LA REBELIÓN DE LAS TOGAS

El choque entre poderes del Estado mexicano que se está dando en este país, es más profundo de lo que se ve. Hay una mezcla de intereses que se están moviendo detrás, no sólo por la defensa de sus privilegios, como lo afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino por un desafío directo a su Presidencia por parte del sector conservador dentro del máximo tribunal que busca, si no le alcanza para boicotear, estorbar. La cabeza de la rebelión de las togas es el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, quien llegó a esa posición en enero de 2015, tras derrotar a Arturo Zaldívar en 32 votaciones, y que utilizó como instrumento de choque al ministro Alberto Pérez Dayán.

El ministro Pérez Dayán detonó el conflicto el viernes pasado al ordenar la suspensión de la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, tras un recurso de inconstitucionalidad presentado por senadores de oposición, quienes argumentaron que la ley violaba los artículos 75 y 127 constitucionales. La respuesta de López Obrador y de los coordinadores parlamentarios de Morena, provocaron que el desafío de los jueces contra el presidente se expresara con protestas en 30 estados este lunes, afirmando que la decisión de recortar salarios afectaba la autonomía del Poder Judicial y dañaba el equilibrio de poderes. La paradoja es que Pérez Dayán mismo, violó la ley que dice defender.

El artículo 64 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional que aborda los actos de constitucionalidad, establece: “Iniciado el procedimiento, conforme al artículo 24 (que habla de las libertades), si el escrito en que se ejercita la acción fuere obscuro o irregular, el ministro instructor prevendrá al demandante o a sus representantes comunes para que hagan las aclaraciones que correspondan dentro de un plazo de cinco días. Una vez transcurrido este plazo, dicho ministro dará vista a los órganos legislativos que hubieren emitido la norma y el órgano ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de quince días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción de inconstitucional”.

Esto quiere decir que Pérez Dayán no tenía la facultad para suspender la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos. “En acciones de inconstitucionalidad no procede la suspensión de la norma”, dijo un experto. “No importa el fondo de la controversia; no procede la suspensión, que está expresamente prohibido por los artículos 64 (de procedimiento) y 14 (de suspensión) de la Ley Reglamentaria”. Su acción incorrecta no alcanza para fincarle un juicio político, como dijo el abogado constitucionalista Gabriel Regino en una entrevista en W Radio con Enrique Hernández, al no considerarse un delito. Lo que sí procedería, en opinión de los expertos, es una sanción por responsabilidad administrativa, lo cual tendría que aplicar el órgano interno de la Suprema Corte de Justicia, lo que significaría una medida histórica.

Difícilmente podría entenderse como un error del ministro el haber suspendido la ley que recorta salarios. Para comprender la magnitud de lo que desató, hay que entender lo que está sucediendo dentro de la Corte en función de cómo iban a quedar los equilibrios dentro del tribunal, tras el final de la gestión del ministro José Ramón Cosío. Abogados que conocen los manejos internos de la Corte, dijeron que Aguilar buscó retrasar la comunicación al Ejecutivo y al Legislativo de la salida de Cosío con el propósito de que la votación para un nuevo presidente, prevista para el próximo 2 de enero, se diera únicamente entre los 10 ministros que hay en este momento, sin darle la oportunidad a López Obrador que colocara su primer ministro y eventualmente modificar el resultado de la elección.

El viernes pasado, en un texto sobre la Corte titulado “Conservadores contra Liberales”, se publicó en este espacio: “Si se diera la votación hoy, la probabilidad de que Gutiérrez Ortiz Mena ganara la presidencia es muy alta. Esto obedece, de acuerdo con observadores de la Corte, a que el bloque conservador es amplio, compuesto por Javier Laynez, Eduardo Medina Mora, Mario Pardo y Aguilar. En el lado liberal respaldan a Zaldívar Fernando Franco y Norma Lucía Piña, que perdieron un aliado al retirarse José Ramón Cosío. Dos ministros pueden inclinar hacia cualquier lado la balanza, pero no se sabe cómo van a comportarse. Una es Margarita Luna Ramos, y el otro es Alberto Pérez Dayán, con tinte conservador, pero que se han aproximado a posiciones liberales en el pasado. Dos factores adicionales juegan para colocarlos actualmente, ligeramente más hacia el lado de Zaldívar. La ministra Luna Ramos quiere mejorar su posición dentro de la Corte, mientras que Pérez Dayán le debe parte del apoyo que tuvo para ser ministro, al equipo de la ex ministra y actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero”.

De la correlación de fuerzas dentro de la Corte se puede argumentar que el ministro Aguilar buscaría impedir que Zaldívar fuera electo presidente, y garantizar a un conservador como su sucesor. También se puede apreciar un choque de posiciones dentro del equipo de López Obrador, entre Sánchez Cordero, que estaría por la opción conservadora, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, que respalda a Zaldívar.

