miércoles, 9 de noviembre de 2011

¡¡CORDERO A LA BAJA!!

De acuerdo a la encuesta GCE Ernesto Cordero descendió a 14 puntos en las preferencias electorales para ser candidato del PAN en 2012.

MÉXICO.-Ernesto Cordero perdió poco más de cinco puntos porcentuales en las preferencias electorales para ser el candidato a la presidencia de su partido en el 2012, el ex secretario de Hacienda descendió a 14.2 por ciento, luego de haber obtenido 19.8 por ciento.

 En tanto, Josefina Vázquez Mota recuperó terreno al llegar a 48.7 por ciento, y continua a la cabeza de las preferencias, mientras Santiago Creel también ascendió a 27.1 por ciento y se mantiene en el segundo lugar, esto según la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, presentada esta noche en MILENIO Televisión.

Respecto a las preferencias de la población en general, la tendencia fue la misma, ya que Vázquez Mota obtuvo 38.6 por ciento, Santiago Creel y Ernesto Cordero descendieron obteniendo el 26 y 11 por ciento respectivamente.

 La encuesta telefónica levantada el 08 de noviembre, incluyó a mil 500 personas mayores de edad, que residen en toda la República mexicana.


 El estudio cuenta con un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error de +/-2.53.

APRUEBA SENADO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO GANE MAS QUE EL PRESIDENTE

MÉXICO, D.F. (apro).- El Senado de la República aprobó la Ley Federación de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que reglamente los artículos 75 y 127 constitucionales, para que ningún servidor público perciba un salario mayor que el del presidente de la Repúblcia.

En la sesión ordinaria de este martes, la Cámara alta aprobó también el nombramiento de Héctor Villarreal, como director de la agencia del Estado mexicano Notimex, y guardó un minuto de silencio en honor del poeta Tomás Segovia, quien falleció la madrugada de este martes a los 84 años de edad.

En cuanto a la Ley de Remuneraciones, el Senado estableció un tope salarial y fuertes sanciones para quienes violen este precepto. La nueva legislación fue aprobada dos años después de que se reformaron los artículos 75 y 127 de la Constitución general.

Se establecen sanciones que van desde la destitución a la inhabilitación entre 4 y 14 años y hasta cinco años de prisión a los funcionarios que obtengan salarios y prestaciones superiores a lo que ordena la legislación.

Asimismo, obliga a todas las dependencias gubernamentales a no conceder jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstos se encuentren asignados por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

También prohíbe conceder o cubrir liquidaciones o compensación alguna a favor de los servidores públicos de elección popular al término de su mandato.

Por otra parte, en el límite del plazo legal, que vencía este martes 8, el Senado aprobó el nombramiento de Héctor Villarreal como director de la agencia Notimex, en sustitución de Sergio Uzeta, quien dejó el cargo desde el pasado 1 de agosto.

 El presidente Felipe Calderón hizo la propuesta al Senado el martes 11 de octubre. Villarreal se desempeñó antes como subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación.

ANONYMOUS DECLARA LA GUERRA CONTRA LA CORRUPCION

Llama a hackear "sin contemplaciones" las webs, correos y servidores de los organismos gubernamentales del país

MÉXICO.- El colectivo Anonymous anunció este martes que atacará "sin contemplaciones" todos los sitios en internet de los organismos gubernamentales de México e hizo un llamado a "hackear sus webs, sus correos, sus servidores.A sacar a la luz toda la información oculta que demuestre que México tiene gobernantes corruptos".

En su comunicado, Anonymous no especifica que sitios seran sus objetivos en los próximos días, pero pide el apoyo de la población en general para combatir a "los funcionarios corruptos".

"Durante estos días hemos estado al tanto del clamor de un pueblo olvidado por sus dirigentes. Un pueblo maltratado por la violencia gratuita, la corrupción, la indiferencia de su gobierno, la pasividad de sus cuerpos de seguridad... Nos hemos dado cuenta de que los mexicanos están solos. No tienen a nadie de su lado ni nadie en quien creer", señalá el escrito.

