MÉXICO, D.F. (apro).- El 11 de enero de 2011, en su rutina
diaria, uno de los asesores jurídicos externos de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) en Acapulco, Alejandro Vagliety, junto con otra
apoderada legal, solicitaron el apoyo de dos trabajadores de la
paraestatal para cortar la luz a un domicilio cuya conexión a la red
eléctrica era ilícita.
Al acudir al domicilio, los trabajadores se percataron de que pertenecía al familiar de un colaborador de la CFE.
En vez de cortar el servicio eléctrico –tal como los apoderados
legales les indicaron–, uno de ellos realizó una llamada telefónica a un
tal “Mario”.
Minutos después llegó una camioneta con rótulos de Manuel Añorve
Baños, entonces candidato priista a la gubernatura del Estado de
Guerrero. Se estacionó frente al vehículo de Vagliety para impedirle el
paso. Bajó un señor visiblemente enojado, quien “de manera prepotente y
usando palabras altisonantes” pidió una identificación a los apoderados
legales, pero ellos se negaron.
El hombre aseguró que era el líder sindical, “una autoridad en la
CFE” y aseguró a los asesores jurídicos que ya estaban despedidos de la
paraestatal. Sacó su teléfono celular e hizo una llamada.
“Manda una patrulla en chinga”, gritó en su teléfono. Al terminar la
llamada, caminó hacia la puerta del vehículo de Vagliety y la cerró con
violencia. “Tú no te vas a ningún lado”, le dijo. Luego lo amenazó con
meterlos a la cárcel por usurpación de funciones.
Dos patrullas se estacionaron frente al domicilio. “Mario” urgió a
los policías a llevar a Vagliety ante el Ministerio Público. Éste llamó a
su jefe directo, quien le pidió esperar, pues ya iba en camino.
Los policías perdieron paciencia: Lo cargaron y dijeron que “le
partirían la madre”. Uno le dio un rodillazo en la espalda baja y lo
forzó a subir al carro policiaco.
“Mi licenciado, no se hubiera puesto necio con esta persona, por que
mire ya nos lo trajimos a guardar”, le confesó un oficial en la
patrulla. En el Ministerio Público, el superintendente de la CFE en la
Zona de Acapulco, Alberto González Bornios, platicó con “Mario”.
En tono amenazante, éste le dijo que al no denunciar a Vagliety,
rompería toda relación con el sindicato, pero Bornios le contestó que no
podía denunciar a sus propios abogados por estar haciendo su trabajo.
Vagliety salió libre.
Cacique
Alejandro Vagliety relató lo anterior en la averiguación previa
AP/PGR/GRO/ACA/M-I/029/2011, en la que denunció el delito de robo de
energía eléctrica a la CFE, inculpando a Mario Ramírez Manzanarez,
secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de
la República Mexicana (SUTERM), sección 2 Acapulco desde el 3 de abril
de 2002.
Su historial es largo. Desde 2004, trabajadores han denunciado su
“mafiosa” gestión en el sindicato y lamentan la protección que goza en
el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del sindicato –en especial por parte
del secretario general, Víctor Fuentes del Villar—, así como de la
impunidad jurídica que le asegura su hermano Jaime Ramírez Manzanarez,
excomandante ministerial de Acapulco.
Según documentos a los que Apro tuvo acceso, además de ser
Coordinador de Grupo de la Policía Ministerial del Estado de Acapulco,
Jaime Ramírez Manzanarez recibe una pensión de la CFE, aún cuando el
oficio 18/164/CFE/CI/CS/0160/2011, expedido por la Secretaría de la
Función Pública (SFP), plantea que “se logró acreditar que el ciudadano
Jaime Ramírez Manzanares no es trabajador activo de CFE”.
Existen denuncias realizadas ante el Ministerio Público sobre
amenazas directas e indirectas del líder sindical, que los trabajadores
califican de “cacique”.
El contrato colectivo del SUTERM plantea que los trabajadores de la
CFE tienen derecho a instalar a dos de sus hijos como empleados
temporales de la CFE. Sin embargo, si no laboran durante más de 60 días,
pierden su antigüedad y reciben un nuevo número de trabajador,
situación que lo empuja hasta el escalón jerárquico más bajo.
Según las averiguaciones previas, Manzanarez abusa de su poder para
asentar su control sobre el sindicato, privando de trabajo a los
electricistas inconformes y sus familiares –a veces más de 60 días-, y
favoreciendo a sus cercanos, al otorgarles plazas pese a su poca
experiencia.
