque los líderes no representan a los trabajadores, así de sencillo”, declaró el secretario de Gobierno, Francisco Rueda.

Por último, sobre la respuesta satisfactoria para los jornaleros el próximo 4 de junio expuso: “Esperemos que sí”.


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Juan Carlos Domínguez /  25 de Mayo del 2015 a las 12:00:15)

NARCOS RETAN AL GOBIERNO


Miembros del crimen organizado desafían a las autoridades integradas al Consejo Estatal de Seguridad Pública de Baja California. La mañana del 20 de mayo fue asesinado un policía municipal saliendo de su casa, y para el 21 de mayo, un agente de la Policía Ministerial del Estado. En un lapso de nueve días, decapitaron a cinco hombres y dejaron sus cabezas en vía pública, lo mismo hicieron con un cuerpo incinerado, una narcomanta, tres narcomensajes. También mataron a un transportista secuestrado. Violencia, síntoma de ingobernabilidad, refieren en Foro Cívico


Hasta la mañana del jueves 21 de mayo, durante el mes se habían registrado 55 asesinatos en Tijuana, 23 más que en todo mayo de 2014, cuando se contabilizaron 31 homicidios. A la fecha suman 211 cadáveres los que ha levantado el Servicio Médico Forense en el transcurso del año en esta entidad fronteriza.

Ante los violentos hechos públicos, en su sesión semanal, Wilfrido  Ruiz, coordinador del Foro Cívico Tijuanense, habló sobre el contexto en que se desarrolla la violencia: “Son síntomas de ingobernabilidad, cuando el Estado de Derecho está vulnerado”.

A pregunta específica de ZETA, Gustavo Fernández, titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Tijuana, refirió: “Sí parece un reto, un síntoma del tipo de delincuencia que está operando”.

Mientras Humberto Jaramillo, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), expuso que la preocupación del sector es que la violencia está escalando: “Vemos otros estados donde también se han radicado con un poder de fuego y reto a la autoridad muy importante, y no queremos eso”.

Ni siquiera se trata de capos identificados o cabecillas de cárteles. Según los representantes de las fuerzas del orden, son apenas narcomenudistas menores, acaso líderes de células en colonias, los que están matando impunemente en las calles de Tijuana, con balas que están alcanzando a víctimas inocentes, generando miedo en la sociedad.

Actualmente los presuntos homicidas más buscados convertidos en los cinco objetivos principales de las autoridades incorporadas al Consejo Estatal de Seguridad Pública de Baja California son:

1. Arturo Giovanni Gómez Herrera “El Gross”.
2. Raúl Miranda Ordaz “El Alejo”.
3. Lucre Antonio Cerda Pacheco.
4. Marco Antonio Cerda Pacheco.
5. Daniel Eduardo Tapia López “El Tanque”.

El problema es más grave. Revisados los expedientes, en la mayoría de los casos de homicidios por bala, las armas de fuego no se han usado en delitos previos, lo cual solo puede significar  dos cosas: o periciales no está haciendo su trabajo correctamente, o los propios grupos criminales que tiene más de ocho meses enfrentados, tienen más armas circulando en la calles de Tijuana.

RETIRAN NARCOMANTA

En este clima de violencia, y de evidentes desafíos de los criminales a las autoridades, algo que ha marcado los niveles de impunidad ha sido la colocación de narcomantas en puentes de la ciudad. Lo peor se dio entre el 5 y el 8 de abril, cuando los criminales guindaron13 narcomantas, actos que la autoridad intentó ocultar sin éxito.

Esta semana, los criminales de nuevo colgaron sus amenazas en la vía pública. Agentes ministeriales informaron a ZETA que una tela con un supuesto mensaje del Cártel Arellano Félix fue retirada por la Policía Municipal  el viernes 15 mayo, en el puente donde se cruzan los bulevares Benítez y Lázaro Cárdenas; sin embargo, las fuerzas del orden locales negaron tal hecho.

Lo que si se reconoció fue que el miércoles 20 mayo, quitaron unas de estas amenazas del puente entre las colonias Buena Vista y 20 de Noviembre. El mensaje, difícilmente legible, decía:

“Vamos kon todo contra Akiles y su gente y ayudantes, mugrosos secuestradores, extorsionadores, Ratas, vamos a limpiar Tijuana de toda su gente Att: CAF somos el Cartel Arellano Félix Nueva Generación”.

DOS EN JUEVES, DOS EN VIERNES

Del asesinato de Miguel Ángel Rodríguez Bravo “El Popeye”  (2:00 am del 14 de mayo), según un testigo en el expediente del homicidio del niño de 4 años, Jonathan Eduardo Valdez García la noche del 12 de mayo, donde también fue herida su madre, Olimpia García, el principal sospechoso es Arturo Govanni Gómez Herrera “El Gross”.

