XALAPA, Ver. (apro).-
Familiares de Armando Saldaña Morales se plantaron a las puertas del palacio de
gobierno para exigir al gobernador Javier Duarte y a la Fiscalía General del
Estado (FGE) que intervengan para que se esclarezca el homicidio del
periodista.
También demandaron al
gobierno de Duarte instar a su homólogo de Oaxaca, Gabino Cué, para que
“agilice” las diligencias ministeriales para dar con el paradero de quienes
mataron al reportero de la K-Buena.
El cuerpo de Saldaña Morales
fue hallado el lunes 4 en una parcela localizada entre las comunidades de
Morelos y La Aurora, en el municipio oaxaqueño de Cosolapa. El cadáver
presentaba huellas de tortura y tenía cuatro impactos de bala en la nuca.
La víctima, de 53 años,
trabajaba en las estaciones radiofónicas la Ke Buena y Radio Max, y había
colaborado en otros medios veracruzanos como El Mundo de Córdoba, El Sol de
Córdoba y La Crónica de Tierra Blanca, y era locutor del programa La Grilla
Punto y Debate.
Este viernes, Cristina
Saldaña, hija del comunicador veracruzano asesinado en Oaxaca, enumeró las
presuntas irregularidades en las que incurrió el MP oaxaqueño: A la fecha no
está lista la necropsia de su padre; dos días después del asesinato los peritos
tuvieron que ir al velorio de Armando Saldaña porque se les “olvido” tomar la
huella dactilar; no hubo certificado médico y, peor aún, no existe acta de
defunción porque en el municipio de Tezonapa nadie la pudo expedir.
“Y más lamentable es que el
gobierno del estado donde nació mi padre, Veracruz, se lave las manos y diga
que toda la competencia del homicidio corresponde a Oaxaca, cuando ya nos quedó
claro que en ese estado no quieren saber nada del asesinato del reportero
veracruzano”, expresó.
Tras 45 minutos de espera, en
donde la viuda María Isabel Jasso; su hija Cristina Saldaña, y Delfina Saldaña,
hermana del reportero, se plantaron en las afueras del palacio de gobierno,
funcionarios de la Subsecretaría de Gobierno y de la Comisión Estatal de Atención
y Protección de Periodistas (CEAPP) salieron a atender a los quejosos, y de
paso se firmó una “minuta compromiso” para exigir al gobierno de Oaxaca que
agilice las investigaciones y que atraiga el caso la Fiscalía Especializada en
Atención a Delitos de Libertad de Expresión (FEADLE).
Un poco antes, al mediodía,
el secretario particular del gobernador Enrique Ampudia hizo su arribo al
inmueble oficial ante la “solicitud de atención” por parte de la prensa de
Xalapa y de los familiares de Armando Saldaña.
Sin embargo, el funcionario
priista evadió los reclamos de la siguiente manera: “Yo soy el particular del
gobernador, no veo esos asuntos” para meterse de forma presurosa al palacio.
Y fue hasta que reporteros
locales comenzaron a subir imágenes de la protesta a redes sociales que por fin
llegó una comisión de servidores públicos del Estado.
“Armando Saldaña era
veracruzano, no oaxaqueño, hace unos años mi difunto esposo votó por Duarte, él
creía que las cosas iban a cambiar y vean, ya está muerto. ¿Qué no entiende
nuestro dolor?”, recriminó a los funcionarios la viuda María Isabel Jasso.
En reunión con René Álvarez,
representante de la FGE, y de Jorge Morales, de la Comisión Estatal de Atención
y Protección a Periodistas (CEAPP), los familiares se quejaron de las
condiciones en que les fue entregado el cuerpo del reportero de la Ke-Buena:
“Le cortaron la oreja, le
quemaron los pies, tenía destrozada la cabeza, tres balazos, quien o quienes lo
mataron actuaron con saña”, narró Cristina Saldaña para luego quejarse de que
ni el gobierno de Duarte ni el de Cué han ofrecido protección a la familia del
reportero asesinado.
En la reunión, María Isabel
Jasso exclamó: “¿Dónde está el señor gobernador? Pedimos que se haga justicia…
Tenemos miedo, tenemos dolor pero también tenemos mucha rabia”.
Finalmente, los
representantes de la CEAPP se comprometieron a proporcionar un “abogado
coadyuvante” en la investigación ministerial; además, apoyará en los trámites
para obtener una “indemnización” de los medios donde trabajaba Saldaña, y se
buscará, expuso Jorge Morales, otorgar medidas cautelares de protección a la
familia del reportero de la Ke-Buena.
(PROCESO/ NOÉ ZAVALETA/8 DE MAYO DE 2015)
