sábado, 31 de marzo de 2012
¡DEJARON IR AL PRESUNTO HOMICIDA INTELECTUAL!
Dejaron ir al principal sospechoso del homicidio de la
occisa María Clarita Hernández Tabanico.
Porfirio Sarabia P.
La Paz, Baja California
Sur.- Voces ciudadanas y abogados litigantes lamentan lo sucedido en la
Procuraduría General de Justicia del Estado, con el homicidio de María Clarita
Hernández Tabanico, de 37 años de edad, al dejar ir a Gregorio Parra Rivas, de
profesión Ingeniero, esposo presunto homicida intelectual.
"Lo tuvieron
en sus manos, estuvo frente al Ministerio Público cuando rindió su declaración
testimonial y no les ocurrió arraigarlo, porque era lógico la presunción de su
participación en el homicidio, era el principal sospechoso del crimen de su
esposa", expresaron indignados a este medio abogados litigantes.
"De
haberlo arraigado oportunamente la Procuraduría habría realizado el mejor
trabajo del año, en materia de delitos de alto impacto como siempre se mencionan
pero nunca se ejecutan", subrayaron.
Los dos detenidos presuntos
homicidas materiales de la occisa: Luis Enrique López Gómez y Enrique Francisco
Canale Parada, oriundos de Ciudad Obregón, Sonora y ex trabajadores del ahora
prófugo Gregorio Parra Rivas, trabajador de la paraestatal Comisión Federal de
Electricidad, están confesos que ellos mataron a golpes a María Clarita, por
órdenes del patrón de ambos.
A 14 días del homicidio de María Clarita
Hernández Tabanico, - el último apellido nos lo aclaró el adolorido Fernando
Hernández, padre de la occisa- porque lo manejábamos como Tabano-.
Desde
una ciudad Estadounidense se comunicó vía telefónica con nosotros, para
agradecer las informaciones y seguimiento que estamos dando el homicidio de su
hija, enterándose lo que están haciendo y no las autoridades, para el
esclarecimiento del crimen.
Dijo que María Clarita Hernández Tabanico,
dejó dos niños huérfanos: Fernando Cortés, de 11 años, hijo de su primer
matrimonio y la niña Ana Olga Parra, de 2 años de edad, quien por cierto nació
muy pequeñita que apenas cabía en la palma de la mano, pero poco a poco fue
creciendo actualmente está sana.
Los niños están con ellos en Estados
Unidos porque existe una buena relación con el padre del niño Fernando, quien
por cierto fue quien vino a La Paz, B.C.S., a identificar el cuerpo de su ex
esposa, trasladando el cuerpo a la ciudad de Mexicali, Baja California, donde le
dieron cristiana sepultura el 22 de marzo de 2012.
Fernando Hernández,
confía en las autoridades y que pronto habrán de esclarecer el homicidio de su
hija, capturando al presunto autor intelectual Gregorio Parra Rivas.
VIOLÓ A UNA NIÑA EN TIJUANA Y LA COMPARTIÓ CON SUS "COMPAS"
Rafael MORALES MAGAÑA
TIJUANA.-
El “calafiero” Luis Alejandro Silva López violó a una niña de 9 años de edad y
todavía se atrevió a obligarla a sostener relaciones sexuales con otros chóferes tan depravados como él.
Por fortuna ya está recluido en la penitenciaría de La Mesa, luego de ser
capturado por agentes de la Policía Ministerial del Estado, en acato a la orden
obsequiada por el titular del Juzgado Octavo Penal, donde será procesado por
violación equiparada agravada.
Según consta en la denuncia que familiares de la menor presentaron en la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Silva López, de 37 años y
originario del Distrito Federal, perpetró su fechoría desde 2012 y probablemente
antes.
Como era chofer de vehículos de transporte público conocidos como “calafias”,
obligaba a la niña a intimar con otros choferes.
En las investigaciones ordenadas por el agente del Ministerio Público del
fuero común se pudo establecer que la criatura fue forzada a tener estas
prácticas en repetidas ocasiones durante 2011.
MÁS AMENAZAS CONTRA SEMANARIO ZETA DE TIJUANA
| Álvaro Cepeda Neri |
Ésta y el cese de la violencia homicida, así como el regreso de los
militares a sus cuarteles y funciones de auxilio ante desastres, es lo que los
gobernantes deben de resolver, ya que esos problemas no pueden continuar como
hechos cotidianos. Por todo el territorio los mexicanos no hallan cómo seguir
con sus actividades diarias en el contexto de la crisis económica y las
pavorosas necesidades sociales, porque no saben en qué momento los atraparán los
encuentros entre militares-policías y matones.