El estruendoso ruido por el choque entre poderes está ocultando las intrigas dentro de la Suprema Corte y el intento del ala conservadora de cruzársele al Presidente, para impedir que comience a construir un tribunal acorde con su proyecto de nación. La confrontación no sólo es por la autonomía, sino ideológica y política, afrontando a López Obrador.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

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(EJE CENTRAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ESTRICTAMENTE PERSONAL/12 DE DICIEMBRE DE 2018)

LA CORTE, DÓNDE SÍ, DÓNDE NO

Los arrebatos belicosos del presidente Andrés Manuel López Obrador al enfrentar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque suspendieron la ley para recortar salarios, no deben esconder el problema de fondo en el Poder Judicial. No es la institución per se lo que debe analizarse y eventualmente fustigarse, sino la integridad de los ministros, sus mecanismos de autorregulación y la calidad de sus decisiones, que deben ser pasados por una revisión crítica. La discusión sobre la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que suspendió la Corte para revisar si hay violaciones a la Constitución, tampoco debe quedarse en ese punto como si fuera lo único o lo más importante en términos de lo que beneficia e interesa más a la nación. Hay que ver más alto y más lejos, como dijo alguna vez José Ortega y Gasset, y examinar con mayor profundidad el papel de los ministros de la Corte.

El presidente López Obrador es quien estableció los términos del enfrentamiento con la Suprema Corte de Justicia con un argumento descalificador y reduccionista, pero persuasivo en la opinión pública, de que forma parte de una lucha contra los privilegios, al mencionar los “estratosféricos” salarios de los ministros, como si fuera sinónimo de corrupción. La Suprema Corte le respondió, a través de su cuenta de Twitter, tildándolo sibilinamente de mentiroso, al afirmar que “nadie gana, ni remotamente”, los 600 mil pesos mensuales que el presidente afirmó que era su salario.

La Corte tampoco está siendo apegada a la verdad. Si se ven los salarios nominales, que oscilan aproximadamente entre 130 mil y 270 mil pesos mensuales, sí están lejos de los 600 mil pesos que señaló el presidente, quien debió haber utilizado el dato de los salarios integrados, en donde están la prima vacacional, el pago de riesgo por 46 mil pesos mensuales, el aguinaldo, el pago a uno o dos personas en su servicio doméstico, automóvil que pueden incluso blindarlo y gastos de representación, con lo cual si no llega a la suma señalada por López Obrador, tampoco se aleja mucho de ella.

El tema de los salarios es relevante porque la suspensión de la Ley los atañe directamente, al ser los ministros de la Corte uno de los grupos que ha denunciado que la reducción de los salarios de manera transversal, es inconstitucional en órganos como el máximo tribunal, o los órganos autónomos. De tal forma, la discusión sobre un conflicto de interés no es ociosa. ¿Pueden los ministros actuar con apego a lo que establece la Constitución? O, ¿cómo interpretarán la propia ley? ¿Hay indicios de veracidad en la crítica que les hizo López Obrador? Según el ministro Arturo Zaldívar, uno de los candidatos más fuertes a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia el próximo año, sí.

En septiembre pasado, al dar la bienvenida a 10 nuevos jueces de Distrito, urgió a la autocrítica en la Corte e “imaginar un México diferente” que corresponda al mensaje de hartazgo y frustración mostrada en las urnas que le dieron la victoria a López Obrador que votó por un cambio de régimen, y aprovechar la coyuntura para reconquistar la confianza de los ciudadanos. Entre sus llamados, que reiteró posteriormente, es la austeridad que debía seguir la Corte. “La sociedad debe saber con toda transparencia cuánto gastamos, cómo gastamos y para qué gastamos, para así tener la certeza de que el dinero público sirve a fines públicos y no financia privilegios”, dijo Zaldívar.

La forma como planteó la discusión el presidente López Obrador, quedó plasmada como un repudio a las instituciones, sobre las cuales ha mostrado reiteradamente su inconformidad y disgusto por la forma como operan. Esto ha llevado durante esta semana a un plano unidimensional, en donde lo que sobresale es un choque entre poderes, y un avasallamiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial, que ubica la confrontación en el contexto de la eliminación de pesos y contrapesos. Hay que salirse de esa discusión coyuntural y plantear un debate de largo aliento y alcance.

Abogados constitucionalistas sostienen que la Corte no es independiente ni apartidista. Efectivamente, las designaciones de los ministros se han dado por las cuotas de los partidos del viejo régimen, el PRI, PAN y PRD, donde algunas de sus decisiones han sido altamente controversiales. Por ejemplo, el PRI metió en diciembre de 2012 a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con cuyo voto se le otorgó la libertad inmediata a la ciudadana francesa Florence Cassez, sentenciada por secuestro y delincuencia organizada. Dos semanas después de su liberación, la misma Corte votó en sentido opuesto sobre el caso de dos indígenas acusadas de la privación de libertad de dos policías federales.

No se puede soslayar algo muy relevante, que es la ausencia de mecanismos de autorregulación, que han llevado a la Corte a situaciones indefendibles. El último caso fue el escándalo de los fraudes en el ascenso de jueces, conocido en febrero pasado, cuando un concurso interno fue anulado por el Consejo de la Judicatura Federal, debido a que se filtraron las respuestas a las preguntas del examen.

