MANIFIESTO A LA NACIÓN*

MÉXICO, D.F. (Proceso).- 1.Los trágicos sucesos de Tlatlaya y de Ayotzinapa, ocurridos el año pasado, han despertado a la sociedad mexicana de un letargo de resignación.

En esos oscuros hechos hemos visto, como en una maqueta de nuestra amplia geografía, que la inseguridad que campea en la Nación se debe de forma principal a que el Estado y el Crimen se han convertido en vasos comunicantes ligados por la Corrupción.

2. Hemos visto cómo hoy el Estado y el Crimen cooperan en el pillaje a la sociedad, sin importar la cifra de los muertos y desaparecidos que acumulan al hacerlo, ni la inmoralidad con que han inundado a la Nación.

Hoy el Crimen y el Estado comparten a sus ejecutores: un policía suele ser esbirro del Crimen, un gobernador puede ser su socio y un juez es probable que responda al capo de su territorio.

3. Hemos visto así mismo que incluso en los espacios de convivencia pacífica, la Corrupción destruye a la Nación. Por ella se tuercen los mejores proyectos nacionales, se fugan de nuestro erario cuantiosos recursos que debieran financiar la construcción de obras para el Bien Común y nuestra Democracia se ha vaciado de sentido, al grado que la sociedad carece de razones para votar en las elecciones que se aproximan.

¿A qué elegir entre un candidato u otro, si cualquiera que sea electo trabajará dentro de una casta cuyo sistema es la Corrupción?

4. A partir de las tragedias de Tlatlaya y Ayotzinapa, y durante cinco largos meses, la sociedad mexicana, trascendiendo separaciones de clase y de ideología, se ha pronunciado en cada espacio público posible –en los medios de comunicación, en la prensa escrita, en las redes sociales, en las marchas por las calles de nuestras ciudades– exigiendo al gobierno federal que actúe para frenar las miles de desapariciones y asesinatos de conciudadanos –muchos de ellos perpetrados por las propias fuerzas gubernamentales–, así como para detener el estado de impunidad que impera a escala nacional teniendo como eje el mal de la Corrupción.

Que inserte entre las instituciones una nueva y autónoma de los poderes políticos, para que así pueda ejercer la vigilancia, el juicio y los castigos que dicten las leyes vigentes.

5. Pero a este acuerdo social manifiesto, el gobierno federal ha respondido con dos simulaciones. Desde el Poder Ejecutivo con la restauración de una Secretaría de la Función Pública, ahora como en sus tiempos de ejercicio, carente de autonomía verdadera: por tanto, una institución inútil para el propósito.

Y en su rama legislativa, el gobierno federal ha respondido creando una Comisión Anticorrupción, de igual forma carente de autonomía y de poderes, y por tanto igualmente inútil.

6. Entendiendo pues que la misma Corrupción inutiliza a la casta política para seguir el mandato de la sociedad, es tiempo de que los ciudadanos nos organicemos al margen del gobierno actual y elijamos un curso común de acción. Un curso de acción pacífico y que nunca aparte su rumbo de la meta en que nuestros deseos coinciden: expulsar a la Corrupción de la República e inaugurar una etapa histórica donde la Justicia rija en los haceres de la Nación.

7. La amenaza a la consecución de la meta son sin duda los maximalismos; la tentación de agregar a la meta en la que coincidimos por razones naturales todos los ciudadanos, otras metas que nos dividan y separen. Sostener la sencillez del propósito, por el contrario nos garantiza la unión y la unión nos garantiza su logro.

Vale pues desde el humilde minimalismo apalabrar otra vez el propósito ya expresado por la sociedad: la creación de un organismo nacional, con capacidades autónomas y suficientes para erradicar la Corrupción y para fiscalizar con severidad la actuación de quienes deberían dedicarse a procurar la impartición de justicia real y expedita a todos los mexicanos.

8. Por tanto, este manifiesto propone a los ciudadanos una Fiscalía por la Justicia formada por diez mil fiscales –ninguno de los cuales debe contar con pertenencia a partidos políticos, o historia en la función pública o, desde luego, historia delictuosa. Una Fiscalía por la Justicia encabezada por un ciudadano con las mismas características, que sea electo entre no más de cinco candidatos en un plebiscito nacional, a más tardar dentro de dos meses.

