lunes, 2 de febrero de 2015

MATAN EN ECATEPEC A CINCO INTEGRANTES DE UNA FAMILIA


Cinco integrantes de una familia, dos hombres y tres mujeres, una de ellas menor de edad, fueron asesinados a balazos en el interior de su casa en la colonia Rústica Xalostoc, en Ecatepec, Estado de México.

La Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana informó que el quíntuple homicidio ocurrió esta madrugada en el interior de la vivienda ubicada en el número 92 de la Calle 8, esquina con Calle 7.

Familiares de las víctimas solicitaron el apoyo de elementos de la policía estatal, quienes al llegar al domicilio encontraron los cuerpos sin vida de las cinco personas, tirados en el piso.

Un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Homicidios de Ecatepec acudió al lugar y ordenó el levantamiento y traslado de los cadáveres al Servicio Médico Forense, para que se les practique la autopsia de ley.

En el lugar se encontraron más de 20 casquillos percutidos de diversos calibres. Según las primeras versiones sobre este hecho, un comando de seis personas mató a la familia en su vivienda. Elementos del Ejército y la Marina resguardan el inmueble.

 (Eje Central)

(RIODOCE/ REDACCION/2 febrero, 2015)

LA TRANSA DEL LÍDER DE LA CROC


El líder nacional de la Confederación vendió un hotel en huelga en Cabo San Lucas, por más de 220 millones de pesos. El dinero no llegó a manos de los trabajadores en paro

Cabo San Lucas, Baja California Sur.- El líder nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, no pudo ocultar el millonario contrato de compraventa de un hotel en huelga en este destino turístico, cuando, según el expediente II-209/94, todavía no se resolvía el juicio laboral entablado por la organización sindical en contra de la empresa Peza Construcciones, S.A. de C.V. en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Baja California Sur.

La operación financiera se dio el 10 de junio de 2010, de acuerdo a la escritura pública 44 mil 861, expedida por el Notario Público Número 3, Carlos Arámburo Romero, donde el senador con licencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) firmó el contrato de compraventa de ese hotel, de una superficie de 14 mil 619.74 metros cuadrados, por 220 millones 616 mil 518 pesos.

El contrato, bajo el folio 62345-6247, indica que el monto “fue cubierto al vendedor por el comprador con anterioridad al presente acto, quien lo recibió a su más entera satisfacción, firmando el vendedor el presente instrumento como el recibo más amplio y eficaz que en derecho proceda”.

La operación de compraventa -según la primera cláusula del contrato- fue entre Isaías González Cuevas en su carácter de secretario general del Comité Ejecutivo del Sindicato Industrial Revolucionario de Obreros de la Construcción, Conexos y Similares de la República Mexicana, y José Rosario Álvarez Castillo, administrador único de la compañía Servicios, Proyectos y Construcciones de California, S. de R.L de C.V.

La propiedad, localizada en el lote marcado con el número 16 de la sección Marina de Cabo San Lucas, Baja California Sur, registrada con la clave catastral 402-003-016-021, está en la zona de mayor plusvalía de ese destino de playa, y colinda con las siguientes propiedades:

1.- Del lado Noroeste, con Pasaje Marlín 5 y Paseo de la Marina
2.- Del lado Suroeste, con Plaza Dorada
3.- Del lado Norte, con Pasaje Marlín 6.
4.- Del lado Sur, con Pasaje Martín 5, y cierra el polígono.

De acuerdo al contrato de compraventa, el bien inmueble se encuentra en construcción con una superficie de 22 mil 637 metros cuadrados y consta de 166 cuartos hoteleros, 63 condominios, 15 locales comerciales, dos restaurantes, snack bar y lobby bar.

“Las partes contratantes manifiestan su entera conformidad con los términos de esta escritura, y agrega el comprador que da por recibido real y jurídicamente el bien inmueble descrito y deslindado en la declaración primera del presente instrumento, el cual fue materia de la presente enajenación”, transcribe el contrato, a la vez que describe: “El bien inmueble no está relacionado con ningún litigio o reclamación de cualquier naturaleza que se encuentra, y continuará libre de gravamen y limitaciones en su dominio”.

Los firmantes de la operación de compraventa describieron lo siguiente:

1.- El vendedor dijo llamarse Isaías González Cuevas, ser mexicano de nacimiento, originario de Acolman, Estado de México, nacido el 6 de julio de 1940, con domicilio en Hamburgo número 250, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

2.- El comprador dijo llamarse José Rosario Álvarez Castillo, ser mexicano de nacimiento, originario de Ocampo, San Luis Potosí, nacido el 7 de octubre de 1957, con domicilio en Josefa Ortiz de Domínguez número 3150 esquina Sinaloa, Fraccionamiento California en La Paz, Baja California Sur.

EL ANTECEDENTE

El bien inmueble es propiedad de un fideicomiso administrado por la banca Nacional Financiera (NAFINSA), registrado indebidamente el 30 de junio de 2008, a nombre del Sindicato Industrial Revolucionario de Obreros de la Construcción, Conexos y Similares de la República Mexicana en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en Los Cabos, después de que la empresa Peza Construcciones, S.A de C.V, perdió un juicio laboral contra la CROC, bajo el número de expediente II-209/94, tras el estallamiento de una huelga iniciada en 1994.

En aquel entonces, la compañía constructora que desarrollaba el complejo turístico contrató a trabajadores afilados al Sindicato Industrial Revolucionario de Obreros de la Construcción, Conexos y Similares de la República Mexicana, sin embargo, a falta de pago, estalló la huelga e inició un tedioso juicio laboral, “hasta ahora el más largo de la historia” -según el propio presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Mohamed Medina de la Toba-, el cual duró hasta 16 años en ser resuelto, donde el gran perdedor fueron los trabajadores del sindicato de la CROC.

El proyecto turístico estaba jurídicamente dividido, en primer término, en su calidad de fiduciario, NAFINSA como administrador del fideicomiso del complejo turístico, y en segundo término, el responsable de la construcción era Peza Construcciones, S.A. de C.V.

Durante una entrevista con ZETA, el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Mohamed Medina de la Toba, recordó que cuando la CROC estalló la huelga en 1994, fue en contra de Peza Construcciones, S.A. de C.V. La institución financiera no fue notificada en su calidad de fiduciario, entonces, jurídicamente se imputó la huelga a Peza Construcciones, S.A. de C.V., donde la propia NAFINSA queda excluida; entonces, como no era parte del proceso, promueve una tercería excluyente de dominio a principios de 2002.


Es decir, un procedimiento incidental del juicio mercantil, defendiendo un derecho lesionado durante el proceso laboral, en virtud de que nunca fue notificada de manera oficial, y donde no se discute la existencia de la deuda, sino única y exclusivamente la liberación del bien inmueble embargado de manera indebida.

El presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje dijo que durante el proceso de tercería excluyente de dominio,  NAFINSA acreditó ser propietaria del bien inmueble, porque cuando fue constituido el fideicomiso se le transmitió el derecho para que administrara la propiedad, quedando establecido que se iba a desarrollar en la totalidad del complejo turístico en un 60 por ciento, y el hotel en un 80%. Una vez cumplido ese requisito se sesionaría en el fideicomiso y se transmitiría la propiedad a Peza Construcciones, S.A. de C.V.

Sin embargo, eso no sucedió porque el porcentaje de construcción -al momento de estar la huelga- fue mucho menor, y, por lo tanto, no se pudo protocolizar la transmisión de la propiedad del bien inmueble de NAFINSA a Peza Construcciones, S.A. de C.V., y jamás pasó a ser propiedad de la constructora.

El propio Mohamed Medina de la Toba explicó que cuando ocupó el cargo de presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, en 2011, “se hizo el análisis y revisión de toda la documentación”, derivado de que el caso había sido manejado por anteriores administraciones.

Lo primero que observó es que “no se habían cumplido los requisitos en la transmisión de la propiedad de Peza Construcciones, S.A. de C.V. a la banca Nacional Financiera, porque no constaba dentro del expediente que se hubiera llevado la asamblea del fideicomiso”, por lo tanto, declaró procedente la tercería excluyente de dominio, embargando los derechos fideicomitidos a Peza Construcciones, S.A. de C.V. y ordenando el levantamiento del embargo.

Medina de la Toba agregó que la decisión fue acatada jurídicamente por el sindicato de la CROC a través del amparo directo, resuelto en 2013 y confirmado por el Tribunal Colegiado, por lo que la organización sindical recurre a la queja en la Corte,  la cual determina desechar el recurso de queja por “notoriamente improcedente”, quedando firme la resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje.

LAS IRREGULARIDADES

El expediente de más de 10 mil hojas tiene registrada la guerra legal entre NAFINSA y la CROC, desatada a partir de 2002, entre amparos, alegatos y promociones jurídicas.

Como buen líder sindical mexicano, ventajosamente y aprovechando el pleito jurídico, el líder nacional de la CROC, Isaías González Cuevas, decidió vender, ceder y transferir la propiedad del bien inmueble en disputa legal a la compañía Servicios, Proyectos y Construcciones de California, S. de R.L de C.V., a pesar de la inscripción irregular de la propiedad en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Ayuntamiento de Los Cabos.
Lo hizo el 10 de julio de 2010 y consumó una operación financiera por 220 millones 616 mil 618 pesos.

El propio Notario Público Número 3, Carlos Arámburo Romero, envió una inscripción preventiva al director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del X. Ayuntamiento de Los Cabos, Jorge Joel Cota Ruíz, donde solicitó fuera registrada la operación de compraventa entre el Sindicato Industrial Revolucionario de Obreros de la Construcción, Conexos y Similares de la República Mexicana; y Servicios, Proyectos y Construcciones de California, S. de R.L de C.V., bajo el Número 15, Forja 15, Volumen CCCLIX y Sección I.

Durante está investigación, ZETA obtuvo copia del acta constitutiva de la compañía Servicios, Proyectos y Construcciones de California, S. de R.L. de C.V. Según la escritura 13 mil 928, expedida por el Notario Público Número 11, Jorge Álvarez Gámez, aparecen como propietarios:

* José Rosario Álvarez Castillo, con el 90% de las acciones.

* Román Álvarez Gallegos, con el 10%.

El primer socio y supuesto administrador único de esta compañía-según datos recabados por este Semanario- resultó ser compadre del líder de la CROC, Isaías González Cuevas, actual jefe de Prestaciones Económicas y Sociales de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de Baja California Sur.

La operación de compraventa del hotel en huelga es por demás sospechosa y hasta cierto punto cuestionable, incluso cabría una investigación por lavado de dinero, sobre todo porque se desconoce el origen de los 220 millones 616 mil 518 pesos -de acuerdo al contrato- pagados por José Rosario Álvarez Castillo,  quien en base al tabulador de sueldos del IMSS,  percibe un sueldo neto de 45 mil pesos mensuales.

El segundo socio es actualmente secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de la organización Nueva Visión, creada para promover y resaltar la figura del líder de la CROC, Isaías González Cuevas.

Lo más grave de todo es que, supuestamente, algunos de los 586 supuestos trabajadores que aparecen en la lista de que participaron en esta huelga en 1994, no recibieron absolutamente un solo centavo de los más de 220 millones de la operación de compraventa del bien inmueble.

“Se esfumó”, dijeron tajantes las señoras Patricia Garduño Carrasco y Nereida Fregoso, quienes durante una entrevista con ZETA, expusieron que únicamente fueron utilizados, porque inclusive “mucha gente fue metida solo para engrosar la lista de presuntos trabajadores de la CROC en el estallamiento de la huelga de ese complejo turístico, y a algunos -como en su caso- les ofrecieron un pedazo de tierra dentro de la propiedad para que cuidaran y vendieran artesanías a los turistas”. El argumento es que el sindicato de la CROC había prestado el espacio a los trabajadores en huelga para que vendieran artesanías y se ayudaran económicamente, mientras terminaba el conflicto laboral.

Sin embargo, aseguraron que “nunca fue así”, porque el líder municipal de la CROC en Cabo San Lucas, Fernando Díaz Pineda, cobró desde el primer día una renta de 3 mil a 5 mil pesos por cada puesto, hasta subir a 7 mil pesos en los últimos años; incluso formó cuatro secciones de 63 puestos cada uno en todos los alrededores del hotel, aprovechando la zona de mayor plusvalía del destino de playa.

De acuerdo a un balance elaborado por este Semanario, partiendo del cobro de la renta de 3 mil a 5 mil pesos, los ingresos superaban el millón de pesos cada mes, dinero que se estuvo cobrando durante los 16 años del litigio, del cual también se desconoce su paradero.

El líder municipal de la CROC en Cabo San Lucas, Fernando Díaz Pineda, no supo explicar a ZETA el destino del dinero por concepto de la renta del que llamó “pedazo de tierra”.

“El dinero era una cuota simbólica”, afirmó, “había sido utilizado en mantenimiento y vigilancia del bien inmueble para que no se convirtiera en un nido de vagabundos”.

Este Semanario solicitó una entrevista con el líder nacional de la CROC, Isaías González Cuevas, a través de Jesús Flores Romero y Martín Inzunza Tamayo,  quienes justificaron que “no podría ser posible” porque su jefe estaba en la Ciudad de México.

Los voceros del líder sindical argumentaron que estaba en una reunión “muy importante”, ya que se definiría el nombre del candidato a la gubernatura del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde el líder de la CROC era uno de los aspirantes.

