A días de concluir su paso por la
Presidencia de la República, el gobierno de Enrique Peña Nieto deja al país
sumergido en homicidios y en la violencia del crimen organizado, consecuencia
de su fallida estrategia de seguridad. Los números lo comprueban: EPN superó la
cantidad de asesinatos registrados en el sexenio de Felipe Calderón. Para los
expertos, el fracaso del priista en la materia se suma a la falta de combate y
complicidad con el narcotráfico de los gobiernos locales, como el caso de Baja
California y Tijuana, administrados por el PAN
Sin contar los últimos 30
días de la administración de Enrique Peña Nieto, el Gobierno Federal emanado
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) superó el número de ejecutados
que se contabilizaron en el sexenio anterior, encabezado por el panista Felipe
Calderón Hinojosa, quien declaró la guerra al narcotráfico y comenzó con las
históricas cifras de asesinatos violentos.
Del primero de diciembre de
2012, día en que Peña tomó posesión como Presidente de la República, al 31 de
octubre de 2018 -a un mes de concluir su mandato-, en el país se han registrado
150 mil 992 muertes violentas, la mayoría vinculadas al crimen organizado.
Prácticamente año tras año
los homicidios dolosos fueron aumentando durante la administración que termina.
Tan sólo en 2017 (2018 no ha concluido) la cifra llegó a abatir cualquier
registro de los últimos años con 32 mil 79 víctimas de homicidios dolosos.
Académicos y expertos en el
tema de seguridad coinciden en que la estrategia de Peña Nieto en materia de
combate a la violencia y al crimen organizado fracasó rotundamente, a pesar que
se capturó a líderes del narcotráfico, por ejemplo a Joaquín “El Chapo” Guzmán
Loera. Sin embargo, las capturas de las cabezas criminales acentuaron aún más
las muertes en el país.
Asimismo, conforme fue
avanzando la administración federal, la expansión del Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG) fue consolidándose en gran parte del país hasta llegar a
tener presencia en 22 de 32 estados, y con ello los niveles de violencia fueron
aumentando.
Este es el total de
homicidios por entidades de la República, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de
octubre de 2018, 30 días antes de concluir el sexenio priista.
PEÑA SUPERÓ A CALDERÓN
En diciembre de 2012, ya en
funciones el gobierno peñista, se registraron mil 999 ejecutados; en 2013 se
documentaron 23 mil 063; en 2014 hubo un pequeño descenso a 20 mil 010, cifra
muy similar a la de 2015 (20 mil 762). En 2016 las víctimas de homicidio se elevaron
a 24 mil 559, y en 2017, el récord fue de 32 mil 079, cantidades documentadas
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su registro de
Mortalidad en Defunciones por Homicidios.
De acuerdo a datos publicados
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del
Gobierno Federal, con corte del primero de enero al 31 de octubre, durante 2018
se han registrado oficialmente 28 mil 520 homicidios dolosos.
La suma de los 150 mil 992
ejecutados en el sexenio de Peña hasta octubre de 2018.
En cuanto a los homicidios,
Peña Nieto superó el número registrado durante la administración del panista
Felipe Calderón, quien desplegó a las fuerzas armadas en la llamada “guerra
contra el narcotráfico” y dejó un saldo de 121 mil 35 muertes violentas.
Con la cifra de homicidios
preliminar en el sexenio a punto de concluir, EPN tendrá más de 29 mil 957
ejecuciones en comparación al periodo de su antecesor.
ESTADOS, OMISOS Y CÓMPLICES
Otro de los elementos que
deben contemplarse en la entrelazada maquinaria de violencia e impunidad, son
los gobiernos locales.
Francisco Rivas, director del
Observatorio Nacional Ciudadano menciona el caso de Baja California, que este
año encabeza la lista con el mayor número de homicidios dolosos, sólo por
debajo de Guanajuato.
“No hay instituciones locales
para enfrentar el reto, el principal que enfrenta Baja California es un
abandono principalmente estatal y luego evidentemente municipal. Los delincuentes
tienen una pugna por territorios que se da en un contexto de una autoridad que
no le puede poner freno. Me espanta ver al alcalde de Tijuana (Juan Manuel
Gastélum) que constantemente minimiza el problema y nunca es momento de hablar
de la seguridad porque, sin liderazgo local, difícilmente va a haber las otras
condiciones necesarias para que se pueda”, destacó.
Baja California y Guanajuato,
ambos gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN), sobresalen en el mapa
del crimen, pues a pesar de tener entre 13 y 11 millones menos de habitantes,
respectivamente, en comparación con Estado de México, registran más homicidios
violentos en el transcurso de 2018.
Así se distribuyen los 25 mil
520 ejecutados del primero de enero al 31 de octubre de 2018, precisamente el
último año de Peña como Presidente de la República:
TRES FACTORES PARA ENTENDER LAS EJECUCIONES EN MÉXICO
Froylán Enciso, profesor del
Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), encuentra tres factores durante el sexenio de Enrique Peña
Nieto que llevaron al aumento en la tasa de homicidios dolosos en el país.