9. Una vez formada, la Fiscalía para la Justicia exigirá en forma pública a los poderes Legislativo y Judicial la legalización de sus funciones y su sustento económico.

Respaldada por una mayoría de mexicanos, con un propósito simple y sin duda noble, se antoja a la razón imposible que la exigencia pueda ser ignorada.

10. En nombre pues de nuestros muertos y desaparecidos, en nombre del saqueo sistémico de nuestros recursos nacionales; en busca de la sanación de nuestra Democracia y la restauración de nuestra dignidad de hombres y mujeres, y con la mira en una Patria donde el Bien rija y prospere sobre el Mal, queda aquí impreso y público este manifiesto a la Nación, para la mejor consideración de sus habitantes.

*Este texto se publicó en la edición 1999 de la revista Proceso, del 22 de febrero pasado.

(PROCESO/ ANÁLISIS/ SABINA BERMAN/ 1 DE MARZO DE 2015) 

GOBIERNO MEXICANO, ESBIRRO DE LAS INDUSTRIAS TABACALERA, CHATARRA Y TRANSGÉNICA

MÉXICO, D.F. (apro).- Algunas de las industrias más mortíferas del mundo encontraron en México un sólido aliado para frenar los intentos de regularlas a nivel internacional, y más particularmente en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y en la Dirección General de Reglas de Comercio Internacional (DGRCI) de la Secretaría de Economía (SE), denunciaron hoy organizaciones de la sociedad civil.

Así, en julio de 2011, el titular de la DGRCI, Juan Antonio Dorantes Sánchez, envió una carta a la delegación australiana ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) –y a nombre del gobierno mexicano–, para cuestionar su decisión de cubrir 80% de las cajetillas de cigarros con advertencias de salud y fotos de las 21 enfermedades ligadas al consumo de tabaco, el cual cobra 6 millones de vida al año.

“Es un empaquetado genérico, sencillo, que deja muy poco espacio para la marca”, señaló Erick Ochoa, director de iniciativas para el control del tabaco en la Fundación Interamericana del Corazón México.

Para la industria, añadió, “el empaquetado es la publicidad, y un estudio demuestra que un niño sabe diferenciar las distintas marcas de cigarros”.

En la OMC, Dorantes Sánchez aseveró a sus homólogos australianos que “México no tiene evidencia científica ni técnica de las influencias del embalaje sobre el comportamiento del consumidor”, y afirmó que además la regulación del empaquetado podría molestar el libre comercio.

Si bien esta reserva quedó sin consecuencia en Australia, las organizaciones denunciaron que la representación de México ante la OMC repitió los mismos argumentos que la industria tabacalera, además de que en el país los pictogramas ocupan apenas 30% de la cajetilla.

Así, en su último informe anual, Philip Morris International afirmó que si bien “apoya las advertencias de salud para informar a los consumidores de los riesgos de fumar”, “nos oponemos a advertencias excesivamente grandes, como de 50% o más de la cajetilla”.

Y, con el mismo argumento que el avanzado por Dorantes Sánchez a nombre de México, PMI aseveró: “Aumentar de manera desproporcionada el tamaño de las advertencias no reduce el consumo, pero estas advertencias de salud sí impiden nuestra capacidad de competir en el mercado al dejar un espacio insuficiente para nuestros logotipos y diseños de empaquetados”.

Según el mismo informe, Philip Morris International vendió 34 mil 600 millones de cigarros en 2013 en México –3% más que en 2012–, a raíz de lo cual controló 90% del sector formal del tabaco en el país. Sus ingresos netos en 2013 se elevaron a 80 mil millones de dólares, según el mismo informe.

En septiembre de este año, la compañía transnacional recuperó 20% de acciones que había comprado Grupo Carso –propiedad del magnate Carlos Slim– por 703 millones de dólares, a raíz de lo cual “PMI es ahora el dueño de 100% de su negocio mexicano del tabaco”, se felicitó la empresa.

Y si bien Dorantes Sánchez afirmó no tener pruebas científicas sobre la influencia de los paquetes sobre el comportamiento del consumidor, el gobierno estadunidense por su parte comprobó que durante décadas la industria tabacalera llevó a cabo campañas publicitarias –entre otras mediante el diseño de sus cajetillas y el engaño de los cigarros “light”– con un claro enfoque hacia los jóvenes.