Detenido el 13 de mayo,  Rodríguez Bravo, amasio de la madre del pequeño asesinado, declaró que “El Gross”, cabecilla de grupo criminal, estaba en el auto en que llegaron los dos hombres que balearon la cuartería donde se encontraban él, la mujer,  el niño y Jesús Flores Flores o Roberto Ordaz “El Tribi”, este último, a quien intentaron matar sin éxito.

“El Popeye” agregó que la noche del 12 de mayo, se hallaba cerca del picadero y vio llegar el carro; manejaba “El Gross” y de copiloto iba una mujer, atrás, los dos matones que rafaguearon la cuartería y José Omar “N”, de 17 años, conocido como “El Perrito”, también detenido y quien confirmó lo dicho por Rodríguez.

Antes, a la 1:15 am del jueves 14 de mayo, un hombre desconocido fue baleado y abandonado en la calle Mazatlán de Lomas del Pacífico.

El viernes 15, dos cuerpos de hombres de entre 25 y 30 años de edad fueron localizados en la caja de un pick-up con placas de California 8Z99034 sin reporte de robo. Y dos narcomensajes cerca de los cadáveres:

“Le va pasar lo mismo a todo aquel que trabaje, colabore, ayude, que tenga que ver con el Aquiles y La Rana, incluyendo a todos los foráneos de la limpia, va parejo, atentamente CAF”

El segundo agregaba: “Esto culeros dijeron ser gente del Marion y que andaban con los lacras de la Rana y el Aquiles y aquí están los resultados”. Las autoridades identifican a Raúl Miranda Ordaz como “Marion”.

CINCO EL SÁBADO

El sábado 16 de mayo a las 2:50 am  localizaron el cadáver de una mujer boca abajo, frente al número 44 sobre la calle Navío, Colonia Sánchez Taboada. A un costado, dos cartuchos percutidos calibre 45, y dos sin percutir, calibre 40 y calibre 45.

A su lado un pedazo de cartón con doble mensaje escrito con tinta roja: “Así los voy a dejar como al Popeye puta sapa pone niños, perros mata niño, eres tu Tribi y tu jefe Versi”.

“Popeye” era Ángel Rodríguez, asesinado el 14 de mayo, y el “El Tribi” es Roberto Ordaz, quien escapó del atentado el 12 de mayo donde murió el niño de 4 años.   

De la mujer asesinada, al cierre de esta edición, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) aún no tenía identificación.

Más tarde, a las 9:20 am, frente a Abarrotes López en Otay Universidad, acribillaron a Carlos Ignacio Jaramillo. En una bolsa se encontraron globitos de cristal y una pipa. Los dueños de la tienda negaron que el occiso fuera empleado,  dijeron que se la llevaba afuera del negocio, limpiaba los carros y a veces hacia mandados o ayudaba a los clientes a cargar bolsas. En la zona lo mencionaron como consumidor y vendedor de cristal.

Pasadas las diez de la mañana, el SEMEFO levantó una osamenta completa en Cueros de Venado, Villas del Álamo. Y  a las 3:00 pm, sobre  Avenida F. Martínez en la Zona Norte, mataron a balazos a Luis Felipe López Venegas, vendedor de cristal que operaba para “El Mono”, asesinado en abril  de 2015.

Los tres detenidos en este caso por la Policía Municipal, fueron liberados en la Procuraduría, al no encontrarles vínculos con los hechos.

Las indagatorias revelaron que a López lo mandó asesinar Raúl Miranda Ordaz “El Alejo”, “Marion” o “Fénix”, de hecho ya lo había amenazado que se pusiera a vender droga para “El Chino”, uno de sus traficantes en la Zona Norte, pero no hizo caso y lo mataron.

El tráfico de droga que era controlado por Luis Toscano “El Mono” ahora está bajo la administración criminal de sus cuñados, de apellido Lewis.

TRANSPORTISTA ASESINADO

El mismo sábado 16, a las 11:40 pm, un reporte al Centro de Mando permitió a las autoridades localizar el cuerpo encobijado de Joel Rangel Ramos. Lo abandonaron atrás de las bodegas de Sears en la calle México Lindo de la colonia Niños Héroes, Delegación Los Pinos, cerca de un lote donde el hombre dejaba su tractocamión cuando no lo estaba usando.

Éste es el transportista de más de 50 años cuya desaparición fue denunciada la tarde del lunes 11 de mayo, los primeros reportes indicaron que bajó de su carro porque hombres que se identificaron como policías municipales se lo ordenaron. En el secuestro usaron un Ford Lobo gris y una camioneta Lincoln dorada.

