martes, 20 de enero de 2015

RENUNCIA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI


El Secretario del Ayuntamiento, José Félix Arango anunció en conferencia de prensa su renuncia al cargo, que se hará efectiva al 31 de enero de 2015, en cuanto a los motivos, argumentó  “cuestiones de superación personal".

A pregunta expresa de ZETA, el funcionario municipal afirmó que su retirada de la secretaría no tiene que ver con el tema de la boda gay entre Víctor Espinoza y Víctor Urías, la cual se realizó el sábado 17 de enero, y la oficina encabezada por Félix Arango llevó de manera controvertida en el tema jurídico.

El todavía funcionario, afirmó que la semana pasada el juzgado cuarto de distrito lo exoneró del juicio de desacato por el incumplimiento respecto al amparo que el poder judicial federal le había otorgado a la pareja para casarse, por lo que descartó que este tema esté relacionado con su salida.

Félix Arango señaló que este lunes se reunió con el alcalde Jaime Díaz Ochoa y le expresó su deseo de dejar la administración, propuesta apoyada por el presidente municipal.



(SEMANARIO ZETA/ GENERALEZ/ Cristian Torres Cruz /   20 de Enero del 2015 a las 12:39:22)

RENUNCIA SECRETARIO GENERAL EN MEXICALI


El Secretario del Ayuntamiento, José Félix Arango anunció en conferencia de prensa su renuncia al cargo, que se hará efectiva al 31 de enero de 2015, en cuanto a los motivos, argumentó  “cuestiones de superación personal".

A pregunta expresa de ZETA, el funcionario municipal afirmó que su retirada de la secretaría no tiene que ver con el tema de la boda gay entre Víctor Espinoza y Víctor Urías, la cual se realizó el sábado 17 de enero, y la oficina encabezada por Félix Arango llevó de manera controvertida en el tema jurídico.

El todavía funcionario, afirmó que la semana pasada el juzgado cuarto de distrito lo exoneró del juicio de desacato por el incumplimiento respecto al amparo que el poder judicial federal le había otorgado a la pareja para casarse, por lo que descartó que este tema esté relacionado con su salida.

Félix Arango señaló que este lunes se reunió con el alcalde Jaime Díaz Ochoa y le expresó su deseo de dejar la administración, propuesta apoyada por el presidente municipal.



(SEMANARIO ZETA/ GENERALEZ/ Cristian Torres Cruz /   20 de Enero del 2015 a las 12:39:22)

MUEREN ACRIBILLADOS CUATRO HOMBRES EN LA FRONTERA DE SONORA


La Policía Estatal Investigadora (PEI) trabaja para aclarar la muerte de cuatro personas, ocurridas en diferentes hechos cerca del municipio de Sonoyta, al noroeste del estado de Sonora.
 
La corporación policial señaló que tres hombres perdieron la vida y uno más resultó herido en el entronque de la carretera a San Luis Río Colorado con la línea internacional.

En un comunicado, explicó que quienes perdieron la vida son José Carlos Rey Valenzuela, Miguel Ángel Aldire Moroyoqui y Justo Pérez García, todos con domicilio en el municipio de San Luis Río Colorado.

En los hechos resultó lesionado Cipriano Avitia Pérez, quien recibió varios impactos de bala, por lo que fue trasladado a un hospital.

La PEI indicó que casi a las 21:40 horas de ayer recibió un reporte de que en el lugar antes mencionado se encontraba un vehículo Hummer H2 sin placas de circulación, cuyos ocupantes habían sido agredidos con proyectiles de arma de fuego.

En el sitio se aseguró un arma de fuego calibre nueve milímetros y 12 cargadores con capacidad para 30 cartuchos calibre 7.62x39 milímetros.

Por otra parte, agentes de la PEI investigan los hechos en los que perdió la vida una persona del sexo masculino, cuyo cuerpo fue encontrado en las primeras horas de este lunes en la colonia Hombres de Blanco, del municipio fronterizo de Sonoyta.