El pasado 29 de abril, una Corte de Illinois impuso una multa de 10 mil millones de dólares a Philip Morris, decisión que apeló el gigante del tabaco.

INSTANCIAS INTERNACIONALES

Si bien las tabacaleras utilizan a ciertos gobiernos como México –pero también Honduras, Ucrania o República Dominicana– para frenar la regulación internacional del tabaco, también actúan por sí mismas, alzando su derecho a la propiedad intelectual en el marco del libre comercio.

Así, en octubre de 2012 la tabacalera demandó a Australia ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), así como a Noruega ante la Corte de Justicia Europea de la Asociación de Libre Comercio de los Estados.

Pero un caso emblemático fue el de Uruguay. En 2009, el gobierno de Tabaré Vázquez adoptó una serie de disposiciones mediante las cuales se cubrió 80% de las cajetillas de cigarros con pictogramas de advertencia y se obligó a las marcas a tener un solo color, en el marco de una lucha contra el tabaquismo iniciada en 2003 y que cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En un primer tiempo, la filial uruguaya de Philip Morris, Abal Hermanos, interpuso una demanda ante la Suprema Corte de Justicia para eliminar la obligación de imprimir “las imágenes impactantes diseñadas específicamente para generar sensaciones de repulsión, disgusto e incluso horror”.

En la demanda, formulada en febrero de 2010, Abal Hermanos afirmó que la función de los pictogramas consistía en “destruir la buena fe” de las marcas que comercializa sin “fomentar políticas de salud legítimas”.

La tabacalera argumentó entre otros que la medida atentaba a sus derechos de propiedad, de libertad industrial y comercial, a su propiedad intelectual, así como a su libertad de expresión.

Sin embargo, según la última Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos que se publicó en 2009, en Uruguay 44.6% de los fumadores “han pensado dejar de fumar debido a las advertencias sanitarias de las cajillas”.

Al ver su demanda desechada por el mayor órgano jurídico de Uruguay, la tabacalera desplazó el pleito de Montevideo a Washington, sede del Banco Mundial, y más particularmente ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

Ahí, PMI se apoyó sobre un viejo tratado firmado entre Uruguay y Suiza en 1988 para obligar el CIADI a aceptar su demanda, petición a la que accedió el órgano en febrero de 2013, pese a los intentos de Uruguay para invalidarla con el argumento que la salud representa un “bien supremo no negociable”.

En mayo pasado, Apro entrevistó a Winston Abarca, ministro de Salud en el gobierno de José Mujica, quien lamentó: “Nosotros en el gobierno queremos que la gente deje de fumar por su salud, mientras que a Philip Morris le conviene que continúe por sus ganancias”.

El caso sigue abierto en el Banco Mundial y, al declararse a favor de la tabacalera, el órgano internacional obligaría a Uruguay a pagar 25 millones de dólares a Philip Morris.

Y no sólo eso: de forma unilateral y sin advertir a las autoridades, Philip Morris cerró su planta de fábrica de cigarros en Uruguay el 21 de octubre de 2011 y despidió 62 de sus 90 empleados, argumentado que “las políticas antitabaco hacían el negocio poco rentable”.

La tabacalera reubicó su fábrica en Argentina, desde donde Uruguay importa ahora las marcas de cigarros que pertenecen a Philip Morris.

GRASOSO NEGOCIO DE LA CHATARRA

En diciembre de 2012 cambió la administración mexicana y gran parte de los altos funcionarios, pero se mantuvo en puesto Dorantes Sánchez, con el apetito intacto de derrocar las barreras al libre comercio.

El 17 de junio pasado dirigió una carta al representante de Ecuador ante el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, en la que denunció la nueva normatividad en materia de empaquetado de la administración de Rafael Correa.

El gobierno ecuatoriano obliga a imprimir en el frente de los empaquetados el “semáforo”, el cual informa de la cantidad de azúcar, grasa y sal de los alimentos a través de un esquema de colores: verde, cuando la cantidad es saludable; amarillo cuando hay que tomar precaución, y rojo cuando representa una alerta.