Asegura que "desde Anonyumous" han tratado de hacer conciencia en el pueblo para que esto cambie y han intentado que el gobiernos los escuche y tome las medidas oportunas para arreglar la situación, pero "nos hemos dado cuenta que llega a tal punto la corrupción y el miedo, que ya nadie quiere hacer nada para cambiar las cosas".

Por eso, hacen un llamamiento "a todos los Anonymous del mundo, a toda la comunidad hacker mundial, dejando de lado nuestras diferencias, a atacar sin contemplaciones a todos los organismos gubernamentales de México".

"Declaramos oficialmente la guerra contra la corrupción en Mexico", señala y agrega que los carteles de la delincuencia organizada no los asusta, al tiempo que exhorta a la población a manifestarse, salir a la calle sin mieto y que los ayude a cambiar la situación que se vive en el país.

Indicó que la semana pasada realizó una operación para difundir datos personales e institucionales de legisladores, en la llamada "Operación Diputados".

Tambien -agregó- el grupo de hackers declaró la guerra a los Zetas, en reclamo por el secuestro de uno de sus activistas en Veracruz, quien fue liberado luego de que el colectivo amenazó con revelar nombres y datos de funcionarios, pólicias e incluso taxistas coludidos con Los Zetas.

Denuncia que el pasado domingo el gobierno mexicano infiltró a un agente del CISEN para impulsar y difundir la #OpCartel "con fines que desconocemos, pero que posiblemente pretenden neutralizar a Anonymous y enfrascar a ese movimiento en una guerra contra grupos criminales, especificamente con Los Zetas".


El gobierno federal, plantearon los activistas, intenta infiltrarse en sus canales de comunicación y presionar en redes sociales para que se retome la operación #OpCartel, "con lo que se responzabilizaría a Anonymous de un baño de sangre y ademas se le impediría de facto el manifestarse pacíficamente".

ORDENO "EL SILLAS" PLAGIAR A FAMILIARES DEL "MAYO"

La Secretaría de la Defensa Nacional, presentó Juan Francisco Sillas Rocha, alias “el Sillas” o “el Rueda”, presunto lugarteniente de Fernando Sánchez Arellano, líder de la organización delictiva de los Arellano Félix.

TIJUANA, Baja California(PH).- Juan Francisco Sillas Rocha, “El Sillas”, lugarteniente de Fernando Sánchez Arellano, “El Ingeniero”, secuestró a familiares del Ismael “El Mayo” Zambada, en venganza por el plagio de su hermana.

Luego de haber sido detenido el pasado viernes, La Procuraduría General de la República (PGR) presentó este lunes a Juan Francisco Sillas Rocha, “El Sillas”, de 34 años, quien también era conocido como “El Rueda”.

“El Sillas” fue detenido el 5 de noviembre por elementos del Ejército Mexicano en coordinación con la Policía Municipal y autoridades estatales.

La detención se llevó a cabo debido a la reacción inmediata y establecimiento de un cerco por parte de las autoridades, tras la agresión a dos personas que viajaban a bordo de un vehículo sobre el bulevar Insurgentes, mismas que resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital de la localidad.

Según la PGR, Juan Francisco Sillas Rocha, originario de Culiacán, Sinaloa, es considerado uno de los sujetos más violentos y responsable de un sinnúmero de asesinatos quien cumplía órdenes directas de “El Ingeniero”.

La misma autoridad federal destacó que “El Sillas” ordenó el secuestro de tres mujeres, familiares de Ismael “El Mayo” Zambada, el 25 de septiembre de 2010 en Tijuana, en represalia por el plagio y desaparición de su hermana, Lizeth Sillas Rocha, perpetrado el 30 de julio de 2010, en Nogales, Sonora.

El 30 de octubre del 2010 las mujeres fueron rescatadas por el Ejército Mexicano, quienes se encontraban en una casa de seguridad ubicada en el fraccionamiento Real del Monte, en la delegación La Mesa.