Sin embargo, el que sí dio la cara por su jefe, fue el dirigente de la CROC en Cabo San Lucas, Fernando Díaz Pineda: “Ya nada había que hacer, porque habían perdido el juicio y estaban en proceso de desalojar el bien inmueble que ocuparon durante 16 largos años”, expuso sobre el tema.

Obviamente, el desalojo afectó a los 252 artesanos que ocupaban ese espacio, pues fueron sacados del lugar tras el paso del huracán “Odile”, y ahora buscan acomodarse en la zona.

Desde entonces los artesanos deambulan por la calle, y lo último que hicieron fue enviar un escrito al presidente municipal de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, y solicitar su intervención para ser colocados en la calle Marlín -atrás del hotel-, de manera que todos puedan vender sus mercancías.

No obstante, bajo el oficio GAPI/HMC/737/14, el gerente de Administración Portuaria Integral (API), Héctor Montaño Cota, expuso  que no es posible “acceder a esa petición de la calle, toda vez que el callejón es vía pública y es propiedad del municipio, y los dueños del hotel van a utilizarla como acceso de servicios del propio complejo turístico, y no puede ser obstruida por ningún tipo de comercio”.

Aun cuando el bien inmueble es propiedad de NAFINSA, al cierre de esta edición, todavía aparecía registrado a nombre del comprador del líder de la CROC, Isaías González Cuevas.


(SEMANARIO ZETA / REPORTAJEZ BCS/ Gerardo Zúñiga Pacheco/ 28 de Enero del 2015 a las 12:00:00)

PUGNA ENTRE “LOS DÁMASO”


Después del crimen de un inocente por confusión en la colonia Revolución, la gente de “El 28” y de “El Pepillo”, comenzaron un pleito entre las “Fuerzas Especiales de Dámaso” en La Paz

Después de seis meses de participar juntos en levantones, ejecuciones, balaceras, fusilados y hasta descuartizados en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, los cabecillas de las Fuerzas Especiales de Dámaso, entraron el 16 de enero en una fuerte pugna interna luego del crimen de un civil inocente, quien por confusión, fue ultimado de 4 tiros, cuando descansaba en su cama junto con su esposa dentro de su vivienda localizada en la calle Bernardo Maldonado entre Luis Barajas y Enrique Von Borstel en la colonia Revolución de la capital del estado.

Según las primeras investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) los sicarios pretendían asesinar a los hijos del señor Humberto Juárez Lucero, de 54 años.

Los testigos explicaron que la noche del ataque –alrededor de las 10 de la noche— uno de los sicarios ingresó armado al domicilio, preguntó por Humberto Juárez. Al entrar a la habitación del señor, el padre de familia respondió “yo soy”, por lo que el pistolero disparó en cuatro ocasiones en contra de la víctima y todavía preguntó por los otros dos hermanos.

La esposa de nombre Gabriela Mora Angulo, de 35 años respondió que “no estaba ninguno de sus tres hijos en la vivienda”, a quienes presuntamente buscaban, y la persona que habían atacado era el padre, por lo que el homicida salió del lugar.

El cuerpo de Humberto Juárez, de oficio pescador, quedó tendido sobre la cama; vestía un pantalón de mezclilla, cinto negro y camisa tipo polo color verde. En la escena del crimen, la PGJE encontró 4 cartuchos percutidos calibre 45, y cuyas balas hicieron blanco en el pecho y la espalda de la víctima.

Los matones –de acuerdo a las indagatorias— pretendían asesinar esa noche a los hijos de la víctima, quienes responden a los siguientes nombres:

1.- Josué Humberto Juárez Mora “El Pollón”, de 26 años de edad.

2.- José Carlos Juárez Mora “El Pala”, de 24.

3.- Jonathan Omar Juárez Mora “El John”, de 23.

Después del crimen, los tres órdenes de gobierno, iniciaron un operativo de búsqueda de los agresores, y justamente cuando circulaban por el lugar, la Policía Estatal Preventiva, interceptó a una camioneta línea Cherokee y marca Jeep, y donde viajaban las siguientes personas.

1.- Eduardo Martín Alvarado “El Kumi”.

2.- Eduardo Hernández Mendoza “El Cóndor”.

Los dos sujetos –según el parte informativo— “al observar a la patrulla, pretendieron huir y aceleraron la velocidad, pero fueron alcanzados y se les marcó el alto”, y entonces descendieron del vehículo, y el cual fue sujeto de revisión.

En el interior de la unidad fueron encontrados 23 envoltorios de plástico conteniendo cristal, y otro envoltorio que contenía mariguana.

Los detenidos  y la droga fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas (COE).

LAS DELACIONES

Durante el interrogatorio, Eduardo Martín Alvarado “El Kumi”, cayó en una serie de contradicciones sobre lo que andaba haciendo esa noche muy cerca de la escena del crimen, y terminó por confesar que había participado en el crimen porque los hijos de la víctima de 54 años, Josué Humberto, José Carlos y Jonathan Omar de apellidos Juárez Mora, no se habían querido alinear en la venta, distribución y trasiego de droga en esa zona de la ciudad, después de que durante mucho tiempo habían formado parte de su célula criminal.

El delincuente dijo trabajar para la gente de la Zona Sur, es decir, y fue más explícito, para Alejandro Sánchez Trejo “El Frank”, “El Frane” o “El Peinado”, y su brazo derecho, José Fernando Torres Montenegro y/o José Francisco Ojeda Torres “El Pepillo”.
Cuando los agentes de investigación preguntaron cuál había sido su participación en el homicidio, dijo que él había “puesto” a los tres hermanos, había dado la ubicación del domicilio y llevó a los sicarios hasta afuera de la casa, y después que ingresaron y mataron por error al padre, huyó del lugar y fue cuando lo interceptaron.

Sin necesidad de presionarlo, “El Kumi”, reveló que ese crimen era prácticamente el primero de una fuerte pugna que se había desatado entre Las Fuerzas Especiales de Dámaso, porque –según explicó—“la gente de El 28, andaba ofreciendo venta de droga más barata y de mejor calidad a todos los vendedores de El Pepillo, y algunos ya estaban empezando a jalar con él”, como es el caso de los hermanos Josué Humberto, José Carlos y Jonathan Omar de apellidos Juárez Mora.

El criminal dijo que eso “había molestado a El Pepillo, y entonces pidió a toda su gente estar alerta y detectar y ubicar a todos los traidores para chingarlos”, incluso –según su declaración preparatoria— “había mucha tensión ahorita en la ciudad porque El 28, había enviado la advertencia de que el que no jalara con él iba ser arremangado, como lo habían estado haciendo con la gente de Ismael El Mayo Zambada”.