No hay que quedarse en la batalla por los salarios. Que se resuelva, pero que se profundice el análisis de la Corte, como una derivación positiva y saludable del conflicto actual. No como el principio para eliminar la institución, sino para revisar si los ministros actuales están o no a la altura de la nueva realidad mexicana o si, como otras instituciones, son ellos o ellas lo que hay que cambiar, sin afectar la institución que debe seguir siendo contrapeso de los otros poderes.

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(EJE CENTRAL/ COLABORACIÓN/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 11 DE DICIEMBRE DE 2018)

¡AL DIABLO (AHORA SÍ) LAS INSTITUCIONES!

La Cuarta Transformación arrancó llena de conflictos. Se trata de imponer el cambio de régimen por la vía de la fuerza y por encima de todo. El discurso es noble y correcto: acabar con los privilegios y la corrupción, pero los cómos, que están haciendo crujir las instituciones, son inquietantes. Si no se ajustan al modelo y la ruta que plantea el presidente, serán ajustadas o eliminadas. Si las leyes no se ajustan a su realidad, las mayorías en las cámaras modificarán leyes y realidad. La famosa frase de Andrés Manuel López Obrador de “¡al diablo las instituciones!”, cuando el Tribunal Electoral desestimó su impugnación presidencial y validó la victoria de Felipe Calderón en 2006, ha recuperado fuerza, con la diferencia que aquél candidato hoy es presidente de la República, y la retórica se convirtió en un recurso del poder.

La Suprema Corte de Justicia suspendió la ley que recorta los salarios hasta resolver si viola o no los artículos 75 y 127 constitucionales, y López Obrador declaró que como ganan salarios “estratosféricos” no entienden la realidad, escondiendo que la Corte sólo revisa si la ley aprobada por el legislativo, es legal. El choque avanza rápidamente. Los voceros del presidente en el Senado y el Congreso, Ricardo Monreal y Mario Delgado, afirman que no harán caso a la Corte, lo que llevará a un desacato. Si la Constitución estorba, al diablo la Constitución y quien la defienda.

Lo escribió el senador Félix Salgado Macedonio este domingo en Twitter: “Si los ministros no aceptan ajustarse a la austeridad y quieren seguir viviendo como Virreyes, habrá que plantear al presidente Andrés Manuel López Obrador los liquide y envíe al Senado las ternas de los nuevos ministros. Ernesto Zedillo también lo hizo. AMLO puede hacerlo”. El senador propone un golpe de Estado técnico a uno de los tres poderes del Estado Mexicano, con una falacia. Zedillo, que también propició un golpe de Estado técnico en 1995 y dejó sin Suprema Corte de Justicia al país durante 11 días, tuvo como objetivo una profunda reforma al Poder Judicial. Lo sugerido por el senador pretende desaparecerla porque desafió el deseo de su jefe político. Detrás de ello está la vieja idea en el equipo de López Obrador de crear un Tribunal Constitucional que sustituya a la Corte.

El viernes pasado, el presidente López Obrador criticó dos órganos de regulación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Este último está en fase de extinción, que vendrá con la abrogación de la Reforma Educativa, quizás la primera en ser desmantelada por el gobierno. Al INAI lo fustigó con varias mentiras, la mayor, haberlo acusado como explicación de su ineficiencia, de esconder todo lo relacionado con el Caso Odebrecht, cuando fue lo contrario. El INAI ordenó a la PGR que hiciera pública la información, que se negó a hacerla. Pero para efectos de su propósito, la postverdad pega bien, y el argumento que ganan mucho dinero para lo que hacen en un país de pobres que no se benefician de sus acciones, ayuda a sus propósitos.

El INAI va a desaparecer, o al menos es lo que desea López Obrador. En su gobierno ya circula el borrador para su liquidación y la creación de un zar contra la corrupción, que sería el instrumento del nuevo régimen para cumplir con esas funciones. De concretarse el plan, el INAI sería la primera institución de segunda generación democrática en desaparecer, dentro de este proceso de desmantelamiento acelerado del andamiaje construido por años como parte del desarrollo nacional. El zar dependería del Ejecutivo y no sería un contrapeso para el Ejecutivo. No respondería a las inquietudes de los ciudadanos, sino a los intereses del presidente. No sería transparente, sino opaco, ni tampoco buscaría que el gobierno rindiera cuentas, al ser el propio gobierno el que administraría qué cuentas hay que saldar.

Al presidente López Obrador no le gustan las instituciones que existen. Ha hablado contra el Instituto Nacional Electoral, y sugerido del manejo de las elecciones regrese a la Secretaría de Gobernación, como sucedía en el pasado. Se le atoran las comisiones de derechos humanos y como jefe de gobierno en la Ciudad de México hizo caso omiso a sus recomendaciones. No le gusta la prensa crítica, y sólo reconoce como honesta a quien ha estado incondicionalmente de su lado. Todo gobierno pasado, desde 1980 a la fecha, afirma, o fue corrupto o aquellos que no participaron de la corrupción en forma directa, fueron sus “personeros”. Desde que gobernaba la Ciudad de México ha tratado de darles la vuelta hasta derrotarlas. El momento llegó.