El rescate se logró luego de un enfrentamiento entre militares y miembros del crimen organizado en donde falleció un presunto sicario. Esa misma noche fueron detenidos Kevin Jeovanny Serna Mendoza, “El Cabo” y Mario Alberto Trejo Cortez, “El Chuki” quienes tenían en su poder 23 armas largas, municiones y droga.

 La PGR detalló que “El Ingeniero” ordenó a “El Sillas” desde el 2008 que mantuviera una intensa pugna en contra Teodoro García Simental, “El Teo” por el control de la “plaza” de Tijuana.

Jesús Manuel Mariscal Ramírez, Alejandro Sotelo Pineda y Cristian Ezequiel Sotelo Rodríguez, presuntos miembros de su grupo criminal, fueron detenidos junto con “El Sillas”.

A los detenidos se les aseguraron cinco armas cortas, cargadores, cartuchos, dos vehículos, un inmueble y diversos medios de comunicación.

Los detenidos así como los artículos decomisados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo).

 La PGR señaló que en las próximas horas, el Ministerio Público de la Federación resolverá respecto de la situación jurídica de los individuos presentados.


Y que con está detención se afectó considerablemente las actividades de operación y mando de la organización de los hermanos Arellano Félix, así como su estructura delictiva.

martes, 8 de noviembre de 2011

LA HUMILLACION; NARCOS IMPONEN SU LEY EN NAVOLATO SINALOA

Javier Valdez Cárdenas
Vuelven los narcos a imponer su ley. El detenido les advirtió: no me lleven, va a haber pedo. No le hicieron caso. Igual se lo llevaron. Había sido detenido por las Bases Operativas Mixtas Urbanas (BOMU) número 5, en el municipio de Navolato.

La falta consistió en haberse pasado un semáforo cuando estaba en rojo y conducir en estado de ebriedad. Una pequeñez.

Extrañamente, el teniente que estaba a cargo de la BOMU le ordenó a los de la Policía Estatal Preventiva que se llevaran al detenido —a quien según fuentes extraoficiales identifican solo con el apellido de Russel— a los separos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Culiacán.

Inusual porque son las BOMUS, con todo y militares, los que trasladan en caravana a los detenidos. Pero en esta ocasión no ocurrió así. Mediodía. Miércoles.

 En la base de la Policía Municipal de Culiacán, ubicada por la calzada Aeropuerto, a pocos metros de la terminal aérea, estaba sin militares, que regularmente acuden a hacer cambio de guardia y a desayunar, y con la vigilancia habitual.

En sus interiores había agentes municipales y de la Estatal, entre ellos, los de la patrulla que había llevado al detenido por faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno.

No es fácil ingresar a las instalaciones de la corporación. Si se hace en vehículo, como ocurre con reporteros y funcionarios, tienen que identificarse en el acceso principal y dejar ahí una credencial.

 Una vez que esto ocurre, la “pluma” que impide el acceso al estacionamiento es levantada para que las unidades ingresen.

Pero a pie, el procedimiento es similar y se tiene que dejar una identificación y portar un gafete mientras se permanece en el interior.

Pero ellos no requirieron cumplir con estos requisitos, presentarse o esperar que el agente alzara la “pluma”.

Irrumpieron y en lugar de la credencial mostraron los fusiles automáticos y los lanzagranadas.

El oficial apretó los dientes. Abrió los ojos. Adelante.

Versiones del interior de la corporación aseguran haber visto en los patios del edificio alrededor de 20 desconocidos, todos ellos armados, haciendo alarde del poderío de sus armas y gritando al que se le pusiera enfrente.

De inmediato se dirigieron a la patrulla de la Policía Estatal Preventiva y se llevaron al detenido. Entraron a la oficina del secretario de Seguridad Pública, Felipe Renault Rentería, quien aparentemente no estaba, y ahí se toparon con un oficial de la PEP, al que increparon, a pesar de que supuestamente no tenía nada qué ver con la aprehensión.

