El gobierno de Jalisco, mediante la operación
irregular de su Mesa de Estrategia o Cuarto de Guerra, pretende
descarrilar las aspiraciones políticas de Enrique Alfaro Ramírez,
presidente de Alianza Ciudadana y el candidato que más se acercó al
priista Aristóteles Sandoval Díaz en la pasada elección de gobernador.
En un documento interno de
esa instancia al que tuvo acceso este semanario, se muestra asimismo la
intención de desestabilizar al gobierno de Ismael del Toro Castro, del
partido Movimiento Ciudadano (MC), en Tlajomulco de Zúñiga.
Al margen del organigrama del Poder Ejecutivo y de la Ley
Orgánica del Estado, el organismo es encabezado por el jefe de gabinete y
responsable del manejo publicitario del gobierno de Jalisco, Alberto
Lamas Flores, y cuenta con la participación de funcionarios de los tres
niveles de gobierno.
Desde el comienzo de la administración de Sandoval Díaz,
el Cuarto de Guerra se propuso frenar el avance de Alfaro Ramírez, lo
que ahora se torna prioritario rumbo a las elecciones intermedias del
próximo año.
La persecución también se dirige contra Del Toro Castro,
sucesor de Alfaro como alcalde en Tlajomulco de Zúñiga. A los dos se les
armó una demanda por presuntos delitos ambientales en sus respectivas
gestiones, con la participación de organizaciones civiles.
En los planes para golpear políticamente a Alfaro y su
núcleo participan secretarios de Estado, diputados, regidores y asesores
ligados al PRI, a quienes desde la instancia irregular se les pide
hacer labor para que se sumen a esos ataques panistas, perredistas,
verde-ecologistas y académicos de la UdeG y del ITESO, así como
organizaciones no gubernamentales.
En el documento se identifica a políticos que pueden
fungir como intermediarios entre funcionarios de la administración
priista, militantes del PAN y funcionarios electos bajo las siglas de
MC. Es el caso del exdiputado panista Jorge Salinas Osornio, quien fue
candidato al gobierno de Guadalajara y fue derrotado por Aristóteles
Sandoval.
Varios medios de comunicación han reportado que el panista
se ha reunido frecuentemente con el presidente municipal de Puerto
Vallarta, Ramón Demetrio Guerrero, El Mochilas, que llegó al cargo con
la bandera de MC, y con el secretario general de Gobierno, Roberto López
Lara, El Chino.
También se cita al exlíder panista Eduardo Rosales
Castellanos, cuñado de Salinas Osornio y excolaborador del gobernador
Francisco Ramírez Acuña, como dispuesto a servir de “bisagra” con
políticos no priistas.
Las prácticas diseñadas en el Cuarto de Guerra incluyen la
creación de asociaciones civiles para que apoyen causas convenientes al
gobierno, la organización de foros ciudadanos para lo mismo y la
promoción de campañas negativas en medios electrónicos y escritos.
Algunos de los servidores públicos que participan en el
Cuarto de Guerra son el secretario de Planeación y Finanzas y exlíder de
la Federación de Estudiantes Universitarios, Ricardo Villanueva;
Alberto Pérez Obeso, secretario técnico; los asesores Alfredo Rico, Juan
Luis Humberto González, Iván Manuel Silva, Martín Maqueo y Salvador
González Reséndiz, exalcalde de Puerto Vallarta e hijo del líder del PRI
en el Congreso de Jalisco; el titular de la Consejería del Ejecutivo,
Enrique Dau Flores, exalcalde de Guadalajara encarcelado por las
explosiones del 22 de abril de 1992 y excolaborador del gobernador
priista Guillermo Cosío Vidaurri y del panista Francisco Ramírez Acuña
(Proceso Jalisco 500).
Igualmente forman parte del organismo Gilberto Sánchez
Pantoja, secretario particular adjunto del gobernador Sandoval Díaz; el
responsable de Comunicación Social, Gonzalo Sánchez; el director general
de Proyectos, Juan Carlos Magallanes, exeditor del diario Mural, y
Gilberto Pérez Castillo, titular del programa Desde el Infierno, en el
Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, asesor del exalcalde de
Zapopan Héctor Vielma y quien cobró más de 2 millones de pesos por sus
servicios.