La nación sobrevive angustiada, desesperada y huyendo de sus lugares de
origen y domicilio: expatriados en su propia patria. Nos han impuesto un nuevo
despotismo “con las fuerzas (de la violencia física, derramamiento de sangre)
explotadoras vueltas hacia dentro contra una población sometida. Se mantiene a
las masas en estado permanente de subdesarrollo (y una “guerra”, para favorecer
esto y aquello)”: Harvey Wheeler, La democracia en una era
revolucionaria, editorial Monte Ávila.
En ese estado de cosas, los periodistas también padecen esa violencia
mezclada con amenazas, atentados, agresiones, levantones y homicidios.
Una vez más el semanario Zeta, editado en la frontera bajacaliforniana,
es víctima de esas amenazas cumplidas de funcionarios y delincuentes, las dos
caras de la violencia. Los medios de comunicación que no se han plegado a la
censura informativa, que demuestra el servilismo de algunos contados diarios,
han informado sobre las “amenazas telefónicas provenientes de sujetos que se
identificaron como parte de un grupo criminal”.
El texto completo apareció en varios periódicos, en solidaridad con el
semanario y el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia (propone
criterios editoriales comunes para que la cobertura informativa de la violencia
que genera la delincuencia organizada no sirva para propagar terror entre la
población y establecer mecanismos para la protección de los periodistas y de la
identidad de las víctimas de esta violencia).
“El equipo del semanario Zeta ha sido objeto de diversos ataques y
amenazas a lo largo de sus más de 30 años de trayectoria, que han llegado
incluso, a cobrar la vida de tres de sus colaboradores. A ello se suma el
atentado sufrido por su fundador. Estos hechos lamentables han estado marcados y
promovidos por la impunidad: el Estado debe poner fin a este perverso ciclo”
(Reforma, 6 de marzo de 2012).
En los últimos casi 12 años que los militantes del Partido Acción Nacional
como funcionarios federales (en los municipios y su configuración como estados)
tienen la obligación de hacer prevalecer la legalidad, para no privar de la vida
y libertad a todos los mexicanos. Sesenta y siete trabajadores de la información
han sido víctimas de homicidios y otros más secuestrados, para que no ejerzan
sus derechos a manifestar en el periodismo impreso, la radio y audiovisualmente,
información a la opinión pública.
El presidencialismo fallido de Felipe Calderón ha descuidado la máxima
seguridad para los mexicanos y, al dirigir torpemente la “estrategia” militar y
policiaca para enfrentar a la delincuencia, ha contribuido al aumento de la
criminalidad. Lo que aprovechan funcionarios y delincuentes para atacar a la
prensa, como el caso de Zeta, cuyos reporteros, columnistas, editores y
directora han amenazado y, en cualquier momento cumplirán. La respuesta del
semario es que “ante la impunidad nos queda la publicación, el ejercicio de
nuestra libertad de expresión y el derecho a estar (y dar) información, que es
lo que nos sostiene”.
El periodismo crítico, veraz y contrastado de Zeta no ha perdido esa
brújula desde Jesús Blancornelas, director y fundador, víctima de varias
agresiones políticas, inquisiciones administrativas, judiciales y atentados.
Tres más de sus reporteros han caído por homicidios y sus autores intelectuales
gozan de impunidad. Así que las advertencias telefónicas por parte de quienes se
identificaron como “un grupo criminal” (lo sean o aparenten serlo), pone en
grave riesgo a los periodistas del semanario que sí están informando sobre los
hechos de la violencia generalizada por todo el país, sobre la pavorosa
corrupción que priva en todas las instituciones administrativas y judiciales y
la impunidad.
*Periodista
JOVENCITAS, ANZUELO DEL NARCO EN MONTERREY
Juan Alberto Cedillo/ Reportaje Especial
MONTERREY, N.L., (apro).- “El Colitas”, quien recién había cumplido 18 años
de edad, fue el primero en irrumpir en el Casino Royale gritando:
“Ya se los
cargó la verga”, acto seguido accionó su arma de grueso calibre provocando
pánico entre los más de 200 parroquianos que se encontraban en la casa de
apuestas.
Un par de horas antes, Jesús Rafael Torres Bautista, alias “el Colitas”, fue
citado en un concurrido restaurante especializado en cabrito, el platillo típico
de Monterrey, por sus jefes: José Alberto Loera Rodríguez, “El Voltaje”,
Francisco Medina Mejía, “El Quemado” y Baltazar Saucedo Estrada, “El
Mataperros”, los líderes “Zetas” en la zona metropolitana.
Después de comer y recibir órdenes, “El Colitas” salió del restaurante “El
Gran Pastor” con al menos una docena de colegas para dirigirse en tres vehículos
a comprar alrededor de 200 litros de gasolina, que verterían en la entrada del
Casino Royale.
Los dueños del casino se negaban a pagar una cuota de 150 mil dólares para
que los “Zetas” los dejaran trabajar.
