El conflicto entre el norteamericano Mark J. Burbey y el empresario Muñoz
Martínez por terrenos culminó en un intento de tomar la propiedad por la fuerza,
utilizando personas armadas. La PGJE tomó cartas en el asunto.
El resultado fue una denuncia interpuesta por “El Mano Negra” contra el procurador Gamill Arreola Leal, al igual que Marcos Covarrubias Villaseñor, por el delito de abuso de autoridad. Muñoz Martínez señala que Burbey tiene vínculos con la delincuencia organizada.
Investigaciones ZETA
El resultado fue una denuncia interpuesta por “El Mano Negra” contra el procurador Gamill Arreola Leal, al igual que Marcos Covarrubias Villaseñor, por el delito de abuso de autoridad. Muñoz Martínez señala que Burbey tiene vínculos con la delincuencia organizada.
Investigaciones ZETA
Acusaciones mutuas, oficios, sospechas, denuncias penales y hasta amenazas de
muerte se habían acumulado en un creciente conflicto entre el extranjero Mark J.
Burbey y el empresario Rafael Muñoz Martínez, alias “El Mano Negra”, por la
disputa de una costosa propiedad en Bahía Concepción, hasta que este último,
después de haber perdido un litigio, pretendió tomar el inmueble de forma
violenta, utilizando gente armada.El ríspido escenario registrado el 4 de febrero, mismo que ameritó la intervención y protesta del representante del Consulado de Estados Unidos en Mulegé, Jim Christopher en virtud de la agresión a su compatriota –donde se pretendió recuperar a como diera lugar la posesión de la propiedad que el empresario de origen tijuanense, tuvo bajo su control en casi todo el sexenio del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño– prácticamente obligó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a actuar cinco días después, es decir el 9 de febrero, por lo que detuvo y arraigó a los agresores, quienes son los siguientes:
1.- Mario Alán Pérez Rivera, de 36 años de edad, originario del Distrito
Federal y con domicilio en Ecatepec, Estado de México.
2.- Juan Bañuelos Durán, de 40 años de edad, de Ciudad Constitución.
3.- Roberto Miranda Gómez de 37 años de edad, de La Paz.
4.- Oswaldo Aréchiga Pérez, de 44 años, oriundo de La Paz.
5.- Roberto Aréchiga Pérez, de 35 años de edad, procedente de La Paz.
6.- María Elizabeth Espinoza Montaño de 51 años, originaria de Tijuana.
Pero la intervención de la PGJE, justificada con el hecho de que salieron a
relucir armas de fuego, e incluso porque se amenazó a turistas que estaban
dentro de la propiedad con una extensión de 396 hectáreas, no fue del agrado de
“El Mano Negra” –acostumbrado a la impunidad y complicidad que tuvo en el
pasado–, por lo que el 10 de febrero viajó a la ciudad de México e interpuso una
denuncia penal en la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del
Procurador General de Justicia del Estado, Gamill Arreola Leal, y del gobernador
de Baja California Sur, Marcos Covarrubias Villaseñor por el delito de abuso de
autoridad.
En la denuncia se dijo víctima de la Policía Ministerial y de los mandos de
la PGJE por haber irrumpido de manera violenta en el que señaló era su hotel, y
tras someter y golpear a sus trabajadores –explicó– fueron detenidos y acusados
de robo, asociación delictuosa y portación de armas de fuego.
El 19 de febrero, el empresario tijuanense del ramo mueblero, ratificó la
querella en contra de las autoridades sudcalifornianas y hasta fue a la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
(SIEDO), y le puso un agregado: Los acuso de estar relacionados con Olivia
Higuera Amador, alias “La Vaquera”, esposa del norteamericano y propietario del
terreno en disputa, de quien dijo tenía vínculos con el Cártel del Pacífico.
El comienzo
La primera vez que se escuchó el nombre de Rafael Muñoz Martínez en Baja
California Sur fue a finales del sexenio del ex gobernador Leonel Cota Montaño y
a principios del de Narciso Agúndez Montaño.
En una página de internet, y de la nada, apareció un anuncio sobre la venta
de mil 200 hectáreas de un “fabuloso” terreno con 5 kilómetros de playa,
exclusivo e ideal para residencias turísticas. El comercial agregaba una oferta:
“El terreno tiene un valor catastral de 62.30 dólares por metro cuadrado, pero
remato en 6 dólares cada metro cuadrado del terreno”.