Recientemente se han integrado a esos trabajos Rogelio
Campos, excoordinador de Medios de la UdeG, y José Alonso Torres
Vázquez, ambos excolaboradores de Mural.
Todos contra Alfaro
Un documento interno de siete cuartillas de la Mesa de
Estrategia, al que tuvo acceso este semanario, detalla el plan “para el
tema del agua en Tlajomulco durante el mes de enero de 2014”.
Enrique Dau fue designado para convocar al director del
Instituto Nacional de Tecnología del Agua “a realizar un diagnóstico de
la situación en Tlajomulco”. Al jefe de la mesa, Alberto Lamas, y al
secretario de Educación, Francisco Ayón, les correspondió negociar con
el diputado del PVEM Enrique Aubry para que “lleve el tema al Congreso
de la Unión y promueva una campaña nacional sobre el riesgo a la salud
que representa el desorden urbano en Tlajomulco”.
Se previó que esa
propuesta contaría con el respaldo de los diputados federales del PAN y
del PRI.
Coincidentemente, desde hace meses los legisladores
locales Guillermo Martínez, Alberto Esquer y Víctor Sánchez (integrantes
del llamado G-9 dentro del PAN) vienen denunciando que sus
correligionarios tienen una alianza estratégica con el PRI. Incluso han
señalado que Hernán Cortés Berumen y Juan Carlos Márquez recibieron
concesiones de transporte urbano a cambio de apoyar las iniciativas
priistas.
El escándalo terminó con la remoción de su coordinador
parlamentario, Gildardo Guerrero, en tanto que Cortés y Márquez sólo
rechazaron las acusaciones.
En este plan contra Alfaro se contempla que, a propuesta
del coordinador de los legisladores priistas, Rafael González Pimienta,
de operadores de la UdeG –no se especifica quiénes– y del PAN, con el
respaldo del entonces secretario general de gobierno, Arturo Zamora
Jiménez, las bancadas del PRI, PVEM, PRD y PAN presentarían un punto de
acuerdo para crear una comisión investigadora del caso de la
contaminación acuática en Tlajomulco.
Al respecto se lee en el documento: “Se tiene segura la
mayoría de voto para integrar esa comisión, misma que tiene plena
justificación por la gravedad del problema de salud pública. Una vez
cubierta la investigación, la comisión dictamina recomendar que se
sancionen las autoridades responsables”.
También se dice que el secretario de Planeación y
Finanzas, Ricardo Villanueva; la secretaria del Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz Mejía, y el subsecretario de
Planeación y Evaluación, David Gómez Álvarez, se encargarían de
“establecer vínculos con voceros ciudadanos del tema del agua,
especialistas de la UdeG, ONG y del ITESO para promover la alerta social
emitida por voceros de las ONG de mayor peso y representatividad en el
tema ambiental”.
Al secretario particular del despacho del gobernador,
Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, y al secretario de Movilidad,
Mauricio Gudiño, se les encomendó “concertar el pronunciamiento del
Parlamento de Colonias para que exija al ayuntamiento de Tlajomulco
corregir el problema y que deje de autorizar fraccionamientos hasta que
tenga capacidad de ofrecer agua potable a toda la población”.
Al coordinador de los regidores priistas de Tlajomulco,
Adrián Salinas Tostado, se le encargó que constituyera una asociación
civil “con el fin de movilizar colonos afectados”. Así surgió Agua
Limpia y Vida Sana de Tlajomulco, A.C., encabezada por Luis Javier Gómez
Rodríguez, secretario general del Movimiento Territorial del PRI en el
municipio.
El 22 de enero pasado Gómez Rodríguez y un grupo de
vecinos se manifestaron afuera de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Jalisco (CEDHJ) para denunciar la “omisión y la pasividad” de
la alcaldía hacia el tratamiento del agua contaminada.