“Es un sistema muy sencillo de entender y leer, incluso para un niño, y estuvo promovido por miles de organizaciones de la Consumers International”, declaró el director de El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, al precisar que el semáforo recibió el aval de la Fundación Mundial de la Obesidad, del relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Salud y entra en el marco del Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en Niños y Adolescentes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Pero, según la Secretaría de Economía, el semáforo bloquea de manera inútil el comercio, ya que afirmó a la delegación ecuatoriana que “México considera que el sistema gráfico de Ecuador carece de respaldo científico”.

Parece que los funcionarios consideran al etiquetado vigente en México más adecuado. Según Castillo, estuvo diseñado por las propias empresas productoras de comida chatarra con el visto bueno de la Cofepris, y es totalmente incomprensible y engañoso, tal como lo señala de manera regular El Poder del Consumidor.

En entrevista con Apro, Castillo pone el ejemplo de una botella de 600 mililitros de Coca Cola. El refresco contiene el equivalente a 12 cucharadas de azúcar y el etiquetado menciona “60% del requerimiento diario” el cual, según la Cofepris, es de 90 gramos de azúcar por día.

Sin embargo, la OMS recomienda que para una dieta normal no se debe exceder 10 cucharadas de azúcar al día y, según Castillo, el organismo internacional “está hablando de reducir el máximo tolerable a cinco cucharadas al día, lo cual implica que a partir de esta cantidad se notan daños a la salud”.

Y denunció abiertamente a la Cofepris por ocultar la información y hacer el juego de las empresas.

“En el momento que Cofepris no invita al Instituto Nacional de Salud Pública o la academia de medicina para determinar sus medidas, demuestra que invita a las corporaciones”, aseveró, al añadir que “en el país con el mayor consumo de refresco por persona, la gente tiene derecho a tener información accesible sobre la calidad de este producto y lo que contiene”

“La gente está muy mal informada. En nuestros talleres preguntamos a las madres de familia que mencionen un cereal y te responde Zucaritas o Choko Crispies. Cuando en realizad es harina refinada con 30 o 40% del peso en azúcar. Aparte tiene colorantes artificiales asociados con hiperactividad. No mencionan avena ni amaranto”, observó.

Según su informe del cuarto trimestre de 2014, publicado el pasado miércoles, la empresa FEMSA –el mayor embotellador de productos Coca Cola en el mundo y dueño de las tiendas Oxxo, entre otros— registró un crecimiento de 2.1% en sus ingresos en 2014, con el cual concluyó el año con un balance consolidado de 35 mil 641 millones de pesos.

Su rival, PepsiCo –dueña de Pepsi, Sabritas, Gamesa, Quaker o Gatorade, entre muchos otros–, afirmó en su último informe que registró un crecimiento de 4% en 2013, con ingresos netos de 66 mil 415 millones de dólares a nivel internacional.

TRANSGÉNICOS, BIENVENIDOS

Al importar maíz y productos derivados de Estados Unidos, México se convierte en consumidor de transgénicos, afirmó el vocero de Greenpeace, Raúl Estrada.

Todavía en Ecuador, como también en otros 64 países, el gobierno obligó a las marcas a indicar en los empaquetados si los productos contienen transgénicos.

Y otra vez Dorantes Sánchez denunció un atentado al libre comercio, “argumentando costos adicionales y obstáculos innecesarios”, informó Estrada, al añadir que “en el punto 2.22 del documento enviado al gobierno de Ecuador se asegura que no existe diferencia alguna en la composición proteínica, nutrimental, toxicológica o alergénica de los organismos genéticamente modificados”.

Según Dorantes Sánchez, la ausencia de un consenso científico sobre el potencial peligro de los transgénicos “no justifica un trato diferenciado” en el etiquetado.

Sin embargo, de acuerdo con Estrada el consumidor tiene el derecho de decidir si quiere ingerir un alimento con transgénicos o no. La Cofepris decidió: no lo sabrá.

Para desventura de la industria transgénica, un conjunto de asociaciones de la sociedad civil reunidas en Colectiva AC impiden la comercialización de semillas de maíz transgénico en México desde septiembre de 2013, a raíz de una medida precautoria que dictó el Juzgado 12 en Materia Civil del Distrito Federal.

Las transnacionales –Monsanto, Dow Agroscience, Syngenta y PHI México–, pero también las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente (Sagarpa y Semarnat) desplegaron un arsenal jurídico masivo para ganar el juicio de demanda colectiva.