El occiso, cuya identidad aún se desconoce, fue localizado con varias armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles, vestía botas y chaleco táctico con seis cargadores abastecidos para arma calibre 7.62x39 milímetros.

Fue encontrado a un costado de la puerta del copiloto de un vehículo de la marca Chevrolet tipo suburban, color blanco, sin placas de circulación, que presentaba impactos de bala.

En ese lugar se aseguraron ocho armas de fuego, de las cuales cuatro eran fusiles AK-47 calibre 7.62x39 milímetros; tres AR-15 calibre .223 y una escopeta calibre 12, así como 10 cargadores abastecidos.


(DOSSIER POLITICO/ Notimex / 2015-01-19)

DOS MUERTOS, DEJA ENFRENTAMIENTO EN REYNOSA


Un enfrentamiento entre personal de las fuerzas federales y civiles armados en Reynosa, Tamaulipas, dejó dos muertos, informó el Grupo de Coordinación Tamaulipas.

En un comunicado, la dependencia señaló que este domingo dos hombres se desplazaban por la lateral de Canal Rhode, a bordo de una camioneta Chevrolet Silverado, cuando se encontraron con elementos federales. Para evitar ser detenidos, agredieron a los agentes y huyeron en calles de la Colonia Pradera de Elite, atrás del aeropuerto.

Los agentes repelieron la agresión, en la cual fallecieron los dos tripulantes de la camioneta, uno fue identificado como Luis Ángel S., de 43 años, mientras que el segundo tenía entre 35 y 40 años.

El Grupo de Coordinación de Tamaulipas fue creado durante el gobierno de Felipe Calderón, está integrado por fuerzas federales y estatales que realizan labores de seguridad pública en esa entidad, en la que operan el Cártel del Golfo y Los Zetas.

(Eje Central)

(RIODOCE/ REDACCION/ 19 enero, 2015)

ESTUDIANTE DE MÚSICA ES DETENIDA, TORTURADA Y ACUSADA DE FEMINICIDIO… SIN PRUEBAS



MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- A sus 22 años, Elia Carbajal Becerril tenía un futuro halagüeño en la música, pero un incidente del que no tuvo nada que ver la tiene desde fines del año pasado en prisión, con el riesgo de ser sentenciada a 70 años de cárcel.

El pasado 7 de diciembre la estudiante de canto fue detenida por agentes ministeriales sin orden de aprehensión.

Además fue incomunicada por más de 24 horas y obligada a declararse culpable del crimen de una mujer que no cometió y, por si fuera poco, enfrenta otro cargo por cohecho.

Desde los 10 años de edad, Elia se dedicó a estudiar canto; apoyada por sus padres pasó la mayor parte de su infancia participando en coros y obras musicales. Su dedicación la llevó a cantar ópera en escenarios importantes a nivel nacional, como Bellas Artes, y en países como Canadá, Japón o Francia.

En 2014 Elia quiso ingresar a la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero no lo logró. Ante ello se incorporó a la escuela de música y arte “Instituto Cardenal Miranda”, cuenta su padre, José Guadalupe Carbajal Arenas.

Fue ahí donde, dice, Elia conoció a Yael Eduardo Espinosa Guerrero, estudiante de violonchelo. Al poco tiempo de conocerse, ambos jóvenes establecieron una relación de noviazgo.

De acuerdo con José Guadalupe, las reglas eran muy estrictas para su hija. Dio su visto bueno siempre y cuando avisara en todo momento en dónde estaba. “Él nunca se portó agresivo con ella o con la familia, pero notaba algo raro en él, como que era muy callado”, recuerda.

Refiere que el sábado 6 de diciembre de 2014 Elia ensayaba para una obra de ópera, cuando recibió un mensaje de su novio Yael, quien le pidió que fuera a verlo a la casa de su abuela en el municipio mexiquense de Cuautitlán.