Otra labor de Salinas Tostado fue “continuar con el
volanteo preventivo en colonias afectadas (por la mala calidad del agua
en Tlajomulco), reclutando a los líderes vecinales y activistas en cada
asentamiento”, y organizar un foro con “operadores políticos” de la UdeG
y organizaciones ambientalistas para difundir la “incapacidad del
ayuntamiento para ofrecer el servicio de agua potable”.
En el Cuarto de Guerra se previó este escenario: “La
sociedad civil actuante hace el juicio ciudadano sobre la mala gestión
del alfarismo y plantea ante el Congreso la destitución del ayuntamiento
y la integración de un Consejo (sic) de Administración Municipal que
concluya el periodo”.
Asimismo se estableció que Dau Flores y Ricardo Villanueva
involucraran al diputado federal perredista Roberto López González y al
arquitecto Francisco Valladares, autor de la tesis doctoral La
corrupción urbanística de Tlajomulco de Zúñiga, periodo 1998-2006 y
“amigo de Raúl Vargas”, en referencia al coordinador de la bancada
perredista en la pasada legislatura y miembro del Grupo Universidad, que
encabeza el exrector Raúl Padilla López.
A Valladares y a López se les invitaría a “iniciar un
análisis y denunciar el desorden urbano provocado por el alfarismo en
Tlajomulco, a exhibir los daños al entorno provocados por la corrupción
del alfarismo y sus aliados de terreno y vivienda, y a iniciar la
exposición del verdadero Tlajomulco para romper el mito del buen
gobierno de Alfaro”.
A su vez, Alberto Lamas se encargaría de “cabildear
campaña negativa en medios electrónicos y escritos contra el alfarismo
en Tlajomulco; así como concertar reportajes de alto impacto mediático
sobre el desastre urbano que consolidó Enrique Alfaro y la negligencia
criminal con que actuó”.
Este semanario publicó que Alberto Lamas repartió en los
primeros 14 meses de la administración de Jorge Aristóteles Sandoval
alrededor de 360 millones de pesos en publicidad a radiodifusoras,
televisoras, diarios y pasquines (Proceso Jalisco 500).
Gobierno golpeador
La Mesa de Estrategia justifica estas “acciones de
autoridad” contra Alfaro con el argumento de que están “fundadas en la
ley, en las atribuciones de la SSJ (Secretaria de Salud Jalisco) y la
CEA (Comisión Estatal del Agua) y sus obligaciones de supervisar que se
sirva agua potabilizada para evitar riesgos a la salud”.
Sin embargo, advierte: “Enfrentamos dentro del gobierno la
resistencia de la SGG (Secretaría General de Gobierno) a continuar con
los protocolos obligatorios de salud pública y potabilización del agua
bajo argumentos extrajurídicos: que se ‘pone en riesgo la inversión’,
que ‘se puede ahuyentar el empleo’ o que sólo se actúa con ‘fines
políticos’”.
El 29 de mayo Zamora Jiménez anunció su renuncia como
secretario general de Gobierno, tras año y medio de roces con Lamas, y
regresó al Senado, donde había solicitado licencia en marzo de 2013 para
integrarse al equipo de Sandoval Díaz (Proceso Jalisco 500).
Hacer caso a estas objeciones de la SGG “implicaría
aceptar que en la acción del Estado no hubo sino golpeteo político, para
desestabilizar a un ‘buen gobierno, sólo por ser de otro partido. Se
fortalecería el alfarismo’”, enfatiza el redactor.
Además de ese costo político, en el Cuarto de Guerra se
calculó que atender la sugerencia de la SGG y cancelar los ataques a
Alfaro por el agua serían “del orden de 2 mil millones de pesos, mismos
que por ley debe erogar la autoridad municipal y en algunos casos los
fraccionadores. Distraer ese monto financiero (2.4% del presupuesto 2014
de Jalisco) implicaría recurrir a una deuda específica para ese fin,
que gravaría las finanzas del estado y/o del SIAPA” (Sistema
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado).
Además, implicaría “desproteger municipios y zonas
gobernadas por el PRI” y “cancelar el único tema debilidad acreditado y
en consecuencia sacar fortalecido a su negligente gobierno, testimoniar
que realmente ‘transforman Tlajomulco’ y merecen ganar en 2015”.
