Cuando nombró
recientemente al arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, nuevo cardenal mexicano,
el Papa Francisco confirmó las señales de lo que venía pensando sobre México.
Algunos mensajes ya había enviado. Unos fueron públicos, como los dos artículos
críticos del Gobierno mexicano por la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, publicados el año pasado en “L’Osservatore Romano”, el órgano
oficial de la Iglesia católica, a lo que siguió la petición privada de
Francisco para que en el viaje programado a México, en marzo, le dieran
facilidades para oficiar una misa en Guerrero. La petición fue denegada y la
visita pasó a mejor vida. Pero el tema no ha parado.
La jerarquía
católica ha tomado partido en el tema de Ayotzinapa. El 22 de diciembre, el
Nuncio Apostólico, el equivalente a embajador vaticano en México, Christophe
Pierre, ofició una misa de Navidad en la Escuela Nurmal Rural “Raúl Isidro
Burgos” de Ayotzinapa, en donde dijo: “La Iglesia camina con ustedes. Lo peor
cuando uno sufre es sentirse solo. Yo sé que ustedes no están abandonados.
¡Estamos con ustedes! ¡También el Papa está con ustedes!”. Es cierto. La
Iglesia católica y los laicos se han sumado a la causa de manera decidida.
Siguen la línea de el Vaticano aunque, por los últimos mensajes, quizás se
excedieron. El cardenal Suárez Inda parece portador del nuevo mensaje papal.
Durante una conferencia de prensa este lunes en Roma, habló de “manipulación”
de los padres de los normalistas y de intentos de “insurrección”. Su lenguaje
es insólitamente duro para un prelado, pero absolutamente claro para lo que
quiere transmitir El Vaticano. “Percibo que hay una cierta manipulación y una
cierta tendencia política, de intereses que se aprovechan del dolor de los
padres de familia para provocar insurrecciones”, afirmó el cardenal.
¿En qué está
pensando el Papa? O quizás, ¿qué información tiene el Vaticano? En este espacio
se recordó hace pocas semanas cómo las organizaciones católicas han jugado un
papel central en la lucha contra las desapariciones forzadas, y que algunos de
sus cabezas, viejos luchadores por la defensa de las garantías individuales,
estaban muy activos en el caso de Ayotzinapa.
Uno de ellos era
Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), quien durante largos años ha trabajado con el laico
Miguel Álvarez Gándara, director de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz),
que fundó el finado obispo Samuel Ruiz. Ellos lo propusieron para ser Premio
Nobel de la Paz, y jugaban un rol clave, muy poco explorado aún, con el EZLN en
Chiapas, donde uno recaudaba fondos y el otro generaba spins mediáticos cuando
había que elevar de atención un tema.
Álvarez Gándara era
el operador político del obispo Ruiz, y responsable de las redes de
financiamiento para la guerrilla en Chiapas, principalmente de la Universidad
Católica de Lovaina, pero también de fundaciones alemanas, españolas y
holandesas. Está vinculado con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la
Educación de Guerrero, a través de Minervino Morán y Gonzalo Juárez, ex
secretario general de la disidencia magisterial, y a Vidulfo Rosales, el
abogado de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, quienes tienen vínculos
con los movimientos armados guerrerenses.
Álvarez Icaza y
Álvarez Gándara son los más visibles, pero no los únicos. Dentro del Movimiento
Popular de Guerrero, la organización paraguas que agrupa a las organizaciones
antisistémicas que buscan crear de ese estado una entidad autónoma, se
encuentran dos sacerdotes con un papel muy activo en la zona de La Montaña,
donde se encuentran la zona de mayor incidencia guerrillera. Se trata de Mario
Rey-naldo Campos Hernández, el cura de Tlapa de Comonfort, que es uno de los
principales organizadores de los grupos de autodefensa. El otro es Hugo Melitón
Santillán Cantú, cura en Xalpatláhuac, relacionado con Eliseo Villar Castillo,
uno de los comandantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias,
y ligado a la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero, que tiene
ramificaciones con la guerrilla.
Los curas de la zona
de La Montaña pertenecen a una nueva generación de sacerdotes católicos
vinculados a los movimientos sociales y armados. Campos Hernández incluso, dijo
el 31 de marzo de 2013 en la asamblea comunitaria de los grupos de autodefensa
en Ayutla de Los Libres: “Llevamos años organizándonos, preparándonos, y en
este momento tan delicado que vive la nación y ante el descrédito de las
autoridades, hemos decidido movilizarnos”. En efecto eso sucedió, y el año
pasado las autoridades guerrerenses frustraron un levantamiento armado
precisamente en ese municipio de la Costa Chica. Por las palabras del cardenal
Suárez Inda, el Vaticano está preocupado que detrás de la demanda justa de
justicia por el crimen de los normalistas de Ayotzinapa, se prepare la
insurrección. La guerrilla ha venido concretando su proyecto insurreccional en
Chiapas, Guerrero y Oaxaca, llamado La Línea de la Esperanza, que busca
instaurar un estado dentro del estado. Eso no va a suceder.
El Estado Mexicano
no se va a quebrar y ante la amenaza final, es previsible una respuesta
drástica y desesperada. En ese momento, quienes hayan sido manipulados, serán
arrastrados a la violencia, convirtiéndose en la carne de cañón para fines que
nunca fueron los suyos. La Iglesia católica debe haber visto lo que empieza a
surgir en el horizonte mexicano y, cuando menos, querrá salvar a los suyos.
(ZOCALO/
COLUMNA ESTRICTAMENTE PERSONAL DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 18 DE FEBRERO 2015)
