(PROCESO).-
La
negligencia del presidente Enrique Peña Nieto y funcionarios de su
Gobierno, el incumplimiento del Sistema de Alerta Temprana a pesar de la
peligrosidad del fenómeno climático y el desdén al protocolo de la Ley
General de Protección Civil empeoraron los daños de los meteoros Manuel e
Ingrid a la población, sostienen legisladores federales.
Uno de ellos,
Alfonso Durazo Montaño, presidente de la Comisión de Protección Civil de
la Cámara de Diputados, precisa: “Parece absurdo que en un puente en el
cual ya se esperaban dos grandes ciclones un punto como Acapulco se
haya llenado de turistas nacionales y extranjeros; la única razón que
explica eso es una alerta tardía que yo no atribuiría a limitaciones
técnicas, sino a la negligencia de algún funcionario”.
Conocedor de la Ley General de
Protección Civil y los diques burocráticos que dificultan el envío de
ayuda financiera del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y del Fondo
de Prevención de Desastres Naturales (Fopreden), el entrevistado reclama
que no se haya emitido “una alarma nacional” ni convocado a todos los
medios de comunicación para reducir los riesgos.
Por ello, dice, se debe revisar si hubo
una deficiencia técnica, “para corregirla”, o si fue negligencia de
algún funcionario, como él supone. A su vez, el diputado petista Manuel
Huerta, quien fuera coordinador de Protección Civil en la delegación
Iztapalapa y asesor en materia de vivienda en riesgo de 2007 a 2009,
lamenta que los miembros del Sistema Nacional de Protección Civil no
hayan actuado oportunamente, ya que “ellos debieron detonar los
protocolos de emergencia y lanzar alertas, pero no lo hicieron aún
cuando tenían información clara desde el miércoles 11”.
Desde el año 2000 en México se implantó
el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales, que permite
anticipar por 72 horas la magnitud y los riesgos de dichos fenómenos
meteorológicos a fin de alertar a los pobladores a través de los medios
de comunicación.
Huerta, veracruzano y con experiencia en
la materia, comenta los comunicados que emitió a partir del miércoles
11 el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua), y que dieron pie al Sistema Nacional de
Protección Civil (Sinaproc) para activar los protocolos.
En ese primer comunicado, el SMN alertó
de la combinación de dos sistemas de baja presión con potencial
ciclónico. Para el jueves 12, detalla Huerta, “debido a la situación (el
SMN) sugiere a la población extremar precauciones porque estos
fenómenos podrían ocasionar encharcamientos en zonas urbanas y deslaves
en regiones montañosas, así como posibles avenidas en ríos y arroyos”.
El viernes 13 el SMN “pide a la
población continuar atenta a los llamados de Protección Civil, y a
quienes acudirán a centros vacacionales durante el puente de las fiestas
patrias, (les recomienda) extremar precauciones en el mar y en los ríos
cercanos…También en zonas urbanas, que pueden registrar inundaciones y
encharcamientos, y en áreas montañosas por los posibles deslaves”.
Pese a los avisos del SMN, prosigue Huerta, el Sinaproc no alertó a la población.
Además, enfatiza, existe registro de que
ese viernes, a las 15:30 horas, se reunió el Grupo Interinstitucional
para Ciclones Tropicales integrado por funcionaros de la Secretaría de
Salud, Conagua, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la
Secretaría de Turismo (Sectur) y la Policía Federal (PF). “Se reúnen,
sí, pero ¿de qué sirve si no alertan a la población y no saben qué hacer
con el fenómeno que ya tenían encima?”, cuestiona Huerta.
Todavía el sábado 14 el SMN comunicó que
tanto Manuel como Ingrid “podrían tocar tierra durante la mañana del
domingo y el lunes”. Cerró con la previsión de “un 15 de septiembre
lluvioso en la mayor parte del país”.
“¿Lluvioso? –se encrespa Huerta– ¡Pero
si para ese día la tragedia ya iba en avance y se perfilaba el desastre
sin que la población se percatara de la magnitud!”