“Ella nos habló como a las 8 de la noche y nos dijo que Yael no había llegado aún y como era tarde para regresar hasta la casa (ubicada en la colonia del Valle en el Distrito Federal), se iba a quedar allá”, narra el padre de Elia.

Las horas del domingo 7 de diciembre fueron de angustia para la familia: Elia no volvió a su casa por la mañana como prometió, no respondía al teléfono y nadie sabía dónde estaba. Ante la desesperación, sus padres presentaron una denuncia por desaparición el lunes a las 2 de la mañana.

Fue hasta el lunes 8 que Elia llamó a sus padres: estaba en el Ministerio Público (MP) de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Lo que ocurrió durante las horas que sus padres no supieron de ella está asentado en los expedientes 1080/2014, en el que se acusa a Elia del delito de cohecho, y 1077/2014, abierto por feminicidio; ambos en los juzgados penales orales de Cuautitlán Izcalli.



DETENCIÓN ARBITRARIA

La mañana del domingo 7 de diciembre, policías ministeriales llegaron a la casa de la abuela de Yael, en busca de Elia. La detuvieron sin orden de aprehensión y sin decirle de qué se le acusaba, la metieron en un automóvil y la golpearon varias veces en la cabeza, los brazos y las piernas.

La entregaron al MP de Cuautitlán Izcalli, donde Elia fue torturada para que firmara una confesión en la que se declara culpable de incitar a su novio a asesinar a Silvia Paredes Muedano, joven de 17 años, cuyo cuerpo fue localizado el 3 de diciembre de 2014 en el armario del cuarto de Yael.

“Me pasaron a un cuarto, al fondo unas oficinas y me dijeron que iban a hablar conmigo, pero ellos me siguieron pegando, me pusieron una bolsa en la cara, me amarraron los brazos con unas vendas (…), me acostaron y alguien se puso encima de mí, me echaron agua en la boca y en la nariz”, se lee en la declaración de Elia de la carpeta administrativa 1077/2014.

En entrevista con esta agencia, César Alfonso Sánchez Aguilar, abogado de Elia, sostiene que esta forma de tortura es sumamente común en el Estado de México, pues “sin dejar marcas visibles en el cuerpo, se tortura a muchas personas para arrancarles una confesión y encontrar a un culpable”.

El abogado explica que en el momento en el que Elia fue presentada ante el Ministerio Público se le fabricó una acusación de cohecho para detenerla mientras se libraba la orden de aprehensión por feminicidio.

“La acusaron de ofrecerle 10 mil pesos a los agentes ministeriales para que no fuera detenida, pero Elia ni siquiera estaba en su casa y sólo traía el dinero justo para sus pasajes”, agrega el defensor.

Actualmente el juicio por el delito de cohecho sigue su curso y está en la etapa de investigación, mientras que Elia está presa en el penal de Cuautitlán.

En un primer momento, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México presentó a la joven como autora intelectual del feminicidio de Silvia, asegurando que ella pertenecía a una “secta satánica” y había ordenado a Yael que matara a Silvia como un “sacrificio humano” necesario para ser parte de la secta.

La carpeta de investigación continuó siendo integrada sin que –según el abogado– se permitiera a la defensa de Elia presentar pruebas a su favor.

Fue el pasado 15 de diciembre cuando se dictó en su contra un auto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio, en calidad de “partícipe instigador”. De ser declarada culpable, Elia podría ser condenada hasta con 70 años de prisión, según el Código Penal mexiquense.

Ante las violaciones al debido proceso de las que fue víctima Elia, sus representantes legales apelaron el auto de vinculación a proceso, y solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que el organismo aplique a la joven el Protocolo de Estambul (prueba para demostrar que fue víctima de torturas).

“Para mí, una de las cosas más injustas que ha enfrentado mi hija es que la PGJEM haya ensuciado su nombre; fue víctima de difamación; en varios medios locales apareció la noticia de que ella invocaba rituales satánicos cuando no tienen pruebas de ello, y no han dejado que ella dé su versión de los hechos”, dice su padre.

