DABAN ZETAS A FUNCIONARIOS HASTA 600 MIL PESOS AL MES

Agencia EFE 

Distrito Federal— La Procuraduría General de la República indicó que 11 funcionarios o ex funcionarios del estado de Coahuila fueron detenidos o están en proceso de búsqueda por colaborar con el cártel de Los Zetas y cobrar por su trabajo sueldos de hasta 600 mil pesos al mes (47 mil 500 dólares).

En conferencia de prensa, el subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), José Cuitláhuac Salinas, indicó que hay cuatro servidores públicos detenidos, tres prófugos y otros cuatro se encuentran arraigados. 

Las detenciones se llevaron a cabo tras los registros en 11 domicilios (9 en Saltillo y 2 en Monterrey) y se iniciaron por sospechas derivadas de los testimonios de dos colaboradores de Los Zetas que fueron detenidos en marzo de 2011.

En la investigación se incautaron sobres con dinero, separados y etiquetados en una serie de documentos identificados como nóminas, en los que se mencionaban nombres clave de diversos funcionarios públicos del estado de Coahuila.

Los detenidos que ya están en prisión son Sergio Tobías Salas, Tobogán, subdirector regional de la Fiscalía General de Coahuila, cuyas funciones eran organizar operativos para transportar drogas, organizar secuestros y homicidios, por lo que cobraba un salario de hasta 150 mil pesos mensuales (11 mil 880 dólares).

Manuel Jesús Cicero, “Viejo Loco”, ex director de Seguridad Pública en el municipio de Ramos Arizpe, quien informaba de dónde se iban a realizar los operativos de la Fiscalía del estado para prevenir a Los Zetas, quitaba retenes e incluso revisaba vehículos para detectar a miembros de otros grupos delincuenciales, por lo que recibía una suma de 500 mil pesos mensuales (39 mil 600 dólares). Julio César Ruiz, “El Chicho”, agente de la Policía Ministerial en Coahuila, se encargaba de pasar información de los movimientos que había dentro de la policía estatal, por lo que cobraba hasta 50 mil pesos mensuales (3 mil 960 dólares). 

Por último, Claudia González López, encargada de la Subdelegación de Procedimientos Penales “B” en Saltillo, quien ayudaba cuando algún miembro de Los Zetas era detenido para que alcanzara su libertad, por lo que recibía 100 mil pesos mensuales (7 mil 900 dólares).

Se encuentran en busca y captura con recompensas de hasta 3 millones de pesos (237 mil dólares) a quien ofrezca pruebas fiables de su paradero otros tres funcionarios.

Humberto Torres, Glenda, ex trabajador de la Secretaría de Salud del estado, que se encargaba de controlar la Fiscalía para que se desviara el curso de las investigaciones que tenían que ver con dicha organización criminal, gracias a un sueldo de 300 mil pesos mensuales (23 mil 700 dólares).

Jorge Luis Balbuena, policía federal que avisaba de los operativos y limpiaba las carreteras cuando se pasaban armas, drogas o dinero, y colocaba en puntos por 70 mil pesos mensuales (5 mil 500 dólares). Además, Enrique González, “Yaqui”, jefe regional de la Agencia Federal de Investigación en Coahuila, encargado de repartir la nómina entre el personal a su cargo para que dejaran trabajar a Los Zetas, por lo que cobraba 600 mil pesos mensuales (47 mil 500 dólares).

De las cuatro personas arraigadas por un plazo de 40 días no ha trascendido su identidad, pero se informó de que son dos integrantes de la policía investigadora, un policía estatal y un policía federal.

Los Zetas, un grupo con estructura y disciplina militar, protagonista de varias matanzas, surgió como brazo armado del Cártel del Golfo, del que se separó en 2010, e intenta expandir su control territorial en México, lo que lo enfrenta con otros grupos narcotraficantes.

"EL 85", UN NARCO DE EXTREMA VIOLENCIA

El Universal 

Guadalajara— Sin antecedentes penales y con un perfil bajo, pero capaz de desatar una extrema violencia, el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, Erick Valencia Salazar, “El 85”, pretendió ocupar el lugar que dejó el extinto Ignacio, “Nacho”, Coronel, pero de acuerdo con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) nunca tuvo el control absoluto de la región como su antecesor, e incluso tuvo que enfrentar embates del grupo llamado La Resistencia y El Cártel del Milenio, vinculados con Los Zetas. 

Valencia Salazar, cuyos orígenes se remontan al cártel del Milenio o cártel de Los Valencia, se asumió como “hombre fuerte” en Jalisco tras la muerte de “Nacho” Coronel, junto con Nemesio Oseguera, “El Mencho”, quien fue detenido en julio de 2011 en un operativo en Tlajomulco de Zúñiga.

Entre sus primeras acciones está reorganizar para el cártel de Sinaloa el abastecimiento de droga a través de la zona del Pacífico. Antes de 2010, de “El 85” sólo había una mención.

La PGR lo involucró en la averiguación previa en contra de Zhenli Ye Gon, a quien le fueron asegurados 205.6 millones de dólares en un domicilio de la colonia Lomas de Chapultepec, Distrito Federal, pero de ahí en fuera su trayectoria era un misterio.

El líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, quien será presentado hoy lunes en las oficinas de la SIEDO junto con 11 de sus cómplices –cuatro personas de las 16 detenidas, fueron liberadas–, tuvo como sus principales enemigos a células de agrupaciones rivales, como Los Zetas e inclusive La Familia Michoacana.

