Según el procurador Gamill Arreola, la resolución fue “ridícula, irrisoria y sin fundamento legal”
Gerardo Zúñiga Pacheco
La Paz, Baja California Sur. El
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, Sergio Aguilar
Navarro, fue cómplice y eslabón de la larga cadena de corrupción que
operó impunemente en el sexenio del ex gobernador Narciso Agúndez
Montaño.
En la pasada administración, el juzgador no solo protegió a Agúndez,
sino a todo su grupo delictivo que planeó y consumó alevosamente la
invasión conocida como “La Ballena” el 17 de noviembre de 2007 en la
colonia San José Viejo, en San José del Cabo.
El 16 de junio de 2009, cuando el delito de despojo estaba en su
máximo apogeo en el sexenio perredista, Aguilar negó librar órdenes de
aprehensión en contra del compadre del ex gobernador César Uzcanga
Amador “El Carnal”, y 14 co-acusados más señalados como principales
responsables y cabecillas de la invasión de tierras ejidales,
considerada la más grande en la historia en México.
En aquel entonces, el Juez Primero Penal del Partido Judicial de Los
Cabos resolvió que “no se acreditaba el cuerpo del delito de despojo”,
toda vez que el expediente “carecía de un dictamen pericial en materia
topográfica, con el cual pudiera determinarse científicamente el área
invadida del predio de 665 hectáreas”.
La sospechosa resolución del juzgador terminó en la apelación y un
juicio de revisión, bajo el número de expediente 477/2012, promovido por
el Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE), en el Juzgado Segundo de Distrito
en Baja California Sur.
En el dictamen del caso, a través del secretario de Acuerdos,
Francisco Dante Coronado Díaz Bonilla, el Juzgado notificó que se había
resuelto que “las pruebas presentadas acreditaban fehacientemente el
cuerpo del delito de despojo”, y fundado y con apoyo de lo dispuesto por
la Ley de Amparo, ordenó al juez Hugo Flores Bustos -sucesor de Sergio
Aguilar Navarro- obsequiar las correspondientes órdenes de aprehensión
en la causa penal 102/2012, y anotarlas como testimonio de la resolución
en el libro de gobierno.
Así, después de tres años y dos meses, el 27 de septiembre de 2012,
la PGJE logró capturar a ocho de los 15 presuntos responsables de la
invasión de “La Ballena”, algunos de los cuales se desempeñaban como
“servidores públicos” en el gobierno del alcalde de Los Cabos, José
Antonio Agúndez Montaño:
- Yolanda Ramos García, coordinadora del programa de Manualidades en
el Centro del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de
la colonia El Zacatal, en San José del Cabo
- Juana Jiménez Hernández, asistente del director de Desarrollo Social, Luis Armando Díaz
- Juan Manuel Ojeda Higuera, coordinador de Maquinaria Pesada de la
Dirección de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Los Cabos
- Marisol Méndez Paz y María Dolores Ríos, líderes de colonias del Partido de la Revolución Democrática
- Pedro Méndez Lagunes, empleado del Ayuntamiento de Los Cabos
- César Uzcanga Amador y David Salas Luévano, ambos notificados
dentro del Centro de Reinserción Social de Los Cabos, toda vez que ya
estaban detenidos, enfrentando el primero un proceso por fraude
genérico, y el segundo, un proceso por robo con violencia.
Hoy por hoy, aún están por ejecutarse siete órdenes de aprehensión
más en contra de los presuntos cómplices del compadre del ex gobernador,
César Uzcanga Amador “El Carnal”, uno de ellos, de nombre Ramón Cota
Camacho, quien estuvo presente la noche del 14 de diciembre en la
recepción de bienvenida de Narciso Agúndez Montaño, cuando éste fue
liberado del Centro de Reinserción Social de La Paz.
No solo eso. La dudosa resolución del juez Sergio Aguilar Navarro y
su sospechosa y complaciente actitud de negarse a ordenar la captura de
los presuntos responsables materiales de la invasión de “La Ballena”, a
pesar de estar plenamente acreditado el delito de despojo, derivó una
denuncia penal interpuesta en su contra el 18 de enero de 2010 por los
delitos de incumplimiento de un deber legal y violación de garantías e
impedimentos, previstos y sancionados en los artículos 148, fracciones
IV y V; y 190, fracciones IV, V y IX, del Código Penal vigente en Baja
California Sur.
