Sin licitación, se pagaron 10 millones
del megacrédito para el proyecto Elota-Piaxtla… que no es viable
Nelda
Ortega/Mazatlán
El
anuncio lo hizo en noviembre del 2009 el ex gobernador Jesús Aguilar Padilla,
durante una gira de trabajo en Casas Viejas, Elota, donde se jactó de haber
resuelto lo básico. “Vayamos ahora por las grandes obras”, dijo, refiriéndose
al proyecto Elota-Piaxtla.
Las
obras proyectadas en este proyecto son la presa derivadora Las Juntas, la
Ixpalino, una red principal con una longitud de 113.4 kilómetros conformada por
un ducto cerrado de concreto y 9.15 kilómetros de diques y sifones
principalmente, además de obras complementarias de drenaje, caminos y cárcamos.
A
casi cinco años de distancia, y con una inversión de casi nueve millones de
pesos, el gobierno estatal, ahora con Mario López Valdez al frente, tiene un
proyecto inconsistente y rechazado por la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT).
La
cifra que el gobierno del estado pagó por la elaboración del proyecto fue de 8
millones 993 mil 786 pesos, cantidad justificada en la página del Consejo
Ciudadano en la que se publica que se asignaron 10 millones de pesos, “de los
cuales 8.9 millones ya están contratados, por asignación directa, a José Marco
Murillo Ruiz” y corresponden al mega crédito adquirido por el ejecutivo estatal.
José
Rosendo Castro Amarillas, integrante de la institución de asistencia privada
“Bosque a Salvo”, declaró que la información del Consejo Ciudadano alertó a los
ambientalistas y académicos para solicitar ante la federación una consulta
pública.
Expuso
que de todas las opiniones técnicas solicitadas para validar el proyecto,
Ayuntamientos, Organismos Ambientales y dependencias federales coincidieron
ante la SEMARNAT que no debería de aprobarse por el negativo impacto ambiental
que tendría, mientras que gobierno del estado y la propia Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA) dieron su opinión favorable.
En
el resolutivo que emite la SEMARNAT se indica que durante la consulta pública
se recibieron cuatro solicitudes: la de Castro Amarillas, Jesús Alberto Humarán
Lizárraga y Tomás de Jesús Vega Martínez como miembros de la comunidad de
Culiacán y San Ignacio.
A
nombre de las organizaciones Cuerpo Académico “Ciudad y Región”, “Bosque a
Salvo” y la Unidad Académica de la Escuela de Biología de la UA, se presentaron
23 puntos en los que se destaca que la cuenca hidrológica del río Piaxtla
cuenta con veda superficial vigente y aprobada por la propia CONAGUA.
Asimismo,
que se afectará la integridad del flujo hidrológico del ecosistema y su zona de
influencia, zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación de
alevinaje e interacciones, y provocará cambios en las características y
servicios ecológicos que provee el ecosistema, todo esto no descrito en el
estudio de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) Regional.
Castro
Amarillas detalló que en la consulta pública se expuso, entre otras, que las
acciones propuestas son insuficientes para remediar los impactos que sufrirán
las poblaciones de especies de gran valor, por lo que propusieron para
compensar las afectaciones, señalar con exactitud un área de superficie similar
a la afectada con un presupuesto, para que las medidas tengan mayores
posibilidades de instrumentarse y que se elabore un programa detallado de
reubicación de flora y fauna.
El
estudio actual no especifica las hectáreas de selva que se perderían en la
represa de Ixpalino, ni como se protegería a la región contra el avance de las
actividades antropogénicas como la agricultura, ganadería y minería.
INFORMACIÓN A MEDIAS
La
SEMARNAT determinó que el promovente de la obra, es decir, el Gobierno de
Sinaloa, no proporcionó en el proyecto la información requerida conllevando a
la imposibilidad de identificar los posibles impactos generados durante cada
una de las etapas del desarrollo del proyecto, repercutiendo de esta forma con
la correcta identificación de las medidas de mitigación y compensación
necesarias a implementarse.
La
dependencia federal señaló que aunque aportó las superficies susceptibles de
cambio de uso de suelo de áreas forestales e indicó el número de especies, la
información resultó insuficiente para evaluar de forma particular las
alteraciones generadas en el ambiente.
Castro
Amarillas, indicó que aunque gente del gobierno estatal involucrada con el
proyecto podría argumentar que se trata de un procedimiento y que están en
proceso de solventar las observaciones, se trata de algo definitivo.
Aunque
no se manifiestan en contra del proyecto, sí le apuestan a que se presente un
estudio completo en el que consideren más valores, factores ambientales de
todas las estaciones del año y que se tome en cuenta la respuesta que tienen
los organismos de flora y fauna ante las variables de flujo de agua y su
impacto en el entorno.
“El
promovente tiene que hacer un estudio integral que comprenda toda la flora y
fauna y las áreas adyacentes por lo menos de lo que es el río, pero también de
toda la obra hidráulica que va a desarrollar, porque se hizo de lo que es de la
presa hacia arriba, no les interesó lo que es de la presa hacia abajo”, indicó.