Los liberados La Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ) liberó a cuatro de los 16 sujetos arrestados.

Horas después de su liberación, los cuatro reiteraron su inocencia y pidieron que se limpie su imagen.

Los liberados son Andrés Santana, Juan Carlos Villalobos Valdez, Andrés y Cristian Jiménez.

Uno de ellos y quien fue detenido por uniformados de Zapopan en calles de la colonia San Juan de Ocotán, al poniente de la zona metropolitana de Guadalajara, relató: 

“Escuchamos unas detonaciones y salimos a ver porque mi hermana había salido a la tienda, y cuando menos lo esperamos los policías estaban ahí y nos agarraron, no nos dijeron nada, sólo que nos acostáramos en el suelo , nos agarraron, nos subieron a la patrulla y no nos dijeron nada”, recordó lo sucedido el viernes.

Su papá, Arturo, un comerciante de 49 años, pidió que tras el error de los policías, no se le trate como delincuente. 

“Queremos que se limpie nuestra imagen, y no quedar como delincuentes. Es lo que queremos, que la gente vea que somos inocentes, que no nos dedicamos a nada malo, para tener seguridad y tranquilidad para nosotros y nuestras familias”.

EL TREN DEL TERROR, DEJA DOS MUERTOS EN VERACRUZ

Uno aparece arrollado frente al Palenque... y el otro mutilado cerca de El Cura...

PEDRO TAMAYO ROSAS

El joven José Salomé Valerio García de 20 años de edad murió trágicamente al ser arrollado por el tren en el tramo Medias Aguas-Orizaba, a la altura del ejido El Palenque, municipio de Tierra Blanca donde fue localizado por su papá Antonio Valerio Rosales quien dio parte a las autoridades ministeriales los cuales acudieron a tomar conocimiento de los hechos e iniciar el expediente 246/2012 y ordenar el levantamiento del cadáver para la necropsia de ley.

Este domingo alrededor de las 06:00 horas, la Agencia Veracruzana de Investigaciones y la policía preventiva municipal se movilizaban al ejido El Palenque donde se reportaba una persona muerta con huellas de violencia.

Se confirmo que efectivamente sobre las vías férreas, había una persona muerta con golpes en diferentes partes del cuerpo, producto del arrollamiento por el tren donde medio centenar de personas ya había alterado la escena trágica y de inmediato fueron retirados por los policías.

Los agentes ministeriales se entrevistaron con Antonio Valerio Rosales, papá del joven muerto quien dijo con lagrimas en los ojos que su hijo se dedicaba a las labores del campo y que en el transcurso de la noche del sábado estuvo tomando bebidas embriagantes y posiblemente al conducir ebrio su bicicleta, no se fijo cuando se aproximaba el tren y lo arrollo y mató.

Fue el licenciado Luis Antonio Cárdenas Torres, fiscal de la agencia del ministerio público quien tomo conocimiento de los hechos junto con la licenciada Hilaria del Valle Torres los cuales ordenaron el levantamiento del cadáver para la necropsia de ley. 

Campesino es mutilado por el tren

Este domingo por la mañana, sobre el kilómetro 87+400 del tramo de las vías férreas Veracruz-Tierra Blanca, a la altura del rancho “El Cura” dentro del municipio de Tierra Blanca, jornaleros alertaron a la Policía Preventiva Municipal sobre el cadáver mutilado de un joven de escasos 17 años de edad que se encontraba sobre las vías férreas, donde se presume fue arrollado por el tren proveniente de Veracruz hacia Tierra Blanca.

De inmediato el comandante Valentín Reyna Ameca ordenó que personal de la Policía Municipal se trasladara a acordonar el área, en coordinación con elementos de la SSP a cargo del oficial Rafael Rivera, quienes realizaron una inspección en el lugar de la tragedia, localizando rastros de sangre y huesos machacados del infortunado joven.

Minutos más tarde arribaba personal de la Agencia del Ministerio Público a cargo del licenciado Luis Antonio Cárdenas Torres y de la Agencia veracruzana de Investigaciones para iniciar las primeras pesquisas en el expediente 247/2012 para dar con la identidad del finado.

Por las características de la vestimenta se presume que se trate de un humilde jornalero, pues de acuerdo a las estadísticas de las autoridades y las corporaciones policiacas, el tramo de Tierra Blanca-Veracruz no es ruta de emigrantes por lo que se descarta que se trate de algún extranjero que de manera ilegal se encontraba en el país.

Lamentablemente este joven que vestía pantalón negro, botas color negro y una playera de color rojo no contaba con ninguna identificación oficial o documentos que pusieran al descubierto sus datos generales y así dar con su lugar de origen y la familia.

Algo que preocupó a las autoridades, fue la desaparición de la pierna izquierda que le fue mutilada por el tren, pues los policías con el apoyo de campesinos, recorrieron varios kilómetros en busca de la extremidad del infortunado joven y no fue localizada.

El cuerpo fue trasladado a la funeraria Hermanos Amador Noriega para la necropsia de ley, donde permanece en calidad de desconocido.