Tres horas antes de encontrar el cuerpo, la familia había pagado poco más de 150 mil pesos por su rescate.

Previamente, los secuestradores contactaron con los seres queridos del hombre, les dijeron que Rangel tenía una deuda con ellos y debía pagar; cuando respondieron  que su pariente tenía deudas, reiteraron: “Sí las tiene  y él lo sabe”. No supieron de cuanto era al adeudo, pero entregaron lo que lograron reunir.

Ese sábado, la persona que entregó el rescate estuvo recibiendo instrucciones por largo tiempo mientras recorría la ciudad, hasta que finalmente dejó el dinero en Otay. Les dijeron “al rato llega” y, tres horas después, encontraron el cuerpo de la víctima.

UNA SANTERA Y UN ADICTO

A Elizabeth Vergel Frías, de 41 años y de nacionalidad cubana, la mataron de cinco balazos calibre 9 milímetros, a las dos de la mañana del domingo 17 de mayo. Autoridades refieren que los vecinos la identificaron como “santera”, pero también como narcomenudista. En el interior de su casa localizaron dos onzas de cristal en bolsitas y una báscula para pesar droga.

Para las 11:45 pm, se localizó el cuerpo cercenado de Juan Cristian Fernando Castañeda Véjar en las inmediaciones del Paraíso Azteca, en la Zona Este.

El hombre de 30 años tenía varias capturas por narcomenudeo desde 2011, dos de ellas realizadas por la Policía Estatal Preventiva.

Su familia reconoció que era un adicto, pero negaron que ocupara un lugar preponderante en alguna célula delictiva, incluso aseguraron que el problema de adicción era tan grave que ya habían pedido ayuda de la Policía Municipal para meterlo a un centro de rehabilitación por la fuerza.

EL CUARTO MENSAJE

El lunes 18 de mayo, el reporte al C4 fue de un cuerpo quemado, la inspección de los peritos determinó que se trataba de un hombre de entre 28 y 30 años, a quien mataron por ahorcamiento, le cercenaron el dedo pulgar derecho para después quemar el cadáver y dejarle un mensaje criminal:

“Para todos los que no entienden que Tijuana tiene dueño. Atentamente El CAF”.

Respecto a los cuerpos con mensajes del narco, el Grupo Coordinador está revisando la versión de Alberto Ávila “El Chacal”, quien aseguró antes las autoridades que el autor era Raúl Miranda Ordaz y “Los Erres”, y no los grupos que aún delinquen para el Cártel Arellano Félix.

LO MANDÓ MATAR “EL TANQUE”

En un asesinato que involucró a tres delincuentes reincidentes, a las dos de la tarde del martes 19 de mayo, mientras Steve Ontiveros Pérez circulaba por la calle Mártires de Cananea de la colonia Obrera Segunda Sección, Delegación San Antonio de los Buenos,  Dasney Castro Contreras “El Daniel” se acercó y le disparó con un rifle de asalto. La Policía Municipal implementó el Operativo Alfa y detuvo al asesino, quien el año pasado había sido capturado por secuestro y por vender droga en la colonia Obrera y Zona Norte, lo mismo que su víctima, quien falleció al llegar al hospital.

Respecto a quien ordenó el ataque, el detenido mencionó a Daniel Eduardo Tapia López “El Tanque”, lo extraño es que este sujeto no estaba identificado como mando criminal en la zona de la Obrera. De hecho, era narcotraficante al servicio de “Los Cuates”, los hermanos Lucre Antonio y Marco Antonio Cerda  Pacheco, a quien sus jefes mandaron matar el 26 de abril, mientras circulaba por la principal vialidad del fraccionamiento El Rubí.

Según lo dicho por el aprehendido, “El Tanque” intentó vengarse, apoyado por otro grupo de la Zona Norte, debido a que “Los Cuates” han matado a varios de los narcomenudistas de la Obrera y Zona Norte.

Pero en el ataque del 19 de mayo, donde el objetivo era asesinar a uno de “Los Cuates”,  algo salió mal. Cuando “El Daniel” disparó y se equivocó de víctima, y del otro lado le respondieron a balazos. Al intentar huir, no encontró el taxi que “El Tanque” le dijo tendría a su disposición una cuadra adelante del punto de enfrentamiento. Tras la denuncia de la balacera, la Policía Municipal había cerrado las vialidades primarias y secundarias de la zona y así fue detenido Castro Contreras.

Tapia López “El Tanque”, presunto autor intelectual de este ataque, fue presentado ante las autoridades la última semana de abril, el día de la balacera de El Rubí, pero fue liberado porque ingresó en calidad de víctima.