La denuncia quedó registrada bajo el número de averiguación previa
LPZ/07/SP/2010, y fue interpuesta por Ángel Salvador Ceseña Burgoin,
Silvia Olachea Ojeda y Gil Guadalupe Ceseña de la Peña, en su carácter
de presidente, secretaria y tesorero, respectivamente, del Ejido San
José del Cabo, en la Agencia del Ministerio Público Especializada en
Delitos Cometidos por Servidores Públicos, donde también fue denunciado
penalmente el secretario de Acuerdos del Juzgado, Roberto Robinson
Bours.
Al cierre de esta edición, se desconocía el estatus en que se
encontraba la denuncia penal, después de haber sido consignada por la
PGJE, toda vez que el personal de los Juzgados del Tribunal Superior de
Justicia del Estado salió de vacaciones el 14 de diciembre y no
regresaría hasta la primera semana de enero.
La liberación
La resolución del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal,
Sergio Aguilar Navarro, a favor de la liberación del ex gobernador
Narciso Agúndez Montaño y su ex secretario general de Gobierno, Alfredo
Porras Domínguez, no es obra de la casualidad, sino el resultado de una
vieja amistad que nació bajo el amparo del poder, la cual data desde
2009 cuando, por azares del destino, se encontraron involucrados directa
e indirectamente en el caso de la invasión de “La Ballena”.
En el dictamen, el juzgador consideró que el delito de
“incumplimiento de un deber legal” encuadraba a la perfección en el
ilícito cometido por el ex mandatario, y fijó una fianza que, al cierre
de edición, era motivo de debate público.
En la edición 1926 de ZETA (del 25 de febrero al 3 de marzo de
2011), se anticipó que en la víspera de dejar el poder del gobierno
estatal, el ex funcionario manipulaba y operaba a través del magistrado
Humberto Montiel Padilla para dejar personajes afines a su persona
dentro del Poder Judicial.
La visión -según la información publicada- era protegerse de
cualquier investigación y deslinde de responsabilidades futuras sobre
él, su gobierno o sus colaboradores, luego de que el panista Marcos
Covarrubias Villaseñor tomara protesta en el cargo de gobernador.
El magistrado Montiel fue uno de los personajes más allegados al ex
gobernador, además de ser quien ejerce cierto control sobre un grupo de
funcionarios y jueces, perfectamente bien identificados, donde por
supuesto, no podría faltar el juez Sergio Aguilar Navarro.
La liberación de Agúndez y Porras, consumada el 14 de diciembre,
generó un sismo político en la administración del gobernador Marcos
Covarrubias Villaseñor, sobre todo porque, contrario a lo establecido
por el Código de Procedimientos Penales y el Código Penal del Estado,
los ex gobernantes pagaron una fianza de solo 31 mil 714 pesos con 66
centavos cada uno, lo que de entrada fue calificado por el procurador
Gamill Arreola Leal como “ridícula, irrisoria y sin fundamento legal”.
Durante una entrevista con ZETA, el abogado del estado
consideró que Aguilar había “violado los principios de legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que debió respetar, y que
deben cumplir todos los funcionarios encargados de administrar la
justicia en el estado”.
— ¿Qué viene ahora?
“Lo que vamos a hacer es solicitar un proceso de revisión del caso, y
también una averiguación previa en contra del Juez Segundo de Primera
Instancia del Ramo Penal, Sergio Aguilar Navarro, y sentar un precedente
por las violaciones graves en el proceso de otorgamiento de la caución
otorgada a Narciso Agúndez Montaño y Alfredo Porras Domínguez, y en su
momento, ejercitar acción penal”.
El procurador calificó “por demás insultante” la fianza otorgada por
el juez, quien -desde su punto de vista-“no está consciente del reclamo
social y la necesidad de poder entender que los órganos de Procuración y
Administración de Justicia deben trabajar apegados a la Ley”.
Para Arreola Leal, la reclasificación del delito ordenada por el Juez
Segundo de Distrito, Francisco Javier Silva Anda, y ratificada por el
Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito del Poder Judicial de la
Federación, “no se encuentra fundada ni motivada, toda vez que el delito
cometido por el ex gobernador fue con dolo, y radica en que el Congreso
autorizó la venta en un precio, y se vendió a otro notoriamente
inferior”.