TIROTEAN A POLICIAS EN VERACRUZ; CUATRO HERIDOS, UNO DE ELLOS GRAVE

Fuerzas federales y estatales buscan a los agresores; son cuatro heridos, uno está delicado

NAOLINCO, Ver.- Una patrulla de policías municipales fue atacada por hombres armados cerca de la comunidad de El Zacatal, municipio de Naolinco, cuatro policías están heridos, uno de ellos muy grave, la zona está copada por las Fuerzas de “Veracruz Seguro” en busca de los agresores.

A las 11 de la mañana, una patrulla con elementos de policías municipales de Naolinco, realizaban su recorrido de vigilancia por un camino vecinal a la comunidad El Zacatal, donde fueron atacados sorpresivamente por un grupo de hombres armados que viajaban en dos vehículos sedan y una camioneta. 

Los policías que por suerte no resultaron heridos lograron disparar contra los hombres armados, pero al acabárseles las municiones, decidieron los guardianes del orden salir corriendo al monte, donde se pusieron a salvo.

Socorristas de la Cruz Roja de Naolinco acudieron en auxilio de los Policías municipales heridos, siendo traslados al Hospital Civil de Naolinco.

El gobierno del Estado al tener conocimiento de los hechos activó el operativo de “Veracruz Seguro”, y hasta el atardecer de este domingo, la zona de Naolinco estaba copada de policías de Seguridad Pública, Militares y Marinos y elementos de la AVI.

Hay retenes en las carreteras estatales y caminos vecinales, el paso está restringido para personas que no viven en el lugar, por seguridad.

Trascendió que un elemento de la policía al parecer el comandante de la Policía Municipal de Naolinco, ya falleció a causa de las graves heridas por los impactos de bala, pero la versión tendrá que ser confirmada con las fuentes oficiales. (Agencias)

FRACASA GRUPO ÉLITE EN NAVOLATO

Se sueltan los demonios, dice Malova, frente a jornada violenta Javier Valdez   En apenas un par de horas, nueve personas fueron ultimadas a tiros en el municipio de Navolato, donde el flamante Grupo Élite de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, realiza desde septiembre de 2011 un operativo especial contra la delincuencia, sobre todo contra la de alto impacto. La zona aparentemente está en disputa: los cárteles de Sinaloa, con Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, e Ismael Zambada, el Mayo, al frente, y los Beltrán Leyva en alianza con los Carrillo del cártel de Juárez, y células de Los Zetas, mantienen presencia y pelean la región. Lucha cruenta, palmo a palmo, sin fechas ni horarios. No así los del Grupo Élite, que concentra los 150 agentes que lo conforman en este municipio, ubicado a cerca de 25 kilómetros de Culiacán. Pero los uniformados, que portan un atuendo camuflado, tipo militar, concentran sus fuerzas en la zona urbana del municipio de Navolato. Y relajan la vigilancia al limitarla durante la noche a céntricos sectores. El llamado rescate de Navolato promovido por un grupo de ciudadanos y empresarios para reactivar la bahía de Altata, que había tenido una baja en las ventas de más del 70 por ciento debido a la violencia, solo opera sábados y domingos. Y ha logrado su cometido, pero esos días. El resto, la ciudad, las comunidades rurales, incluso las que se ubican en la orilla de la carretera Culiacán-Navolato y Navolato-Altata y la zona costera, no tienen dueño ni ley. Ese viernes Apenas abrieron los ojos y los sinaloenses amanecieron con otra funesta noticia: ocho muertos, que luego subió a nueve, solo en Navolato. Tres de ellos en la comunidad Valdez Montoya —que fueron prácticamente fusilados y tienen lesiones de bala en la cabeza—, dos en Bariometo, dos más en Altata, uno en El Vergel y uno más en El Limoncito. En la mayoría de los casos se usaron fusiles AK-47, llamados cuernos de chivo. Al parecer ninguno de los occisos pertenecía a esas comunidades y fueron privados de la libertad por comandos, días antes, por eso no fueron identificados inmediatamente. Durante la tarde y noche del viernes, cinco de ellos fueron señalados por fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) como Iván Osvaldo Silva Mendoza y Roberto Parra Ley (encontrados en Altata), y Alexander Osorio García, Alejandro Moreno Delgado y Jesús Octavio Ávila Islas (en Valdez Montoya). Sus edades aún no han sido establecidas, pero la mayoría eran jóvenes. Por la zona en que fueron las ejecuciones, las autoridades presumen que estos homicidios tienen relación entre sí. Los “demonios” de Malova Las autoridades del Gobierno estatal y de la misma SSP presumían los logros alcanzados Durante los primeros días de este operativo especial en Navolato, a mediados de octubre, a un mes de iniciadas estas acciones, presumían los números del éxito: 12 armas de fuego aseguradas, 11 pistolas y un fusil AK-47, y decomisados 148 cartuchos de diferente calibre y 12 cargadores diversos, además de 21 automóviles con reporte de robo. En promedio, cacareaba el Gobierno, eran detenidos dos presuntos delincuentes en un lapso de 24 horas. Y sí, los “demonios”, como llamó Malova a los grupos delictivos, estuvieron ahí, agazapados, en espera, reagrupándose. No dejaron de operar, aunque disminuyeron sensiblemente la violencia en la región y durante los primeros dos meses de 2012 alcanzaron semanas sin homicidios. Cuestionado por reporteros, durante una gira de trabajo por Culiacán, ese viernes Mario López Valdez, gobernador del estado, negó que haya fracasado la estrategia de seguridad en Navolato y anunció que no solo mantendrán las acciones, sino que las reforzarán con elementos del Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina. “No, no es ninguna estrategia fallida, ayer fue un día… yo espero que sea un día en donde los demonios se soltaron, donde un día sorpresivo con lamentables acontecimientos, donde tuvimos creo que hasta ocho o diez muertos, no sé si van a aparecer más por ahí y espero pues que tengamos la capacidad, vamos a reforzar al Grupo Élite porque el municipio de Navolato es grande”, dijo. El Gobierno estatal, agregó, mantendrá las acciones y agregará personal de la Policía Ministerial, porque “no queremos perder lo que llevábamos ganado porque la gente de Navolato estaba muy contenta con nosotros, pero como les digo, ayer fue un día malo, pero teníamos muchos días en los que no teníamos ningún asesinato ahí”.