A López Obrador hay que leerlo al pie de la letra. El proceso del cambio de régimen, aunque a trompicones, avanza en medio del conflicto y la violencia política. Las consecuencias aún no se alcanzan de ver en todo su alcance y magnitud. El caso de los bonos del aeropuerto en Texcoco es un ejemplo, y viene en camino otro potencial conflicto con empresas y gobiernos extranjeros con la Reforma Energética al cancelar las próximas rondas de exploración y perforación, antesala de que si no la abroga, la congela. El estilo mostrado por López Obrador no abre las puertas que tienen las democracias, donde los equilibrios entre los poderes los obligan a interactuar y a negociar. La negociación con sus opositores está cancelada. No tiene tiempo para ello. Las cosas se harán como las quiere tan rápido como necesite, hasta que la cuerda, si se llega a ello, se rompa.

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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/10 DE DICIEMBRE DE 2018)

CONSERVADORES CONTRA LIBERALES

Atrás ya dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador la etiqueta de “la mafia del poder” para referirse a sus adversarios y a quienes discrepan de su proyecto de nación. Ahora los llama conservadores, al evocar la República Restaurada de Benito Juárez, que es en dónde él gusta ubicarse, y que acabó con el imperio de Maximiliano. El discurso juega en las antípodas y difícilmente existen áreas grises entre sus dos polos. No es fácil ubicar la confrontación cotidiana entre liberales y conservadores salvo en un solo lugar, en este momento, de alta relevancia para el equilibrio del poder y la definición de México en los próximos años, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde a principios de 2019, en la primera decisión de gran calado, los ministros elegirán a su presidente por los próximos cuatro años.

Los punteros son dos ministros que no tienen una carrera judicial, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar. El primero, respaldado por el actual presidente de la Corte, Luis María Aguilar, se encuentra en el bloque de los conservadores. El segundo, Arturo Zaldívar, tan cercano a López Obrador que ha tenido muestras de gran afecto en público hacia él, está en el lado de los liberales. Las definiciones vendrán en los próximos días, al cerrarse el 13 de diciembre el ciclo de Pardo, quien rendirá su último informe como presidente de la Corte y se irán de vacaciones. Sin embargo, la decisión sobre a quién elegirán en enero, terminará de cocinarse mientras oficialmente están fuera del trabajo.

Las diferencias entre conservadores y liberales en una institución como la Suprema Corte, en México o en otras democracias occidentales, son notables. Un ministro conservador siempre se apega al texto del estatuto, sin márgenes para determinar con una visión amplia y creativa, por ejemplo una inconstitucionalidad, bajo la premisa que quienes cambian las leyes son las legislaturas, no las cortes. Los liberales, en cambio, utilizan la historia y el propósito del estatuto como una herramienta para interpretar la ley, por lo cual tienden a darle a la gente una mayor libertad. Uno de los fallos donde más se aprecia esta división -que se replica en diversas cortes del mundo-, es sobre la despenalización del aborto, que así como parte a la sociedad, separa a los ministros de las cortes.

En estos momentos, si se diera la votación hoy, la probabilidad de que Gutiérrez Ortiz Mena ganara la presidencia es muy alta. Esto obedece, de acuerdo con observadores de la Corte, a que el bloque conservador es amplio, compuesto por Javier Laynez, Eduardo Medina Mora, Mario Pardo y Aguilar. En el lado liberal respaldan a Zaldívar Fernando Franco y Norma Lucía Piña, que perdieron un aliado al retirarse José Ramón Cosío. Dos ministros pueden inclinar hacia cualquier lado la balanza, pero no se sabe cómo van a comportarse. Una es Margarita Luna Ramos, y el otro es Alberto Pérez Dayán, con tinte conservador, pero que se han aproximado a posiciones liberales en el pasado. Dos factores adicionales juegan para colocarlos actualmente, ligeramente más hacia el lado de Zaldívar. La ministra Luna Ramos quiere mejorar su posición dentro de la Corte, mientras que Pérez Dayán le debe parte del apoyo que tuvo para ser ministro, al equipo de la ex ministra y actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Si ellos dos votaran por Zaldívar, habría un empate y tendrían que ir a rondas subsecuentes, como sucedió hace tres años, cuando Aguilar, quien en tres rondas derrotó finalmente a Zaldívar. Debido a este equilibrio en los bloques, el presidente López Obrador jugó sus cartas y anunció la terna que enviará al Senado para el reemplazo de Cosío, con lo cual podrían cambiar los números en apoyo a Zaldívar. López Obrador nominó a Loretta Ortiz, Celia Maya y Juan Luis González Alcántara, lo que parece ser un trío donde las dos abogadas podrían ser descartadas por su vinculación directa con Morena. Ortiz fue asesora en el equipo de transición en materia de seguridad y la organizadora de los foros sobre reconciliación y paz, mientras que Maya fue candidata del partido a la gubernatura en Querétaro y al Senado. González Alcántara, un liberal independiente, tiene además el mejor palmarés de la terna.