Cuando los interesados contactaron al vendedor, se supo que se trataba del
empresario tijuanense, quien ostentaba documentos emitidos desde el 7 de agosto
de 1992 por el Registro Agrario Nacional (RAN).
Los pocos pobladores de Bahía Concepción, ubicada a sólo 97 kilómetros al
noroeste de Loreto, siguiendo la carretera federal Uno o la carretera
Transpeninsular, pero perteneciente al municipio de Mulegé, comenzaron a
observar que algunos lotes, terrenos y fincas, estaban siendo cercados
inusitadamente. Todos pensaban que se trataba de los nuevos dueños del lugar,
porque –en aquel entonces— el Grupo Carso había presentado un proyecto para
construir un complejo turístico náutico sobre Bahía Concepción, el cual
incluiría villas, hoteles, restaurantes y otros atractivos dirigidos a personas
de alto poder adquisitivo.
Sin embargo, no fue así; la colocación de cercos se extendió hasta los
accesos de playas, lo que ameritó una investigación e intervención de la
Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente a cargo –en ese entonces—
de Maritza Muñoz Vargas. Durante un recorrido por la zona descubrieron que
estaban cercados los accesos de la Playa Armenta y Bahía Concepción con cercos y
alambres de púas.
La delegada de la PROFEPA requirió a los concesionarios de la Zona Federal
Marítimo Terrestre, en eso se dio cuenta que en el caso de Bahía Concepción
estaba concesionada a favor de Olivia Higuera Aguilar, sin embargo la empresaria
no había colocado los cercos. Estaban en el proceso de investigación, cuando
repentinamente apareció el empresario Rafael Muñoz Martínez, quien reclamando el
lugar como de su propiedad, y acompañado de un grupo de personas, se apoderaron
del predio de Higuera, destruyendo la caseta de vigilancia del predio “La
Armenta”, propiedad de la empresa Yates y Turismo.
En el intercambio de información entre PROFEPA y el RAN se confirmó que la
propietaria de los terrenos de Bahía Concepción era Olivia Higuera Aguilar y su
esposo Mark J. Burbey, por lo que de ser necesario –dijeron– podrían facilitar
la documentación necesaria como elementos de prueba a las denuncias penales que
se habían interpuesto en contra de Rafael Muñoz Martínez y de otro empresario de
nombre Juan Ernesto Corona, quienes habían consumado el despojo de la propiedad
y estaban vendiendo los terrenos a particulares, y quienes nunca fueron
requeridos porque –según le explicó en su momento, Fernando González Rubio, ex
titular de la PGJE, a la afectada— “había órdenes desde arriba de no
intervenir”.
El propio delegado del RAN, Alberto Orozco Moreno, en aquel entonces expuso
públicamente que aunque el asunto de no era de su competencia, ya que “era un
problema entre particulares”, la institución daría fe del carácter de
posesionaria a Olivia Higuera Aguilar, por ser la legal propietaria.
“La Vaquera” –como también se le conoce— fue despojada de su terreno, donde
tenía un hotel, un restaurante y una tienda, localizado en Bahía Concepción en
una playa conocida como Buenaventura, por lo que a petición de la afectada, y ya
en el proceso del litigio, el Registro Agrario Nacional (RAN) investigó el
titulo de Rafael Muñoz Martínez y descubrió que los papeles que exhibía sobre la
propiedad de terreno, eran de un predio del estado de Veracruz, por lo que
finalmente y después de un largo proceso, acreditó que los títulos eran
apócrifos, y sólo así logró recuperar su propiedad cuando el empresario
tijuanense ya tenía tratos con un particular para vender el predio en 17
millones de dólares.
El licenciado Andrés Islas Soria, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario
del Distrito 48, fue el responsable de ejecutar la sentencia de desalojo dictada
en contra de Rafael Muñoz Martínez, y regresó de manera formal a Olivia Higuera
Aguilar los tres predios que habían sido invadidos en la playa de Buenaventura
de Bahía Concepción, Baja California Sur.
El pleito
Pero la decisión del Tribunal Unitario Agrario –y máxima autoridad en la
materia— no dejó satisfecho a Rafael Muñoz Martínez, alias “El Mano Negra”, por
lo que el 9 de febrero intentó perpetrar, a como diera lugar, un nuevo golpe y
apoderarse otra vez de los tres terrenos de Olivia Higuera Amador.