¿MANDA MALOVA O EL NARCO?

Todos los caminos nos llevan al crimen, afirma Mike O’Connor Gabriela Soto    La definición es compleja e inevitable: saber de quién es Sinaloa, quién manda. ¿El gobernador Mario López Valdez o el narcotráfico? Ese es el asunto prioritario aquí, tierra que amolda tumbas a los cuerpos sin vida. Así lo reflexionó el periodista Mike O’Connor durante el foro de Ataques a la Prensa 2011 organizado por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) en conjunto con Ríodoce, en el marco de su noveno aniversario. Para dar respuesta a los problemas imperantes en educación, salud, infraestructura urbana y demás, se requiere determinar quién decide en el despacho del gobernador, el político en que los sinaloenses confiaron su voto a la alternancia en la contienda electoral de 2010, insistió el colaborador para el diario New York Times en su visita a Culiacán el martes. “El asunto es de quién manda, ¿tú mandas aquí? ¿O mandan aquellos (los narcotraficantes? ¿Es tuya esta ciudad o es de aquellos? ¿El Estado es de los ciudadanos o de aquellos? Esa es la pregunta fundamental. El Gobierno, la casa o el despacho del gobernador, ¿quién manda ahí? ¿La gente que votó por el gobernador o aquellos? De ahí viene todo para mí”, expresó. O’Connor manifestó que la indefinición genera incertidumbre sobre quién comunica a la sociedad, quienes confían en las publicaciones de los medios de comunicación. “¿Y quién tiene la mano sobre la palanca del periodismo? ¿Los periodistas? ¿O aquellos? ¿Quién decide quiénes son los actores de las empresas periodísticas, los redactores que van todos los días a las redacciones u otros? Que no podemos nombrar, que se conocen por códigos, en otros estados por la última letra, por gente secreta, por desconocidos”, cuestionó. De igual forma, María Teresa Ronderos, miembro del CPJ, señaló que el “matrimonio narcopolítica-corrupción” ha cooptado la vida porque “termina por mandar en todo”. “Yo creo que realmente te metes a ver qué está pasando en la educación, o en la salud, o en las carreteras, o en el desarrollo urbano, o en las tierras de la ciudad, realmente al fondo vas a dar al mismo tema: (narcotráfico)”, afirmó. “En mi país, (la propiedad de las tierras) es un gran tema que la gente no ha mirado y cuando alguien se puso a mirarlo, ¿por qué se desarrolla esta parte de la ciudad y no aquella? Porque aquí hay unos señores que tienen estas tierras, y esas tierras ¿de quién son? Y volvimos a lo mismo: descubrimos que un monto de narcotraficantes eran dueños de un monto de tierras”, ejemplificó la periodista colombiana. La censura informativa En su intervención, Carlos Lauría, miembro de CPJ para América Latina, dijo que la organización tiene centrada su atención en México por ser un país peligroso para el ejercicio del periodismo, por la violencia generada en el combate a la delincuencia organizada. “Muchos periódicos en muchas regiones del país donde el crimen organizado disputa territorio, o ya directamente controla directo, donde los diarios no solo no investigan, la investigación en muchas partes de México es un oficio ya en extinción, si no el proceso de cobertura del crimen con fuentes que no tienen que ver con seguridad y justicia. Muchos ya no lo hacen siquiera… hemos visto cada vez más generalizada (que) existen vacíos informativos, agujeros negros donde la gente de la sociedad no sabe lo que está ocurriendo”, dijo. Además, señaló el argentino, el sistema de justicia mexicano obsoleto fomenta la impunidad de las más de 40 muertes de periodistas y los ataques y amenazas a comunicólogos y medios de comunicación. La CPJ contabiliza 13 “caídas” y diez desapariciones de periodistas en su labor informativa en el periodo de 2007 a 2011. Ubica a México en el octavo nivel de impunidad, “está entre los peores países del mundo en combatir la violencia letal contra la prensa”, señala en su informe global de 2011. En el foro se recordó a los sinaloenses fallecidos: Gregorio Rodríguez, 2004; Alfredo Jiménez, 2005; Óscar Rivera, 2007; José Luis Romero, 2009; Humberto Millán, 2011. En su intervención, el subdirector de este semanario, Alejandro Sicairos, expresó que ejercer periodismo en Sinaloa es “ir solo contra el monstruo del crimen organizado”. “Mientras el crimen organizado avanza en el objetivo de una prensa muda, ciega y sorda. Los gobernantes se rezagan en dar garantías para la libre expresión: simular una investigación y luego cerrar un expediente es lo único que el Gobierno puede hacer por salvaguardar el derecho de la libre expresión… a la mano que mata se le oculta la ineficacia del Ministerio Público”, criticó. Sicairos llamó a los gobiernos federal y estatal, además del Congreso de la Unión y local a trabajar en una tarea urgente en ofrecer garantías a la libertad de expresión y a los periodistas. Y al Poder Judicial a dar respuesta a los ataques a los medios de comunicación. Un nuevo método para silenciar Atacar las páginas en línea es “una nueva capacidad” para censurar información, esta alta tecnología es utilizada por la delincuencia organizada y los regímenes autoritarios desde Angola hasta Birmania, Rusia y Siria, dijo Danniel O’Brien. El portal informativo de Ríodoce fue atacado durante una semana en 2011. “El periodismo hecho por Ríodoce tiene un impacto global, sé por experiencia propia que la voz de Ríodoce es escuchada en el mundo. Pero si su sitio es silenciado no hay manera de leerlo en los Estados Unidos, ni en Venezuela, ni en España. Y eso es tan dañino como silenciar a todo el periodismo aquí en Culiacán”, dijo. Es la fuerza que levanta el arma y jala el gatillo contra los comunicadores La impunidad es otra forma de complicidad El año 2011 confirmó que a ninguno de los tres niveles de Gobierno —federal, estatal