Con esta acción presidencial, el equilibrio en la Suprema Corte de Justicia se romperá, lo que de cualquier forma, de acuerdo con los observadores, no sería suficiente, y en la segunda quincena de diciembre tendría que darse un intenso cabildeo para conseguir el voto.La Corte, sin embargo, es una institución que mantiene dos posiciones. La externa es la que se expresa en los dictámenes y las votaciones, donde hay consensos y disensos, y la otra tiene que ver con la política interna, donde lo que se busca es unidad entre los ministros y compromiso con los principios constitucionales. Certidumbre en el actuar de los ministros, sin sorpresas, es lo que más aprecian a nivel interno. Por ser un ministro que generaba incertidumbres y no se sabía cómo iba a reaccionar, Cosío nunca pudo ser presidente de la Corte, pese a que técnicamente, su capacidad era impecable.

Gutiérrez Ortiz Mena y Zaldívar no son vistos bajo la misma óptica dentro de la Corte, donde nadie tiene duda tampoco que la inclinación de López Obrador es por el segundo. En el lado de los conservadores, en caso de que fuera muy cerrada la lucha entre los dos punteros, existe un caballo negro que respalda el actual presidente, Mario Pardo, a quien no hay que descartar en este choque entre conservadores y liberales abierto en la Suprema Corte de Justicia.

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(EJE CENTRAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ 07 DE DICIEMBRE 2018)

EL ABANDONO A LOS ADULTOS MAYORES

Muchas personas de la tercera edad no cuentan con recursos para poder transitar la última etapa de su vida con las necesidades básicas. Pero existen algunas alternativas con las que pueden generar ingresos adicionales

 “Se pueden emprender algunas acciones para obtener dinero extra”

- Alejandro Saracho

Asesor en finanzas personales

El pelo plateado de Rosa es testimonio de los 76 años que ha vivido en este mundo. Su soledad no fue voluntaria, pero ha aprendido a vivir con ella, incluso, la llama ‘Juanita’ cuando la menciona en alguna charla con sus amigas.

‘Juanita’ llegó a su vida cuando Pedro Ramírez , su compañero de vida por casi 60 años, le dijo adiós en la cama de un hospital en 2015 a causa de una insuficiencia cardiaca.

Sus dos hijos se convirtieron en sombras cuando la dejaron de visitar luego de que ella se negara a darles el dinero de la pensión de su padre con el argumento de que no podría manejarlo, esto provocó que Rosita, como le gusta que la llamen, cayera en una profunda depresión de la que intenta salir.

“Cuando uno es joven piensa que las cosas serán diferentes en esta etapa de la vida, pero no es así, todos los días nos enfrentamos a una lucha contra nuestros propios demonios, pero siempre debemos mantenernos optimistas o ‘Juanita’ nos puede aventajar”, dice Rosa Guadarrama, quien forma parte del equipo de Empacadores Voluntarios del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) en una cadena de supermercados.

En México, 28 mil personas mayores laboran como ‘cerillitos’ en tiendas departamentales sin un sueldo ni derechos laborales.

El voluntariado le permite a Rosita activarse y asegura que estar en contacto con otras personas le ayuda a alejar a ‘Juanita’, a pesar de que todas las noches regresa puntual para su cita.

Aunque no contar con una fuente de ingresos más allá de los mil 200 pesos que recibe cada mes por la pensión de su esposo la obligó hace un año a comenzar a vender gorros, chalecos, guantes y ropa entre sus vecinos y conocidos.

La originaria de Acuitzio, Michoacán, es parte de los 14 millones de adultos de 60 años y más que habitan en el país, de acuerdo con datos del Inegi.

De los 4.7 millones que trabajan, un 96.2 por ciento carece de seguridad social debido a que labora en la informalidad, mientras que sólo un 3.8 por ciento pertenece al mercado formal

INGRESOS DESPUÉS DE LOS 60

Alejandro Saracho, asesor en finanzas personales, destaca la importancia de contar con un plan financiero que ayude a dar estabilidad una vez que inicie la etapa de la vejez.

“Si se está más cerca de entrar a la tercera edad y no se cuenta con una jubilación o es muy baja la cantidad que se obtendrá, se pueden emprender algunas acciones para obtener dinero extra”, precisa el también autor del libro Reconfiguración financiera.

1) Rentar activos

Los activos son todas las posesiones que una persona tiene y que no están generando dinero como autos, bienes raíces, joyas, entre otros.

Saracho recomienda rentabilizarlos y el primer paso para hacerlo es elaborar una lista en la que se considere cualquier objeto útil. Posteriormente se debe revisar su valor y buscar interesados en rentarlos; se pueden utilizar anuncios y la publicidad de boca en boca.

“Siempre hay personas que tienen demasiados objetos y que ocupan un sitio para ellos”, añade el especialista.

2) Aprovechar redes de contacto

El especialista aconseja agrupar a los contactos que se tengan de acuerdo a lo que consumen y acudan a una tienda a negociar para convertirse en un intermediario.

“Pueden ofrecer comprar por mayoreo o llevar clientes a cambio de una comisión, de esta manera todos ganan”, expone Saracho.

3) Hipotecar a la inversa

En Europa y Estados Unidos este método es muy famoso, el experto detalla que esto consiste en vender la casa cuando se está en la última etapa de la jubilación para que se liquide en un periodo de hasta 20 años, sin necesidad de dejar la propiedad.

“La casa se vuelve propiedad del banco, por lo cual, no se podrá heredar directamente, sólo si los hijos saldan la deuda que se tiene; es una opción de capitalizar todo el esfuerzo que generó al comprarla”.