El delincuente dijo que por esa razón “El Pepillo” retiró el apoyo logístico, económico y de pistoleros a “El 28”, quien mandó a un grupo fuerte de Sinaloa para establecerse y pelearle la plaza a “El Pepillo” y a Rolando González Moreno “El Compadrón” y Luis Antonio Montoya Beltrán “El Montoya”, “El Artista” o “Don Carlos”.

En sus declaraciones, “El Kumi”, dijo que “El 28” no es Víctor Barraza Martínez “El Vidal” o “El Víctor”, sino otro bato mucho más pesado, y del cual ofreció datos y santo y seña, del jefe criminal.

No obstante, la información fue entregada a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO).


Las revelaciones de “El Kumi” son para un integrante del llamado Grupo de Coordinación de Seguridad Pública de Baja California Sur, “muy preocupantes”, porque –según su perspectiva— “estamos ante un nuevo frente de batalla”, es decir, la pelea por la plaza del narcomenudeo va a subir de nivel porque ahora son tres los grupos criminales en pugna. Son los siguientes.

1.- Alejandro Sánchez Trejo “El Frank”, “El Frane” o “El Peinado” y José Fernando Torres Montenegro y/o José Francisco Ojeda Torres “El Pepillo”, y quienes tienen como brazo armado a Édgar Amílcar Acosta Reyes “El Rayo”.

2.- Rolando González Moreno “El Compadrón”, y quien tiene como su brazo armado a Luis Antonio Montoya Beltrán “El Artista”, “El Montoya” o “Don Carlos”.

3.- “El 28”, y del cual hasta este momento se desconoce su verdadera identidad, y su estructura criminal.

Al cierre de esta edición, la PGJE había ejecutado una orden de aprehensión en contra de Eduardo Martín Alvarado “El Kumi”, como uno de los responsables del crimen del señor Humberto Juárez Lucero, víctima de una confusión.

LOS CRÍMENES

Un día después del asesinato del pescador, por la tarde, un nuevo crimen sacudió a la ciudad de La Paz.

Esta vez, reportaron una persona muerta tirada sobre un camino vecinal rumbo al corralón municipal de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz entre las colonias Perla del Golfo y La Fuente en la capital del estado.

Después del hallazgo, la PGJE, encontró el cuerpo sin vida de Hermenegildo García Mendoza, de 30 años, y originario de La Paz, y en cuyo lugar se encontraron 6 cartuchos percutidos por una pistola calibre 45.

La víctima tenía el tiro de gracia por la nuca y cuya bala atravesó la cabeza y salió por la boca.

Las pruebas de balística arrojaron que el arma disparada fue la misma que asesinó un día antes al señor Humberto Juárez León, por lo que se presume –según los agentes de investigación– que la víctima es gente de “El 28”.

Con estos dos hechos de sangre el número de homicidios vinculados al crimen organizado subió a 62, 53 de los cuales fueron cometidos en el 2014 y 9 en lo que va del 2015.

Esta semana que termina la violencia hizo una pausa, pero –según un integrante del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública—“con tres grupos criminales disputando la plaza del narcomenudeo habrá de subir de tono y la ola de asesinatos en la capital del estado”.

CAMBIOS EN SSPE

A poco menos de seis meses de terminar la administración del gobernador del Estado de Baja California Sur, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, y en medio de la ola de violencia que sacude La Paz, finalmente y tras una serie de resistencias, el jueves 22 de enero hubo cambio en la Subsecretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

Por instrucciones del gobernador, el secretario general de Gobierno, Andrés Córdova Urrutia, tomó posesión a Juan Pablo Noriega Rangel, en sustitución de Martha Cecilia Garzón López.

Anteriormente, el nuevo responsable de la Seguridad Pública fue director del Instituto Interdisciplinario en Ciencias Penales, y director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Según su curricular, es licenciado en Derecho y se tituló en el año 2000, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Noriega tiene el enorme reto de recuperar la credibilidad en esa noble institución, señalada y sacudida por agentes, comandantes y funcionarios que, según algunas averiguaciones previas, han sido vinculados con grupos criminales responsables de la ola de violencia en La Paz.

La hoy ex subsecretaria Martha Cecilia Garzón López era el penúltimo eslabón del grupo que prácticamente se había apoderado de la institución, y estaba al servicio del crimen organizado.

Hoy, únicamente queda el comisionado de la Policía Estatal Preventiva, Francisco Javier Camacho Manríquez, y algunos agentes y comandantes investigados por la PGJE y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ BCS/Investigaciones ZETA/ 28 de Enero del 2015 a las 12:00:01)

LOS DUARTE, GOBERNADORES CUESTIONADOS


Los mandatarios priistas de Chihuahua y Veracruz ponen a su partido cuesta abajo a unos meses del proceso electoral por sus criticadas actuaciones. Al chihuahuense César Horacio Duarte Jáquez, se le investiga por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos; mientras que el veracruzano Javier Duarte de Ochoa es considerado el principal enemigo de la libertad de expresión, al sumar once periodistas asesinados durante su administración

Aseguran los antiguos que en la política como en la vida, cualquier parecido es mera coincidencia. Y vaya casualidad de los gobernadores de Chihuahua y Veracruz, que además de apellidarse Duarte, haber emanado de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ser de los gobernantes con mayor número de votos en la historia de sus entidades, también son de los más cuestionados y señalados por posibles actos de corrupción.

Entre esas coincidencias de los mandatarios, César Horacio Duarte Jáquez, el chihuahuense, y Javier Duarte de Ochoa, el veracruzano, están el gusto por los viajes internacionales a costa del erario público, una buena cantidad de sus familiares directos o políticos en cargos públicos y nóminas, así como señalamientos de posible enriquecimiento ilícito.

La actuación gubernamental y las circunstancias del mandato de los Duarte colocan al PRI en una complicada situación, en un año en que las elecciones están a la vuelta de la esquina, pues la coyuntura política a nivel nacional tampoco le es favorable por casos como los de Ayotzinapa o Tlatlaya. Tanto en Veracruz como en Chihuahua hay descontento social, y los habitantes lo han externado en diversas oportunidades.

Así como las coincidencias son varias entre los gobernadores de apellido Duarte, las diferencias también son muchas. Al chihuahuense se le vincula más con los grandes negocios en su favor, le han disminuido un poco los índices delictivos en su entidad; mientras que el veracruzano no ha podido contener la violencia en su territorio y, por el contrario, se ha convertido en la tumba de al menos 11 periodistas e incontables narcofosas.

EL DE CHIHUAHUA EN EL “OJO DEL HURACÁN”

César Horacio Duarte Jáquez tiene en su contra una denuncia penal interpuesta ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que se le investigue por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos hacia el Banco Progreso de Chihuahua, del cual -se conoció a finales del año pasado- es el accionista mayor. Le acusan de inyectar 65 millones de pesos a la institución crediticia, cantidad que difícilmente pudo ganar con su salario de funcionario público.