y municipal— ni a los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que constitucionalmente “funcionan” en México les interesa instrumentar medidas para proteger a periodistas que laboran en zonas de riesgo. En la guerra del narcotráfico, entendida esta como el choque entre cárteles de las drogas o el combate que el Gobierno ha declarado a las organizaciones criminales, el periodista ha quedado en medio del fuego cruzado, circunstancia que es mayormente grave cuando el Estado en vez de proveer justicia, lo que garantiza es impunidad. Dentro de la cuota de más de 50 mil muertos que a México le ha significado el sexenio del presidente Felipe Calderón, la cifra de personas inocentes que han sido sacrificadas, y el número de periodistas inmolados en el cumplimiento de su deber constituyen una afrenta que, por desgracia, a los políticos mexicanos parece no preocuparles. En Sinaloa han ocurrido casi 7 mil 500 homicidios dolosos durante el mandato de Felipe Calderón. La tierra de los once ríos es ahora un enorme cenotafio que da cuenta también de decenas de ciudadanos de bien que han caído sin deberla ni temerla. De ese tamaño es la realidad que los gobernantes procuran tapar. Los periodistas y medios de comunicación han sido objeto de constantes agresiones y ninguna de ellas ha sido castigada. Menciono las ocurridas durante el gobierno de Felipe Calderón: El 5 de septiembre de 2007 asesinaron a Óscar Rivera Inzunza, vocero del Gobierno de Sinaloa en materia de seguridad pública. En la madrugada del 17 de noviembre de 2008 dos granadas de fragmentación fueron lanzadas a las puertas de las instalaciones de El Debate de Culiacán. Durante las primeras horas del 7 de septiembre de 2009 una granada de fragmentación fue arrojada contra el inmueble que albergaba las oficinas del semanario Ríodoce. El primero de septiembre de 2010 el blanco de los criminales fueron las instalaciones del periódico Noroeste con sede en Mazatlán. El 4 de octubre de 2010 sujetos amparados en las sombras de la noche dispararon armas de alto poder destructivo contra las oficinas de El Debate de Mazatlán. El 24 de agosto de 2011 fue secuestrado el periodista Humberto Millán Salazar, director del diario digital A Discusión, y fue encontrado asesinado el 25 de agosto de ese mismo año. El 25 de noviembre de 2011 inicia un “ataque brutal” contra el sitio en Internet del semanario Ríodoce. La impunidad prevaleciente en torno a agresiones a periodistas es otra forma de complicidad del Estado con los criminales. La ausencia de voluntad en las autoridades para investigar, esclarecer y castigar esos hechos se transforma en la fuerza que levanta el arma y jala el gatillo contra los comunicadores. Si el gobernante es rebasado por la acción criminal, si a la justicia le tiembla la mano al tratar de aplicar la ley y si los congresos federal y estatales se paralizan a la hora de legislar en pro de la seguridad de los periodistas, entonces el resultado es una prensa abandonada a expensas de grupos delictivos cuya pretensión es que ninguna voz se escuche, ni siquiera el lamento de los deudos de los muertos, para que prevalezca el estampido del plomo y de ahí derive el miedo como única forma de coexistir. En este deprimente panorama, el periodismo opta por colocarse a sí mismo la mordaza que el terror trae implícita. México es el país más peligroso de América Latina para los profesionales de comunicación, y Sinaloa es el estado del país donde ejercer el periodismo libre equivale a la locura de ir solo contra el todavía invencible monstruo del narcotráfico. Mientras el crimen organizado avanza en el objetivo de una prensa muda, ciega y sorda, los gobernantes se rezagan en la responsabilidad de dar garantías para el ejercicio de la libre expresión. Simular una investigación, y luego cerrar el expediente, es lo único que el Gobierno puede hacer por salvaguardar el derecho de libre expresión. Aquí, en Sinaloa, el Gobierno llega al límite de cerrar los expedientes sin esfuerzo alguno por esclarecer los atentados contra periodistas y medios. El caso más reciente, que costó la vida a Humberto Millán Salazar, así lo refrenda. A la mano que mata se le oculta tras la ineficacia del Ministerio Público. Aquí a los deudos de los periodistas se les otorga una esquela, a los agraviados la falsa promesa de justicia. Así ha sido. No hay más. Aquí al periodismo crítico se le castiga con el bloqueo publicitario como el que ha ordenado el gobernador Mario López Valdez contra el semanario Ríodoce. Aquí el elogio se paga bien y el hecho de disentir tiene un costo demasiado alto. Esos son los códigos hipócritas con los cuales los servidores públicos disfrazan la impunidad. Son signos de desaliento extremo. En la mira de la alta delincuencia y en la intolerancia del poder político, a los periodistas les queda la encrucijada de jugarse la vida por la noticia o abdicar a una libertad que el miedo no permite desplegar del todo. Desde esta tribuna hacemos un llamado a los gobiernos federal y estatales, al Congreso de la Unión, a los congresos de los estados, para que como una tarea de urgencia nacional establezcan mecanismos y leyes que garanticen el libre ejercicio del periodismo en México, y al Poder Judicial para que se proceda a esclarecer todos los hechos que constituyen ataques a periodistas y a medios. Por eso nos hemos convocado hoy, con la esperanza de que el Comité para la Protección de los Periodistas sea para los comunicadores de Sinaloa y de México una voz de aliento, una luz en el túnel, en momentos sumamente críticos para el ejercicio del periodismo. Posicionamiento pronunciado por Alejandro Sicairos a nombre de Ríodoce, durante la presentación del informe Ataques a la prensa en 2011, del Comité para la Protección de los Periodistas.