MÉXICO ENVEJECE

A pesar de que los adultos mayores representan una parte muy baja de la población en contraste con los jóvenes, el fenómeno de envejecimiento avanza a pasos agigantados y es irreversible.

Se prevé que para 2050 las mujeres de 60 años y más representen 23.3 por ciento del total de la población femenina y los hombres constituyan 19.5 por ciento de la masculina, revela el estudio Situación de las personas adultas mayores en México elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres.

Esta situación generará un impacto en el Sistema de Salud y pondrá desafíos a la organización familiar, así como cargas adicionales de trabajo de cuidados, en especial para las mujeres, quienes realizan mayoritariamente este trabajo.

Javier Govi, presidente y fundador de la Asociación Mexicana de Asistencia en el Retiro (AMAR), reconoce la complejidad que existe alrededor de este panorama.

“Es triste hablar de esta situación porque hay una gran población de adultos mayores que no tiene la capacidad financiera para enfrentar el proceso de su envejecimiento. Es una situación crítica”

- Javier Govi

Presidente y fundador de AMAR

El presidente de AMAR menciona que una forma de mejorar las condiciones de los adultos mayores de 60 años es que el Gobierno federal implemente programas en algunos sectores en los que se les permita convertirse en tutores de las nuevas generaciones y con ello pongan en práctica los conocimientos de toda una vida.

Tras el abandono de sus hijos, Rosa Guadarrama fue alojada por unas amigas que vivieron condiciones similares. Desde entonces crearon una red de apoyo con la que buscan que la última etapa de su vida honre su pasado.

“Lo único que nos queda es la esperanza de transitar en paz y prepararnos para el difícil momento de la despedida. Nuestra edad no nos hace valer menos”.

(REPORTE INDIGO/NAYELI MEZA OROZCO/DIC 14, 2018)

LA SHCP PRESENTA DENUNCIA ANTE LA PGR PARA DESMANTELAR RED DE LAVADO DE DINERO DEL CJNG

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuyo nuevo titular es Santiago Nieto Castillo, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por una red de lavado de dinero y empresas fantasmas, operadas supuestamente por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esta es la primera denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita del crimen organizado presentada por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la titularidad del Poder Ejecutivo Federal el pasado 1 de diciembre.

La red de lavado involucra una cadena de empresas manejadas por familiares del líder del CJNG, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias el Mencho, quien está prófugo, capo por el cual el Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares a la persona que otorgue información para lograr su captura.

La noche de ayer miércoles, la SHCP encabezada por Carlos Manuel Urzúa Macías, emitió un comunicado en el que informó sobre la denuncia presentada ante la PGR. Por su parte, Nieto Castillo escribió en su cuenta de la red social Twitter, Santiago Nieto, que continúan las diligencias ministeriales de aseguramientos y recuperación de activos.

“La administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado como una prioridad el combate a las estructuras financieras del crimen organizado y esta acción es un paso sólido en la pacificación y bienestar de la nación”, afirmó Hacienda en su comunicado.

“Estamos presentando una denuncia contra personas físicas y morales. Y el día de ayer entré en contacto con el doctor Alejandro Gertz Manero, el encargado del despacho en este momento de la PGR, para darle seguimiento no sólo a las denuncias previas que han sido presentadas por la UIF sino para tener un acercamiento, a fin de generar estrategias conjuntas de ataque a las estructuras financieras de los grupos delincuencias y de los casos de corrupción pública y privada”, dijo el titular de la UIF en entrevista con la periodista Carmen Aristegui Flores.

Recordó además que el presidente López Obrador ha planteado la estrategia de confrontación contra la delincuencia organizada sólo ha provocado más violencia. Por lo que Nieto Castillo dijo que el punto central de la nueva táctica consiste en “modificar el modelo para lograr un aseguramiento de cuentas bancarias, instrumentos y bienes producto del delito”.

Asimismo, el funcionario federal dio a conocer que, contrario a lo que no se hacía, ahora se “le dará seguimiento a las denuncias que ha presentado la UIF frente a los jurisdiccionales” con dos objetivos claros: “constituirnos como víctimas en virtud de que se trata de una afectación al Estado mexicano en temas financieros; y lograr al final el decomiso de los bienes e instrumentos, al momento de tener una sentencia condenatoria, sea un procedimiento abreviado o juicio oral”.

En enero pasado, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un ente intergubernamental con sede en París, Francia, cuestionó la falta de acciones efectivas del Gobierno de México contra las estructuras financieras del crimen organizado.

El organismo indicó que, pese a existir un buen marco legal, esto no deriva en investigaciones efectivas ni en la confiscación sistemática de bienes ilícitos. “Hasta hace relativamente poco, la PGR no consideró como una de sus prioridades centrales la identificación e investigación del lavado de dinero […] En consecuencia, el número de casos y condenas por lavado de dinero es muy bajo”, señaló el GAFI.

EL CJNG, LOS CUINIS Y EL MENCHO

El Cártel de Jalisco Nueva Generación es un grupo delictivo dedicado al narcotráfico, extorsión, secuestro y tráfico de armas, robo de hidrocarburos, entre otros delitos, creado en 2007 como un brazo armado del Cártel de Sinaloa, bajo el nombre de Los Mata Zetas.