Un MIA mejor elaborado
En
la página del Consejo Ciudadano de Sinaloa se detalla que el pago fue por la
elaboración del estudio de Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad
regional del proyecto Elota-Piaxtla, segunda etapa (Presa de almacenamiento
“Las Juntas” y derivadora “Ixpalino” y zona de riesgo 30 mil 376 hectáreas en
los municipios de Culiacán, Elota y San Ignacio en el estado de Sinaloa).
El
domicilio del despacho corresponde al Distrito Federal, y no cuenta con fecha
de concurso ni de licitación, el estatus es que se encuentra es del 100 por
ciento y la inversión autorizada y pagada es de 10 millones de pesos.
Ante
esto, Castro Amarillas consideró que es un precio suficiente para haber hecho
bien las cosas, pero que se trata de un recurso que se fue a la basura por no
estar completo. Incluso en un sondeo extraoficial entre la comunidad científica
que hace ese tipo de estudios comentaron entre sí, que con la mitad del recurso
podría haberse hecho.
-Con
base en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, su
reglamento y normas ambientales, la SEMARNAT negó al gobierno de Sinaloa la
autorización para el proyecto Elota-Piaxtla segunda etapa en los municipios de
Elota, San Ignacio y Culiacán, promovido por la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas
-SEMARNAT
previene que, hasta que no cuente con autorización respectiva en materia de
impacto ambiental, no se podrá realizar obra y/o actividad alguna relacionada
con el proyecto.
-El
gobierno estatal puede impugnar, mediante un recurso de revisión, la negativa.
OBSERVACIONES EN LA CONSULTA PÚBLICA
-La
cuenca hidrológica del Río Piaxtla cuenta con una veda superficial vigente
emitida por la CONAGUA.
-El
escurrimiento anual de 2.04 millones de metros cúbicos en la MIA es inexacto;
sumó dos lecturas: Las Juntas (902 mm3) e Ixpalino (1,138 mm3), valores no
confiables toda vez que datan de 1995 y ha estado disminuyendo.
-La
MIA excluye inventarios del ecosistema acuático el fitoplancton, macroalgas,
plantas acuáticas, zooplancton, macroinvertebrados, peces y anfibios, al igual
que su dinámica y distribución, períodos reproductivos y migraciones.
-El
Río Piaxtla preserva una integridad biológica alta por lo que es de alto valor
ecológico.
-No
analizó los impactos ambientales sobre las especies bajo protección; debe
contemplar una franja de amortiguamiento en las colindancias del proyecto por
la alta presencia de pantera onca alrededor de la derivadora.
-Sus
acciones son insuficientes para remediar los impactos que sufrirán las
poblaciones de gran valor.
-Deben
protegerse las selvas de San Ignacio; la selva subcaducifolia en Sinaloa se ha
perdido casi en un 50 por ciento ya que de 1994 al 2005 se redujo de 89 mil a
48 mil 776 hectáreas.
-Aunque
la desembocadura del río Piaxtla no se ubica dentro de algún humedal costero
importante, sí tiene conectividad; el proyecto no señala medidas para su
conservación ni de mitigación de los impactos dados por la disminución de agua
dulce.
-No
reconoce que el Área Natural Protegida Meseta de Cacaxtla queda dentro de la
cuenca del río Piaxtla, por lo que se debe requerir información sustentada para
justificar que la disminución del acuífero del Piaxtla no afectará el sistema
hidrológico de esta reserva.
-No
especifica de manera clara de qué manera promoverá la ejecución de medidas
preventivas para la protección de la fauna que habita en el área de influencia
del proyecto.
-El
estudio no establece adecuadamente ninguna medida de recuperación ni de
mitigación para la pérdida de biodiversidad.
-Es
insuficiente el monto presupuestado para las medidas de mitigación (1.5
millones en cinco años), ya que para la presa Picachos se dispuso de 9 millones
en el rescate de flora y fauna, además de destinar 10 millones de pesos para
una reserva ecológica de 10 mil hectáreas.
ANTECEDENTES
Noviembre
del 2009, Jesús Aguilar Padilla anunció el proyecto con 100 millones de pesos
etiquetados por la federación.
Marzo
del 2013. El gobierno del estado anunció como un hecho la construcción del
proyecto Elota-Piaxtla luego de una reunión que celebraron en el DF los
titulares de la SAGARPA, Enrique Martínez y Martínez, y de CONAGUA, David
Korenfeld Federman con Malova.
13
enero 2014. Sinaloa y CONAGUA signaron un convenio para canalizar recursos a
las obras hidroagrícolas, con lo que se espera sumar más de un millón de
hectáreas de riego en la entidad.
27
febrero 2014. Malova toma protesta al Comité Pro Construcción de la segunda
etapa del proyecto Elota-Piaxtla, en la que dice, invertirán 800 millones de
pesos.
Estos
recursos fueron comprometidos en el convenio signado entre el gobernador Mario
López Valdez y el presidente de CONAGUA, David Korenfeld Federman, el pasado 13
de enero en la Ciudad de México.
(RIODOCE/
NELDA ORTEGA/ septiembre 28, 2014)