Tanto José Carbajal, como el abogado consideran que la acusación contra la joven corresponde a una estrategia estatal por “encontrar culpables a toda costa; lo que quieren es decir que hacen su trabajo y que esclarecen los delitos, aunque en realidad arranquen las confesiones por tortura y no investiguen los asesinatos o resuelvan de fondo la violencia contra las mujeres”.


(PROCESO/ ANAIZ ZAMORA MÁRQUEZ/ REPORTAJE ESPECIAL/19 DE ENERO DE 2015) 

EN SEIS DÍAS, LA PGR OFRECE 204 MDP POR 68 PERSONAS DESAPARECIDAS


MÉXICO, D.F. (apro).- En un lapso de seis días, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió la chequera y ofreció 204 millones de pesos de recompensa por información que lleve a la localización de 68 personas reportadas como desaparecidas, así como a sus captores.

Desde el pasado martes 13, la dependencia a cargo de Jesús Murillo Karam comenzó a publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) listas de nombres y los montos de las recompensas que en promedio no sobrepasan el millón y medio de pesos y otro tanto igual por la información que lleve a la identificación y detención del o los probables responsables de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, trata de personas en la de explotación sexual, delincuencia organizada y los que resulten.
A la fecha, se han publicado 68 nombres de desaparecidos o víctimas de trata de personas.

Este martes fueron publicados los nombres de Bertha Alicia Vidal Varela, Brenda Patricia Luna Arizmendiz, Mónica Janeth Alanis Esparza, Silvia Stephanie Sánchezviesca Ortíz.

También, Daniela Xochitl Elizarrarás Rojas, Paolo César Antonio Cano Montero, Martha Kenia Porras Peniche, Jaime Pérez Castro, Moisés Domínguez Salazar, Marcos Arenas Barrera, así como Arnulfo Arizmendi Arizmendi.

El pasado lunes, proporcionó la lista de ocho personas, el viernes 16, fueron 10; el jueves 15, otros 12; el miércoles 14 publicó 17 nombres, y el martes 13 fueron 10.

Como cada día, la PGR señala que los ofrecimientos no serán aplicables a los servidores públicos con funciones relacionadas con la seguridad pública, administración de justicia y ejecución de sanciones penales.


(PROCESO/ LA REDACCIÓN/ 20 DE ENERO DE 2015)

LA OTRA HISTORIA DE TLATLAYA


Raymudno Riva Palacio
Tlatlaya se encuentra en la esquina del sur del Estado de México, en la frontera con Guerrero. Este municipio que no llega a los 33 mil habitantes, sería desconocido para muchos de no haber sido que la madrugada del 30 de junio, un grupo de militares del 102º Batallón de Infantería ajustició a 22 personas. Los detalles de cómo sucedió han quedado resueltos por la versión de la PGR, que alega que tres de ellos utilizaron “indebidamente” la fuerza y mataron a un grupo de jóvenes armados que, al ser descubiertos por los militares, se escondieron en una bodega desde donde les empezaron a disparar. Los soldados son procesados por sus actos, pero esto no puede ser el punto final, sino el punto de partida para entender cómo se prestaron las instituciones a crear santuarios del crimen organizado en Tierra Caliente.

Tlatlaya no es un accidente del Ejército, ni es un municipio donde la delincuencia es coyuntural. Todo lo contrario. Su historia reciente demuestra cómo el Gobierno abandonó algunas regiones del país y permitió que las instituciones responsables de evitar que las cosas se pudrieran, se contaminaron por abandono, negligencia, impotencia, complicidad, corrupción, o por cualquier otro factor con el que se quiera describir cómo se entregó el destino regional a criminales. El mapa de la debacle institucional lo tiene la PGR. Se lo proporcionó José María Chávez Magaña, apodado “El Pony”, pero poco se ha hecho.