— El juez expuso en su dictamen que no se pudo acreditar el monto
del daño a reparar porque el expediente no tenía pruebas documentales, y
por lo tanto, fijó la fianza de 31 mil 714 pesos con 66 centavos,
considerada como cuota mínima. ¿La PGJE entregó pruebas?
“El Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en
Delitos Cometidos por Servidores Públicos, y para acreditar la
responsabilidad de Agúndez y Porras, entregó una constancia del avalúo
catastral en la averiguación previa. El juez omitió dar el valor
probatorio, y no lo consideró al momento de fijar la caución, cuando de
acuerdo a la Ley, debió haber establecido una fianza que garantizara por
lo menos la reparación del daño en perjuicio del Gobierno del Estado”.
Según dos abogados consultados por ZETA, quienes se negaron a
que su nombre fuera publicado, expusieron que el juez debió fijar el
monto de la caución de acuerdo al Artículo 149 del Código de
Procedimientos Penales, que textualmente dice: “Cuando se solicite la
libertad provisional bajo caución, el juzgador deberá resolver de plano
lo conducente. Si se niega, podrá solicitarse de nuevo y concederse por
causas supervenientes”.
Para gozar del beneficio, el inculpado debe garantizar ante el juez:
1. El monto de los daños y perjuicios causados al ofendido, probados hasta ese momento procesal;
2. El cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo, mientras dure la libertad provisional; y
3. El monto estimado de las posibles multas y sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele.
Los abogados litigantes expusieron que el Juez de la causa debió
tomar en cuenta el avalúo catastral como único medio de probanza del
daño, ya que el Artículo 153 del Código Penal describe claramente que
“el monto de la reparación de daños y perjuicios no está sometido al
principio de asequibilidad, por tratarse de una garantía constitucional
del ofendido, y deberá garantizarse íntegramente para gozar del
beneficio, bajo caución”.
Es decir, la fianza de 31 mil 714 pesos con 66 centavos fijada al ex
gobernador y co-acusado, no cubre la reparación del daño causado al
patrimonio del gobierno estatal. Es más, ni siquiera cubre los 210 mil
pesos que la PGJE pagó por el traslado vía aérea del ex gobernador,
cuando éste fue detenido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y
posteriormente trasladado a La Paz.
En opinión de los abogados, la fianza debió fijarse en 52 millones
220 mil pesos, tomada como parámetro de la primera operación de
compraventa a favor de la empresa Veredas de San José, S. de R.L de C.V.,
propiedad del hijo del compadre del ex gobernador, Óscar Armando
Daccarett Casas, así como de Barret Jonathan Masso McDonald y Luis
Roberto Gorostiza Nelson.
A consideración de los abogados, el criterio utilizado por el Juez
Penal es muy benévolo y complaciente, y deja muy mal parado al Poder
Judicial del Estado, sobre todo porque el monto del daño supera los 50
millones de pesos.
Por eso, cuando el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño volvió a pisar la calle la noche del 14 de diciembre, lucía sonriente.
De hecho, cínicamente salió vestido de forma elegante con un traje de
color azul marino y líneas blancas, llevaba corbata roja y camisa
blanca, y no lucía “cabello rapo”, como supuestamente manda el
reglamento interior del Centro de Reinserción Social de La Paz.
En apariencia conservaba el mismo peso de cuando fue capturado y
encerrado en prisión. Con gritos de “¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!!” y
“¡Narciso, amigo, estamos contigo!”, un grupo de cien señoras y señores
de extracción humilde, con pancartas de bienvenida, hacían la fiesta en
grande, aunque no hubo mariachis.
En la comitiva de la recepción estaban los tres hijos del ex
gobernador: Narciso, Christian y Argelia, pero extrañamente no estaba su
ex esposa Sonia Gómez Ceseña y tampoco su nueva pareja sentimental,
Layla Alanís Luna, ex edecán, hija del abogado Florencio Alanís Ornelas,
quien en el sexenio agundista fue favorecido con la Notaría Pública
Número 25 en el pueblo mágico de Todos Santos, a 60 kilómetros al Sur de
La Paz.