El Sinaproc se reunió hasta los días 14 y
15. Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil de la
Secretaría de Gobernación, “ofreció una conferencia de prensa para
informar de la instalación del Comité Nacional de Emergencias para
prevenir y atender posibles desastres”.
Al igual que el presidente de la
Comisión de Protección Civil, Durazo Montaño, el diputado Huerta exige
“evaluar y determinar si la reacción del Sinaproc atendió en tiempo y
forma la necesidad de adoptar medidas precautorias para evitar los daños
ocasionados por los fenómenos meteorológicos”.
La responsabilidad del Sinaproc no sólo
corresponde a Luis Felipe Puente, coinciden Durazo Montaño y Huerta; le
atañe directamente al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ya
que según el artículo 7 de la Ley General de Protección Civil el
Ejecutivo debe “asegurar el correcto funcionamiento del Sinaproc (y)
dictar lineamientos generales para coordinar las labores de protección”,
además de “establecer estrategias y políticas basadas en el análisis de
los riesgos… e intervenir para reducir riesgos existentes”.
Incluso, el Ejecutivo federal tiene que
“incluir en el presupuesto de cada ejercicio fiscal recursos para el
óptimo funcionamiento y operación de los instrumentos financieros (como
el Fonden y el Fopreden)… y apoyar acciones preventivas”.
ESTRATEGIA ERRADA
Uno de los reclamos del diputado Durazo
Montaño es precisamente que “el Gobierno está invirtiendo los roles,
pues dedica de 10 a 20 veces más dinero para atender las consecuencias
de un efecto climático que a la prevención mediante la cual se puede
minimizar las consecuencias negativas”.
Como ejemplo, informa que en los 10
últimos años se han destinado 141 mil millones de pesos a paliar los
efectos nocivos de los desastres naturales y sólo 7 mil millones a obras
e infraestructura para prevenir sus daños.
De hecho, este año la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó al Gobierno
mexicano “cambiar el enfoque concentrándose en la prevención de riesgos
(…) para detener o reducir los daños antes de que ocurran y (…) darle un
lugar preponderante a la adaptación al cambio climático”.
De acuerdo con el Estudio de la OCDE
sobre el Sistema Nacional de Protección Civil en México (2013), “el
territorio mexicano está expuesto a un alto nivel y a una gran variedad
de peligros generados por fenómenos naturales y la actividad humana. Las
características geográficas y topográficas generan una gran exposición a
diversos peligros naturales de gravedad y de relativa frecuencia, como
terremotos, tormentas tropicales e inundaciones.
“Adicionalmente, la existencia de
grandes disparidades relacionadas con factores como la riqueza o los
niveles de ingreso y educación han generado las condiciones necesarias
para la presencia de altos niveles de vulnerabilidad.”
Aunque las recomendaciones de la OCDE
concuerdan con las propuestas del presidente de la Comisión de
Protección Civil de la Cámara de Diputados, éste afirma que el Gobierno
Federal y los coordinadores parlamentarios del PRI, el PAN y el PRD se
han negado a avanzar en ese sentido.
Por el contrario, señala Durazo Montaño,
en la discusión del presupuesto para el presente año las cúpulas de los
tres partidos mencionados rechazaron que se destinarán recursos para
realizar obras de infraestructura y prevenir riesgos, para adquirir
vehículos de auxilio destinados a municipios pobres o que están en zonas
de riesgo, así como para encauzar ríos, levantar bordos y edificar
centros de capacitación y entrenamiento especializado en gestión
integral de riesgos.
Para no contrariar al secretario de
Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, y al presidente Peña Nieto,
los tres partidos mayores rechazaron obras en la hoy devastada ciudad de
Acapulco; en Tixtla, Tabasco, y en 13 municipios de Veracruz donde
planeaban establecer el programa “Municipio seguro”.
También se frustraron así varias obras
en el Distrito Federal, en el Municipio mexiquense de Cuautitlán
Izcalli, así como en Sonora, Baja California y tres demarcaciones de
Jalisco.
(DIARIO DEL YAQUI/ Jesusa Cervantes/ Domingo, 22 Septiembre 2013 21:52)