Pero lo peor, agregan, es que se pone “en riesgo inminente
de perder la mayoría del Congreso y entregarlo a un partido dispuesto a
la venganza social para buscar la gubernatura en 2018, incrementar el
riesgo electoral en la ZMG y perder los gobiernos de los principales
municipios”.
Al equipo del Cuarto de Guerra le preocupa especialmente
“exponer al gobernador a sanciones políticas desde la cúspide federal,
ya que perder la mayoría de distritos de Jalisco se tomaría como alta
ineficiencia para el proyecto de cierre de Enrique Peña Nieto”, y
“entrar en una fase de ingobernabilidad y desestabilización que pondría
en riesgo el mandato del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, su
permanencia en el cargo”. Nada menos.
Justificación suficiente para planear más acciones para
febrero y marzo: “Que la SSJ suspenda el servicio de pozo en la zona de
López Mateos, la AC Agua Limpia y Vida Sana dé seguimiento a la queja
interpuesta ante la CEDHJ y promover la firma de una denuncia colectiva
ante el TAE” (Tribunal de lo Administrativo Estatal).
Además, Alberto Lamas y la empresa Heurística –que en un
solo año recibió 9 millones de pesos del gobierno por servicios de
comunicación– prepararon “infografías y videos con testimoniales para
redes sociales (enfermedades de la piel, estomacales, etc.) para
acompañar los procesos jurídicos con difusión en redes sociales”.
En cuanto al coordinador territorial priista, Salinas
Tostado, también quedó encargado de realizar una presentación sobre los
“asentamientos fraudulentos en Tlajomulco y el historial de esos
negocios desde que llegó Alfaro al municipio”.
Y se propuso presentar públicamente, a mediados de marzo, a
la agrupación “Alfarismo Reprobado, que se oriente a difundir actos de
corrupción y negligencia por el grupo de Enrique Alfaro desde su
incursión al municipio”. Tras mencionar que Villanueva tiene “datos de
las finanzas defectuosas en el PPS (Proyecto por Prestación de
Servicios) y el comparativo contra el tren ligero”, se pide que la nueva
agrupación promueva “el voto de reprobación a Ismael del Toro”.
Otra función del Cuarto de Guerra es analizar de manera
permanente la información crítica difundida en los medios de
comunicación, a fin de contrarrestar su efecto negativo en la imagen del
gobernador.
Por ejemplo, en el reporte interno al que tuvo acceso este
semanario, a Mural se le tacha de “periódico no controlado y
amarillista”. Ese periódico informó el 22 de julio pasado que el
magistrado Leonel Sandoval Figueroa, padre del mandatario, maneja una
estructura paralela a la dirección del PRI estatal, a través de una
organización denominada Movimiento Aristóteles Sandoval (MAS) por
Jalisco, y que desde hace más de un año trabaja en municipios como
Tamazula, Tonaya, Concepción de Buenos Aires, Ameca, Yahualica, Tuxpan y
Cihuatlán, entre otros.
El rotativo sustentó esa información en un documento
interno del PRI nacional denominado Informe Prospectivo 2014-2015, de 79
cuartillas y en el que se muestra la intromisión del padre de
Aristóteles en actividades del PRI Jalisco.
Antes, Proceso Jalisco publicó en su edición 503 detalles
de la plataforma que se montó en el gobierno del estado (mediante
Alberto Lamas), denominada MAS por México y promovida por Leonel
Sandoval a fin de buscar la candidatura presidencial para su hijo.
La Mesa de Estrategia también controla, vigila y palomea
toda la información generada y procesada en las direcciones de
Comunicación Social de las dependencias del Ejecutivo. La influencia de
esa instancia llega hasta los municipios de extracción priista, en el
manejo de los asuntos que preocupan al gobierno de Sandoval Díaz.
Además, cada día de la semana se dedica a un rubro: los
lunes, a estudios de opinión y evaluación de la estrategia; el martes a
la administración y gobierno; el miércoles a comunicación, producción y
mensaje; el jueves a coyuntura política y de gobierno, y el viernes,
agenda (Reporte Índigo, 4 de agosto).
