Gerardo Zuniga Pacheco
Después de 203 días en prisión, el ex gobernador está a punto de obtener su libertad
Los magistrados resolvieron que “no está debidamente comprobado el
delito de peculado”, además de validar la orden del juez federal de que
sea “reclasificado el delito por el cual se ejerció la acción penal, al
corresponder a dicha autoridad judicial, clasificar los hechos ante ella
consignados y determinar qué delito o qué delitos se configuran”
La Paz, Baja California Sur.
Presuntamente liberado, Narciso Agúndez Montaño logró escabullirse de
la acción de la justicia. La inminente salida del ex gobernador de Baja
California Sur -al cierre de edición- se convirtió en la burla social
del aún recluso, quien tuvo sospechosamente a su favor a todo el aparato
del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Desde el Juez Segundo de Distrito, Francisco Javier
Silva de Anda, hasta los tres magistrados que conforman el Tribunal
Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito del PJF, Alejandro Gracia Gómez,
Enrique Arizpez Rodríguez y Héctor Lamas Castillo, este último fungió
como ponente del proyecto que inexplicablemente determinó ratificar, el
11 de diciembre, el juicio de amparo 477/2012 a favor del cuestionado ex
gobernante del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Sin embargo, eso no quiere decir que Agúndez haya sido
absuelto del delito cometido en el caso de los siete bienes inmuebles
del dominio público del exclusivo fraccionamiento El Pedregal de Cabo
San Lucas, los cuales vendió al mejor postor, a pesar de que eran
inalienables, imprescriptibles e inembargables; como lo establece el
Artículo 3 de la Constitución Política de México.
En el recurso de revisión 300/2012, y cuyo expediente
costa de 372 hojas, los magistrados encabezados por Alejandro Gracia
Gómez como presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito
del Poder Judicial de la Federación, confirmaron la concesión del
amparo y protección de la justicia federal a favor de Narciso Agúndez
Montaño y Alfredo Porras Domínguez -como coacusado-, y en contra del
auto de formal prisión dictado el 27 de mayo por el delito de peculado
en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal.
De acuerdo a su resolución, los magistrados resolvieron
que no está “debidamente comprobado el delito de peculado”, y validaron
la orden del Juez Federal de que sea “reclasificado el delito por el
cual se ejerció la acción penal, al corresponder a dicha autoridad
judicial, clasificar los hechos ante ella consignados y determinar qué delito o qué delitos se configuran”.
Dicho en otras palabras, “puede modificarse el delito
por el que se ejerció la acción penal, y sujetar a proceso a los
acusados por otro delito u otros delitos, con base en el cual se normará
la instrucción, siempre y cuando no se varíen los hechos de la
acusación, pues dicha facultad de reclasificación, no se fundamenta en
una declaración judicial, sino en el magno precepto 19 constitucional”.
De esta manera, los magistrados federales validaron el
dictamen del juez y abrieron prácticamente las puertas del Centro de
Reinserción Social de La Paz al ex gobernador y coacusado, quienes al
cierre de ZETA, únicamente esperaban de mero trámite la
reclasificación del delito por parte del Juzgado Segundo de Primera
Instancia para poder abandonar la prisión, ya que cualquiera que fuera
la nueva acusación, no estaría tipificada como delito grave en el Código
de Procedimientos Penales, y por lo tanto, Agúndez tendría derecho a
salir libre bajo fianza junto con Porras.
— ¿Cuándo saldrán el ex gobernador y el ex secretario general de Gobierno?, preguntó ZETA a un funcionario del Poder Judicial de la Federación.
“Eso depende de la presión que ejerza el Juez de
Distrito, una vez que se le haya notificado la ratificación del amparo,
pero lo más probable es que sea entre el 17 y el 21 de diciembre, cuando
el Juzgado Segundo de Primera Instancia reclasifique el delito y
dictamine entonces la nueva resolución, y fije una fianza que garantice
la reparación del daño. No es nada más de decir ‘te vas’ y ya”.
— O sea, ¿saldría la próxima semana?
“Bueno, depende de la presión para que cause ejecutoria
el amparo. Yo sé que el juez está presionando fuertemente desde que fue
notificado, y si eso sigue así, podría ser incluso el fin de semana.
Pero independientemente de la presión, primero que nada tanto el ex
gobernador como el ex secretario, deberán pagar una fianza y entonces
salir”.
— ¿A cuánto podría ascender la fianza?
“Bueno, la fianza debe ser según el monto del daño a
reparar. En este caso podría rebasar los 50 millones de pesos, pensando
en el tamaño del monto de la operación ilícita que se hizo, y no
necesariamente se paga en efectivo, sino pueden dejarse en garantía
propiedades que sumen el monto establecido”.
Al cierre de esta edición, Christian Agúndez Gómez, uno
de los hijos del ex gobernador, y por cuyo conducto Narciso fue
capturado en Monterrey, Nuevo León, esperaba impaciente desde muy
temprano afuera de la Penitenciaría, acompañado de un grupo de personas
entre las que se encontraban sus hermanos Narciso y Argelia, y algunos
ex colaboradores. Como Benjamín de la Rosa Escalante, Albino Castro,
César Uzcanga González y la ex senadora Josefina Cota Cota.
El vástago menor de Agúndez hacía constantes llamadas
telefónicas vía celular y lucía sonriente, hasta donde llegó el llamado
Mariachi Guaycura, cuyos integrantes estaban dentro de una camioneta
esperando instrucciones para dar la bienvenida al ex gobernante,
señalado de invadir tierras, desviar recursos públicos y proteger
delincuentes en su régimen gubernamental.