Desde septiembre de 2013, no menos de 12 tribunales fueron convocados para lidiar con las 72 impugnaciones y 22 juicios de amparo que interpusieron las codemandadas para derrumbar la medida precautoria.

René Sánchez Galindo, abogado de Colectivas AC, informó hoy a Apro que la organización ya ganó 14 amparos, y espera ganar dos más mañana viernes 27.

También informó que el juez Jaime Manuel Marroquín Zaleta –que la empresa transgénica Monsanto trató de botar del proceso judicial— demandó en una sentencia dejar de lado las impugnaciones y abrir el juicio para llevar a cabo la discusión de fondo.

“La aplicación de los principios jurídicos cobra especial relevancia por la trascendencia de la cuestión que se pretende someter a debate: la posible liberación de transgénicos, porque a juicio de este tribunal debe considerarse de orden público y de interés general”, advierte la sentencia.

(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ MATHIEU TOURLIERE/ 26 DE FEBRERO DE 2015) 

AGENTES EXTRANJEROS ARMADOS EN MÉXICO… DESDE HACE MUCHO

La iniciativa presidencial para modificar la Ley Federal de Armas de Fuego a fin de permitirles a los agentes estadunidenses operar armados en territorio nacional no haría sino legitimar una situación que ya existe de hecho. Empleados de la DEA y del FBI confirman que esta práctica se observa desde hace décadas –todo mundo lo sabe pero nadie lo menciona–. Esos funcionarios aseguran que no verían “ningún cambio” si la propuesta de Peña Nieto se aprueba.

WASHINGTON (Proceso).- Enfáticos y casi descaradamente, funcionarios de la DEA y del FBI sostienen que no verían “ningún cambio” en su manera de operar en México con la iniciativa de ley del presidente Enrique Peña Nieto, que permitiría la portación de armas de fuego a agentes extranjeros dentro del territorio mexicano.

“No cambiaría en nada nuestras operaciones en México”, dice un funcionario de la administración antidrogas estadunidense (DEA). “¿Cuál es la modificación? Es un tema que se agradece, pero no cambia nada”, refiere por su parte un empleado de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

Ambos fueron consultados telefónicamente por Proceso y pidieron no ser identificados, toda vez que el tema gira en torno de un proyecto de ley que no ha sido refrendado por el Congreso mexicano.

La semana pasada Peña Nieto envió al Senado un proyecto de modificación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en cuyo marco se permitiría a los agentes extranjeros, aduanales y de migración portar armas en territorio mexicano.

La decisión de Peña Nieto tomó por sorpresa a la DEA y al FBI pues, admiten, durante años y por medio de los oficios diplomáticos del Departamento de Estado se abogó por que a sus agentes en México se les permitiera portar armas de fuego para su defensa; con más urgencia a raíz de la guerra contra el narcotráfico que lanzó el expresidente Felipe Calderón y mantiene Peña Nieto.

“Es una grata sorpresa, sobre todo viniendo del presidente de México”, comenta con tono risueño el funcionario de la DEA.

Desde 1973 –cuando esta agencia comenzó a operar en Sinaloa, Guerrero, Sonora y Jalisco– el Departamento de Estado pidió al gobierno mexicano que a sus agentes se les permitiera portar armas de fuego para su defensa. Sin embargo la respuesta de Los Pinos siempre fue una negativa.

(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso número 2000, ya en circulación)

(PROCESO/ J. JESÚS ESQUIVEL/ 28 DE FEBRERO DE 2015) 

Y MICHOACÁN SEGUIRÁ EN MANOS DEL CRIMEN ORGANIZADO

La aprehensión de Servando Gómez, La Tuta, está lejos de acabar con el crimen organizado que medra y desangra Michoacán. Los negocios ilícitos y jugosos son muchos ahí: producción y trasiego de drogas sintéticas, explotación de la producción minera, extorsión, secuestro… Ya hay varios grupos que se disputan la Tierra Caliente y la calentarán más en los próximos meses con sus feroces disputas.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Con la captura de Servando Gómez Martínez, La Tuta, El Profe o El Viejo Feo, la madrugada del 27 de febrero, Los Caballeros Templarios dejan una herencia peligrosa: el surgimiento de nuevos grupos y el regreso de los antiguos cárteles, como el de Sinaloa o Los Zetas, los cuales buscan controlar el territorio de la Tierra Caliente michoacana, estratégico para la producción y trasiego de drogas.

