Evaluación o
despido
Proyecto de
ley General de Servicio Docente propone que no aptos ocupen puesto distinto al
de profesor o tomen plan de retiro Le quita al magisterio el control de las
plazas; la iniciativa plantea que éstas se den vía concurso de oposición
CIUDAD DE MÉXICO, 15
de agosto.- El presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión un
paquete de nuevas leyes educativas para reducir al mínimo el poder del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sobre las decisiones
del sistema de enseñanza nacional.
Propone que ninguno
de los maestros que actualmente ocupan una plaza definitiva perderá su empleo,
pero advierte que los docentes que se nieguen a la evaluación serán despedidos.
Quienes ocupan una
plaza provisional también estarán sujetos, al igual que los nuevos maestros, a
tres oportunidades para quedarse a trabajar, a partir de evaluaciones anuales.
La iniciativa del
gobierno pone fin a los comisionados sindicales, que cobran por plazas docentes
sin cumplir su labor frente a grupo, crea un candado para evitar paros
magisteriales sin justificación laboral y castiga la venta y “herencia” de
plazas.
Regula las cuotas
escolares voluntarias, las cuales, reitera, no son obligatorias, pero estarán
sujetas a la transparencia.
LA TAREA ES LIMITAR EL PODER DEL SNTE
El presidente
Enrique Peña Nieto propuso ayer al Congreso de la Unión el paquete de reformas
y nuevas leyes educativas para poner fin al poder del SNTE sobre las decisiones
del sistema de enseñanza, porque el ingreso y permanencia de los docentes será
responsabilidad única de las autoridades, no del sindicato de maestros. Además,
propone terminar con el tema de los comisionados sindicales que cobran sin
cumplir su labor docente. “Las personas que decidan aceptar el desempeño de un
empleo, cargo o comisión no educativa, deberán separarse del Servicio
Profesional Docente, sin goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o
comisión”, se indica. De igual forma, busca evitar los paros magisteriales como
presión política, sin justificación laboral, pues plantea que sean despedidos
los maestros que se ausenten tres días, consecutivos o alternados, a lo largo
de un mes, al igual que aquellos profesores
que se nieguen a someterse a la evaluación.
DAN IMPULSO A EVITAR VENTA DE LAS PLAZAS
En la Ley General
del Servicio Profesional Docente se establece que el sindicato no tendrá la
facultad para interferir en el ingreso y
permanencia de los maestros.
El gobierno de
Enrique Peña Nieto mantuvo su decisión de devolver al Estado la rectoría del
sistema educativo nacional y limitar al Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE) a la defensa laboral de sus agremiados sin interferir en
los procesos de ingreso, permanencia, comisiones, asesorías, ascensos y
permisos, que corresponden sólo a las autoridades educativas.
Ayer, el Presidente
de la República envió a la Comisión Permanente el paquete de reformas y nuevas
leyes en materia educativa, entre ellas la Ley General del Servicio Profesional
Docente, cuyo objetivo es romper la inercia laboral en el sector.
La propuesta del
mandatario federal incluye castigar e impedir la herencia, compra y venta de
plazas de ingreso y promoción, así como los cachirules.
Plantea facultar a
los directivos de escuelas a pedir la sustitución de un maestro si no encaja en
el perfil, y considera el despedir a los supervisores que no se excusen cuando
incurran en conflicto de intereses.
Además, asienta un
golpe a la dinámica histórica del SNTE y los gobiernos estatales, pues ordena
que todo el personal que cumpla asesoría técnica pedagógica tendrá que regresar
a sus horas frente al grupo y comenzar de cero el proceso para ocupar esas
plazas, mediante concurso y evaluación; además, todo los supervisores y
directivos que carezcan del perfil o no realicen esas labores deben retornar a
la docencia.
Advierte también que
“las personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo, cargo o comisión
no educativa tendrán que separarse del Servicio Profesional Docente, sin goce
de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión”.
Precisa que ninguno
de los maestros con plaza definitiva que actualmente trabaja será afectado en
sus derechos; incluso si no aprueba las evaluaciones serán adscritos a otras
áreas.
También advierte que
el personal con nombramiento provisional tendrá que someterse a las nuevas
reglas de evaluación y capacitación. De negarse, se aplicará el despido.
La iniciativa
plantea en varios artículos que “será nula de pleno derecho y, en consecuencia,
no sufrirá efecto alguno sin necesidad de declaración judicial, toda forma de
ingreso (promoción) distinta a lo establecido en este capítulo.