Uno de los jefes se le acercó, lo tomó por las pecheras y lo cacheteó.

“¡Pa’que vean que nosotros no andamos con mamadas!”, gritó.

Y amenazó. El otrora detenido cacareó, festivo:

 “Les dije, les dije que iba a haber pedo, que se iba a armar desmadre, que me iban a rescatar, les dije”.

El director de la Policía, José Manuel Niño de Rivera, de formación militar, que se encontraba en su oficina, justo frente a la del secretario, ni se asomó.

 Él y sus seis policías que fungen como escoltas, permanecieron adentro. Los trabajadores administrativos no se dieron cuenta. En las filas de la corporación, al principio hablaban a medias sobre este asalto al cuartel general de la corporación.

 Ahora, ellos y los agentes que lo atestiguaron guardan silencio.

No sé nada, no vi, no quiero problemas. Y dan la media vuelta.

Ese miércoles, minutos después de que se fueron los supuestos homicidas, efectivos militares llegaron al inmueble y lo acordonaron.

La operación fue repetida por soldados durante el jueves. Decenas de militares cuidando policías.

Policías cuidándose mutuamente. Versiones extraoficiales relacionaron lo sucedido el miércoles con el ataque a un agente de la PEP, identificado como José Melquiades Jaques González, cuya vivienda fue tiroteada a las 07.00 horas del viernes, en la colonia Colosio, de Aguaruto.

El agente habría participado en la detención aquella. Eso no les advirtió aquel detenido, que ahora anda libre después de salir de la corporación insistente y alegre:

“Se los dije, les dije que iba a haber pedo, que iban a venir por mí”.

TRAS LA BUSQUEDA DE LA MATAPOLICIAS


  
Sin rostros precisos sobre los asesinos  de Antonio Ibarra Salgado, la Procuraduría General de Justicia del Estado le sigue el rastro a un rifle calibre 5.7 x 28 milímetros conocido como matapolicías, quizá la única pista sólida que, a su vez, robustece la hipótesis de que el atentado contra quien era secretario de Turismo fue cometido por el crimen organizado.

A casi cinco meses de aquel 22 de diciembre de 2009, cuando la muerte del funcionario sacudió toda la estructura del Gobierno de Sinaloa, ni las declaraciones de 15 personas que presenciaron ese hecho han permitido lograr semblantes exactos para buscar a los homicidas.

Solo una huella: el arma de la firma FN Herstal, de origen belga y desde la cual fueron disparadas 22 balas contra la camioneta que transportaba a Ibarra Salgado.

Todo el equipo humano puesto a disposición de la fiscalía especial creada para investigar la muerte del ex secretario de Turismo va detrás de cuanto hecho tenga que ver con la utilización del calibre 5.7 x 28. Hasta la fecha, en 63 averiguaciones previas se ha corroborado el uso de un arma similar, asesinando en total a 70 personas.

Sin embargo, ni expertos militares ni peritos en balística de la Procuraduría General de la República han podido corroborar que en esos ataques violentos se hubiera utilizado.

La misma matapolicías que le quitó la vida a Ibarra Salgado y al chofer de este, Encarnación Díaz Valdez.

Inclusive la fiscalía del caso Ibarra ha decidido solicitar la colaboración de la compañía fabricante, con el fin de definir si existe alguna característica especial que permita identificar el arma con que se atentó contra el servidor público.

Ello permitiría, en principio, establecer qué grupo criminal fue el que asesinó a Ibarra Salgado y desde ahí trazar líneas de investigación más precisas para perseguir, detener y enjuiciar a los responsables.

La PGJE le pone atención a un decomiso que elementos del Ejército efectuaron el 26 de febrero de 2010 en una comunidad cercana a Tepuche, al descubrir un enorme arsenal en un subterráneo oculto en el monte. Ahí fueron asegurados ocho fusiles 5.7 x 28 y mil 800 balas de ese calibre. Se investiga a quiénes pertenecían.

