En un confuso
incidente un grupo de residentes del Valle de Mexicali afirman haber sido
“secuestrados” por policías municipales, y aseguran que se “escaparon” y
evadieron el pago reclamado de 30 mil dólares. Mientras, las autoridades
investigan a una docena de municipales asignados a esa zona
Entre el Ejido
Durango y el Carranza, después de unas sinuosas curvas y llegando a un pequeño
dren se bordea hacia al sur para tomar un camino de tierra por cerca de 5
kilómetros, luego éste se bifurca y se sigue hacia el oriente hasta llegar a un
caserío conocido como “Rancho El Caimán”, ahí en pleno Valle de Mexicali.
Tras la barda pintada
de azul verde y la malla ciclónica se aprecia el porche de la casa, al fondo
corrales de donde emanan sonidos de gallos, gallinas, chivos, cerdos, borregos.
Hasta ahí llegaron
la mañana del domingo 4 de enero cinco patrullas, ahí en el porche de la casa
había tres hombres, a los que se les habían sumado otros dos. Jorge Luis
Sánchez Pérez, de 19 años narra lo sucedido.
“Aquí estaba mi apá
(Jorge Sánchez), mi nana (Amelia Rivera), luego llegaron otros jóvenes, Eduardo
y Raúl. Llegaron las cinco patrullas de la policía municipal, no traían ni
orden de aprehensión ni nada. Eran como unos 10, 12 agentes por ahí. Traían el
uniforme ese azul y pasamontañas”.
Otro de los testigos
refiere que dos de los uniformados no traían pasamontañas, “sí los reconocemos
si los vemos. Uno era negrito y la otra era una mujer morena, cara redonda,
estatura baja y pelo negro.”
“Nos decían que
venían, que aquí había algo. Aquí apesta, nos dijeron”, refiere Jorge Sánchez,
el padre del joven.
“Aquí estuvieron
como una hora, no hallaron nada pero de todos modos nos esposaron y nos
subieron a las patrullas, a mí, a Raúl y a Jorge. También a Eduardo lo subieron
pero a él se lo llevaron aparte...
“Nos decían que
querían dinero…”
— ¿Y dinero por
qué?, se les pregunta; a lo que el joven Sánchez responde:
“Pues no sé, nos
querían secuestrar los batos”.
Según el padre del
joven, les pedían 35 mil dólares, pero luego bajaron la petición a 30 mil
dólares. “Nos hicieron rebaja…”, bromeó Sánchez.
“Nos trajeron
paseando, nos llevaron a un costado del Ejido Sonora, ahí nos tenían en unos
drenes. Estaban hable y hable con el hermano mío para que les diera el
rescate”, refiere Sánchez, explicando que a su hermano lo localizaron a través
del celular que él portaba. “Él le daba esperanzas, que una hora, que dos
horas, así se fueron todo el día”.
Según otro de los
familiares, los amenazaban con que les iban a sembrar seis libras de la droga
conocida como cristal. “Que íbamos a mamar, así nos dijeron, que a todos nos
iban a matar, no hallábamos que hacer, nosotros”, refiere otro de la parentela.
De acuerdo a la
misma versión aportada en platica grupal, cerca de cinco horas después los
policías aceptaron que los dos más jóvenes fueran por el dinero –se habían
llevado una camioneta Ram del rancho–, la cual abordaron y aprovecharon para
escapar.
“Cómo no, todavía
andamos asustados”, refirió Jorge Sánchez padre, quien mientras los jóvenes
huían, se había quedado resguardado, dijo, por uno de los agentes en el estacionamiento
del Oxxo y gasolinera, ahí en la colonia La Puerta.
A la par los
familiares habían realizado una serie de llamadas a las corporaciones
policiacas y denunciaron apresuradamente a algunos medios de comunicación.
“Los policías ya
estaban muy nerviosos, por los medios de comunicación. Ya los andaban buscando,
que venía Antisecuestros pa’cá, a ellos les avisaron. Por eso se pusieron
nerviosos, –el policía– se fue a asomarse así por una subidita, hablando por el
radio y me le escapé, tuve chanza de correr, crucé las tierras y llegué hasta
la carretera del Ejido Nayarit”, refirió Sánchez, quien asegura que luego le
marcó a uno de sus hermanos y se fueron hasta las oficinas de la Policía
Ministerial, ahí en la colonia Carranza, donde lo esperaban los del grupo
Antisecuestros.