Pero a veces emplea métodos más brutales. En noviembre de 2004, el
sindicalista Mario Sosa Meza, perteneciente a una rama sindical
opositora a la de Manzanarez, denunció abiertamente la “mala
administración” del jefe sindical.
En la averiguación previa número TAB/I/2/0966/2004, declaró que el 9 de
ese mes, los hermanos Mario, Jaime y Gerardo Ramírez Manzanarez lo
interceptaron al salir de su oficina y lo arrinconaron contra la pared.
De acuerdo con su declaración, Jaime sacó una pistola, se la puso en
el pecho y le dijo: “Te voy a matar hijo de tu pinche madre, porque
haces declaraciones en los periódicos en contra de mi hermano, tu no
sabes con quién te metes”. Enseguida recibió varios golpes, certificados
en el peritaje medico que efectuó la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Guerrero ese día.
El pasado 11 de noviembre por la noche, el trabajador de la CFE, Raúl
Noriega Mora, y su esposa estaban en su casa cuando escucharon un ruido
fuerte. Su vivienda tembló. “No te muevas, viene la réplica”, dijo
Noriega.
Minutos después escuchó que alguien tocaba insistentemente a su
puerta. Entró su hermano, muy nervioso, en la habitación y dijo: “Sal
rápido, tiraron una granada en la tienda”. Noriega corrió afuera y vio
su miscelánea en llamas.
Noriega tenía problemas con Jaime Ramírez Manzanarez desde hace más
de doce años. Según él, el hermano del líder sindical lo amenazó en
2005. En el expediente número TAB/SC/03/0672/2013 declaró que años
después su carro fue robado. Explicó que volvió a ver su vehículo de
casualidad algún día, pero manejado por “personas que trabajan para el
hermano de Mario”.
Otra vez, al ingresar a un bar de Acapulco, recibió un fuerte golpe
en el cuerpo con un bate de béisbol. “Bájale de huevos hijo de tu puta
madre, deja de meterte con el licenciado Mario”, escuchó. Los golpes
siguieron hasta sentir el contacto frío de una pistola contra su cabeza.
“Vuélvete a meter con tu padre Mario y vas a ver lo que te va a
pasar, mierda”, le dijo uno de los agresores. Le advirtió que no
denunciara ante el Ministerio Público.
Según Noriega, diez días antes del atentado a su miscelánea, Mario
Ramírez Manzanarez paró su camioneta frente a la tienda y desde la
ventana le lanzó un gesto amenazante a su esposa.
Ante la injusticia que reinaba en el sindicato y que perjudicó a su
marido, Patricia Hirugami Casarrubias remueve cielo y tierra para
denunciar los abusos laborales de Manzanarez desde hace cinco años.
El pasado 12 de mayo, acudió a su casa cuando un hombre bajó de su
carro con vidrios polarizados. La alcanzó, la agarró y la pegó contra la
pared de su vecino.
Le apretó la mandíbula con fuerza y le jaló el cabello hacia atrás.
“Mira pinche vieja hija de tu puta madre, dice Mario Ramírez que le
bajes de huevos porque te va a cargar la verga, a ti y a Mario Sosa.
Díselo, díselo pinche vieja”. Sin dejar de empuñar el cabello, su otra
mano le corrió por el cuerpo. La escena duro apenas cinco minutos, pero
para ella fue una eternidad, recordó en entrevista con Apro.
Acoso
El pasado 21 de mayo, Roxana Parra Tejeda acudió a las oficinas del
Ministerio Público de Acapulco para denunciar a Mario Ramírez Manzanarez
por el delito de hostigamiento sexual doloso.
Es trabajadora temporal desde el 2007 en la CFE, puesto que heredó de
su padre. Según afirmó en la averiguación previa número
TAB/EDS/02/0510/2014, Mario Ramírez se le acercó en septiembre de 2008 y
le dijo: “Oye Roxanita, si quieres trabajo más seguido sabes que tienes
que acostarte conmigo”.
Ella siempre se negó a las propuestas, cada vez más insistentes de
Manzanarez. El 30 de abril de 2010 recibió la notificación de que ya no
tenía trabajo. Madre soltera de cuatro hijos, trató de convencer al
líder sindical para recuperar su plaza, pero él le contestó que ya sabía
lo que debía hacer.
Según la demanda que interpuso Parra, el hombre le dijo: “No voy a
descansar hasta conseguir lo que quiero, ya sabes que a mí ninguna mujer
me desprecia, eres bien puta igual que tus compañeras; sólo que ellas
sí se han acostado conmigo y ya ves, la mayoría tiene trabajo”. Pero
ella no cedió.
