lunes, 3 de diciembre de 2018
#ARISTEGUIENVIVO 01/12/18: ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ASUME LA PRESIDENCIA, TRANSMISIÓN ESPECIAL
(ARISTEGUI NOTICIAS/ 01 DE DICIEMBRE 2018)
CENECISTAS SE MANIFIESTAN EN EL CONGRESO CONTRA ELIMINACIÓN DE CUOTA EJIDAL
(
RIODOCE/ 29 DE NOVIEMBRE 2018)
RIODOCE/ 29 DE NOVIEMBRE 2018)
EL ‘H’, EX LÍDER DEL CÁRTEL BELTRÁN LEYVA, MURIÓ SIN SER SENTENCIADO NI EXTRADITADO
Murió Héctor Beltrán Leyva de
un infarto, se empezó a decir en las redes. Que había muerto era cierto; si de
un infarto o por otra causa quién sabe, se decía.
En un escueto comunicado, la
Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Comisión Nacional de
Seguridad informó que “este domingo alrededor de las 16:00 horas, falleció en el
Hospital Adolfo López Mateos de Toluca, Estado de México, tras sufrir un paro
cardiaco, el interno Héctor Manuel Beltrán Leyva, conocido por el alias de el
H.
Beltrán Leyva, quien había
quedado al mando del cártel luego de la muerte de Arturo, su hermano, se
encontraba recluido en el Penal Federal Número 1, Altiplano, desde el 2 de
marzo de 2016, donde enfrentaba un proceso federal por diversos delitos. Era el
reo con número de expediente 3889-AJ-16.
El H enfrentaba un proceso
penal en México por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud,
acopio de armas y operación con recursos de procedencia ilícita.
En Estados Unidos tenía una
acusación en la Corte de Columbia y una en Brooklyn, donde actualmente Joaquín
el Chapo Guzmán es enjuiciado.
Desde el 26 de septiembre de
2016, un Juez concedió la extradición para que lo enjuiciaran en la Corte de
Columbia, pero con un juicio de amparo que hasta el día de su muerte
continuaba, logró frenarla.
Héctor fue detenido en 2004
en San Miguel de Allende, Guanajuato, y recluido en el penal Altiplano; y el
pasado domingo 18 murió de un infarto.
Sus restos fueron trasladados
y velados en Hermosillo, Sonora, de donde es originaria su esposa Clara Laborín
Archuleta.
Por su captura, el gobierno
mexicano ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos y el estadounidense 5
millones de dólares.
En la Corte de Columbia tenía
una acusación desde 2004 y en la de Brooklyn desde 2009, junto con su hermano
Arturo, Joaquín Guzmán, Ignacio Coronel, Ismael Zambada García y Jesús Zambada.
De acuerdo con el documento
presentado en Brooklyn, los seis acusados eran los principales líderes de La
Federación, Cártel de Sinaloa o La Alianza, dedicada al tráfico de drogas desde
la década de los 90.
La investigación realizada
para presentar la acusación fue antes de que los hermanos Beltrán Leyva
rompieran con el Cártel de Sinaloa y formaran su propia organización.
Según la acusación, el cártel
operó a través de una red de corrupción policial y política y transportó a gran
escala por tierra y aire, cientos de toneladas de cocaína de Sudamérica hacia
Centroamérica y México y finalmente a Estados Unidos.
Entre el 1 de enero de 1990 y
el 31 de enero de 1995, introdujeron 84 mil kilos de cocaína; del 1 al 30 de
abril de 2003, mil 500 kilos; del 1 de marzo al 30 de abril de 2004, 6 mil
kilos; del 1 al 30 de septiembre de 2004, 22 mil 500 kilos; del 1 de enero al
31 de diciembre de 2004, 10 mil kilos; y del 1 al 31 de enero de 2005, 3 mil
200 kilos.
De acuerdo con el documento,
el grupo obtuvo ganancias por más de 10 millones de dólares en un periodo de 20
meses.
Según el abogado del Chapo
Guzmán, Eduardo Balarezo, el H se infartó cuando se enteró que declararía en el
juicio contra el Chapo.
“Fuentes me cuentan que
Héctor Beltrán Leyva falleció cuando le notificaron que sería extraditado para
presentarse en la corte de Nueva York y testificar en juicio contra el Chapo.
Me dicen que lo iban a llevar al aeropuerto cuando le dio el supuesto infarto”,
reveló en su cuenta de Twitter.
POR UNA FOTO FRENA EXTRADICIÓN
Héctor Beltrán se quedó a un
paso de ser extraditado a Estados Unidos, ya que un Juez declaró procedente la
extradición en septiembre de 2016.
La defensa del
narcotraficante promovió un amparo que le fue concedido y tuvo que reponerse el
proceso de administración que hasta el día de la muerte no había concluido.
La extradición fue frenada
debido a que no se pudo corroborar que la persona que Estados Unidos pidió en
extradición era la misma que se encontraba detenida.