Los que sí estaban en la comitiva eran César Uzcanga González, ex
chofer de Agúndez e hijo del cabecilla de la invasión de “La Ballena”,
César Uzcanga Amador “El Carnal”; Benjamín de la Rosa Escalante, ex
coordinador administrativo de Agúndez y hermano del diputado federal del
Partido Acción Nacional (PAN), Arturo de la Rosa Escalante; Ramón Cota
Camacho, invasor con orden de aprehensión por el caso de “La Ballena”, y
el chofer del alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño,
hermano de Narciso, conocido como “Marichi”.
Cuestionado por los medios de comunicación a su salida, el ex
gobernador Agúndez agradeció su liberación al Poder Judicial de la
Federación y se negó a opinar sobre la actuación de la justicia de Baja
California Sur.
—¿Qué opina del gobierno de Marcos Covarrubias Villaseñor?, preguntaron reporteros.
“Sin palabras”, respondió Narciso Agúndez, quien enseguida abordó una camioneta Suburban color café y se marchó.
Las reacciones
El primero en reaccionar fue el presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado (TSJE), Daniel Gallo Rodríguez, quien expuso que “la
reclasificación del delito de peculado al delito de incumplimiento de un deber legal
fue en estricto acatamiento a la sentencia del amparo otorgado por el
Juez Segundo de Distrito, y confirmado en todos sus términos por el
Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, bajo el número de juicio
477/2012”.
El funcionario judicial explicó que la sentencia del Poder Judicial
Federal estableció que “no estaba debidamente comprobado el primero de
los elementos del cuerpo del delito de peculado”, y dejó libre y en
plenitud de la jurisdicción al Juez Segundo de Primera Instancia, Sergio
Aguilar Navarro, reclasificar el delito y determinar qué delito o qué
delitos se configuraban dentro del proceso penal número 096/2012.
“El juez consideró que se configuraba el delito de incumplimiento de
un deber legal, previsto en el Artículo 148, Fracción V del Código Penal
vigente, y por el cual de dictó auto de formal prisión; y
consecuentemente, Narciso Agúndez Montaño y Alfredo Porras Domínguez
quedaron sujetos a este proceso penal, aunque lograron salir libres bajo
fianza porque es un delito no grave”.
El magistrado reconoció que la sentencia del amparo a favor del ex
gobernador y co-acusado no fue limitado o condicionado sobre el nuevo
delito y el monto de la caución, por lo que “la determinación fue bajo
la más estricta responsabilidad del Juez Segundo de Primera Instancia
del Ramo Penal, Sergio Aguilar Navarro, quien actuó con plena libertad y
autonomía, y por lo tanto, en caso de haber incurrido en una
irregularidad, deberá responder por sus actos”.
El funcionario judicial dijo que el TSJE no protegerá ni solapará a
ningún funcionario que actúe contra “los principios básicos de rectitud,
honorabilidad e imparcialidad en su actuar”; de modo que si la
actuación del juzgador estuvo apegada o no a derecho, el pleno de los
magistrados va a revisar y determinar el veredicto emitido sobre ese
caso”.
Durante una entrevista con ZETA, lamentó que casos polémicos
como el de Agúndez “vengan a manchar y perjudicar el esfuerzo de la
mayoría del personal para recobrar la confianza de los abogados y
ciudadanos en el trabajo del Poder Judicial”.
El magistrado Gallo dijo estar dispuesto a atender con toda
responsabilidad e imparcialidad, las quejas que haya sobre
procedimientos de cualquier tipo, pero “en este caso, vamos a revisar, y
en caso de acreditarse alguna responsabilidad del funcionario judicial,
aplicaremos las sanciones correspondientes y sin ningún tipo de
consideración”.
El funcionario no quiso emitir ninguna opinión sobre el trabajo de la
PGJE en el caso del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, ya que “no
me compete hablar del ejercicio de sus funciones jurídicas, sino en todo
caso, lo dejo al escrutinio de la sociedad, de los abogados y de los
tribunales federales”.
El que no tuvo más remedio que salir a dar la cara fue el propio Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, Sergio Aguilar Navarro,
manifestándose respetuoso de la opinión del Procurador Gamill Arreola
Leal, pero “se me hacen muy desafortunados sus comentarios”.