El arma del crimen

Aunque en la escena del homicidio se recogieron también 21 cartuchos percutidos de AK 47 y 14 de pistola 9 milímetros, así como uno de arma calibre 32, el equipo que investiga la muerte de Ibarra Salgado y su chofer confía en que es la matapolicías la que podría aportar información más importante a la investigación.

Los primeros indicios dicen que contra el ex secretario de Turismo se descargó un fusil 5.7 x 28 debido a que una pistola del mismo calibre requiere sólo de 20 balas y en el lugar en que ultimaron a Ibarra fueron recogidos 22 casquillos, aparte de que fue encontrado, tirado en el suelo, un cargador de ese tipo de rifles.

El subfusil P90, que pudo usarse para asesinar al funcionario, posee una serie de componentes excepcionales y su fabricante lo considera ideal para el combate urbano. Se usa en la guerra contra el terrorismo al ser un arma de pequeñas dimensiones pero que puede atravesar chalecos antibalas.

En cuanto a la munición, la FN Herstal, especifica que perfora el nivel III de blindaje, disparada a una distancia de hasta 200 metros. “Penetra incluso la moderna protección muy usada por países del ex bloque soviético, llamada CRISAT que es una combinación de titanio y Kevlar, empleada por algunas fuerzas de infantería para protegerlos de la metralla que produce una granada”.

La matapolicías es usada en Sinaloa desde 2008 y antes de ese año no se conocía aquí. Su utilización es entre los municipios de Guasave a Mazatlán pues de Salvador Alvarado hacia el norte no ha sido encontrada evidencia de que fue disparada en sucesos criminales.

Todo lo que tenga relación con esta arma es material de alta prioridad para la fiscalía del caso Ibarra. La capacidad de investigación criminalística se ha volcado hacia cualquier lugar en que aparezca, tratando de hallar algún rastro de los asesinos del ex secretario.

“Tal vez no hallemos nada, pero nosotros trabajamos siempre para encontrar algo, por más insignificante que sea, que nos sea una pista para esclarecer ese hecho”, dice uno de los investigadores.

La lógica que asume la Procuraduría es que habrá muchas 5.7 x 28 en Sinaloa pero nada más una fue utilizada para matar al secretario de Turismo. “Y vamos a dar con ella, como elemento fundamental para dar con quienes cometieron el crimen”.

Asesinos sin rostro

Las 220 diligencias ministeriales realizadas por la fiscalía especial no han arrojado datos concluyentes para la investigación y cada una por sí sola reclama nuevos citatorios, exámenes y pruebas.

De hecho, hasta la semana pasada la fiscalía ya tenía solicitudes para llevar a cabo otras 90 periciales más, en una labor que no encuentra final y que tiene encima el reloj que marca la cercanía del cierre del sexenio.

Las 22 testimoniales integradas a la averiguación, 15 de ellas de testigos presenciales del asesinato de Ibarra Salgado, no dan para que la PGJE elabore un retrato hablado que pueda ser dado a conocer para que la población ayude a identificar a los homicidas o a los dos vehículos que se usaron para cometer el atentado.

Solo hay datos vagos sobre los rasgos fisonómicos de los agresores, pero en forma dispersa e inexacta, como si la confusión de los testigos operara en beneficio de la impunidad. Las cámaras cercanas que grabaron el suceso violento de alto impacto igualmente no contribuyen a avanzar en las pesquisas.

Esto ha llevado a que la fiscalía depure las líneas de investigación, prácticamente eliminando la que tiene que ver con los autores del secuestro y ejecución de un hermano del secretario de Turismo, Jorge Raúl Ibarra Salgado, ocurrido en febrero de 2004. Cuatro sujetos fueron procesados por ese crimen y dos de ellos asesinados tras salir de la prisión.

Otras hipótesis que tienen que ver con la vida personal y la función gubernamental de la víctima se han ido desmoronando en cuanto avanza la investigación. La vertiente que apunta al crimen organizado se fortalece.