17 millones de dólares como valor comercial de los predios, y con un cliente
en puerta, permitieron que el empresario tijuanense enviara a seis de sus
hombres de confianza a recuperar la propiedad, dos de los cuales iban armados
con pistolas y escopetas e hicieron disparos al aire cuando llegaron a la
propiedad, aprovechando la obscuridad de la noche.
Ya sin Narciso Agúndez Montaño en el poder de Baja California Sur, los
invasores se metieron y amedrentaron a los dueños, Olivia Higuera Aguilar y su
esposo Mark J. Burbey, y a un grupo de turistas que estaban hospedados en el
hotel, por lo que durante cinco días se quedaron dentro del predio, hasta que
llegó la Policía Ministerial del Estado y los detuvo.
Datos recabados por ZETA expusieron que durante la detención
los invasores opusieron férrea resistencia al grado que agredieron a golpes a
algunos agentes policiacos, aunque al final fueron sometidos y detenidos, y
posteriormente, arraigados por la Procuraduría General de Justicia de
Estado.
Lo primero que hizo Rafael Muñoz Martínez, es ventilar el caso públicamente y
se dijo víctima de un abuso de autoridad.
El empresario acusó a Aloy Aguilar Yee y Félix Murillo, Agente del Ministerio
Público del Fuero Común y Comandante de la Policía Ministerial, respectivamente,
de haber detenido a sus trabajadores con lujo de violencia y sin contar con una
orden de cateo ni de aprehensión, cuando se metieron y los detuvieron dentro de
la playa de Buenaventura.
En una conferencia de prensa, Eduardo García Barraza, abogado y representante
de “El Mano Negra”, anticipó que interpondrían una denuncia penal en contra de
quien o quienes resulten responsables de los hechos, toda vez –dijo— que Rafael
Muñoz Martínez es el legítimo propietario del predio y del Hotel
Buenaventura.
“Los trabajadores no han cometido ningún delito porque estaban trabajando en
un terreno propiedad del patrón, y si el trabajador Mario Alán Pérez Rivera
tenía en su poder un arma de fuego calibre .380, es porque custodiaba el
inmueble y el arma cuenta con el permiso correspondiente de la Secretaría de la
Defensa Nacional”, expuso el abogado.
El 10 de febrero –un día después de los hechos— Rafael Muñoz Martínez, viajó
a la ciudad de México y presentó una denuncia penal en la Procuraduría General
de la República (PGR) en contra del Procurador General de Justicia del Estado,
Gamill Arreola Leal, y del gobernador, Marcos Covarrubias Villaseñor por el
delito de abuso de autoridad.
Nueve días después, es decir el 19 de febrero, el empresario tijuanense se
presentó a ratificar la querella formal y –amplió en su denuncia— los supuestos
vínculos del gobernador y del procurador con Olivia Higuera Aguilar y su esposo
Mark J. Burbey, de quienes dijo tenían “nexos con el Cártel del Pacífico”.
Y fue más allá. En su denuncia penal, Muñoz expuso que “La Vaquera” y su
esposo comandaban descargas marítimas de droga en el municipio de Mulegé, lo que
ya había notificado a autoridades locales, lo que “había resultado
contraproducente, ya que los encargados de cuidar el orden y procurar la
justicia, se habían puesto en su contra, ya que son vigilantes del buen
desempeño en el negocio del Cártel del Pacífico en el estado.
“Nosotros hemos cooperado con todas las agencias de inteligencia mexicanas en
combate a la droga que tiene el señor presidente, lo único que esperamos, que si
bien no nos protegen, si bien no nos ayudan, que no sean las autoridades las que
nos ataquen, nosotros podemos defendernos de los delincuentes, pero no podemos
contra las autoridades corruptas”, afirmó textualmente.
A nombre del sector hotelero, “El Mano Negra” solicitó la renuncia de Gamill
Arreola Leal, después de continuos actos de amenaza y violencia que sus
subordinados –señaló– han realizado en contra de otros empresarios para
persuadirlos de guardar silencio, aunque no dio nombres.
El empresario dijo que llegaría hasta las últimas consecuencias porque la
persecución llegó a tal grado que sus subordinados se introdujeron a su hotel en
la Playa Buenaventura, y sacaron a la fuerza, y sin órdenes de cateo o
aprehensión a María Elizabeth Espinoza Montaño, administradora del hotel, y al
jefe de seguridad, Mario Alán Pérez Rivera, a fin de arraigarlos y fabricarles
delitos “inexistentes”.