“PERSONAL”, MOTIVO DEL ASESINATO DE AGENTE MUNICIPAL

Respecto al homicida del policía Juan Gualberto Jáuregui Rubalcaba, pasadas las cinco de la mañana del miércoles 20 de mayo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal capturaron a un presunto responsable en menos de 12 horas.

Hugo Alfonso Hernández Flores fue presentado ante el Ministerio Público con el arma homicida; de acuerdo al reporte policiaco lo detuvieron en el fraccionamiento Mariano Matamoros, el mismo donde cometió el homicidio. Oficialmente, indicaron que fue detenido por tirar basura en la calle, y después confesó su crimen.

Respecto al autor intelectual, solo se informó que los indicios sugieren fue una mujer, por temas personales.

Jáuregui “estaba comisionado en el Distrito Los Pinos como oficial de tropa, y en su actuación contaba con importantes detenciones por narcomenudeo y otros delitos, su expediente era limpio y tenía aprobados los Exámenes de Control y Confianza”. Sus compañeros también comentaron que el uniformado era violento al realizar capturas y eso le había atraído quejas. 
OTROS CINCO MUERTOS EN OCHO HORAS

Tras unas horas de paz, a las 10:47 pm del miércoles 20 de mayo, se dio el siguiente reporte de homicidio al Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), en la calle Miguel Hidalgo del Pedregal de Santa Julia, Delegación San Antonio de los Buenos. Mataron a Ricardo Parra Carillo, quien había sido detenido en otras ocasiones con pequeñas dosis de droga, y al momento del asesinato iba empujando un carito de mandado con cosas, al parecer recogidas de la basura.

“Los testigos dijeron que quienes los mataron iban pasando y repentinamente, como si fuera idea de ese momento, sacaron el arma y le dispararon”.
En este caso la Policía detuvo a un sujeto de nombre Miguel Torres, pero no ha sido vinculado como presunto responsable.

El cadáver de otro hombre asesinado de cuatro tiros en pecho y cabeza fue localizado en la calle Plan de Ayala del Ejido Francisco Villa alrededor de la 1:20 am. Un tercer cuerpo, también con cuatro tiros en la cabeza, quien además había sido ahorcado, torturado y amordazado, fue encontrado por autoridades debajo del puente de Punta Bandera,  en la Carretera Escénica Rosarito-Tijuana.

Y a las 6:45 am del jueves 21,  los reportes siguieron con la denuncia de dos cabezas cercenadas que fueron arrojadas en bolsas desde un auto en movimiento  en la entrada de la Carretera Escénica a Playas de Tijuana, a la altura del fraccionamiento La Cúspide.

ACRIBILLAN A “LA BARBIE”

Al cierre de edición, mataron a un Ministerio Público.

Siete disparos 9 milímetros de escuadra fueron perpetrados en contra de Omar Fernando Vázquez Hidalgo “La Barbie” aproximadamente a las tres de la tarde del jueves 21 de mayo, mientras circulaba en un auto BMW por el crucero de la “5 y 10” en Tijuana, Delegación La Mesa.

Fue identificado inicialmente por personal de la Procuraduría del Estado como agente ministerial activo, después corrigieron: estudió Derecho y “había brincado a Ministerio Público”, adscrito al Juzgado Octavo Penal.

Según los testigos, el occiso fue atacado por dos hombres que descendieron de una camioneta blanca, uno de ellos vestido con camuflaje. En el operativo de respuesta,una  panel blanca fue localizada en las inmediaciones de la delegación Margarito Saldaña, en cuyo interior encontraron una chamarra de camuflaje y un revólver. También capturaron y presentaron a un hombre que, informaron, había salido del carro, pero al cierre de esta edición, no definían si era uno de los que había participado en el asesinato.

Vázquez Hidalgo había sido detenido por la PEP el 23 de diciembre de 2009, en ese tiempo era empleado en el área de regidores del Ayuntamiento de Tijuana encabezado por Jorge Ramos. Indicaron que su captura se dio por ser presunto integrante del Cártel Arellano Félix, pero fue liberado horas después y no se volvió hablar de los cargos.

SIN COMPROMISO ANTE INQUIETUDES DE EMPRESARIOS

El 18 de mayo de 2015, a solicitud de los representantes del sector empresarial -inquietos por la ola de homicidios-, inversionistas de la ciudad se reunieron con las autoridades del Grupo Coordinación.

ZETA les preguntó cuál había sido la respuesta en relación al tema del incremento de los asesinatos, la muerte de un policía y el que los criminales dejen cabezas cercenadas en la vía pública:

“Esos brotes no son los indicadores de 2008, pero sí son los indicadores de antes, la repuesta de ellos fue que mientras ellos sigan trabajando bien, decomisando, pues las manifestaciones se van a seguir dando entre los grupos”, explicó Gustavo Fernández de León, de la COPARMEX

- ¿Pero se han recrudecido?