En síntesis, poco o casi nada se tiene sobre aquella mañana del 22 de diciembre en que Ibarra Salgado murió al instante al salir del restaurante ubicado en el hotel Riviera, cuando descargaron sobre él la matapolicías y dos armas más. Un único casquillo de calibre 32 encontrado cerca del cadáver hace suponer que le dieron el llamado tiro de gracia.

Poco queda claro, aunque la investigación deja al descubierto nuevos datos como el hecho de que el chofer Encarnación Díaz, de acuerdo al reporte del forense, tuvo una sobrevida de entre 5 y 7 minutos.

Referencias e informes que entre más se acumulan propician que se desdibuje el rostro de los autores del crimen.

Un fiscal contra el tiempo
No hay límite en plazos ni en esfuerzos para esclarecer el asesinato del ex secretario de Turismo, Antonio Ibarra Salgado, insiste el fiscal especial del caso, José Luis Leyva Rochín.

En una carrera contra el tiempo, pues el diciembre próximo acabará el gobierno de Jesús Aguilar Padilla, Leyva Rochín confía que de un momento a otro rinda resultados el trabajo que lleva a cabo todo un equipo multidisciplinario en el área criminalística.

Al referirse a las líneas de investigación que se siguen, menciona que ninguna ha sido descartada y que, al contrario, “yo prefiero agregar otras nuevas porque mi método de trabajo es el de no quitar sino considerarlo todo”.

Simultáneamente con la indagatoria que lleva a cabo la Procuraduría General de la República —“investigaciones que son independientes pero en colaboración una con otra”— el fiscal del caso Ibarra confía en que este hecho violento que impactó a los sinaloenses será desenredado.

“A todos los lugares que tenemos que ir vamos, no importa la hora ni si está lejos o cerca. Todos los días y todas las noches andamos buscando elementos que permitan sacar adelante satisfactoriamente esta investigación”, expresa Leyva Rochín.

Cada mes el fiscal le presenta a Jesús Aguilar Padilla un avance de las pesquisas y el gobernador le ordena que no escatime recursos humanos o técnicos para efectuar de la mejor manera la investigación.

—Pero el tiempo se le acaba porque al gobernador le quedan algunos meses en el cargo—, se le recuerda.

—Yo no creo que en este o en otros crímenes haya plazos forzosos. La investigación, en este o en otro gobierno, conmigo o sin mí, tendrá que seguir. Por ahora estamos trabajando a todo lo que damos para ofrecer resultados jurídicamente sustentados.

—Me refiero a que al próximo gobernador tal vez no le interese tanto que se aclare ese crimen, como ocurrió con la muerte del ex procurador Jorge Chávez Castro, cuyo expediente está archivado…

—Yo trabajo para el caso Ibarra Salgado y lo que sé es que existe toda la voluntad de que se castigue a los responsables.

Leyva Rochín, reacio a dar entrevistas sobre el tema, “pues yo prefiero invertir ese tiempo en investigar”, se apersona con su equipo en hechos delictivos que habrían de darle pistas sobre el atentado que le quitó la vida a Ibarra Salgado. Reconoce que a veces sus colaboradores se desesperan porque no hallan mucho, pero él les responde: “¿Y si hubiéramos encontrado algo?”.

Se trata de un suceso muy complejo pero no indescifrable, afirma. “Y yo nunca he pensado en que no lo vamos a resolver”.