Chávez Magaña fue detenido por un comando de la Marina en junio, horas después de la matanza en Tlatlaya. “El Pony” era el jefe de “La Familia Michoacana” en el Estado de México, y se le adjudican cuando menos 50 asesinatos, aunque él declaró ser responsable del crimen de más de 200 personas. La numeralia es, pese al horror de la cifra, lo menos relevante. Lo que “El Pony” reveló a la PGR el recuento de la negligencia que por años se ha tenido en la lucha contra la delincuencia organizada.

Chávez Magaña, como muchos michoacanos, se fue a probar suerte a California en los 80’s, pero lo atraparon vendiendo droga. En 1989 lo deportaron a México, y fue enviado a Uruapan, donde estuvo preso hasta 2005. Ahí conoció al jefe de la plaza de Zitácuaro, Hilario López Morales, quien cuando recuperaron la libertad, lo llevó con José de Jesús Méndez Vargas, “El Chango Méndez”, uno de los dos jefes máximos de “La Familia Michoacana”. Al poco tiempo lo hizo responsable de la plaza de Ecatepec, en el estado de México, donde impidió que el cártel de los hermanos Beltrán Leyva entrara al negocio. Como premio, lo enviaron a una zona de Tierra Caliente, a cargo de cinco municipios, incluido Tlatlaya.

“El Pony” nombró a sus comandantes de plaza, y dejó en Tlatlaya a Leobardo Villegas Flores, “El Sierreño”, y en Amatepec a un joven que hoy es uno de los jefes criminales en Tierra Caliente, Johnny Hurtado Olascoaga, “El Fish”. “La Familia Michoacana”, como sucedió con todos los cárteles mexicanos entre 2008 y 2011, se dividieron y establecieron nuevas alianzas. El deterioro se aceleró tras la captura de “El Chango Méndez” en junio de 2011, cuyo heredero Antonio Méndez Vargas, su hermano, chocó con “El Pony”, quien hizo un pacto con Mario Casarrubias, “El Sapo Guapo”, uno de los fundadores de la banda Guerreros Unidos que, a su vez, surgió tras la ruptura del cártel de los Beltrán Leyva en 2009.

Chávez Magaña se convirtió en el jefe de “La Familia Michoacana” fuera de ese estado. A “El Sierreño” le encargó todo el Estado de México, y a “El Fish” lo nombró jefe en una región de Guerrero y el Estado de México. En esa zona, reveló a la PGR, “El Fish” controlaba a los políticos y las policías de Teloloapan, Apaxtla de Castrejón, Cuetzala del Progreso, Balsas, Acapetlahuaya, Tlalchapa y Ametepec. Bajo su control tenía también al alcalde de Arcelia y al líder de la CTM, que proporcionaba transportes para el tráfico de droga.

Pero “La Familia Michoacana” también empezó a fracturarse, y el hermano de “El Fish”, José Alfredo, apodado “El Fresa”, negoció una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación, que al entrar a Tierra Caliente, propició la salida de la organización de Chávez Magaña, por viejos problemas con su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Hurtado Olascoaga tomó el control del cártel y amplió el abanico de delitos. Su organización es la responsable del alza de los secuestros en Valle de Bravo el año pasado, cuya base se encuentra en Arcelia, de donde también era una buena parte de los abatidos en Tlatlaya.

La historia de “El Pony” no podría haber sido tan redituable para “La Familia Michoacana” de no haber contado con protección institucional. Para esto, le dijo a la PGR, cada mes tenía una partida para “relaciones públicas”, el eufemismo que utilizaba para el pago a policías federales, municipales y agentes ministeriales en el Estado de México y la zona de Tierra Caliente en Guerrero. Eran 12 millones de pesos mensuales, que les permitieron operar años sin ser molestados. Cómo sucedió todo esto, es una pregunta sin responder. Por qué no se ha actuado, con toda esa información en la PGR desde hace meses, es la gran duda sobre la capacidad judicial del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y sobre su voluntad política para combatir, efectivamente, al crimen organizado en este país.


(ZOCALO/ COLUMNA ESTRICTAMENTE PERSONAL DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 19 DE ENERO 2015)