CACERÍA FRACASADA

Errores y misterios en la batida contra el Chapo en el valle de San Lorenzo Alejandro Sicairos   No se ha dicho todo sobre el enfrentamiento que marinos sostuvieron en Oso Nuevo con gente del cártel de Sinaloa y el posterior acuartelamiento de soldados en esa comunidad. ¿A quién buscaban los elementos de la Armada? ¿Quiénes más murieron en la refriega? ¿Hubo realmente ese helicóptero derribado del que todos hablan en el Valle? ¿A cuántos habitantes levantaron y torturaron los militares? ¿Fue superior el trabajo de contrainteligencia del narco? Una a una, las respuestas llegan por sí solas. Dos semanas antes de que el jueves primero de marzo la Marina y el Ejército tomaran por asalto la comunidad de Oso Nuevo, en el valle de San Lorenzo el cártel de Sinaloa había detectado labores de inteligencia militar para ubicar a Joaquín el Chapo Guzmán Loera, en un presunto encuentro que este sostendría con Dámaso López Núñez, su operador en esa zona, y un hombre al que públicamente se le conoce más por su apodo que por su nombre de pila: el Fantasma. El operativo de la Armada se tendió alrededor de Dámaso López y el Fantasma con el objetivo de que estos llevaran al sitio en que supuestamente el Chapo se reuniría con sus dos principales hombres en el centro del estado: a uno el Ejército lo señala como el operador en el centro de Sinaloa y al otro como uno de sus jefes de seguridad. Eso fue lo que originó que el corazón del valle del río San Lorenzo se convirtiera en zona de guerra cuando cuatro helicópteros de la Marina —uno de ellos presumiblemente derribado por el fuego de los sicarios—irrumpieran sin siquiera enterar de dicha incursión a la Novena Zona Militar ni a los mandos locales de las policías estatales o federales. También de ahí derivó el error de que los elementos de la Armada reportaran que habían dado muerte al Fantasma en una persecución que desde el aire efectuaron contra una camioneta Cherokee blindada, placas VKN 7128, creyendo que en ella iba el responsable de la seguridad de Guzmán Loera en Sinaloa. En la cacería de quien creían era el Fantasma, se dio el fuego cruzado durante unos 500 metros del tramo de la carretera Oso Nuevo-Quilá, siendo abatidos desde el aire dos hombres que no han sido identificados del todo. Fueron los mandos militares los que pusieron en duda desde el principio la muerte del Fantasma, ya que los datos de sus archivos no coincidían con las filiaciones de ninguno de los que murieron en el enfrentamiento. Entonces la Secretaría de la Defensa Nacional, que había tenido un papel secundario en el operativo, ordenó al procurador de Justicia de Sinaloa, Marco Antonio Higuera Gómez, precisar que ninguna de las víctimas era el jefe de seguridad del Chapo Guzmán. El plan para ubicar y capturar a Guzmán Loera había fallado. Incluso ni la Marina ni la Sedena incluyeron en la información sobre estos hechos el reporte de que un helicóptero de la fuerza aérea que se utilizó en este plan fue tumbado, pese a que versiones de lugareños y fuentes militares así lo señalaban. En seguimiento al plan que se efectúa también en regiones como La Tuna, Badiraguato y Canelas, Durango, el Ejército estableció una base militar provisional en Oso Nuevo, en una casa asegurada al Fantasma. Operativo errático A la frustrada estrategia contra el Chapo Guzmán, le siguieron acciones que en las 72 horas posteriores efectuaron soldados en los poblados Loma de Redo, Eldorado, Portaceli, El Atorón, El Melón, Leopoldo Sánchez Celis, El Salado y El Navito. En esos poblados los soldados llevaron a cabo rastreos para localizar propiedades o indicios de localización de Dámaso López y el Fantasma. Entre el sábado y domingo se tuvo conocimiento de al menos cuatro levantones de personas por parte de militares, mismas que luego fueron puestas en libertad. Aunque todos los casos fueron reportados a autoridades y comisión de derechos humanos de Eldorado, solamente Ramón Alberto López Ramírez, un maestro de educación física de la comunidad de Sánchez Celis, presentó denuncia formal ante la CEDH. Ríodoce lo entrevistó, pero una hora después la madre de este pidió no divulgar la entrevista debido a que, según dijo, soldados que llegaron a su casa unos momentos antes la hicieron firmar un documento donde se comprometía a dejar las cosas por la paz. Enseguida el mismo López Ramírez secundó la petición. En la queja que interpuso ante la CEDH López Ramírez no da detalles sobre el interrogatorio que los soldados le aplicaron durante la tortura a que fue sometido, pero el resto de los que fueron inquiridos coinciden en que los militares les preguntaban dónde estaban Dámaso López y el Fantasma. También los interrogaron sobre un punto del valle de San Lorenzo en que se reuniría el Chapo Guzmán con Dámaso y el Fantasma. Todos los “detenidos” por el Ejército fueron llevados al centro de operaciones militares de Oso Nuevo para ser interrogados. Con los ojos vendados y bajo amenazas de