Según la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), la alianza entre el Mencho, y su cuñado Abigael González Valencia, líder de los Cuinis; fue clave para que en menos de tres años tuvieran presencia en catorce entidades de México y poder competir con el Cártel de Sinaloa por el control del tráfico de drogas como la cocaína o metanfetamina a los Estados Unidos y Canadá.

El brazo financiero del CJNG son Los Cuinis, la familia de 18 hermanos de la esposa del Mencho, Rosalinda González Valencia, detenida por agentes federales la noche del pasado 26 de mayo, en el municipio de Zapopan, pero que recuperó su libertad al serle permutada la medida cautelar de prisión preventiva, por una caución de 1.5 millones de pesos.

Cinco miembros de los Cuinis están presos, pero el grupo sigue operando a través de Noemí, Berenice, Marisa, Erika, María Elena, Abigail y Estela, hermanas de la esposa del Mencho, a quienes las autoridades identifican como responsables encubiertas de los negocios del CJNG.

Las autoridades mexicanas atribuyen a los Cuinis negocios como comercializadoras, clínicas de belleza y rejuvenecimiento, hoteles, restaurantes y ferias, entre otros. Incluso los considera como una de las organizaciones criminales más ricas de México, en su sociedad familiar con el CJNG.

En octubre del 2016, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a siete miembros de los Cuinis en la lista de narcotraficantes internacionales que elabora su Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

El fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, informó el pasado 16 de octubre, que el CJNG trafica al menos cinco toneladas de cocaína y cinco de metanfetamina a los Estados Unidos cada mes, y según el funcionario estadounidense, la organización criminal tiene presencia en San Diego, Nebraska, Nueva York, Orlando y Virginia, así como en Asia y Australia.

En México opera en más de la mitad del territorio donde controla más de 100 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetamina, abundó el fiscal general estadounidense, quien aseguró, además, que el CJNG está vertiendo grandes cantidades de droga, por lo que es uno de los más peligrosos a nivel mundial.

“Tales organizaciones tienen que ser confrontadas y tienen que ser derrotadas”, advirtió Sessions, quien junto el administrador Interino de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Uttam Dhillon; y otros funcionarios anunciaron en Washington sanciones contra personas presuntamente relacionadas con el CJNG.

Un día antes, el 15 de octubre pasado, el Gobierno de Estados Unidos anunció la creación de un grupo de trabajo especializado para combatir el “crimen transnacional” que representa la “mayor amenaza” para dicho país, como lo son determinadas pandillas y cárteles del narcotráfico, entre ellos el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, además del grupo terrorista libanés Hezbolá.

El pasado 15 de agosto, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), el Gobierno Federal ofreció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que sea “veraz y útil” para ubicar y detener a Rubén o Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Sobre la recompensa, la PGR indicó que la información sobre “El Mencho” será recibida en sus oficinas de Paseo de la Reforma número 75; en el correo electrónico denunciapgr@pgr.gob.mx, y en los números telefónicos (55) 53 46 38 67 y en el (55) 53 46 00 00, extensión 3825, en la Ciudad de México; y en el 01 800 831 31 96, desde cualquier parte del país.

“El Mencho”, y/o “El Gallero” y/o “El Señor de los Gallos”, nació el 17 de julio de 1964 o de 1966, en la localidad de Naranjo de Chila, en el municipio de Aguililla, Michoacán. Su carrera delictiva inició hacia finales de la década de los 80 del Siglo pasado, cuando emigró al norte de California, en Estados Unidos, para traficar heroína.

Oseguera Cervantes fue detenido en 1992 y pasó tres años en una prisión estadounidense. Deportado, regresó a México, donde “El Mencho” se consolidó como uno de los principales operadores del Cártel del Milenio, para después formar el CJNG, junto a los hermanos González Valencia.

Oseguera Cervantes tiene diversas órdenes de aprehensión en México y una orden de detención provisional con fines de extradición, librada desde febrero de 2015 por un juez federal de la Ciudad de México. La última vez que estuvo cerca de ser detenido el capo de aproximadamente 52 años de edad, fue el 1 de mayo de 2015, cuando un grupo de hombres armados a su servicio repelieron un operativo en el camino de Casimiro Castillo-Villa Purificación, en el estado de Jalisco, y derribaron un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

El CJNG, que se dedica principalmente a transportar drogas sintéticas a Estados Unidos, surgió en 2007 como brazo armado del Cártel de Sinaloa, del que se separó en 2010, y ahora es el “objetivo prioritario” del Gobierno Federal mexicano, que quiere “desmantelar” al grupo delictivo, según palabras del entonces titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida.