El experto en el estudio de
narcotráfico y crimen organizado, analiza que el primero de estos elementos fue
la estrategia del Gobierno de la República por centrar su combate al crimen en
la captura de objetivos prioritarios.
“Tenían una lista de 120
criminales clave y pensaron que metiéndolos a la cárcel iban a debilitar a las
organizaciones criminales, pero resultó falso. Lo que ocurrió es que mientras
más detenían líderes, más aumentaba la violencia”, plantea el historiador
sinaloense.
De ahí, Froylán Enciso, quien
fue consultor del International Crisis Group, identifica una segunda causa: el
descabezamiento de organizaciones criminales y, por lo tanto, la fragmentación
que aumentó el número de organizaciones delictivas que operan en el país.
“Las organizaciones se pelean
internamente para sus liderazgos, y cuando organizaciones rivales veían un
pleito, lo tomaban como una oportunidad para competir por ese negocio.
Entonces, hubo incentivos para incrementar la violencia intra e inter cartel”,
señala.
Como una tercera explicación,
el doctor en Historia por la Universidad Estatal de Nueva York, habla de la
diversificación del mercado ilícito: “El negocio de las drogas que antes era
mucho más centralizado, se diversifica en esas organizaciones fragmentadas para
poder sobrevivir en el mercado clandestino, entonces se agregan otras
actividades como el cobro de piso -que Los Zetas introdujeron hace casi veinte
años-, el huachicoleo, el secuestro de migrantes y la trata de personas”.
Fue así como prosperó el
CJNG, y agrega: “El proceso de diversificación criminal que afectó
principalmente a las organizaciones tradicionales como el Cártel del Golfo y
los Zetas contra el Cártel de Sinaloa, hizo un hueco que aprovechó el Cártel
Jalisco Nueva Generación para apoderarse de los negocios grandes y aumentar su
presencia territorial en todo el país”.
NO HAY QUE PENSAR EN UNA ESTRATEGIA NACIONAL
“Con organizaciones
fragmentadas y mercados diversos, cada localidad tiene su mercado criminal
propio”, explica Froylán Enciso
Por ejemplo, el aumento de la
violencia en Guanajuato está directamente relacionado con el huachicoleo y no
con las drogas. En la Península de Baja California, se debe a la expansión del
consumo de drogas y narcomenudeo como un negocio local, mientras que en Colima
hay una disputa por el control del puerto para el trasiego de grandes
cargamentos.
“La herencia que nos deja
Peña Nieto es un crimen fragmentario, diversificado de acuerdo a condiciones
locales, con gran poder de corrupción y pactos con diferentes niveles de
gobierno, y se tiene que atender desde lo local”, opina Enciso.
Por esta razón, el académico
apuesta no a una gran estrategia nacional para el combate del crimen
organizado, sino que se construyan diferentes planes basados en las condiciones
locales de cada estado o municipio.
También la crítica a una
guardia civil militarizada como la que propone el gobierno entrante de Andrés
Manuel López Obrador: “El trabajo policiaco y de inteligencia que se necesita
para este tipo de crimen no es el mismo que se hace para problemas de seguridad
nacional, se necesita un conocimiento muy fino, organizaciones de inteligencia
muy flexibles y agentes policiacos que puedan atender localidades específicas,
que tengan capacidad de despliegue territorial y de inteligencia para
comunidades muy específicas”.
Bajo este esquema, Enciso es
enfático al pronunciar: “Pueden volver a mandar dos mil militares a Tijuana,
pero si el problema son las ‘tienditas’, las redes de distribución en barrio
populares o zonas marginales, no va a alcanzar para frenar el problema”.
“EN EL PEOR SEXENIO”
Para Francisco Rivas,
director de Observatorio Nacional Ciudadano, asociación civil dedicada a temas
de seguridad, justicia y legalidad en México, hay un antes y un después en el
gobierno de Enrique Peña Nieto, marcado por Ayotzinapa.
“Lo puso de rodillas y ya no
se pudo levantar. Al inicio de la administración, los homicidios venían
bajando, el Gobierno Federal alegaba que el homicidio bajaba como consecuencia
de políticas como la de prevención de delitos. Nosotros y muchas organizaciones
fuimos muy claros en decirles que no fue así, lo que sí hubo una estrategia de
no comunicar, incluso en los medios, la incidencia delictiva”, detalla.
Además de la negación,
argumenta, hubo una falta de capacidad de la administración para cambiar de
acciones cuando en abril de 2015 comenzaron a registrarse los primeros picos en
la incidencia de homicidios dolosos.
“No supieron transformar los
retos en un proyecto mucho más claro de seguridad y eso derivó en el desastre
al que nos está llevando el Presidente, el sexenio con la mayor tasa de
homicidios dolosos, cuando Caderón había entregado una incidencia a la baja; se
convirtió en el peor sexenio”.
GOBERNADORES Y
ALCALDES, SIN LIDERAZGO EN SEGURIDAD
Según Rivas, también ex
director del Centro de Cultura de la Legalidad de Baja California, es necesario
analizar la falta de eficiencia de los gobiernos locales y como ejemplo pone a
Baja California.