“Esos del gobierno
son una mafia, nomás andan robando a la gente”, comenta otro de los hermanos en
alusión a los policías municipales. Afirman que por parte de la Procuraduría
General de Justicia del Estado no han tenido ningún aviso y que hasta este
viernes 9 de enero de 2015, quedaron de darles el dato del NUC, el Número Único
de Caso.
La familia Sánchez
recordó que hace aproximadamente tres meses, los policías municipales llegaron
de madrugada e irrumpieron violentamente en el mismo domicilio. Aseguran que
también eran policías municipales quienes llegaron por un costado del rancho y
tumbaron el cerco de malla. “Se llevaron dos televisiones grandes, de esas
planas, teléfonos, como cinco mil pesos, todo lo de valor que había se lo
llevaron, tipo rateros de esos de la calle…”.
Una de las mujeres
presentes recordó que era una madrugada de septiembre, entraron tres
encapuchados vestidos de uniforme azul marino, tumbaron la puerta y empezaron a
golpear a su esposo. “Decían que querían droga, golpee y golpee a él. Le
rajaron toda la cabeza, lo lastimaron todo, traían “chicharras” –pistolas con
descarga eléctrica–, a mí me la pusieron, me quitaron la ropa, me dejaron sin
nada, me golpearon. Nos dijeron que si hacíamos algo nos iba a ir pior…”
Se les pregunta si
en esa ocasión interpusieron alguna denuncia, pero dicen que no, “Tuvimos miedo
también”, refiere el jefe de familia, quien dice tener 25 años residiendo ahí
en ese lugar y dedicado a la cría de borregos, chivos, gallinas.
— ¿Ahora qué piensan
hacer?, se les inquiere; a lo que el jefe familiar responde:
“Pues vender aquí,
¿qué vamos a hacer?, tenemos miedo de estar aquí…”.
MUNICIPALES EXTORSIONAN Y PRIVAN DE LIBERTAD
Públicamente el
subprocurador en Mexicali de la Procuraduría General de Justicia del Estado,
Fernando Ramírez Amador fue el primero en confirmar el delito, afirmó que se
recibió la denuncia en la unidad de delitos foráneos en el kilómetro 43 en
relación a la privación de la libertad de 4 personas.
Dijo que a cambio de
la libertad les exigían 35 mil dólares, aunque la entrega de dinero no
procedió, pero por la categoría de los hechos la investigación corre a cargo de
la Subprocuraduría Contra la Delincuencia organizada de la PGJE.
Indicó que no se toleraría
la impunidad, y si estuvieran relacionados agentes municipales serán
consignados pero no dio más información sobre lo ocurrido, escudándose en la
secrecía de la investigación, que le impedía seguir informando.
Extraoficialmente,
ZETA fue informado que la PGJE investigaba la posibilidad de que policías
municipales que laboran en el Valle de Mexicali, estén extorsionado a personas
que se dedican actividades delictivas.
“Hasta donde sabemos
existen versiones de que los agentes han estado privando de la libertad a gente
que se dedica a la venta de droga, narcomenudeo, y otros delitos relacionados,
para sacarles dinero, con la idea de que por ser delincuentes no los van a
denunciar, pero esta vez sí los denunciaron”, comentó un investigador ministerial
del estado.
AL MENOS 10 ELEMENTOS INVOLUCRADOS
Para el Director de
la Policía Municipal de Mexicali, Alejandro Monreal, no se pueden tolerar este
tipo de actitudes, en caso de confirmar el secuestro de la familia, por lo que
los agentes ya se encuentran en investigación por parte de la PGJE y de la
misma DSPM.
“Exhortamos a la
ciudadanía a que siga denunciando, son situaciones donde no se va a solapar
ningún acto de impunidad en contra de agentes de que vayan en contra o al
margen de la ley, se está haciendo un investigación tanto interna como externa,
se está proporcionando toda la información a la PGJE”, afirmó el director de la
corporación.