muerte les exigían revelaran información sobre el jefe del cártel de Sinaloa y sus contactos en las sindicaturas de Quilá y Eldorado. El Ejército y la Policía Federal han efectuado recientemente decomisos de drogas, destrucción de narcolaboratorios y aseguramiento de propiedades que atribuyen a Dámaso López Núñez, pero sobre el Fantasma existen pocos y difusos antecedentes. Lo único que se sabe de él es una capacidad asombrosa para esfumarse en situaciones de persecución. Uno de los afectados por el procedimiento castrense de investigación dijo que lo subieron a un helicóptero y desde el aire le señalaban domicilios preguntándole si pertenecían a Dámaso López o al Fantasma. En los cascos urbanos de Eldorado y Quilá, así como en las comunidades localizadas al sur de ambas sindicatura desde mediados de febrero se había reportado la presencia de extraños que a bordo de vehículos no identificables —sin placas ni logos policiacos— recorrían indagando sobre el cártel de Sinaloa. Muy marcadamente en las inmediaciones de Loma de Redo se tenía el registro hasta de personas con apariencia de extranjeros, al parecer estadounidenses, efectuando tareas de rastreo de información. Es decir, al menos dos semanas antes de que la Marina penetrara el valle de San Lorenzo, Inteligencia Militar reconocía el terreno y trataba de precisar sobre una posible presencia de Guzmán Loera en la zona. Pero la contrainteligencia del cártel de Sinaloa se les había adelantado desde entonces. Helicóptero bajo fuego “No, eso no es cierto”, respondían los militares que sitiaban la comunidad Oso Nuevo, cuando los reporteros les preguntaban sobre un helicóptero de la Armada supuestamente derribado por el fuego enemigo. Tanto la Armada de México como la Novena Zona Militar nunca refirieron en sus escuetos comunicados la baja en su equipo aéreo o si sus elementos habían resultado atacados en la balacera. Los habitantes de Oso Nuevo, lugar que se ha convertido en el centro de operaciones de un plan para atacar al cártel de Sinaloa, dicen que originalmente eran cuatro helicópteros de la Marina los que sobrevolaban la zona y a tierra regresaron solamente tres. Luego de la persecución a quien supuestamente era el Fantasma los lugareños vieron levantarse dos columnas de humo. Una en el lugar en que quedó incendiada la camioneta y las armas de los dos sujetos que fueron abatidos. La otra humareda se ubicó entre sembradíos del noreste de Oso Nuevo, entre la zona que divide a esta comisaría y la de Loma de Redo. Se supone que ahí quedó el helicóptero de la Armada desplomado por los sicarios. Las fuerzas castrenses mantienen en secreto este episodio del operativo en Oso Nuevo. Ocupa el Ejército primer lugar nacional por denuncias de abusos Con la bota encima Tan pronto entraron los militares al Valle de San Lorenzo, la zona se quejó de abusos que alimentan la enorme cauda de denuncias formuladas a nivel nacional contra la tropa: torturas, saqueos, allanamiento, violaciones y amenazas. No solamente se trata de la queja que formuló ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos el maestro de educación física Ramón Alberto López Ramírez, por la incomunicación y lesiones que sufrió durante 36 horas que estuvo en manos de soldados, sino de una serie de arbitrariedades cometidas en las sindicaturas de Eldorado y Quilá. En alrededor de 72 horas, a partir de la tarde del primero de marzo, la Comisión de Derechos Humanos de Eldorado tuvo conocimiento de cuatro personas privadas de la libertad por soldados, en condiciones similares a las que acusó López Ramírez. Ha sido la constante cada vez que el Ejército toma bajo su poder determinada región o comunidad. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, durante los últimos seis años se ha documentado un promedio de cinco quejas diarias contra instituciones federales, de las cuales el 54 por ciento son contra actuaciones del Ejército mexicano. Del 1 de enero de 2006 al 31 de octubre de 2011, la CNDH recibió 11 mil 680 quejas contra la Sedena, PGR, Marina y SSP federal. De ahí derivaron 163 recomendaciones en las que acreditó la Comisión violaciones a los derechos humanos, entre las cuales hay privación de la vida (homicidios), tratos crueles, tortura, desaparición forzada y privación ilegal de la libertad, entre otros. En lo que respecta al Ejército, que ocupa el primer lugar, se han recibido 6 mil 422 quejas que derivaron en 90 recomendaciones. La Secretaría de Marina acumula en el mismo periodo 759 quejas y 14 recomendaciones. A raíz de esta situación, la CNDH establece que desde que el presidente Felipe Calderón asumió su mandato y le declaró la guerra al narcotráfico y al crimen organizado, en diciembre de 2007, las quejas contra el Ejército se incrementaron 300 por ciento y las recomendaciones dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional por graves violaciones a los derechos humanos aumentaron 400 por ciento. Establece el organismo que desde 2007 