Los opositores políticos de César Duarte, entre ellos el senador panista Javier Corral, aseguran que mientras Chihuahua está más endeudado -duplicó la deuda de 13 mil millones a 26 mil millones de pesos-, el gobernador ha incrementado inexplicablemente su patrimonio hasta convertirse en un nuevo rico en esa entidad. Presuntamente Duarte Jáquez adquirió recientemente hoteles, ranchos, varios inmuebles y las acciones de la referida institución bancaria.

Durante la comparecencia del mandatario estatal ante el Senado de la República, el 22 de enero de 2015, para tratar las reformas en materia penal en los estados, salió el tema del enriquecimiento ilícito. César Horacio se defendió acusando al legislador Corral de atacarlo e intentar desestabilizar su gobierno porque dos de los hermanos -de este último- han estado relacionados con el narcotráfico, así como en un fraude financiero en Estados Unidos.

Durante los últimos días, a partir del 25 de enero, se han registrado diversas manifestaciones y protestas en contra del gobernador de Chihuahua, entre éstas, la Caravana Movimiento Chihuahuense, Unión Ciudadana, en la que participaron más de 800 automotores recorriendo calles de la capital del estado norteño para concluir frente a Palacio de Gobierno.

EL DE VERACRUZ, EN MEDIO DE LA VIOLENCIA

El tocayo de apellido de César, el gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, tampoco la está pasando bien, pues su figura, además de repudiada por un sector de la población, es blanco de contra campañas por parte de sus rivales políticos, quienes han criticado la violencia y embate del narcotráfico, la represión a la libertad de expresión y la opacidad del gasto en publicidad gubernamental.

Mientras que César, el gobernador de Chihuahua, ha viajado a China, Canadá, Estados Unidos, Corea y Japón; Javier -el veracruzano- ha recorrido diferentes ciudades de los Estados Unidos, Brasil, y visitó al Papa Francisco en el Vaticano. También se le adjudica la incorporación de la parentela propia y de su esposa Karime Macías en importantes cargos públicos.

A un año de arribar a la gubernatura, Javier Duarte no solo no logró disminuir los índices delictivos como lo prometió en campaña, sino que fue testigo de uno de los crímenes múltiples que más han horrorizado a los veracruzanos, cuando el 20 de septiembre de 2011 fueron abandonados 35 cadáveres mutilados en Boca del Río, en un hecho que no se ha aclarado ministerialmente.

En Veracruz, entre diciembre de 2013 y junio de 2014, se localizaron más de 50 cadáveres en por lo menos 14 fosas clandestinas, tanto en la zona pesquera de Alvarado, como en la cuenca del Río Papaloapan. Presuntamente las ejecuciones sumarias son producto del enfrentamiento entre bandas delictivas de la región.

Mientras que Duarte de Ochoa propagaba que el problema de la inseguridad es de percepción y “se resuelve portándose bien, nada más”, el 26 de mayo de ese año, familiares de su esposa fueron atracados en su residencia en Coatzacoalcos. El gobernador respondió con un operativo para reforzar la seguridad del municipio con 535 elementos, entre elementos federales, estatales y militares.

Durante la administración de Duarte, que inició en 2010, once periodistas han sido asesinados, dos se encuentran desaparecidos y las amenazas o agresiones a casas editoriales están a la orden del día. Pese a lo anterior, vergonzosamente en abril de 2013 una agrupación de medios de comunicación le otorgó un premio como “protector de periodistas” y “defensor de la libertad de expresión”.

ATENTADO A EL HERALDO DE CÓRDOBA

El homicidio más reciente es el del activista y reportero Moisés Sánchez Cerezo, levantado el 2 de enero en el municipio de Medellín de Bravo y localizado sin vida el pasado día 24. En el crimen participaron policías municipales, presuntamente por órdenes del alcalde de Medellín, Omar Cruz Reyes.

Apenas ayer jueves 29 de enero, durante la madrugada ocurrió un atentado con bombas incendiarias en contra del periódico El Heraldo de Córdoba sin que se registraran víctimas humanas, y se tiene el dato de que -tres días antes- reporteros del medio de información El Buen Tono también recibieron amenazas.


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Luis Carlos Sáinz Martínez/02 de Febrero del 2015 a las 12:00:00)

BALACERAS, “SE REORGANIZA EL CAF”: LARES


La reestructuración  del Cártel Arellano Félix y su pleito con la gente del Cártel de Sinaloa por ciertas plazas; las traiciones al interior de las células de narcomenudistas con traficantes que buscan expandirse; y las deudas por droga decomisada a traficantes independientes, son las causas de asesinatos y balaceras en Tijuana, de acuerdo al análisis de las autoridades y de Alejandro Lares Valladares, secretario de Seguridad Pública de Tijuana

¿Qué está pasando? se le preguntó al secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Alejandro Lares Valladares, con relación al resurgimiento de armas largas en hechos criminales, y de balaceras en áreas públicas a plena luz del día. El funcionario respondió. Habló del intento de delincuentes del Cártel Arellano Félix (CAF) por reorganizarse, de un enfrentamiento de éstos con la mafia de Sinaloa, y de la descomposición social.

Acompañado de su encargado del Área de Inteligencia y de los Grupos de Operaciones Especiales (GOES) Carlos Gómez, Lares Valladares explicó que los capos del CAF detenidos y liberados han regresado a sus actividades ilícitas. Dio sus nombres: Manuel López Núñez “El Balas”; el ex ministerial Enrique Jorquera Guerrero; Pedro Quintero Velázquez “El 5-8”, “El Jaguar” y/o “Pedro”; y Juan Lorenzo Vargas Gallardo, quien de acuerdo a las áreas de Inteligencia, sería el que está a la cabeza de esta reestructuración.

A su vez, los arriba mencionados están enfrentados con operadores del Cártel de Sinaloa, encabezados por “El Chapito Trejo” quien opera con Dalia Rodelo “La Prima” y Julián López “El Chino”, “El Elías”, “El Cabezón” y “Clave Marlon” y/o “Alejo”. Insisten: los hermanos Alfonso y René Arzate, siguen dando instrucciones desde algún punto en Sinaloa.

“¿Qué está pasando?”, repite Lares, y complementa:

“Que ahora a esta gente se le hace muy sencillo salir y matar a alguien, es la descomposición social. Qué pasó con la muerte de la señora, el hijastro, bajo el influjo del cristal le pide dinero, no se lo dio, la golpeó y la mató”, estos hechos ocurrieron en la colonia Linda Vista el 11 de septiembre de 2014.

“Es una descomposición social que se está viviendo derivada del micro menudeo del cristal”, considera el mando.