Uno de estos nuevos grupos es La Nueva Línea, integrado en su mayoría por ex templarios quienes se habían refugiado temporalmente en Colima y Jalisco, revelan fuentes de inteligencia de la Policía Federal, habitantes de la región y exintegrantes de las Fuerzas Rurales.

La captura de La Tuta, de 49 años, se da en el momento más bajo de percepción ciudadana en torno a la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, luego de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 y por el estancamiento de la economía. Es una bocanada de aire fresco y un distractor en medio de los duros cuestionamientos que desde la ONU hasta Europa se han hecho al gobierno peñista por la constante violación de los derechos humanos y la espiral de violencia en todo el país.

La Tuta –considerado por el gobierno federal “el criminal más buscado de México”, luego de la detención hace un año de Joaquín El Chapo Guzmán, cabeza del Cártel de Sinaloa– deja una estela de grupos del crimen organizado que se reacomodan para dominar la región michoacana de Tierra Caliente.

La captura de Gómez Martínez tuvo lugar en Morelia, informó el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, la noche del 27 de febrero. Pero según testigos, el jefe templario fue sorprendido en una casa de la tenencia de Morelos, en las afueras de la capital michoacana.

De acuerdo con la versión oficial, la vivienda donde fue detenido La Tuta está en el número 52 de la calle José Araizabal, colonia Oviedo Mota de Morelia, detrás de la Casa de Gobierno. En esa misma colonia hace un año fue capturado otro líder templario: Dionisio Loya Plancarte, El Tío.

Gómez Martínez fue detenido luego de varios meses durante los cuales su organización criminal recibiera fuertes golpes y tras de que cayeran otros de sus capos; las autoridades ofrecían por él una recompensa de 30 millones de pesos.

Visiblemente delgado, Gómez fue trasladado a la Ciudad de México para rendir declaración en la Procuraduría General de la República (PGR) y luego lo llevaron al penal de alta seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Durante su gestión como comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, cargo que dejó hace unas semanas, Alfredo Castillo dijo una y otra vez que La Tuta estaba en permanente huida, con su estructura desmantelada; que vivía en cuevas y su detención era cosa de días.

Sin embargo Castillo dejó el cargo con La Tuta en libertad, pese a la caída de casi todos sus cómplices.

(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso número 2000, ya en circulación)

(PROCESO/ FRANCISCO CASTELLANOS J. Y JOSÉ GIL OLMOS/ 28 DE FEBRERO DE 2015)

TELEVISA SE EMPODERA

La empresa encabezada por Emilio Azcárraga Jean es ambiciosa, teje fino y acaba de incrustar dos de sus tentáculos en las más altas esferas del Estado: Arely Gómez –hermana de Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticias de Televisa– sustituirá al procurador Jesús Murillo Karam, cuya defenestración fue anunciada no por el gobierno sino por Joaquín López Dóriga, erigido de facto en vocero de Enrique Peña Nieto. Y Eduardo Medina Mora (amigo de otro de los hermanos Gómez, Bernardo, vicepresidente del consorcio televisivo) está a punto de ocupar una silla entre los ministros de la Suprema Corte, con miras a presidirla. Los poderes Judicial y Ejecutivo son sólo unas estrellas más…

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Al filo de las 23:00 horas del pasado 27 de febrero, el conductor de El Noticiero del Canal 2, Joaquín López Dóriga, asumió las funciones de vocero de la Presidencia de la República y anunció como un hecho el relevo de Jesús Murillo Karam de la Procuraduría General de la República (PGR) para irse a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), sustituyendo a Jorge Carlos Ramírez Marín, e informó que en su lugar “será designada mañana” la senadora con licencia Arely Gómez González Blanco, hermana de Leopoldo Gómez, jefe inmediato de López Dóriga y vicepresidente de Noticias de Televisa.

López Dóriga no citó ninguna fuente del gobierno federal. Ni el vocero presidencial Eduardo Sánchez, ni el director de Comunicación Social, David López y menos el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Aurelio Nuño, emitieron mensaje alguno para confirmar esa noticia sobre el primer gran enroque en el gabinete de Enrique Peña Nieto.