Hasta el cierre de edición, Agúndez habría cumplido 203
días en la cárcel, tras haber sido detenido el 24 de mayo de 2012,
cuando se encontraba escondido en un hotel en Monterrey, en espera de su
hijo Christian, quien fue seguido por agentes de la Policía Ministerial
desde La Paz hasta la ciudad regiomontana, para su posterior captura.
Independiente del día que salgan de prisión, Narciso
Agúndez Montaño y Alfredo Porras Domínguez deberán regresar cada viernes
a firmar el Libro de Procesados.
La resolución
En el amparo otorgado el 18 de junio a favor de Agúndez y
Porras por el Juez Segundo de Distrito, Francisco Javier Silva de
Anda, y ratificado el 11 de diciembre por los magistrados que conforman
el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito del PJF, el Poder
Judicial de la Federación determinó que “no está debidamente comprobado
el cuerpo del delito de peculado”, y en virtud de ello, “el auto de
formal prisión no cumple con puntualidad las precisiones de fondo
indispensables para emitirlo; esto, es la existencia de datos que
acrediten el cuerpo del delito de peculado, previsto y sancionado por el
Artículo 154, fracción II, del Código Penal vigente en la época de los
hechos, y por ende, la probable responsabilidad de los quejosos”.
Para el juzgador y magistrados federales -según su dictamen-, tuvo más valor probatorio “la autorización de venta por unanimidad
emitida el 6 de marzo de 2008 por parte de los diputados de la XI
Legislatura, que lo establecido por el Artículo 3 de la propia
Constitución, y donde queda claro que los bienes del dominio público,
son invendibles”.
Incluso en su razonamiento, el juez Francisco Javier
Silva de Anda explica que el Artículo 74 de la Ley de Desarrollo Urbano
vigente, no prohíbe expresamente que pueda modificarse el objeto de los
inmuebles donados, lo cual contradictoriamente, el Artículo 3 de la
Constitución Política local, refiere: “Todo funcionario o autoridad, no
tiene más facultades que la que expresamente autorizan las leyes”.
Desde el punto de vista de los juzgadores, “el dictamen
del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal, fue resuelto de forma
dogmática e imprecisa”, y por lo tanto, desecharon todas las pruebas
sobre el delito cometido por el ex gobernador y su ex secretario
general, inclusive pasando sobre la propia Constitución, porque el
Artículo 3 establece claramente que los bienes del dominio público son
inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Aunque cuando es facultad y obligación del gobernador el
ejercer actos de dominio, lo cierto es que a la fecha no existe ni ha
sido creada Ley o reglamento que regule la venta de bienes inmuebles,
donde se establezcan plenamente reglas y mecanismos de operaciones.
Peor aún, el juez Francisco Javier Silva de Anda -según
un extracto del recurso de revisión presentado por la PGJE- “validó la
autorización inconstitucional del Congreso del Estado a favor del ex
gobernador Narciso Agúndez Montaño, respecto de la venta de los siete
bienes inmuebles de dominio público que por naturaleza son invendibles, y
con ello el juez federal, en su argumento y razonamiento, estableció el
absurdo e ilegal precedente de que cualquier funcionario, graciosamente
a fin de burlar, violentar y alterar el orden público, previa
autorización del Congreso local, pueda actuar en contra de lo señalado y
prohibido en forma expresa por la propia Constitución”.
Uno de los razonamientos de la PGJE sostiene: “Peligroso
y riesgoso resulta que en el Estado de Baja California Sur, se permita
la enajenación de inmuebles que, según la Constitución, son del dominio
público e invendibles”.
Desde un principio fue más que evidente y notable el
interés del juez Silva sobre el caso de Narciso Agúndez Montaño, ya que
dictaminó de manera versátil y rápida. Incluso sigue generando dudas y
sospechas sobre su actuación.
Lo último fue el 11 de diciembre, cuando inusitadamente,
y tan solo 24 horas de haber recibido la notificación de los
magistrados del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito del Poder
Judicial de la Federación, solicitó al Juzgado Segundo de Primera
Instancia, reclasificar el delito y fijar una fianza.
El proceso que comúnmente duraría entre 5 y 6 días, el juez federal lo acordó en uno solo, a pesar de que había que hacer el engrose,
que no es otra cosa que redactar, corregir, emitir opiniones de los
magistrados, imprimir, colocar sellos y recabar firmas; así como agregar
costuras y pastas del expediente de 372 hojas, enviado al Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Penal, y en el cual se oficializó la
ratificación del amparo.
La constante presión del juez federal para que el
juzgador local resolviera de inmediato sobre la reclasificación del
delito y la fijación de la fianza, al cierre de edición era una
constante donde el abogado defensor de Narciso Agúndez, de nombre
Othoniel Gómez Ayala, trataba de presionar con medios de comunicación,
familiares y amigos para que dictaminaran sobre el ex gobernador y su ex
secretario general de Gobierno.
Recientemente el juez Francisco Javier Silva de Anda
ordenó la liberación del narcotraficante y jefe de la plaza de
narcomenudistas en La Paz, Adelaido Soto Aguilar o Eduardo Salas
Martínez “El Güero Layo”; caso en el que también hizo a un lado las
pruebas, y dio validez a los dichos del criminal y otros testigos que
presentó en su defensa.