“Sí, definitivamente, no es mi explicación, es lo que dialogaron. Obviamente nosotros estamos muy preocupados, pero hasta ahí fue lo que se dijo”.

- Hay detenidos, están trabajando pero la violencia sigue en aumento. ¿Qué está faltando?

“Algo de estrategia no estamos haciendo… ellos están diciendo que si están trabajando, que sí hay coordinación, les creemos, y estas manifestaciones (los asesinatos violentos)  pues no lo dijeron, pero quiero entender que ya van más allá de sus control, porque es una situación entre pandillas y ya; ese tema no tuvo una respuesta específica”.

- ¿Van a cambiar de estrategias?

“No, por lo que entiendo”.

Lo mismo se le planteó a Humberto Jaramillo, del CCE,  quien detalló la manifestación de esa preocupación y les recordaron que cuando los criminales se matan entre ellos, hay víctimas colaterales.

“Hay mucha preocupación en el sector porque no puede evitar uno recordar cómo fue escalando en el pasado hasta llegar a tener una situación muy difícil, o vemos otros estados donde también se han radicado con un poder de fuego y reto a la autoridad muy importante, y no queremos eso”.

Explicó que como parte de la conversación, el General Gabriel García Rincón y el secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa, avalaron  la labor del titular de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Alejandro Lares. Reiteraron que están coordinados, pero hasta ahí la respuesta en el tema.

CONFIRMAN MUERTE DE “EL  MAGAÑA”

El cuerpo del ex policía municipal Gustavo Adolfo Rodríguez Magaña, acribillado frente a su casa la noche del miércoles 13 de mayo en Calle Misión de Santo Tomás de la colonia Kino, Delegación Cerro Colorado, fue identificado por su familia.

Uno de sus parientes reconoció que el ex uniformado admitió haber delinquido para la célula de Eduardo García Simental “El Teo”, escoltando camiones, pasándole información, abriéndose cuando iban a darse homicidios o enfrentamientos.

Pero le aclaró que lo había hecho obligado, porque era ayudarlos o su vida.

Rodríguez Magaña fue detenido en julio de 2009 por la Policía Estatal Preventiva y lo liberaron. La recaptura se dio en septiembre del mismo año por parte de la Policía Municipal, al llevar varias semanas amenazando a los agentes de la corporación.

Posteriormente fue consignado tras admitir su participación en actividades delictivas y delatar como criminales a otros diez policías municipales y seis ministeriales, según su expediente. Hoy todos están libres.

Según su familia, “El Magaña” había salido de prisión tres meses atrás, y peleó su reinstalación como policía en el Ayuntamiento de Tijuana, razón por la cual recibió del erario una indemnización de 121 mil pesos en la misma semana que lo mataron.
  
“EL CHINO ÁNTRAX” NEGOCIA SENTENCIA CON EU, ENTREGA 1 MILLÓN DE DÓLARES

José Rodrigo Aréchiga Gamboa “El Chino Ántrax”, se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos y admitió ser miembro del Cártel de Sinaloa, por lo que podría pasar el resto de su vida en prisión. Además, aceptó le sean incautados un millón de dólares de ganancias por el trasiego de drogas.

El joven originario de Sinaloa aceptó firmar un acuerdo de admisión de culpabilidad con la Fiscalía Federal en California, para evitar ser procesado en un juicio.

El proceso legal de Aréchiga Gamboa inició el 11 de julio de 2014, cuando fue presentado ante la Corte para la formulación de la acusación. En ese entonces, se declaró no culpable y renunció a su derecho a fianza.

Ese día, la Fiscalía informó que “El Chino Ántrax” enfrentaba cargos por conspiración para importar marihuana, cocaína y metanfetaminas. Además de ser el líder de “Los Ántrax”, brazo armado del Cártel de Sinaloa.

Finalmente, el 18 de mayo de 2015, Aréchiga Gamboa admitió su culpabilidad en el trasiego de una tonelada de marihuana y de por lo menos cinco kilogramos de cocaína, esto, después de presentarse en dos ocasiones ante el juez Dana M. Sabraw, representado por el abogado Frank J. Ragen, quien solicitaba a la Corte más tiempo para analizar la evidencia en contra de su cliente.

En el documento -del cual ZETA posee copia-, el narcotraficante plasmó sus iniciales en cada una de las 17 hojas que lo componen. En éste, aceptó ser coordinador de los operativos de seguridad para el trasiego y envíos de droga, así como en las operaciones para brindar protección a integrantes del Cártel de Sinaloa.


En la audiencia celebrada el 20 de mayo, Aréchiga Gamboa aceptó que operó junto a otros miembros del Cártel de Sinaloa para la importación de narcóticos, enviados desde ese Estado para su ingreso a la Unión Americana por la frontera de California.