“Quienes se beneficien,
participen, autoricen, efectúen algún pago o algún otro tipo de
contraprestaciones en relación con ello, incurrirá en responsabilidad y serán
acreedores a las sanciones correspondientes. La nulidad de pleno derecho a que
se requiere este artículo será oportunamente notificada al personal de que se
trate por quien realice las funciones de administración de recursos humanos”,
precisa.
Faculta además a las
escuelas a pedir les retiren un maestro.
“Las autoridades
educativas y los organismos descentralizados darán aviso a los directores de
las escuelas del perfil de los docentes que pueden ser susceptibles de
adscripción. Por su parte, los directores deberán verificar que esos docentes
cumplan con el perfil para los puestos que deban ser cubiertos.
“Las autoridades
educativas y los organismos descentralizados estarán obligados a revisar la
adscripción de los docentes cuando los directores señalen incompatibilidad del
perfil con las necesidades de la escuela, y a efectuar el reemplazo de manera
inmediata de acreditarse dicha incompatibilidad.”
Propone poner fin a
los llamados cachirules, pues “quienes
participen, autoricen o efectúen algún pago al personal de nuevo ingreso o que
ha sido objeto de promoción o reconocimiento tendrán la obligación de verificar
en cada caso que dicho personal está en los registros oficiales que deberá
emitir y actualizar la autoridad competente.
“De lo contrario,
incurrirán en responsabilidad y serán acreedores a la sanción económica
equivalente al monto del pago realizado indebidamente y a la separación del
servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el
organismo descentralizado y sin necesidad de que exista resolución previa del
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las
entidades federativas”, señala.
Advierte también del
despido de supervisores que no se excusen de interés personal, familiar o de
negocios “incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para
él, su cónyuge, su concubina o concubino, o parientes consanguíneos o por
afinidad hasta el cuarto grado o parientes civiles”.
DEMANDAN RETRASAR APROBACIÓN
Pedro Hernández
Morales, subsecretario de organización de la sección 9 de la CNTE, apeló a la
sensibilidad de los partidos representados en el Congreso de la Unión para que
se retrase la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa.
En entrevista, el
dirigente gremial dijo que dichas leyes han sido discutidas de manera
insuficiente y además se quedaron fuera de ese debate sectores que debieron
haberse incluido, por lo que su aprobación podría causar malestar en diversas
entidades, advirtió.
“Debemos retomar una
discusión abierta, franca, argumentada y no la imposición de leyes
reglamentarias”, recalcó el integrante de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE), es decir, del magisterio disidente.
Incluso, manifestó
que la demanda de la CNTE desde hace varios meses ha sido la abrogación de la
reforma a los artículos 3 y 73 constitucionales.
“Nuestro planteamiento es que en este tema no
han sido escuchadas todas las voces.
“Hemos manifestado
la necesidad de una transformación profunda de la educación, pero consideramos
que esta reforma y sus leyes reglamentarias son parciales y no sólo no van al
fondo, sino que limitan y trastocan algunos derechos laborales y de la
gratuidad de la educación pública”, sostuvo.
EL PROYECTO INCLUYE EVALUAR DE ACUERDO A CADA REGIÓN
Toma en cuenta
factores que influyen en el proceso de enseñanza, según el plan de Ley del
INEE.
La evaluación se
coloca como la columna vertebral del sistema educativo nacional, e incluso las
universidades y demás Instituciones de Educación Superior autónomas pueden
suscribir convenios para que el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE) les auxilie a examinar a sus profesores, propuso el presidente
Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión.
Se trata de la
propuesta del mandatario federal para crear la primera Ley del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que ayer la Comisión
Permanente turnó a la Cámara de Diputados y que mantiene la decisión de que la
evaluación sea diferenciada conforme a las regiones del país, porque no se
puede evaluar por igual a desiguales, según lo planteado.
“La evaluación del
Sistema Educativo Nacional que lleve a cabo el Instituto, así como las
evaluaciones que en el ámbito de su competencia lleven a cabo las autoridades
educativas, serán sistemáticas, integrales, obligatorias y permanentes.
“Estas evaluaciones
deberán considerar los contextos demográficos, social y económico de los
agentes del Sistema Educativo Nacional, los recursos o insumos humanos,
materiales y financieros destinados a éste y demás condiciones que intervengan
en el proceso de enseñanza-aprendizaje”, se precisa en el documento.
Asimismo, en la
propuesta en manos del legislativo se deja en claro que “la evaluación sobre el
tránsito de alumnos de un grado, nivel o tipo educativo a otro, certificación
de egresados, asignación de estímulos y las decisiones respecto de personas o
instituciones en lo particular, basadas en los resultados de los procesos de
evaluación para el reconocimiento, serán competencia de las Autoridades
Educativas conforme a sus atribuciones”.