Respecto al resurgimiento de armas largas, el caso reciente, más sonado, fue el 12 de diciembre de 2014, cuando dos rifles R-15 fueron asegurados luego de que un grupo de hombres trató de matar a otro en el estacionamiento del restaurante de comida rápida  Carl´s Jr. del fraccionamiento Soler. Justo este hombre había estado en una balacera previa, ocurrida el 29 de noviembre, en el interior del restaurante Cabanna, en una zona exclusiva de la delegación La Mesa. 

“Las armas largas siempre se han visto en Tijuana, que se dejaron de ver eso me queda muy claro -reconoció Lares-, pero si vemos una cronología siempre ha habido armas largas. Ahí está el decomiso de armas de la Policía Estatal  en Altabrisa”. El 21 de diciembre de 2014,  la PEP aseguró dos armas largas y 352 cartuchos en un domicilio.

“Además hemos detectado que en Facebook se ofertan las armas, las pistolas hasta en 500 pesos” refiere.

“También, quienes antes traían las armas largas en la calle, estaban presos (refiriéndose a los empleados del CAF)  y ahora están libres”, completa Carlos Gómez, respaldado por el secretario de Seguridad.

“Y luego los del otro lado (Sinaloa) sacan las armas para detener a los que están intentando levantarse”.

Para la autoridad, hasta ahora la ventaja o diferencia con los peores años de inseguridad en Tijuana es que las armas largas que han asegurado, han salido sin equipamiento.

“Traen un cargador y vienen 10 a 15 tiros. Están buscando la manera de hacerse de más equipo, no nos queda duda, pero están limitados. Tampoco hemos visto como antes que traigan ex policías, en los videos hemos visto que los tiradores son hombres tatuados”, exponen las autoridades.

En cuanto a los ataques en lugares públicos y céntricos, la opinión de la Policía es que suceden porque los criminales se meten a hacer vida pública en  esas zonas “blindadas”, donde hay muchas patrullas, pensando que sus enemigos no se van a atrever a tratar de matarlos ahí, pero sí entran, los atacan y logran huir.

DEL RESURGIMIENTO DEL CAF

Completándose las frases, Lares y Gómez detallan:

“Sí existe una reorganización o un intento por reorganizarse del Cártel Arellano Félix, como siempre ha existido…querer levantarse los que han salido de las cárceles, lo que nos pega ahí es todos los que han salido de los Centros de Readaptación Social.

“Los liberan y, ¿qué saben hacer? Nada, algunos se quedan fuera un tiempo, como Manuel López Núñez ‘Don Balas’, que estuvo de empresario, pero  ya volvió a la actividad de las drogas”

Pero dicen que todos los excarcelados afectan la inseguridad, los que fueron lugartenientes del CAF y los 2 mil 694 que habían detenido por robo con violencia solo en Tijuana en 2014 y fueron liberados.

— ¿Es un pleito entre los que han salido de la cárcel del CAF y los de Sinaloa?, cuestionó ZETA.

 “Para nosotros, sí”.

— ¿En toda la ciudad?

“En ciertas zonas donde se están reorganizando, si los revisan -los enfrentamientos-  son las zonas que antes controlaba el CAF: Playas, Soler, la Cacho. Todos esos lugares tenemos que aceptar que intentan la reorganización, porque están saliendo de la cárcel y no saben hacer nada más que delinquir”.

Ejemplifican: “Tan solo el ‘5-8’ (Pedro Quintero Velázquez) tiene 14 o 15 propiedades en Rosarito, departamentos que viene desde San Luis a cobrarlos, acabamos de detener a uno de sus cómplices, hablo de él…no tiene ninguna orden de aprehensión y es parte fundamental para los del CAF, que tiene con ellos trabajando a mucha gente de ‘Los Sureños’ y ‘Paisas? (ex convictos provenientes de las cárceles de California).

“También se está dando -teníamos el temor fundado- que reclutaran a los deportados, mano de obra barata, si se fijan, en la mayoría de los asuntos los detenidos o presuntos responsables que se ven en las imágenes de video, han sido tatuados, los checas allá (Estados Unidos) y han estado presos por homicidio, robo con violencia, drogas, y no saben hacer otra cosas… y todos tatuados, la gente aquí no les da trabajo”

En cuanto a los excarcelados del CAF que les están generando problemas de inseguridad y balaceras, citan a:

* Juan Lorenzo Gallardo “El Chan”, detenido en diciembre de 2010 y liberado en agosto de 2014.

* Manuel López Núñez “El Balas”, capturado en septiembre de 2008 y puesto en libertad en noviembre de 2011.

* Pedro Quintero Velázquez “El 5-8”, “El Jaguar” y/o “Pedro”, aprehendido en septiembre de 2012, liberado, recapturado el 25 de agosto de 2013 y en libertad al siguiente día.

“’El Chan’ trae la batuta, ‘El Balas’ salió hace mucho, estuvo como empresario pero se reestructuró después, Jorquera ya está activo con ellos, ‘El 5-8’ estaba en San Luis, Río Colorado y ya regresó”.

Como subalternos traen a sujetos identificados por apodos: “El Gros”, “El Alejo”, “Pit Junior” y  “Giovanni” también identificado como “El Sotol”.

— ¿Qué están ustedes haciendo al respecto?

“Ir ubicándolos, hacer estructuras y pararlos”.

En cuanto a la estructura del cártel sinaloense encabezado por los hermanos Alfonso y René Arzate “Los Aquiles”: “En Otay hay un mentado Elías, todos los detenidos dicen que es la voz y la palabra de Sinaloa, ‘El Cabezón’ en Zona Este, ‘El Alejo0 y ‘El Chapito Trejo’, que tiene el control de todos. Lo quiere la gente de ese grupo, según lo que han comentado los detenidos”.

TRAICIONES Y DEUDAS COMO RAZÓN DE HOMICIDIOS

Consultados tanto Alejandro Lares Valladares, como Carlos Gómez y el subprocurador contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría del Estado, José María González Martínez, coinciden en que al ser detenidos y no ser apoyados por sus “jefes criminales”, los vendedores de droga  al salir se niegan a seguir vendiendo para ellos y, en algunos casos, se cambian de célula, y eso casi siempre resulta en asesinatos. Incluso refieren que la negativa a seguir vendiendo es suficiente para que los maten.

 “Hemos visto casos con sobrevivientes donde un distribuidor intentó matar a su vendedor de droga porque creyó que lo iba a dejar, o los balean porque creen que se van a cambiar de célula y los van a ‘poner’ para que los mate la competencia”, relató González Martínez.

“También hay casos de gente que se dedica a cruzar droga a Estados Unidos, pero algo sale mal y se las decomisan, como no pueden pagarla, los matan”, argumentó Gómez.