También admitió ser el encargado de amedrentar con ataques violentos y amenazas a grupos rivales del Cártel de Sinaloa para inhibirlos en el trasiego y venta de droga. Además, participó en y ordenó ejecuciones.

Por estos delitos, la pena máxima es cadena perpetua, mientras que la mínima es de diez años. La audiencia para determinar su sentencia, está programada para el 16 de octubre de 2015.

En caso de no alcanzar la pena máxima, José Rodrigo deberá permanecer cinco años bajo libertad condicional y, en caso de incumplir con esta medida, regresará a prisión de por vida.
La Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y otras dependencias estadounidenses, iniciaron a documentar el paso de “El Chino Ántrax” en el mundo del narcotráfico desde mayo de 2005.

Los acuerdos llegados entre la Fiscalía y el narcotraficante, incluyen la incautación de un millón de dólares de propiedades, bienes y dinero, ganancias obtenidas indirecta o indirectamente a través del narcotráfico.

De esta forma, “El Chino Ántrax” evitó ser sometido a un juicio que pudo prolongarse años, ya que han transcurrido diez meses desde su primera presentación en la Corte, sin que el juicio para encontrarlo inocente o culpable, diera inicio.

Al momento de que la Corte comience la audiencia para determinar la sentencia en su contra, el narcotraficante tiene derecho a presentar evidencia y testimonios de testigos a su favor.

El millón de dólares cedidos por el narcotraficante, será dividido en dos pagos. El primero por 100 mil dólares deberá realizarse en un plazo no mayor de 90 días, a partir del 20 de mayo, y entregado al Servicio de los Marshals de Estados Unidos.

El resto se puede pagar al momento o antes de la fecha de sentencia y será a nombre del gobierno de Estados Unidos.
Además, “El Chino Ántrax” deberá renunciar a cualquier reclamo de propiedad directa o indirectamente relacionada con su conducta criminal concerniente a este caso. Inés García


 (SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ INVESTIGACIONES ZETA/   25 DE MAYO DEL 2015 A LAS 18:00:35) 

FUNCIONARIOS DE CESPE LICITAN SU PROPIA EMPRESA


El subdirector y el coordinador de Directores de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, emprendieron una compañía que actualmente recibe obras en concurso de la paraestatal; los funcionarios argumentan que ellos ya no están al frente de la misma, que ahora sus esposas la manejan y ellas trabajan en las obras que el Gobierno del Estado les concede. Por lo menos dos contratos se otorgaron a la firma Concariba, e infringe el Artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos

Además de estar dictadas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en Baja California, las auto-compras gubernamentales son actos condenables para ciertos sectores de la sociedad que reprueban el hecho de que un funcionario reciba doble beneficio del sector público.

Jorge Luis Ibarra López, subdirector de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) y Carlos Enrique García Lazcano, coordinador de Directores en esa paraestatal, con sueldos que oscilan entre 35 mil y 36 mil pesos mensuales -según el portal de Transparencia-,crearon en 2005 la empresa Concariba Construcciones, S.A. de C.V.

A partir de 2007, cuando García Lazcano trabajaba en Auditoría Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas de Baja California -cargo que dejó hace un mes para integrarse a la CESPE-, su firma comenzó a concursar en convocatorias del Gobierno del Estado. La obra consistió en reponer una red de alcantarillado sanitario en Calle Alvarado entre Once y Doce, de la Zona Centro, por un costo de 298 mil pesos más Impuesto al Valor Agregado (IVA). Más tarde, para evitar un conflicto de intereses, los socios y funcionarios deshicieron la asociación para que las esposas de ambos se encargaran de administrar el negocio.

“Las personas morales tienen una personalidad jurídica propia y, como tales, pueden ejercer el comercio, mientras que por cuestiones de este tipo de conflictos que se pudieran dar, decidimos salir nosotros de la sociedad -de Concariba- hace más de cinco años”, respondió García Lazcano a la pregunta sobre el posible delito de tráfico de influencias en el que pudieran incurrir.

Tras una denuncia anónima, ZETA visitó las instalaciones del mencionado negocio ubicado en Calle 20 de Noviembre entre Doce y Trece, donde los allegados a la empresa reconocen a Ibarra López y García Lazcano como propietarios de la constructora que participa en concursos de licitación del Gobierno del Estado de Baja California.

“Si vas al Registro Público de la Propiedad te vas a dar cuenta. Las accionistas ahora, legal y formalmente, pero además las que atienden el negocio, son nuestras esposas, y realmente lo atienden. Lo que la empresa adquiere de obras es a través de concursos y son públicos”, insistió en su defensa García Lazcano.