El documento también
aclara que el Sistema Nacional de Evaluación Educativa es “un conjunto orgánico
y articulado de instituciones, procesos, instrumentos, acciones y demás
elementos que contribuyen al cumplimiento de sus fines, establecidos en la
Constitución”.
Tiene el objetivo, agrega,
de garantizar la calidad de los servicios educativos prestados por el Estado y
los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de
estudios.
Proponen que las
cuotas no caigan en la opacidad.
No se podrá
condicionar la inscripción al pago de contraprestaciones, se señala en la
iniciativa.
Las cuotas
voluntarias que reciben las organizaciones de padres de familia serán reguladas
en su destino y aplicación, además de que se someterán a transparencia y
vigilancia, establece la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para
modificar la Ley General de Educación.
El mandatario
federal retiró de su propuesta la intención de la Secretaría de Educación
Pública para aplicar sanciones económicas a los gobiernos estatales que
permitieran paros de labores. En la versión definitiva esta parte fue nulificada.
La iniciativa, que
forma parte del paquete de tres instrumentos legales derivados de la reforma
constitucional en materia de educación, refrenda que “en ningún caso se podrá
condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones
o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier
sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestaciones”.
Ayer, Peña Nieto
presentó a la Comisión Permanente este paquete de iniciativas que fue turnado a
la Cámara de Diputados, y lleva a la Ley General de Educación los principios
que establecen las nuevas leyes del INEE
y del Servicio Profesional Docente.
También marca los
nuevos parámetros de la educación, atiende el tema de la gestión escolar e
instruye la creación del Consejo Nacional de Participación Social.
Precisa que la
gestión escolar tendrá como objetivos “mejorar la infraestructura, compra de
materiales educativos; resolver problemas de operación básicos y propiciar
condiciones de participación entre los alumnos, maestros y padres de familia
bajo el liderazgo del director.
Añade que el Sistema
de Información y Gestión Educativa estará integrado, entre otros, “por el
registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos;
las estructuras ocupacionales; las plantillas de personal de las escuelas; los
módulos correspondientes a los datos sobre la formación, trayectoria y de-
sempeño profesional
del personal, así como la información, elementos y mecanismos necesarios para
la operación del sistema educativo nacional. Este sistema deberá permitir a la
Secretaría una comunicación directa entre los directores de escuela y las
autoridades educativas”.
EL PRD ADVIERTE FALTA DE CONSENSO
Exigió que sólo el
tema del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación entrara al
periodo extraordinario.
La Comisión
Permanente del Congreso de la Unión decidió incluir el paquete de reformas y
nuevas leyes en materia educativa enviado por el presidente Enrique Peña Nieto
en el periodo extraordinario de sesiones que se abre la próxima semana, a pesar
de que llegó apenas ayer y, por lo tanto, la Comisión de Educación de la Cámara
de Diputados no lo ha discutido para tener un dictamen.
De inmediato, el
Partido de la Revolución Democrática (PRD) expresó su inconformidad e instó a
la prudencia parlamentaria, porque advirtió que ni la Ley General del Servicio
Profesional Docente ni los cambios a la Ley General de Educación tienen los
consensos de los diputados y senadores, por lo que pidió que sólo se incluya la
Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), pero el
voto mayoritario del PRI, PAN y PVEM mantuvieron el paquete completo en el
orden del día.
Manlio Fabio
Beltrones, coordinador de los diputados del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), adelantó que “habrá un debate alrededor de estas tres
leyes, en donde se ha construido un amplio consenso, pero no unanimidad, como
es natural, por lo que estamos dispuestos a dialogar, conversar, debatir sobre
ellas”.
“Pensamos que tienen
un alto grado de consenso, porque surgen también del Pacto por México, en donde
se ha negociado con las principales fuerzas políticas la interpretación del
espíritu de la reforma al artículo Tercero Constitucional”, dijo.
Pero Miguel Alonso
Raya, diputado federal del PRD, junto con el coordinador de ese partido en San
Lázaro, Silvano Aureoles, y el líder de los senadores perredistas, Luis Miguel
Barbosa, advirtieron del riesgo de insistir en imponer la discusión de esas dos
leyes sin contar con el respaldo de las fuerzas políticas de izquierda.
“Se sigue queriendo
resolver problemas de carácter laboral que tienen que ver con el Reglamento
General de Condiciones de Trabajo o con la Ley de Trabajadores al Servicio del
Estado, en la Ley del Servicio Profesional Docente, y eso no lo vamos a
aceptar, porque no es lo correcto, porque no es lo que le sirve a la
educación”, advirtió Alonso Raya.