Antes, el 27 de marzo de este mismo año, Brian McKnight, nuevo agente a cargo de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Chicago, Illinois, declaró que alias “El Mencho”, es el nuevo enemigo público número uno de dicha ciudad estadounidense.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  CARLOS ÁLVAREZ /JUEVES, 6 DICIEMBRE, 2018 11:53 AM)

LAS CUENTAS DE LA COCINERA

La colocación de una oferta de recompra de bonos que financiaron parte de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, levantaron en muchos las expectativas que la construcción se continuaría. No será así a menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador vuelva a nacer –y eso tampoco garantizaría un destino diferente-, o surjan contingencias inimaginables en este momento. Texcoco está muerto, para efectos de aeropuerto, y la Base Aérea de Santa Lucía, como dijo López Obrador, es la opción. El futuro es claro desde su óptica, aunque valdría la pena que alguien, cuando menos para que no diga que nunca nadie le advirtió, le hiciera las cuentas de la cocinera sobre lo que significan los costos para el proyecto que está en el epílogo de su vida, y el que está en la mente de los asesores constructores del presidente.

En números aproximados, las cuentas sobre la opción de Santa Lucía son las siguientes:

*El costo de la obra, promediando la cifra de tres mil millones de dólares calculadas por el ingeniero José María Riobóo, autor intelectual del asesinato de Texcoco, y los siete mil millones que estimó el Colegio de Ingenieros, quedaría en cinco mil millones de dólares.

*El costo de las vías de acceso a Santa Lucía y un tren rápido entre la Base Aérea y el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México, mil 300 millones de dólares.

*Las adecuaciones al aeropuerto “Benito Juárez”, mil millones.

*El prepago de bonos, mil 800 millones.

*El prepago de la Fibra E, otros mil millones.

*El acuerdo con las empresas constructoras mexicanas para la terminación de los  contratos, dos mil millones.

*La remediación ambiental en Texcoco, dos mil millones.

*El costo de una nueva Base Aérea, mil millones.

Esto significaría un costo de 15 mil 100 millones de dólares, comparado con el costo del proyecto del NAIM en Texcoco, cuyo proyecto fue de 13 mil millones de dólares. En este caso, las cuentas finales son las siguientes:

*Los sobrecostos, porque se tuvieron que ampliar la terminal y el área de carga por un incremento en el número de pasajeros en 2017, son de tres mil millones de dólares.

*Menos, tres mil millones por el avance de las obras.

*Menos, dos mil millones de dólares por el valor del terreno en el actual aeropuerto “Benito Juárez”.

*Menos, el valor de la ciudad aeropuerto, que suma dos mil millones de dólares.

En ambos casos se les quitan los cinco mil millones que tiene el Fideicomiso del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. De esta forma, el costo de Santa Lucía, con esa reducción, requeriría recursos adicionales por 10 mil 100 millones de dólares, para que la opción propuesta por López Obrador se concrete, sin saber con certeza todavía si es posible que funcionen de manera simultánea las dos terminales. Para terminar el NAIM en Texcoco, se necesitarían cuatro mil millones de dólares.

Visto en moneda, la diferencia de cinco mil 100 millones de dólares de diferencia entre concluir Santa Lucía, no parece la decisión financiera más inteligente haber cancelado Texcoco a favor de Santa Lucía. Pero en los cálculos de López Obrador, las finanzas y la pérdida de confianza entre los inversionistas que provocó  esa decisión de política pública, es menos importante que el cumplimiento de una promesa de campaña.

Para enfrentar las contingencias de una demanda colectiva en los tribunales neoyorquinos por la cancelación de la obra, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, contrató a tres instituciones financieras y a un despacho de abogados estadounidenses –cuyos costos no fueron calculados en lo que se tendrá que invertir en Santa Lucía- para que le diseñaran el plan de recompra del 30% de los bonos, con la expectativa de que participen en la subasta el 50+1 de los tenedores de los bonos, con lo cual se cancelan los términos en los que se firmaron los contratos y pueden renegociar con ellos otras condiciones para el pago de la deuda.

La oferta de compra es por 90 centavos por cada dólar, que si se toma en cuenta que la cancelación de Texcoco tiró el valor del bono hasta 77 centavos dólar, abre la posibilidad de que sí sea posible recuperar el 30% de los bonos que están en manos de inversionistas extranjeros. La apuesta es alta, y no es algo cierto que se logre el cometido. Sin embargo, el gobierno de López Obrador no tenía opción, porque cancelar la obra sin tomar esas previsiones, habría provocado demandas multimillonarias en Nueva York, las cuales, por lo pronto, se pusieron en espera.

Las primeras señales del mercado no han sido positivas para el propósito buscado por el gobierno. La firma de abogados Hogan Lovelis, que representa a fondos como Blackrock y Prudentual, que tienen más del 50% de los bonos del NAIM, ya adelantaron que no apoyarán la recompra en la forma como se presentó la oferta, lo que introdujo complicaciones para el gobierno a menos de 72 horas de haber tomado la iniciativa. Pero aún si consiguiera el objetivo de recomprar los bonos y renegociar los términos del contrato con el 70% de los tenedores de los bonos, no es una buena señal la que habrán mandado los mercados.

Dicho de otra manera, si el gobierno de México recompró al precio más bajo y los inversionistas vendieron con ese descuento, significa que perdieron la confianza en la nueva administración y prefieren recortar sus pérdidas. O sea, no quieren volverse a fijar en este país mientras no haya acciones que recuperen la credibilidad en el gobierno.

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(EJE CENTRAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ESTRICTAMENTE PERSONAL/6 DE DICIEMBRE DE 2018)