TUMULTOS Y PROTESTAS COMO REACION A INICIO DE DECOMISO DE "CHUECOS" EN CIUDAD JUAREZ

Tumultos y protestas como reacción a inicio de decomiso de 'chuecos'

Por: Redaccion
Por un lado, en las instalaciones de Tránsito de la Teófilo Borunda y Oscar Flores se forman larguí­simas filas de quienes dejan, como siempre, para último momento la regularización de su situación vehicular; por el otro, los vendedores de La Curva retiran sus autos y se plantan en son de protesta mientras amenazan con bloquear calles.
Todo ello, mientras las autoridades juran y perjuran que el llamado engomado ecológico no es con fines recaudatorios, algo que los hechos se empezaron en contradedir.
Las oficinas de recaudación de impuestos vehiculares de la Dirección de Tránsito ubicadas en avenida Teófilo Borunda y Oscar Flores muestran una gran actividad, forzada para su personal, ante la gran afluencia de contribuyentes que dejaron para última hora el cumplimiento de sus compromisos.

Esto se da como reacción ante los amagos del Municipio y del Gobierno del Estado de empezar a quitar a sus propietarios los vehí­culos que anden sin placas, aunque ya haya sido debidamente cumplido el trámite de importación pero que a sus propietarios les falta sacar las placas.

Este último trámite no lo han cumplido cientos, o quizá miles, de apersonas que por una causa u otra no lo pudieron hacer en el tiempo reglamentario, como podráan ser el acumulamiento de multas, falta de licencia o cualquier otra causa que implique la erogación de un pago económico fuerte.

Y ya cuando ven el agua llegar a los aparejos, como se dice vulgarmente, estas personas acuden, ahora sí­, a los módulos de los engomados ecológicos, de pago de infracciones o licencias de conducir, agencias aduanales y módulos de importación, con las consiguientes largas filas y los inconvenientes a estas alturas por la gran aglomeración en las dependencias del Gobierno estatal y Municipio, según el trámite.

Las autoridades afirman por su parte, como siempre lo han hecho, que el proceso de fronterización, para el cual se dio un plazo razonable según sus criterios, así­ como el posterior decomiso de los autos de quienes no cumplieron con el trámite, no tiene fines recaudatorios, pero para contradecir esta afirmación sólo basta ver la enorme fila y los miles de pesos que se recabarán sólo este día.

El pretesto oficial para la fronterización y el posterior decomiso ha sido siempre que es para inhibir la comisión de actos ilícitos por delincuentes que utilizan este tipo de unidades para delinquir.

 Esto sin embargo no es cierto sino en una mí­nima parte, pues los reportes diarios de aseguramientos de vehículos por ser usados en algún crimen indican que se trata de autos nacionales o bien extranjeros, pero que en su gran mayoría son robados.

Asimismo, la gran mayorí­a de los autos sin placas que circulan localmente y en todo el estado son manejados por personas comunes y corrientes, que lo único que desean es poseer un patrimonio ante los altí­simos costos de las unidades nacionales nuevas.

Un hombre entrevistado en las largas filas en la estación de Tránsito, que no quiso que se mencionara su nombre, asegura que la violencia no se detendrá por el hecho de sacarles placas a sus vehí­culos y que los delincuentes continuarán cometiendo sus fechorías, solo cambiarán sus estrategias.

Mientras tanto la PGR y el administrador de la Aduana local se deslindaron hoy de cualquier participación en los decomisos, así como la Policí­a Fiscal, dependiente de la SHCP, ya que las acciones correrían por parte del Municipio y del Gobierno del Estado, en cumplimiento del llamado Acuerdo 8 que el gobernador César Duarte firmó con la Federación, según el cual se le darán facultades a las autoridades estatales y municipales para asegurar vehículos ilegales.

Ambos niveles de gobierno aseguraron sin embargo que los conductores únicamente serán infraccionados y los vehículos detenidos temporalmente, y no decomisados en forma definitiva.

Pero por lo pronto los vendedores de La Curva, o no están enterados de esto que afirman las autoridades, o de plano no creen en ello, por lo que han optado por retirar sus autos de la Carlos Amaya por miedo a losdecomisos.

Esto lo hacen voluntariamente, pero amenazan con bloquear esa calle, y en estos momentos empiezan a protestar con pancartas en contra de la orden que dio el Gobierno del Estado de empezar a decomisar a partir de hoy todos los autos chuecos.
Así­ las cosas.