Robo encubierto
En el verano de 2012, electricistas encargados del almacén de la CFE
en Acapulco se dieron cuenta que faltaba el equivalente a 19 toneladas
de cable de cobre desnudo.
Al revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia, observaron
que durante las noches del 24 de junio, 3 de julio y 8 de julio, varios
individuos con uniformes de la CFE acudieron al almacén sin forzar la
puerta –por lo que dedujeron que traían llaves—y se llevaron el cobre en
camionetas, ayudados con grúas.
El puesto de los guardias de vigilancia se encuentra cerca del
almacén, a donde se puede acceder solamente por la puerta principal. Sin
embargo, los registros de aquellas noches indicaron: “turno sin
novedad”.
Al percatarse del robo, los cinco trabajadores del almacén levantaron
un acta para prevenir la jerarquía de la pérdida de la chatarra por un
costo equivalente a dos millones 300 mil pesos.
Aún cuando el robo de cobre es materia del fuero federal, la CFE sólo
realizó una denuncia ante el Ministerio Público del fuero común el 13
de julio de 2012. Luego trasladó el almacén al centro de la Comisión en
la colonia Diamante, despidió a dos de los cinco trabajadores y jubiló a
los demás.
Javier Medina Escobar forma parte de los trabajadores despedidos. En
entrevista con esta agencia, asegura que puede reconocer a tres
trabajadores de la Comisión entre los ladrones que aparecen en los
videos. Son, dice, los mismos que pasaron de trabajadores temporales a
empleados de base, después de recibir un castigo de tres meses.
Alumbrado
Entre 2009 y 2012, además de su papel sindical, Manzanarez se
desempeñó como director de Alumbrado Público en el gobierno municipal de
Acapulco, bajo el trienio priista de Manuel Añorve Baños.
A finales de febrero de 2010, Manzanarez informó que Acapulco
encabezaba la lista de municipios con mayor nivel de robo de
electricidad. Y para “combatir las pérdidas por robo de energía”,
aseveró que la CFE colocaría medidores digitales en el puerto.
Según medios de comunicación locales, Manzanarez renunció a su cargo
público el 28 de abril de 2012 para dedicarse a la campaña electoral del
entonces candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, en
Guerrero.
Sin embargo, dejó al municipio un contrato tóxico con la empresa
Óptima Energía, a la que concedió por diez años la instalación del
alumbrado público del puerto, a través de un contrato que corre hasta el
año 2022, aún cuando tuvo que ser avalado por el congreso local.
Los regidores municipales criticaron de forma vehemente el estado
“desastroso” del alumbrado público, según varias notas de la prensa
local de ese año.
En un artículo de La Jornada Guerrero del 29 de octubre de 2012, el
regidor perredista Salgado Romero reveló que, a raíz de recorridos
efectuados en algunas colonias populares, se determinó que la empresa no
había cambiado ninguna luminaria.
Y no sólo eso: Al asumir el cargo, la nueva administración municipal
se percató que 20 mil de las luminarias sustituidas por la empresa no se
encontraban en los almacenes de alumbrado público.
Raúl Noriega aseguró a Apro que él vio estas luminarias. Se
encontraban en los locales de los trabajadores jubilados del SUTERM, que
se apropió Mario Ramírez Manzanarez para realizar reuniones y fiestas. A
raíz de un largo juicio, los jubilados lograron recuperar sus
edificios.
Noriega aseveró que se encontraba frente a los edificios cuando
Manzanarez, furioso del resultado del juicio, trajo tráileres y sacó de
los locales “miles de luminarias”. Además, se llevó todos los muebles y
hasta los vidrios de las ventanas.
Patricia Hirugami asistió a varios encuentros con Víctor Fuentes de
Villar, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del
sindicato, y le envió un sinnúmero de correos electrónicos. Y aunque
éste siempre le prometió que atendería su caso, ella lamenta que hasta
ahora no haya hecho nada.
En el Distrito Federal, acudió a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), a la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos
Electorales (FEPADE), la Secretaría de la Función Pública y la de
Hacienda y Crédito Público, a la CFE y al Comité de Honor y Justicia del
CEN del SUTERM. Pero hasta la fecha no ha recibido ninguna respuesta a
su favor.
Pese al importante número de denuncias en contra del “cacique”
Manzanarez, ninguna averiguación previa desembocó en un proceso
judicial, lamentó Hirugami.
Peor aún, actualmente el líder sindical está en campaña electoral
pues ambiciona un nuevo mandato como secretario general del sindicato.