En 2010, cuando ambos socios dejaron de estar en la empresa, recibieron una nueva obra por casi 2 millones de pesos para una red de alcantarillado sanitario y ampliación en Lomas de El Sauzal, en la calles Puerto Veracruz, Puerto Magdalena y Privada San Diego del municipio de Ensenada.

A finales de 2012, la empresa apareció en el estado financiero de la administración estatal con un adeudo de  2 millones 300 mil pesos por bienes o servicios otorgados a la entidad pública (APAZU-CESPE-2010-003-LP).


El coordinador de directores de la CESPE reiteró que Concariba es una persona moral y que, por lo tanto, en sentido estricto, no forma parte del negocio pero, en caso de que hubiera inconformidad por parte de los organismos de fiscalización, atenderá la notificación, “pero insisto, no creo que haya alguna irregularidad”, expuso García.

Sin embargo, el Artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que refiere las prohibiciones a los funcionarios, determina en el punto XV:

“Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, objetos mediante enajenación a su favor en precio notoriamente inferior al que el bien de que se trate y que tenga en el mercado ordinario; o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XIII, y que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión”.

 Y en el XXIII:

“Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, con las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría a propuesta razonada, conforme a las disposiciones legales aplicables del titular de la dependencia o entidad de que se trate”.

De acuerdo a la Ley, que la empresa Concariba, antes propiedad de los funcionarios de la CESPE y hoy en manos de sus cónyuges, reciba convenios de obra, constituye un conflicto de intereses.

Jorge Luis Ibarra López  no accedió a declarar sobre el problema que, según diputados de la Comisión de Fiscalización, podría estar investigando el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) de Baja California como un acto de tráfico de influencias.

QUE SE INVESTIGUE: DIPUTADO

Respecto a la falta en que incurren los servidores públicos que al mismo tiempo proveen productos o servicios al sector público, el diputado e integrante de la Comisión de Fiscalización, Roberto Dávalos Flores, reveló que hace meses no sesiona la Comisión con el ORFIS y, por lo tanto, hay varios temas rezagados.

Explicó que el ORFIS hace las investigaciones y la revisión de la cuenta pública, realiza las auditorías y los estudios de campo, así como documentales. De esta manera, ellos entregan a la Comisión y el presidente cita a la Comisión.

 “Habría un conflicto de intereses por el hecho de que son funcionarios y que se les asigna obra pública. Definitivamente hay una denuncia con mayor interés, el Órgano debe revisar a efectos que los estudios y análisis que se remitan para acciones correspondientes en contraloría, según sea el caso”, aseguró Dávalos.

Para el legislador, la Ley es clara y en su apartado décimo señala como lineamiento: “… desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones que por Ley le corresponda por el desempeño de su función, sean para él o su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles; o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios; o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/LORENA LAMAS /   25 DE MAYO DEL 2015 A LAS 12:00:15)

MATAN A BALAZOS A EX PRESIDIARIO AL LLEGAR A SU CASA EN CULIACÁN



CULIACÁN.- Un ex convicto murió luego de ser atacado a balazos la noche de este lunes en las puertas de su casa en el fraccionamiento Valle del Agua.

La víctima actualmente realizaba actividades de albañilería.

Se trata de quien en vida llevara el nombre de Víctor Manuel Beltrán Rodríguez, quien paso buen tiempo en la prisión estatal acusado del robo violento a una farmacia Farmacón.

Los primeros reportes de la policía investigadora establecen que Beltrán Rodríguez llegaba a su casa luego de una jornada de trabajo.

No se percató de la llegada de un sujeto, quien por la espalda le disparó en varias ocasiones, para luego darse a la fuga.

Víctor Manuel Beltrán Rodríguez fue auxiliado con vida por su familia y trasladado en una camioneta al servicio médico e interceptado en el trayecto por una ambulancia de Cruz Roja donde murió.

De los hechos dio fe e inspección ministerial la fiscalía especializada en Homicidios Dolosos.


(RIDODOCE/ REDACCION/ 26 mayo, 2015)

NO PROTEGERÉ A PADRÉS, AFIRMA GÁNDARA


Al finalizar un mitin con vecinos de una colonia popular, el ex Alcalde de Hermosillo dijo que en su administración no habrá borrón y cuenta nueva, y cualquier irregularidad será denunciada, esté quien esté involucrado
   
Hermosillo, Sonora.- Ante las acusaciones de propiedades millonarias del Gobernador panista Guillermo Padrés, el candidato albiazul por la gubernatura, Javier Gándara, dijo ser un político con una trayectoria diferente y se comprometió a ejercer una gubernatura sin protección a nadie.

