El primer visitador informó que no ha concluido la investigación y no
descartó que sean citados a declarar funcionarios estatales y federales, entre
ellos los secretarios de Gobierno de Guerrero, Humberto Salgado Gómez, y de
Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.
Lamentó que a 32 días de los hechos, "con 31 personas agraviadas, dos
fallecidos, una torturada, cuatro con (heridas de) disparos, el chofer de un
tráiler agraviado, toda una comunidad ofendida por este hecho, no haya un solo
servidor público del Estado mexicano sujeto a proceso penal".
La delegación de la CNDH llegó a las 11 horas a la escuela y fue recibida por
Pablo Juárez, dirigente estudiantil, quien encabezó un recorrido por las
instalaciones del plantel: dormitorios, baños, cocina y cancha de futbol.
–¿Ustedes cocinan? –preguntó en el comedor el visitador, quien estuvo
acompañado por Javier Morlett Macho, de la organización no gubernamental
Diálogos por la Convivencia y la Paz.
–No. Son los trabajadores de cocina, pero desde noviembre no se presentan, y
ahorita los compañeros de cada grupo se van rotando y son los que cocinan a los
compañeros de la base –respondió Pablo Juárez.
Al final del recorrido el visitador dijo: "Venimos a ver las condiciones en
las que se encuentra Ayotzinapa, a levantar los testimonios que ustedes nos
pidieron que levantáramos aquí, a hacer las entrevistas y a entregarles el
informe preliminar que la CNDH dio a conocer el día lunes, que es un trabajo
previo que está señalando las principales violaciones a los derechos humanos
atribuidas tanto a la Secretaría de Seguridad Pública federal como al gobierno
de Guerrero".
Con las diligencias de ayer y hoy, y con otras que se hagan en los próximos
días se cerrará la la investigación, y en un plazo de 30 a 40 días se dará a
conocer a la opinión pública la recomendación final sobre este caso, dijo.
"La investigación que estamos realizando, además de determinar las
violaciones (a los derechos humanos), va a concluir en un señalamiento todavía
más fuerte, más determinante, y en recomendaciones a los niveles de gobierno",
puntualizó Luis García.
Ante la prensa, el visitador expresó: “Vemos condiciones difíciles como para
que se pudiera desarrollar el tema de la educación de una manera adecuada. Vamos
a corroborar esta información con los datos que nos dio el gobierno de Guerrero,
y de ahí empezar a sacar conclusiones.
"Nos preocupa mucho que el gobierno del estado haya utilizado a policías
judiciales, ahora llamados ministeriales, para reprimir a manifestantes,
práctica que ya en ningún lugar del país se había observado en años. De tal
manera que un poco después de la segunda década del siglo XXI este tipo de
prácticas las volvemos a encontrar y es parte de los pronunciamientos que
haremos en la recomendación final", reiteró.
Acerca de lo expresado por el ex procurador de Guerrero Alberto López Rosas,
de que el informe de la CNDH está sesgado, dijo: "Señalamos con mucha
contundencia que la primera autoridad que llegó fue la Policía Federal; que la
que inició el problema por haber lanzado una granada de gas fue la PF y que de
los dictámenes periciales en las lesiones de las personas que fallecieron, al no
encontrar la ojiva, entre otras cosas por la contaminación que hubo del lugar de
los hechos, genera que de una primera conclusión tengamos la certeza de que los
disparos salieron del lugar donde estaban ubicados los policías ministeriales,
con un alto nivel de posibilidad, incluso de certeza, que hayan sido ellos los
que dispararon y que provocaron en un momento dado la muerte de los estudiantes
y lesiones a otros".
Ahora, añadió, corresponde al agente del Ministerio Público determinar con
nombre y apellido quién es el responsable: "Estamos ante un caso que se llama de
autoría indeterminada, que para efectos jurídicos significa que los más de 160
elementos que participaron deben de responder por su grado de culpabilidad".
Vamos a "investigar y no dejar en la impunidad el tema del empleado de la
gasolinera (Gonzalo Rivas Cámara), quien también falleció. Los argumentos (de
López Rosas) los deberá expresar ante el Ministerio Público y eventualmente ante
un juez", dijo el primer visitador de la CNDH.
Responsabilidad institucional
Luis García insistió: "No hay evidencias de que se hayan utilizado protocolos
antimotines, siendo que incluso había un cuerpo antimotines ahí.
Además, lo más
importante es que no hemos encontrado evidencias de que los estudiantes vinieran
armados.
Eso nos da entonces la idea de que hubo un uso excesivo de las armas de
fuego. Hay una responsabilidad institucional de los tres niveles (de gobierno)
por una mala actuación en el manejo de una manifestación que se tornó violenta",
concluyó.