El anuncio de la designación de la próxima procuradora general, que deberá ser ratificada esta semana por el Senado, coincidió con el mismo proceso para elegir al futuro ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde también Televisa juega como parte interesada.

De los tres aspirantes, los espacios informativos de Televisa han destacado a Eduardo Medina Mora, exdirector del Cisen, exprocurador, exembajador y amigo desde la infancia de otro potentado de la televisora: Bernardo Gómez, vicepresidente de la empresa, así como exsocio de Alejandro Quintero, creador de TV Promo y vicepresidente Corporativo de Comercialización, artífice del “plan de acción” para llevar a Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República.

Seis horas antes del madruguete de López Dóriga, en el salón de sesiones del Senado Arely Gómez formalizó su sorpresiva solicitud de licencia para irse como subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR, en lugar de Mariana Benítez Tiburcio, brazo derecho de Murillo Karam. Benítez se separó del cargo para irse como candidata a una diputación federal plurinominal por el PRI.

La senadora Gómez González Blanco fue despedida en medio de aplausos de todas las bancadas del Senado y prodigó su “amistad” a legisladores del PRI, PRD, PAN y a los integrantes de la Comisión de Transparencia, que ella presidió.

(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso número 2000, ya en circulación)

(PROCESO/ JENARO VILLAMIL/ 28 DE FEBRERO DE 2015)

ROBAN ARSENAL A POLICÍA DEL DF

Distrito Federal— Un arsenal de armas largas y cortas fue robado de una bodega de la Policía Auxiliar ubicada en la calle 23 de Julio, esquina con Canal de Tezontle, en la Colonia Leyes de Reforma, Iztapalapa.

Según una fuente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del DF habrían sido sustraidas unas 100 pistolas.

Este atraco se suma al "extravío" de 31 mil balas de la Policía Auxiliar detectado en mayo de 2013 por una auditoría y por el cual no ha habido, hasta la fecha, denuncia ni sanción algunas.

Documentos internos de la SSP de los que Reforma tiene copia señalan que el robo ocurrió el viernes a las 3:00 horas, aunque el caso no se ha dado a conocer públicamente.

Personal de la PGJDF negó que, hasta ayer, se hubiera presentado una denuncia.

Según el custodio de la bodega, dos individuos lo sometieron y huyeron con el arsenal.

En el sitio, de acuerdo con los documentos, se almacenaban unas 115 armas. El reporte no precisa el monto del hurto.

Por la noche, otra fuente de la SSP dijo que podrían ser unas 40 las armas robadas.

(DIARIO DE JUAREZ/ REFORMA | DOMINGO 01 MARZO 2015 | 12:11 HRS)

LINCHAR MEXICANOS ERA UN 'DEPORTE AL AIRE LIBRE' EN EU

Washington— “Un deporte al aire libre”. Así definió la práctica de linchar mexicanos en California el periodista Carey McWilliams. McWilliams, autor de North from Mexico (Al norte de México, 1948), un libro de referencia sobre los mexicanos de Estados Unidos, fue uno de los pocos en preservar la memoria de un episodio vergonzoso en un país que nunca deja de revisar su joven historia.

El recuerdo de la muerte, a manos de las turbas anglosajonas, de centenares, seguramente miles, de ciudadanos de origen mexicano entre mediados del siglo XIX y las primeras décadas del XX, quedó esparcida en canciones populares, en leyendas que contaban de padres a hijos, en un puñado de westerns y novelas de género. Era un recuerdo vago, una historia remota, medio olvidada.

Pero jamás, hasta que los historiadores William Carrigan y Clive Webb se pusieron a investigar, se desvelaron las dimensiones de los linchamientos a mexicanos, superados solo por los linchamientos de negros en el Sur hasta mediados del siglo XX.

EU se transforma y también se transforma la manera de contar la historia, más allá de la mitificación del patriotismo más superficial. Cambia la demografía: los latinos —la mayoría, de origen mexicano— son la minoría más pujante. Y cambia el pasado, que nunca es estático: Estados Unidos incorpora otros traumas al acervo común.

VISIONES DIVERGENTES DEL PASADO

“Los blancos y los mexicanos recuerdan el pasado de manera distinta”, dicen los historiadores William Carrigan y Clive Webb en un correo electrónico. “Mientras que es posible que los blancos vean la violencia en la frontera contemporánea como algo conectado solo al presente, a las tensiones tras el 11-S por la inmigración, los mexicanos sitúan la violencia en un contexto histórico más amplio y lo conectan a episodios pasados de nativismo violento y prejuicios”, explican los autores del libro Muertos olvidados.