Explicó que el
reporte se recibió desde el domingo 4 de enero a la una de la tarde, momento en
que se atendió a las víctimas de manera personal por el subdirector operativo
Alejandro Galindo así como el comandante de la Valle, René Tanori Hernández
“Se les dio toda la
atención a las víctimas de que tuvieran la confianza de que van a ser
respaldados y protegidos por parte de nosotros, así como proporcionarle toda la
documentación que se necesita para fortalecer la carpeta de investigación a la
Procuraduría, que en ese sentido ya se le entregó los roles de servicio, se les
dio acceso a que tomaran fotografías de las unidades que estuvieron en
servicio, las identidades de los agentes que estuvieron trabajando en esos
horarios”.
Monreal recordó que
de igual manera que se llevó a cabo la detención de 2 agentes municipales
relacionados con un posible secuestro en contra de 4 jugadores extranjeros del
equipo Águilas de Mexicali se llevará está investigación.
El antecedente más
reciente de agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal involucrados
con secuestros se presentó el 10 de noviembre de 2014, al término de un juego
de béisbol regular de la Liga del Pacífico, cuando cuatro peloteros del equipo
Águilas de Mexicali fueron privados de su libertad por dos agentes policiacos.
Los beisbolistas
extranjeros Daniel Herrera, José Sánchez, Mason Tobin, Matt Gorgen fueron a
cenar luego del partido cuando fueron detenidos por los agentes municipales, de
aquí se derivan 2 versiones.
Los agentes Carlos
Roberto “N” y Samuel de Jesús “N” declararon en la audiencia del 28 de
noviembre que extorsionaron a los peloteros, pero negaron el secuestro.
Señalaron que los peloteros tenían una bolsa de marihuana y para evitar ser
detenidos, les ofrecieron 120 dólares y mil 400 pesos en efectivo.
Luego de tomar el
dinero los dejaron ir con todo y droga, sin embargo a los pocos minutos los
volvieron a detener por quemar llanta, al percatarse de que eran los mismos los
iban a dejar ir, pero afirman que uno de los peloteros les volvió a ofrecer mil
200 pesos extras a cambio de la confidencialidad.
El 29 de diciembre
de 2014, dos de los cuatro jugadores se presentaron a declarar en la Audiencia
Para Desahogo de Prueba Anticipada, ahí sostuvieron que fueron secuestrados por
los agentes municipales y les entregaron a los policías cerca de 20 mil pesos,
porque les pidieron el dinero y con el arma oficial en sus cintos, los
escoltaron hasta el cajero automático más cercano.
Los otros 2
beisbolistas fueron dados de baja una vez terminada la temporada regular, por
lo que ya no accedieron a declarar.
“Nosotros entregamos
información del personal que estuvo trabajando en ese operativo, son alrededor
de 10 agentes 4 unidades, las que estuvieron en servicio en esa operación que
se realizó ese día, se les da toda la información necesaria documentada, toda
la prueba documental que requiere la procuraduría y en caso de que requieran
más información de agentes que no estuvieron en esa operación y que también
tengan relación con el hecho se les va a proporcionar, por lo pronto nosotros
tenemos 10 agentes involucrados y se va a hacer lo propio”, indicó el titular
de la DSPM.
Como medida cautelar
el director de la policía municipal, afirmó que los agentes ya fueron separados
de la zona y afirmó que en caso de no realizar los protocolos de Ley se les
suspende de sus actividades, además de que hasta el momento ningún agente ha
dejado de asistir a trabajar.
De acuerdo a la Ley
General para Prevenir y Sancionar el Delito de Secuestro –ley federal que se
aplica estatalmente en todo el país y aprobada en mayo del 2014–, en el
Artículo 9 se incluye que al que prive de la libertad a otro se penaliza de 40
a 80 años de prisión, pero aumenta de acuerdo a lo estipulado en el Artículo
10, de 50 a 100 años de prisión cuando el o los autores sean o hayan sido
integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración o
administración de justicia, o las fuerzas armadas mexicanas o se ostenten como
tales sin serlo.
EL “CABALLO” PODRÍA SALIR EN LIBERTAD
Manuel Aguirre
Galindo “El Caballo”, presunto ex líder financiero del Cártel Arellano Félix
(CAF), podría quedar el libertad. Y es que el capo interpuso diversos juicios
de amparo en por lo menos tres estados y el Distrito Federal para detectar si
existe alguna orden de aprehensión en su contra, pues está a punto de resolverse
la impugnación de un amparo que le fue negado y, de revocarse el fallo,
significaría su salida de prisión.