Al finalizar un mitin con vecinos de una colonia popular, el ex Alcalde de Hermosillo dijo que en su administración no habrá borrón y cuenta nueva, y cualquier irregularidad será denunciada, esté quien esté involucrado.

El candidato panista lamentó que estas campañas se distingan por el alto nivel de denostaciones en forma de desplegados y trascendidos en medios de comunicación, tal y como se hizo ayer contra el Gobernador en el que se le acusa de tener propiedades costosas. "Yo qué te voy a decir, se supone que ya estamos terminando, ojalá y entremos en el ánimo de la civilidad y no confundir a la gente", dijo acerca del desplegado. "Me parece que es muy claro que Javier Gándara es Javier Gándara y lo he venido diciendo, la gente conoce la historia de Javier Gándara".

Cuestionado sobre la posibilidad de que estos señalamientos resulten ciertos, Gándara Magaña se comprometió a denunciar irregularidades. "Ya llegando al ejercicio de Gobierno voy a cumplir con mi responsabilidad, lo que exija la ciudadanía, porque ellos son quienes tienen la palabra", dijo.

"Yo lo que les digo es que va a ser un ejemplo de transparencia, nosotros no vamos a ser tapadera de nadie, que no habrá borrón y cuenta nueva, y por supuesto que no habrá nadie al cual no se le pueda abrir un proceso".

Rechazó investigar posibles irregularidades, pero sí denunciarlas en caso de encontrarlas. "Lo único que le corresponde al Gobierno en todo caso es denunciar y presentarlo ante las autoridades competentes, pero la ciudadanía sabrá todo lo que tenga que saber en el ejercicio de Gobierno de Javier Gándara", indicó.


(DOSSIER POLITICO/ Rolando Chacón / Reforma/ 2015-05-26)

RETA PADRÉS A BELTRONES


Lo emplaza a probar que es dueño de 465 caballos

HERMOSILLO, Son. (apro).- El gobernador Guillermo Padrés retó al diputado Manlio Fabio Beltrones a que le demuestre, de frente, que es propietario de 465 caballos pura sangre y cuarto de milla con valor de 7 millones de dólares.

En respuesta a otro desplegado publicado en los principales diarios locales y de circulación nacional, el mandatario añadió:

“Para poder hablar quienes se dedican a la política tienen que tener autoridad moral y si el diputado (Beltrones) tiene algo que decirme, que me lo diga de frente porque no se valen las difamaciones, ni las mentiras”.

Si el diputado, prosiguió, algún día quiere una plática en cuanto a patrimonio se refiere lo ideal sería que el líder priista en la Cámara de Diputados también publicara sus bienes e ingresos.

El pasado lunes 18 Manlio Fabio Beltrones acusó a Guillermo Padrés y a su esposa, Iveth Dagnino, de ser propietarios de un predio en San Pedro El Saucito, Hermosillo, que consta de “una casa suntuosa, con calles interiores pavimentadas y lujosas caballerizas que tienen aire acondicionado”.

A través de un desplegado, el legislador refirió que el gobernador no incluyó esta propiedad en su declaración patrimonial cuando asumió el cargo, y estimó que no podría haberla comprado con su sueldo como gobernador, ni con el de su esposa.

El predio que cuenta con 65 mil metros cuadrados –construcción e instalaciones– tiene un valor de 35 millones de pesos, según un avalúo realizado en este 2015.

“Los sonorenses carecemos de servicios dignos de salud, educación e infraestructura, mientras en estas caballerizas únicamente tiene más de 120 caballos entre ejemplares pura sangre y hannoverianos atendidos por personal altamente especializado en lujosos quirófanos y maternidades que les mandó a construir ahí mismo”, puntualiza Beltrones en la publicación.

Estos caballos cuestan entre 15 mil y 60 mil dólares cada uno, “además de un ejemplar único en el mundo con un valor de 900 mil dólares, que es su consentido”, indica.

Con fotografías se muestran las caballerizas y la casa en construcción, además de unas monturas de piel de avestruz chapada en oro.

No sólo eso, Padrés también posee –en sociedad con familiares y  funcionarios estatales– tres clubes hípicos con un valor superior a los 150 millones de pesos.

Estos clubes “El Internacional”, “Mezquital Kino” y “San Juan de Italia”, cuentan con alberca de entrenamiento de caballos, estadio techado, caballerizas con aire acondicionado, lujosos quirófanos y zonas de alumbramiento.

Finalmente, denuncia que los copropietarios de estos inmuebles son sus cuñados Roberto y José Dagnino; el secretario de salud, Bernardo Campillo; el exsecretario de gobierno, Roberto Romero y el secretario de Agricultura estatal, Héctor Ortiz Ciscomani, entre otros.


(DOSSIER POLITICO/ / Milton Martínez / Proceso/ 2015-05-25)