Después del atentado, Rafael Torres Bautista regresó a su centro de
operaciones: los barrios marginados del norte de la zona metropolitana donde
destaca la CROC, una colonia controlada por pandillas.
En esa zona, “El Colitas” era líder de una célula de los Zetas integrada por
Josué Mejía Garza alias “El Flaco” o “El Negro”, de 24 años, y los menores de
edad Jesús, “Chuy Pestañas” de 16 años; Itsama,“Chama”, de 16; Yesenia, de 17, y
Yaresi,“Ale”, de 15.
Las pesquisas de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León arrojaron
que Torres Bautista y su banda de menores estaría implicada directamente en diez
homicidios y por lo menos en otros 50 actos delictivos, entre secuestros,
asaltos y robos con violencia. Además de ser corresponsable de la muerte de las
52 víctimas inocentes del Casino Royale.
“El Colitas” y las mujeres adolescentes fueron reclutados entre las 20
pandillas que controlan la delincuencia organizada en Monterrey, nuevos miembros
que han fortalecido la estructura de los Zetas en toda la República.
La estrategia de “Los Maras”
Los jóvenes y adolescentes se han convertido en la nueva carne de cañón para
el grupo, ya que los usan como sicarios, halcones y vendedores de droga al
menudeo.
El “Estudio Longitudinal de Pandillas en Monterrey”, realizado por
investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, señala que durante los
últimos cuatro años las bandas juveniles aumentaron 20 por ciento, para sumar
alrededor de 2000 integradas por más de 30 mil pandilleros.
La Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León detectó alrededor de veinte
de esas pandillas de donde los “Zetas” y el cártel del Golfo reclutan a sus
nuevos miembros.
La manera de cooptarlos la contó a Proceso un expandillero que habló bajo la
condición del anonimato: “Los Zetas están usando el mismo método que Los Maras
para reclutar”.
El sistema es muy sencillo: consiste en provocar conflictos y riñas entre las
pandillas para que los jóvenes finalmente se hagan miembros y se protejan con el
grupo más fuerte, en este caso, “Los Zetas”.
Tienen como prioridad reclutar mujeres para atraer a más jóvenes. Como
ejemplo destaca el caso de Rogelio Chacha Quintero, alias “El Yeyo”, excapo del
municipio de Guadalupe, quien recién se fugó del penal de Apodaca.
“El Yeyo” fue detenido la mañana del 13 de diciembre del 2011 tras un
operativo de fuerzas especiales del Ejército que logró burlar el cerco de diez
policías que lo protegían.
El operativo ocurrió en una bodega ubicada sobre la calle México entre
Tamaulipas y Yucatán de la Colonia Orizaba del municipio de Guadalupe, que forma
parte de la zona metropolitana de Monterrey.
En esa bodega se encontraban 23 autos, algunos de lujo, que habían sido
robados. El Ejército capturó a cuatro hombres y tres jovencitas, fueron
sorprendidos cuando se encontraban durmiendo. Se les decomisaron dos paquetes de
droga, cuatro armas entre largas y cortas, 15 aparatos celulares y cientos de
cartuchos de distintos calibres.
El militar que encabezó el operativo confirmó que Rogelio Chacha Quintero
usaba a “las tres mujeres para reclutar a hombres para el
grupo de la
delincuencia organizada al que pertenecían”.
Las mujeres de “Los Zetas” además están levantando la estafeta que dejan los
capos caídos en la “narco guerra” contra el cartel rival y contra los efectivos
del Ejército y la Marina.
En los últimos meses han sido capturadas una gran cantidad de adolescentes
pertenecientes a ese grupo, que no han sido presentadas por ser menores de
edad.
En lo que va de 2012 también han ocurrido al menos una docena de asesinatos
de mujeres jóvenes, presuntamente “ejecutadas” por sicarios del grupo rival.
El cártel de Golfo no se queda atrás y también tiene entre sus filas a una
gran cantidad de mujeres jóvenes. El ejemplo más reciente ocurrió el pasado 2 de
febrero. Ese día fue capturada una banda de secuestradores que operaba en
municipios rurales del sur del estado. Estaba integrada por: Alan Josué
González, de 24 años, Jorge Eduardo González, de 18 y Dewy Vianey Rojas, alias
“la China”, de 24.
Después de su captura estuvieron arraigados varios días. En la madrugada del
21 de febrero fueron enviados al penal del Topo Chico, prisión controlada por
los Zetas.
Dewy Vianey y sus compañeros aún no tenían celda designada. Los hombres se
encontraban en el área de observatorio, mientras que la mujer estaba en la
enfermería. Hasta esos lugares llegaron dos reos: Eduardo Sánchez Contreras de
21 años y Jesús Sandoval Gómez de 32, quienes asesinaron a “la China” y sus
colegas del cártel del Golfo con armas punzo cortantes.
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