Los juicios de
garantías fueron interpuestos en juzgados de Baja California, Jalisco y el
Estado de México, aunque algunos de los jueces han declinado competencia hacia
alguno de los tribunales de la Ciudad de México. El 19 de septiembre de 2014,
al “Caballo” le fue negado el amparo 1192/2013, promovido ante el Juzgado
Séptimo de Distrito de la especialidad en el Distrito Federal.
El bajacaliforniano
ya ganó su primera batalla legal, al egresar del penal de máxima seguridad de
Almoloya de Juárez a finales de noviembre del año anterior, y ser ingresado en
el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la capital del país.
Con la protección de
la justicia federal denegada, Aguirre Galindo combatía el auto que le mantiene
formalmente preso ante el Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales
Federales en el Distrito Federal, por su probable responsabilidad en la
comisión de delitos contra la salud -en su modalidad de introducción de
clorhidrato de cocaína al país- y asociación delictuosa. El quejoso interpuso
el recurso de revisión 272/2014 en contra de la referida negativa de amparo,
impugnación próxima a resolverse en el Noveno Tribunal Colegiado en Materia
Penal del Primer Circuito.
PRESO EN TEXAS Y SIN FIANZA, ESPERARÁ JUICIO HIJO DE
OSIEL CÁRDENAS
Osiel Cárdenas Jr.,
hijo del capo del narcotráfico y ex líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas
Guillén, permanecerá detenido en Estados Unidos mientras inicia el juicio en su
contra por intentar traficar cientos de cartuchos a México.
En audiencia
celebrada el 8 de enero de 2015, el juez Ignacio Torteya, de la Corte del
Distrito Sur de Texas, dictaminó que “el detenido está en riesgo de huir”, por
lo que le negó el derecho a fianza.
Aprehendido el 31 de
diciembre de 2014, el joven de 23 años conducía una camioneta Escalade 2015
color negro, con dirección a Matamoros, México, en las inmediaciones de la
garita de Brownsville, Texas.
Cuando oficiales de
la Unión Americana lo cuestionaron, Cárdenas Jr., quien es ciudadano
estadounidense, negó llevar consigo mercancía de contrabando, pero en el
vehículo fueron localizados 480 cartuchos de diversos calibres y dos cargadores
para rifles de asalto.
Entre las razones
que la Corte dio para negar la fianza, están los constantes viajes de Osiel
Cárdenas Jr. hacia México, su residencia, así como su empleo y negocios de los
que ostenta propiedad en México.
Además, el juez
consideró que su liberación “pondría en riesgo a la comunidad”, por lo que
quedó bajo la custodia de los Marshalls de Estados Unidos.
Aún sin fecha
definida, al joven se le imputarán los cargos de exportación de artículos de
defensa (en este caso, armamento) sin licencia ni registro.
En total fueron 290
cartuchos calibre 9 milímetros, 161 cartuchos de .223 milímetros, 29 cartuchos
de 7.62 milímetros y dos cargadores para rifle calibre .223 milímetros, ocultos
en el tablero de la camioneta Escalade, así como en la guantera y detrás de los
botones del estéreo.
De acuerdo a
documentos presentados en la Corte, Osiel Cárdenas Jr. escondía 14 gramos de
marihuana en su ropa interior.
Su defensor es el
abogado Crispin C.J. Quintanilla III, conocido en Texas por defender a
procesados vinculados con el Cártel de Los Zetas, entre ellos el secuestrador
Imurias “Comandante Tomate” Machado Treviño, en 2011.
El padre del joven
detenido, Osiel Cárdenas Guillén, fue detenido en marzo de 2003 en Matamoros,
Tamaulipas, acusado de los delitos de delincuencia organizada y daños contra la
salud. Permaneció preso en México hasta que en 2007, fue extraditado a Estados
Unidos, donde purga una condena de 25 años de prisión.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/ INVESTIGACIONES ZETA / 15 DE ENERO DEL 2015 A LAS 20:25:00)