Datos recabados por este Semanario dejaron en evidencia que “El Mano Negra”
ha presentado hasta hoy catorce denuncias en la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en contra de Olivia Higuera
Aguilar alias “La Vaquera” y de su esposo, Mark J. Burbey, sobre presuntos
vínculos con el crimen organizado.
Sin embargo, ninguna ha procedido por falta de elementos, aunque el
empresario ha persistido y puesto más denuncias en la Secretaría de Marina
(SEMAR) y en la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), PGR y Secretaría de
Seguridad Pública Federal, sobre las supuestas anomalías y ha dado datos de
supuestos desembarques de droga, procedentes de Centro y Sudamérica, incluso en
un escrito, el propio Presidente Felipe Calderón Hinojosa, se ha comprometido a
investigar los hechos.
Las reacciones
Sobre las acusaciones, el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor dijo no
estar enterado de alguna denuncia en su contra, por lo que “no podría dar una
opinión al respecto”.
El que sí habló del tema fue el titular de la PGJE, Gamill Arreola Leal,
quien negó que en la institución se realice la investigación de delitos fuera
del marco legal y de manera parcial para favorecer o dañar intereses de
particulares o de grupo.
El abogado del estado dijo que desde el mes de abril del 2011 en la
impartición de justicia se brinda la protección y garantías que consagra la
Constitución General de la República, el Código Penal y Procedimientos Penales
en el Estado, sin distinción alguna, dando certeza jurídica a las propiedades e
inversiones en el Estado.
Afirmó que por esta determinación de procurar justicia de manera eficiente y
eficaz, pueden verse afectados intereses de particulares que en otras
administraciones pudieran haber recibido trato especial, y “las posibles
reacciones de quienes se sientan afectados no influirán en la invariable
decisión de aplicar la Ley sin distingos, de ninguna índole, y en coordinación
con las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno para
garantizar la tranquilidad que ha distinguido a Baja California Sur, en el
ámbito nacional e internacional”.
Por su parte, Olivia Higuera Aguilar dijo ser una ciudadana común y corriente
que se preocupa por sacar adelante su negocio con un restaurante y la concesión
de la Zona Federal Marítimo Terrestre en Bahía Concepción.
Durante una entrevista con ZETA comentó que todo tiene su
origen en la disputa legal por un predio con Rafael Muñoz Martínez, quien,
usando un título de propiedad apócrifo, pretendió despojarla de su
propiedad.
— ¿Las acusaciones en contra del gobernador y del procurador en la
PGR en la ciudad de México, podrían ser también producto de la actuación que
hubo en la detención de los invasores de su propiedad?,
se le preguntó.
“Claro que sí, porque yo y mi esposo ganamos tres juicios de tres
propiedades, entre las que se encuentra el Hotel Buenaventura en el Tribunal
Unitario Agrario, y se ejecutó la sentencia a nuestro favor y se me pidió lo que
en el juicio había ganado y así lo hicimos, sin embargo, el 5 de febrero
irrumpieron en mi domicilio varias personas enviadas por él, armados y tirando
balazos, y se metieron a robar a mi casa y me quemaron todo, documentos
importantes, ropa y todo”.
Explicó que por este motivo fue a interponer una querella el mismo día y
hasta el día 9 detuvieron a los agresores y les confiscaron las armas.
“A raíz de eso, el señor Rafael Muñoz Martínez, se ha dedicado a denostar al
procurador y al gobernador y acusarlos en la PGR, y todo porque se quiere quedar
con la propiedad a fuerzas e incluso con un hotel del Ejido La Purísima que
construyeron unos italianos y que al sentirse intimidados por él, traspasaron la
sociedad, y resulta que el señor, apareció con otro documento apócrifo de esa
propiedad, pero ése es otro juicio que no es de mi incumbencia”, dijo.
“La Vaquera” comentó que desde la llegada de “El Mano Negra” –quien gozó de
total impunidad en el sexenio de Narciso Agúndez— los más de 340 socios del
Ejido La Purísima se han sentido amenazados por el empresario, el cual ha creado
un clima de incertidumbre e inseguridad que está afectado la inversión y el
turismo de la zona.