Las diferentes visiones del pasado, las memorias múltiples, pueden complicar el diálogo. Carrigan y Webb ven más diferencias que similitudes entre los episodios que estudian en su libro y casos actuales de xenofobia o abusos: no hay un vínculo directo. Pero para muchos, la asociación es inevitable. “La cuestión”, dicen, “es que las autoridades no entienden por qué tantos mexicanos sí ven conexiones”.

Muertos olvidados: violencia en grupo contra mexicanos en Estados Unidos 1848-1928 es el título del libro de Carrigan y Webb, publicado hace dos años. Los hechos quedan lejos y son incomparables con cualquier discriminación del presente. La publicación reciente de un informe que amplía en 700 el número de muertes conocidas por linchamiento de afroamericanos, sumada al goteo de noticias sobre arbitrariedades policiales, y a los debates sobre la inmigración, coloca la tragedia bajo otra luz: los negros no fueron las únicas víctimas del racismo.

Farmington (Nuevo México), 16 de noviembre de 1928. Cuatro hombres enmascarados irrumpen en el Hospital del Condado de San Juan y se llevan al paciente Rafael Benavides. Benavides es un pastor ingresado tras agredir a una niña mexicana, asaltar a una mujer anglosajona y quedar malherido por los disparos de los agentes del sheriff. Los enmascarados se lo llevan en un camión a una granja abandonada. Le atan una soga al cuello y lo cuelgan de un árbol. Los asaltantes nunca serán juzgados.

Benavides, cuya muerte reconstruyen Carrigan y Webb, disfruta del raro privilegio de ser la última víctima mexicana de la violencia en grupo y extrajudicial documentada. Los historiadores han documentado 547 víctimas mexicanas (inmigrantes y estadounidenses de origen mexicano), pero el número total de personas “ahorcadas, quemadas y tiroteadas” es superior. Fueron miles, según la estimación de Carrigan y Webb.

Con el ahorcamiento de Rafael Benavides terminó una era que había empezado en 1849, tras la derrota de México en la guerra contra Estados Unidos, la anexión de Texas por EU y la transferencia a este país, por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, del actual suroeste del país. La frontera política se desplazó centenares de kilómetros, pero los mexicanos siguieron allí; los anglosajones eran los recién llegados, los inmigrantes, pero unos inmigrantes que intentaban imponer su ley en un medio hostil. Las tensiones eran inevitables.

Existía una justificación racional para el llamado vigilantismo —el mantenimiento del orden público por parte de individuos o grupos civiles— y los linchamientos. En el Oeste, un territorio donde el Estado era débil y la justicia lenta, ineficiente o directamente ausente, muchos veían en los procesos y ejecuciones informales la única opción para combatir el crimen en ese territorio.

Carrigan y Webb cuestionan que la persecución de mexicanos fuera una mera reacción de las carencias del sistema judicial en las tierras de frontera. La violencia no se explica sin los prejuicios raciales y la competición económica. “El trasfondo de tanta violencia entre anglos y mexicanos puede ligarse a la pugna por el oro, a conflictos aparentemente constantes por la tierra y el ganado o a la batalla por los términos y las condiciones laborales”, escriben.

El 3 de mayo de 1877 de madrugada, Francisco Arias y José Chamales se hallaban en la prisión de Santa Cruz (California) cuando una muchedumbre se los llevó. Les acusaban de robar a un carpintero, recuerdan Carrigan y Webb. Les ahorcaron sin juicio y nadie respondió por el crimen: un deporte al aire libre, como dijo McWilliams.

En 1990, el poeta de Brooklyn Martín Espada describiría en un poema los rostros, “descoloridos como peniques de 1877”, de la muchedumbre que se acercó para ver a los muertos. Arias y Chamales presentaban “la mueca dormida de los cuellos rotos”. En la fotografía de aquel linchamiento, que ilustra esta página, la mirada del público y la mueca de ajusticiados cruzan los siglos.

(DIARIO DE JUAREZ/ EL PAÍS | DOMINGO 01 MARZO 2015 | 12:51 HRS)