Acorralado, criticado y cuestionado duramente en las redes sociales y
medios de comunicación, se quiso curar de salud y textualmente apuntó:
“Yo quiero decirle a la sociedad que actué, y siempre he actuado, en
estricto apego a Derecho, si yo tomé esa decisión, fue siempre apegada a
la Ley”.
Sin darse por enterado de la denuncia penal que obra en su contra por
los delitos de incumplimiento de un deber legal y violación de
garantías e impedimentos en el caso de la invasión de “La Ballena”,
registrada bajo el número de averiguación previa LPZ/07/SP/2010, afirmó
tener 20 años en el Poder Judicial, y “jamás se me ha tachado como una
persona corrupta, o que vaya en contra de la Ley”.
— ¿En qué basó su veredicto para tasar una fianza de 31 mil 714
pesos con 66 centavos, a pesar de que el daño patrimonial cometido por
el ex gobernador y su ex secretario general era de cuando menos 52
millones de pesos?
“Si yo tomé la decisión de imponer esa fianza, fue en base a la
probanza que obraba dentro del expediente, porque yo no puedo inventar o
sacarme de la manga cantidades grandísimas, si en el expediente no
tengo un peritaje de los bienes inmuebles que son motivo de
controversia. Si el bien fue vendido en 2011, en 23 millones 980 mil
pesos, yo necesito un peritaje para saber cuál es el tamaño del
perjuicio. Ahora, si no existe, yo no puedo porque no hay probanza, así
en ese sentido fue mi acuerdo. La decisión yo la tomé en forma
unilateral, con las facultades que me da la propia Ley, sin que nadie me
lo haya ordenado. De ninguna manera”.
— ¿Cómo se siente en este momento?
“Yo me siento con la frente en alto y que las cosas jurídicamente se hicieron bien, como deben de ser”.
—En lo personal ¿qué tanto puede perjudicarle que se vaya abrir una averiguación previa en su contra?
“Pues sí, de una u otra forma… ¿A quién le va a gustar que como
servidor público le abran una averiguación previa, verdad?, y pues… de
alguna u otra forma… y aunque te difamen, yo actué apegado a Derecho y
en base a los lineamientos. Ahora si el procurador piensa que actué en
contra de la Ley, pues para eso están los recursos legales, y pueden
combatir mi veredicto porque es apelable, ahí se determinará si como
juez yo actué de una manera deshonesta. Yo actué conforme a lo que
observe en el expediente y mi trabajo ahí está, y quienes quieran venir a
revisarlo, pueden hacerlo”.
Mientras los dimes y diretes entre la PGJE y el TSJE parecen subir de
tono, los líderes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), PAN y
PRD refieren que la liberación del ex gobernador puede tener su origen
en que el caso estuvo mal integrado, desde la averiguación previa hasta
la causa penal, lo que fue aprovechado por la defensa, logrando un
amparo que a final de cuentas, fue la causa principal de la liberación
de Narciso Agúndez y Alfredo Porras.
El líder del tricolor, Agapito Duarte Hernández, subrayó: “Si fue
así, mi pregunta es: ¿Qué pasa con las autoridades judiciales,
responsables de la impartición de la justicia? Ahora resulta una burla
lamentable de que por una fianza tan reducida, se deje en libertad a
quien supuestamente había saqueado al Gobierno del Estado, no solo dicho
por los propios sudcalifornianos, sino por las propias autoridades que
tuvieron la oportunidad en las manos y no supieron aprovecharla
debidamente”.
En tanto que el dirigente del albiazul, Hermilio Corral Estrada, dejó
en manos de la ciudadanía emitir su juicio sobre este caso: “No se
trata, y quiero ser claro, de que esté libre de la comisión de este
delito, porque se le está reclasificando el delito como incumplimiento
de un deber legal, y aunque éste fuera, tendrá que seguir enfrentando la
responsabilidad por el delito que cometió, porque así lo exige la
población”.
Por su parte, Rosa Delia Cota Montaño, lideresa del Partido de la
Revolución Democrática, enfatizó: “Aunque el ex gobernador ya no es
integrante del PRD, se trata de una persona apreciada por muchos, por lo
que su liberación resulta importante. Seguramente hubo comunicación
entre el gobernador, el procurador y el juez; y eso de la denuncia se
habrá de olvidar en un par de meses”.
Finalmente, el alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño,
fue cortante con sus comentarios, y solo atinó a declarar estar
“contento por la familia”.