criticó la medida adoptada por el Gobierno federal, ya que “el combate al crimen organizado no le corresponde al Ejército”. “Si bien es cierto que los cuerpos policiacos no podrían por sí mismos derrotar a las principales bandas del crimen organizado, y que por ello el Ejército debió participar en ese combate, su intervención debe ser transitoria”. La CNDH ha documentado quejas y violaciones de derechos humanos cometidas por militares tales como privación ilegal de la libertad, tortura, desaparición forzada, violación sexual, ejecución extrajudicial, robo, cateos ilegales, detenciones arbitrarias y desaparición forzada de personas. Por su parte Human Rights Watch dio a conocer que en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada en México, militares y policías han cometido violaciones de derechos humanos generalizadas y casi ningún caso está siendo investigado adecuadamente. En el informe Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” de México, presentado en noviembre del año pasado, establece que a través de investigaciones exhaustivas llevadas a cabo en cinco de los estados más violentos del país, encontró evidencias que sugieren fuertemente que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 “desapariciones” y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que Calderón asumió la Presidencia en diciembre de 2006. “En vez de reducir la violencia, la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México ha provocado un incremento dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que solo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. En los cinco estados revelados —Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco— Human Rights Watch comprobó que las fuerzas de seguridad aplican torturas sistemáticamente para conseguir que los detenidos confiesen mediante coerción o proporcionen información sobre los cárteles. El informe también contiene evidencias contundentes que sugieren que soldados y policías han perpetrado “desapariciones” y ejecuciones extrajudiciales, y que en muchos casos han adoptado medidas para ocultar sus delitos. En el caso de Sinaloa, las violaciones se incrementan a partir de la llegada a la Novena Zona Militar, del General Moisés Melo García, quien acaba de ser ascendido a general de División y colocado como jefe de la Tercera Región Militar. De acuerdo a datos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa, de 983 expedientes de queja registrados en 2011, un total de 310 se remitieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de los cuales en 109 se señala a la SEDENA o al ejército como presunto responsable, 15 contra la Marina, nueve a la Policía Federal, 13 a la Secretaría de Seguridad Pública federal, y 15 a la PGR. Testimonio de una de las personas levantadas por militares “Pensé que me iban a matar” Iba en mi vehículo, por una calle del centro de Eldorado, y resulta que estaban ahí dos camiones de soldados, Me pararon. Me marcaron el alto y yo me bajé. Me pidieron una identificación y les muestro mis talones de cheques y mi credencial de elector y uno de ellos me agarra del buche, del cuello, y me dice que me conoce, que ya sabe a qué me dedicó y me suben a la fuerza a una camioneta y me tiran en el piso. Me llevan a una base militar que están ellos operando en Oso Viejo y me meten a un cuarto, me tapan, todo vendado, empiezan a golpearme, a preguntarme por personas que yo no conozco. A fuerza querían que les dijera y puro golpeándome. Me bañaban con agua helada, me ponían la chicharra, me ponían una bolsa de hule en la cabeza… De ahí me llevaron a una parte donde me subieron a un helicóptero y me cargaron allá arriba, en el aire, me amenazaban con hondearme pa’abajo y me seguían preguntando por domicilios que desconozco. Me traían pa’rriba y pa’bajo, ya ni supe dónde me metían porque me trajeron por varias partes y me seguían golpeando. Ya pa’l siguiente día me trajeron a un cañaveral cerca de Eldorado y ahí me dejaron tirado. Me dijeron: “¿Sabes qué?, ya hicimos mucho por ti al traerte hasta aquí”. Me decían que si yo los denunciaba iba a tener problemas. En cuanto me tiraron lo que hice fue salir como pude a la carretera, en eso pasó una moto, pedí raite y me trajeron. No sé qué pasó… si alguien me señaló por equivocación. La verdad no entiendo yo todo esto. Tampoco me gustaría que quedara esto así porque la verdad ellos abusaron mucho. Me robaron un collar que tenía, me quitaron mi teléfono y mis identificaciones, mis papeles del carro. Dejaron el carro abandonado. Sentí mucho miedo, yo pensé que me iban a matar. Pensé en mis hijos, en mi esposa. Sentí temor por mi vida. Los soldados dicen que vienen a trabajar y vea usted lo que están haciendo. ¿Ese es el trabajo que están haciendo? Quieren que a fuerzas diga uno cosas que no sabe. Me quebraron dos costillas, me lastimaron el cuello y tengo inflamado el cerebro. Mi familia pensaba que nunca me volvería a ver. Pero ya ve. Así es esto.