Otra son los pleitos personales entre los vendedores de droga con acceso a enervantes y armas. Las autoridades municipales dan cuenta de una balacera con lesionado ocurrida el martes 27 de enero: “Un herido en Sánchez Taboada, en resumen dice que  personas identificadas como ‘El Perro’ y ‘El Chito’, a quienes conoce, lo balearon porque a ‘El Perro’ le dijeron que el lesionado tenía relaciones sexuales con su mujer, y todos son vendedores de droga”.

Otro ejemplo es el homicidio resuelto de Jonathan de Jesús Barraza Izaguirre, cuyo cuerpo fue localizado  el 8 de enero en el tramo federal carretera de cuota Playas, con un proyectil en el pecho. En el mismo lugar quedó herido Eduardo Llamas. La investigación llevó a la captura de Héctor Hugo Fregoso Ornelas “El Chemo”, vendedor de cristal, quien declaró que mató a Barraza porque quería expandirse en su zona y recibió la orden de entretenerlos para matarlos de su jefe, a quien solo identificó como “`El Único’, ya que nadie entra en sus terrenos sin su permiso”.
 Los llevaron con engaños, diciéndoles que iban a mostrarles los puntos en los que ellos iban a poder vender.

También destaca la reciente presentación de César Hernández Martínez “El Tartamudo”, quien el 23 de enero de 2014 mató de varios balazos en el pecho a Francisco Javier Robledo Aguilar, quien era su jefe en la venta de droga, pero como al ser detenido, éste se había negado a pagar la fianza, al salir se negó a seguir vendiendo para él y quedaron mal. Aguilar asegura que Hernández iba a matarlo, pero le quitó el arma y le ganó “el tirón”


De igual manera, en el tema de lesionados por arma de fuego hay pleitos por narcomenudeo, explicó el subprocurador de Zona Tijuana, Gilberto Cota Alanís: “El trasiego de droga en tienditas, pero la mayoría de las veces ni las víctimas quieren declarar, no dan información, a lo sumo dicen que no saben quién los atacó, que no saben por qué los atacaron y que no quieren que se haga ninguna investigación”.

MENOS ASESINATOS

De las balaceras y homicidios, el subprocurador contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría del Estado, José María González Martínez, destacó que  2015 inició con una reducción.

“Habíamos comentado que hay una disminución que si no histórica, si vamos mejor en Tijuana. En enero de  2012 fueron 43 homicidios, en 2013 se cometieron 42, en 2014 sumaron 47 y al 29 de enero de 2015 llevamos 28”, dijo.

En todo Baja California se han cometido 41 homicidios dolosos: 27 en Tijuana, 10 en Mexicali, dos en Rosarito, dos en Ensenada y ninguno en Tecate, según cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

En términos estadísticos, en  enero de 2014 se cometieron 1.2 asesinatos al día, mientras en enero de 2015, ha sido  un promedio de 1.4 homicidios al día.

“Sé que asesinaron a un hombre en un café en la colonia Cacho, y luego se dio un doble homicidio en Tijuana que hicieron mucho ruido, pero en los números seguimos abajo.

“Yo lo veía venir, y lo reconozco, que hay que dar el manotazo en la mesa”, comentó González Martínez en referencia a las capturas hechas por la Policía Federal, de  Alfonso Lira “El Atlante” y Luis Mendoza Uriarte “El Güero Chompas”, pero específicamente al combate que la PGJE está haciendo en el tema de narcomenudeo.

“No vamos a acabar con el narcomenudeo, posiblemente podemos apostarle a que se disminuya lo visible, pasamos de gente que estaba oculta hace diez años, a gente en la calle vendiendo; por eso aumentamos más de un 500 por ciento los cateos en narcomenudeo, pasamos de 12 cateos en todo el Estado en todo el año 2013, a 88 cateos en 2014.

“Además, se duplicó el número de detenidos y consignados ante un juez, en 2014 llegamos a los mil 500, que fue lo doble del año pasado. Los sacas de circulación y van disminuyendo los delitos”, respaldó el funcionario estatal.

En ese tema han sido claros de pegarle a todos los grupos que están vendiendo droga: “Les dije, no me pregunten, que quede claro que a todos, porque hemos detectado colonias donde ni la Municipal ni la PEP, ponen a disposición a nadie, obviamente hay colonias donde no ven nunca una patrulla, pero aquí la instrucción es que no nos digan dónde van a catear, si les llega la información, investigan y hacen su trabajo y nos informan.

“A mí me interesa mucho pegarle a la gente de ‘El Aquiles’, de ‘El Atlante’,  del que sea, para mí es la mejor vacuna. Históricamente vemos que, ¿qué caso hay que nunca le pegas a fulano o aquí? Claro que he de admitir que veníamos de una pasividad increíble, de un cateo por mes, vamos por 90 cateos al año. Ahorita PGR ya nos soltó todo narcomenudeo el año pasado, ellos se quedaban con el 60 por ciento de los casos, no nos la acabábamos, pedimos seis secretarios y ya me dieron”.

Respecto a los grupos que están traficando y matando, el subprocurador contra la Delincuencia Organizada mencionó a los de siempre: “De  los Arzate, la gente de los Mendoza Uriarte, ’Don Cuco’, la gente de ‘El Atlante’ y ‘El Chapito Trejo’”.

— ¿Quiénes y por qué se están matando?

“En términos generales, sigue siendo narcomenudeo en Tijuana, la diferencia, en las guerras por el espacio, hay mucho pleito interno”.

José María González Martínez coincidió en el problema que representan los excarcelados. “En pláticas mi encargado de narcomenudeo recuerda cómo antes de 2008, Raydel López ´El Muletas´ y Filiberto Parra ‘LaPerra’ entraban y salían a cada dato de la PGR por posesión de 30 grapas, un kilo de marihuana, etcétera; y después protagonizaron una de las peores épocas de inseguridad. Así traemos varios nosotros, y debemos cuidar que los enanos que traemos no nos crezcan; hay que sacarlos de circulación”, advirtió.

En esa categoría las autoridades consideran a Javier Hernández Flores “El Javi” o “El Lentes”, y a Dalia Rodelo “La Prima” y Julián López “El Chino”, buscados también por el homicidio del ex director del Instituto Municipal del Deporte, Arturo Hachadur Kaloyán, ocurrido el 16 de diciembre de 2013.

 Respecto a la constante liberación de criminales, el subprocurador se limitó a decir: “Es cuestión de Juzgados, hacemos lo que está a nuestro alcance, pero ´El Javi´ es el mejor ejemplo de lo que ocurre, tiene una orden de aprehensión por armas pendiente, pero sigue libre”.

Lo mismo ocurre con los narcomenudistas.