“No hay instituciones locales
para enfrentar el reto. El principal reto que enfrenta Baja California es un
abandono principalmente estatal y luego evidentemente municipal. Los
delincuentes tienen una pugna por territorios que se da en un contexto de una
autoridad que no le puede poner freno. Me espanta ver al alcalde de Tijuana que
constantemente minimiza el problema y nunca es momento de hablar de la
seguridad porque, si no hay liderazgo local, difícilmente va a haber las otras
condiciones necesarias para que se pueda”, considera.
Acerca de las
particularidades de la criminalidad en BC, uno de los estados que alcanzaron su
máximo histórico en ejecuciones durante el sexenio de Peña Nieto, el experto
habla de la penetración de la delincuencia en las instituciones locales que
deriva en la falta de confianza.
“Más que la falta de
coordinación, otro aspecto absolutamente necesario es que exista confianza
entre los operadores, es donde se establecen las políticas. Muchos de los que
están involucrados tienen miedo de compartir información con otras
corporaciones porque no saben con quién están sentados”, indica.
NOS ACOSTUMBRAMOS A LOS HOMICIDIOS
El doctor Rivas también ha
encontrado un preocupante comportamiento social en la normalización de los
homicidios.
“Hace años decíamos que ya
nos estábamos acostumbrando a la violencia, pero el factor clave que hace que
el partido de Calderón pierda la Presidencia, fue la falta de una pacificación
del país. Hoy por hoy, estamos en una crisis mucho mayor, pero en las campañas
presidenciales, el tema de violencia no fue determinante”, añade.
Bajo el mismo tenor, observa
que “en casi todo el país, la situación es un absoluto desastre, pero no ves
una sociedad escandalizada ni preocupada a pesar de que los datos son espeluznantes
en casi todo el país, incluidos Baja California y Tijuana; hay visiones de
corto plazo, el problema es que tal vez ahorita controla la zona que te es
menos relevante, mañana no sabes a dónde se va a expandir. Finalmente, el
Estado comienza a perder control del territorio y darle a un poder alterno ese
control, sí es más preocupante”.
A manera de conclusión, el
titular del Observatorio Nacional
Ciudadano señala que la administración de Peña Nieto “entrega los peores
resultados que se podían esperar”.
MÁS MUERTES Y
MENOS DECOMISOS: INVESTIGADOR DE INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ
El maestro Carlos Galindo es
demógrafo e investigador en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la
República, cuyas líneas de investigación incluyen sistemas de indicadores en
materia de derechos humanos y seguridad pública.
Hace unos días, junto a otros
autores, presentó un reporte sobre muertes violentas registradas por Inegi en
2017, información vertida en mapas y gráficas que ilustran la dispersión
geográfica de los homicidios dolosos en el país.
“De 2008 a 2012, este delito
estuvo muy concentrado en regiones típicas de disputa del narco, pero de 2015 a
2016 se aleja y empieza a expandirse por ejemplo de Ciudad Juárez a Chihuahua,
Chihuahua; y de Acapulco, Guerrero, a Chilpancingo”, afirma.
A la par que aumentaron los
homicidios, de acuerdo al análisis de Galindo, se redujeron los decomisos de
drogas y armas, e incrementaron las desapariciones de personas.
Al igual que Froylan Enciso,
el investigador encuentra la diversificación criminal como una de las causas de
este aumento, por lo que considera esencial recolectar información oficial de
calidad que permita crear más mecanismos de control respecto a los homicidios
para entender los móviles.
Establece que por medio del
análisis de datos, se pueden obtener distintos fines. Mientras la tasa de
homicidios por cada 100 mil habitantes permite identificar la exposición del
riesgo de ser víctima de homicidio en demarcaciones, el número total del
homicidios -Tijuana fue el municipio con más asesinatos registrados por Inegi
en 2017- ayuda a crear mejores políticas públicas.
“Donde ocurren muchos
homicidios, independientemente de la población que hay, requieres los
suficientes investigadores para resolver homicidios, los suficientes policías,
ministerios públicos y peritos para que hagan bien la investigación”, expone.
Gallardo encuentra que “la
tendencia histórica y el análisis académico de los homicidios nos dice que la
guerra contra el narco es la causa estructural y principal de la bola de
violencia en México, hay que abandonar esta guerra que ya vimos que no es
ganable en cuestión de violencia contra violencia; hay que buscar una forma
inteligente de ganar este conflicto”.
Y finaliza: “Si el
enfrentamiento frontal militarizado en contra del narcotráfico ocasiona que
entre 2007 y 2010 se triplican los homicidios y ahora estamos peor que en 2010,
es mejor explorar opciones como la regulación del mercado de drogas para que
sea el Estado quien ponga reglas distintas con distintos tipos de sustancias,
no dejar esta caja oscura en manos del narcotráfico y no intentar ganar esta guerra
a balazos”.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/ ISAÍ LARA BERMÚDEZ/ LUNES, 3 DICIEMBRE, 2018
01:00 PM)