“No es fácil convencer a los jueces penales, los consignamos por posesión para la venta, donde la idea de la venta es lo grave, demostramos que no tiene trabajo, modo honesto de hacerse de recursos, que consume dos o tres dosis, pero trae 30. Sin embargo, los jueces reclasifican, lo dejan en posesión. Luego nosotros pedimos fianzas de 12 mil a 20 mil pesos y ellos las bajan a 3 mil pesos; así que llega la concubina, la esposa o la mamá, la pagan y salen” concluyó José María González Martínez.

DETIENEN A 17 FEDERALES

En 2014, el 50 por ciento de los secuestros cometidos en Baja California -explicó un funcionario de la PGJE- fueron cometidos por policías federales: “levantan” a vendedores de droga y los extorsionan. La toma de agentes de Asuntos Internos del hotel donde se hospedan elementos de la Policía Federal y de donde los trasladaron a la PGR, explicaron, es por una investigación interna con varias hipótesis: cometieron extorsión, secuestraron narcomenudistas, les encontraron droga, dinero y una persona retenida
El jueves 29 de enero de 2015, a las 8:00 am, elementos de Asuntos Internos de la Policía Federal, que llegaron desde la Ciudad de México, acuartelaron a policías federales comisionados a laborar en Tijuana. Por lo menos ocho unidades y diez elementos con armas largas rodearon el hotel en el que los elementos federales se hospedan en Tijuana, en el Bulevar Agua Caliente, y no los dejaron salir.

Del operativo no fueron informadas las autoridades locales. Ni la II Región Militar, ni la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mucho menos la de Tijuana. Tampoco el comisario de la Policía Federal en esta ciudad, el Comandante Bernardo Castañeda, fue notificado del operativo para investigar primero y aprehender después a policías sospechosos de corrupción.

A las 9:45 de la noche del jueves 29 de enero, personal de asuntos Internos de la PGR llegó a las oficinas de la Procuraduría General de la República en Tijuana con 17 agentes federales de los que estaban asignados a esta frontera y hospedados en el hotel Real Inn.

En los primeros momentos, las autoridades locales no fueron informadas del estatus de los oficiales que bien pueden ser:

* Llevarlos ante el Ministerio Público Federal en calidad de presentados.

* Llevarlos al ministerio Público Federal en calidad de detenidos.

Además estas acciones pueden llevarse a cabo en la Delegación de la PGR en Tijuana si los de Asuntos Internos presentan una investigación, o certificarlos aquí para trasladarlos a la Ciudad de México a la cede de la PGR.

De las razones de la detención después del operativo de 14 horas en que Agentes de Asuntos Internos tuvieron retenidos a los Federales comisionados a Tijuana no se ha dado versión oficial.

Extraoficialmente se manejaron varias hipótesis: la extorsión que a narcomenudistas ejercieron los federales retenidos en su hotel; el levantón de una persona para quedarse con droga y dinero.

No es la primera ocasión que sucede en Baja California, policías federales cometiendo actos ilícitos. El más significativo ocurrió en 2012, cuando fue detenido el entonces Comisario de la Policía Federal en Tijuana, Eduardo Vega Camberos, luego de que empresarios agropecuarios locales lo denunciaran en la Ciudad de México por extorsión. El operativo para la detención de Vega constó de enviar a los empresarios a pagar los miles de dólares que el federal les exigía para dejarles libres para transitar sus productos por las carreteras del Estado.

En esta ocasión, el director general de Investigación Interna de la Procuraduría General de la República (PGR) se encuentra en Tijuana desde el 20 de enero de 2015, luego que un día antes, un agente federal había quebrado el vidrio de una patrulla y amenazado con su arma a un policía municipal que hacia rondín en la zona donde ellos comían, en la Villa Charra ubicada cerca de la colonia El Murúa.

Por eso, cuando se preguntó a las autoridades, alrededor de las ocho de la mañana del jueves 29 de enero, por la llamativa presencia de varias patrullas del área de Asuntos Internos de la PGR con torretas y motor encendidas, mientras su tripulantes se desplegaban en posición de alerta a las afueras del hotel Real Inn, la primera respuesta fue: “Tienen aquí más de una semana”.

Minutos después la respuesta no oficial en el orden federal fue: “Parece que sí van por unos policías, que los agarraron con dinero y droga en el hotel, y los van a presentar en las oficinas de la delegación de la PGR en Tijuana”.

Más tarde agregaron: “Todo indica que también tenían en el hotel por lo menos un vendedor de droga, a quien estaban extorsionado”.

Pasadas las 7:00 pm del jueves 29, la versión fue: “Son 16 agentes federales detenidos, con droga, dinero  y una persona a la que iban a extorsionar, y se los van a llevar  México”.

Sin  embargo, pasaron casi 12 horas, se dieron las 8:00 pm y ningún agente fue sacado del hotel en las patrullas de Asuntos Internos.

Vía telefónica, ZETA cuestionó al comisario Castañeda, encargado de los policías federales en Tijuana. Primero dijo no saber nada, y más tarde seguía sin tener conocimiento de qué tema traía Asuntos Internos, pero especificó que ninguno de los oficiales bajo su jurisdicción -los que están de fijo en la ciudad- era de los investigados.

Los agentes de Asuntos Internos arribaron aproximadamente a las 8:00 am del jueves, al hotel ubicado en el número 11452 del Bulevar Agua Caliente, Colonia Hipódromo, sitio donde desde algunos meses, se hospedan elementos de la Policía Federal, y se desplegaron.

Más de seis unidades y una decena de agentes armados, se acomodaron para custodiar la  entrada al hotel. Por ocho horas, las patrullas permanecieron encendidas, listas para arrancar con los códigos indicando alerta.

Pero nada, solo el caos vial, la incertidumbre ciudadana y el temor de algunos transeúntes que pasaban por el lugar imperó.

Alrededor de las 6:00 pm, en hora pico, las patrullas que ocupaban un carril del Bulevar Agua Caliente frente al hotel empezaron a generar mayores problemas de tránsito. Hasta entonces hubo cambios, fue cuando los policías metieron los vehículos oficiales al estacionamiento del Real Inn. 

Esta semana, ZETA conversó con investigadores del área Antisecuestros de la Procuraduría del Estado, quienes comentaron que de los 41 secuestros denunciados en 2014, aproximadamente el 50 por ciento fueron perpetrados por agentes federales para extorsionar.

“Van por narcomenudistas, los llevan a hoteles y les cobran 10 mil, 13 mil, hasta 20 mil dólares por liberarlos. Nos dimos cuenta cuando las esposas empezaron a  denunciar y les dimos seguimiento”.

Cuando la gente del Estado contactó con los jefes de los federales para informar lo que estaba ocurriendo, “lo que hicieron fue sacarlos” de Baja California.


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/Investigaciones ZETA/02 de Febrero del 2015 a las 12:00:01)