En el proceso hubo
divergencia entre los peritos oficiales y los de la defensa al analizar la
fotografía de Beltrán que el Gobierno estadounidense anexó a la solicitud de
extradición.
Para el perito de la defensa
no existen elementos técnicos prácticos ni científicos suficientes para
realizar cualquier tipo de identificación, pues las fotografías digitales
anexadas a la petición de extradición no son originales y la ficha
antropomórfica que obra en el expediente es obsoleta para esos fines.
Para el perito oficial son
suficientes las constancias para llevar a cabo el dictamen pericial y concluir
que la persona que solicita el gobierno de Estados Unidos y el detenido es la
misma persona.
Un tribunal colegiado
concedió el amparo y ordenó al juez que concedió la extradición que realizara
una junta de peritos o en su caso nombrara un tercer perito en discordia para
conformar la identidad.
Desde febrero pasado se
realizaría la junta de peritos, pero se ha pospuesto y hasta la fecha no se ha
llevado a cabo.
EL LÍDER DEL CÁRTEL
Héctor Beltrán quedó al mando
del cartel Beltrán Leyva después de que su hermano Arturo murió en un
enfrentamiento con fuerzas federales en Cuernavaca, en diciembre de 2009.
Originario de Badiraguato,
los hermanos Arturo, Héctor, Carlos y Alfredo Beltrán Leyva, formaban parte del
Cártel de Sinaloa y eran socios del Chapo Guzmán.
En 2008, los hermanos
rompieron lazos con el cártel tras acusar de traición al Chapo, a quien
señalaban de haber entregado a las autoridades a Alfredo, detenido en enero de
ese año en la colonia Burócrata, en Culiacán.
Junto con otros ex miembros
del Cártel de Sinaloa formaron su propio grupo e iniciaron una guerra que dejó
cientos de muertos en Culiacán, entre ellos el hijo del Chapo, Edgar Guzmán.
El gobierno estadounidense
señalaba al cártel Beltrán Leyva como el responsable de la adquisición de armas
y municipios en ese país para promover a su grupo criminal y de traficar
cocaína, mariguana, heroína y metanfetamina.
Los hermanos que quedan vivos
son Carlos, quien fue detenido en diciembre de 2009 y recientemente recuperó su
libertad; y Alfredo, el Mochomo, extraditado a Estados Unidos y sentenciado a
cadena perpetua en 2017 y al pago de 529 millones de dólares.
El Mochomo podría ser uno de
los testigos que declaren contra el Chapo en la corte de Brooklyn.
Artículo publicado el 25 de noviembre de 2018 en la
edición 826 del semanario Ríodoce.
(RIODOCE/ ALEJANDRO MONJARDIN/ 27 NOVIEMBRE, 2018)
LA BUENA VIDA DE CALDERÓN Y PEÑA EN LOS PINOS LE COSTÓ A MEXICANOS MÁS DE 30 MIL MILLONES DE PESOS
De 2006 a 2018, mientras gobernaron el
panista Felipe Calderón Hinojosa y el priista Enrique Peña Nieto, la residencia
oficial de Los Pinos generó 2 mil 638 contratos para poco más de mil
proveedores. Más de 30 mil millones de pesos –los gastos mayores fueron
para seguridad y protección– se erogaron
en la kilométrica propiedad que concentró el poder político en México de 1935 a
2018. Mañana sábado, a partir de las 10:00 horas, estará abierta de par en par
para los ciudadanos.
Ciudad de México, 30 de noviembre
(SinEmbargo).- Sólo faltan unas horas para que Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) tome protesta como Presidente de la República y Los Pinos, la legendaria
residencia oficial, será abierta a los ciudadanos como un gran museo del poder.
La propiedad donde vivieron 13 de los 14 Presidentes de México de 1935 a 2018
(con excepción de Adolfo López Mateos), fue sede de leyendas, misterios y un
río de dinero, mucho dinero.
Sólo en los últimos 12 años,
durante los cuales vivieron ahí Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique
Peña Nieto (2012-2018) con sus familias, la casona generó 2 mil 638 contratos
con poco más de mil proveedores por más de 30 mil millones de pesos, según una
revisión en el Portal de Obligaciones y Transparencia, la página Compranet y un
informe de la Secretaría de Hacienda.
La erogación más grande, la
Presidencia la hizo en asegurar la mansión: pagó 626 millones de pesos contra
posibles riesgos por desastres naturales o incendios y 132 millones de pesos en
seguridad extra a la que brindaba el Estado Mayor Presidencial para proteger el
mobiliario al Servicio de Protección Federal (un órgano creado en 2009 para
custodiar personas y bienes).
Los gastos pequeños pero más
frecuentes revelan cómo la residencia, cuya historia empezó como un intento de
austeridad del Gobierno del ex Presidente Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940),
mutó al buen vivir. Por lo menos de 2006 a 2018, el comedor de la casa Miguel
Alemán, donde habitaban los primeros mandatarios, siempre estuvo de manteles
largos. Entre Calderón Hinojosa y Peña Nieto erogaron 28 millones 560 mil 553
pesos en menaje como cubiertos y vajillas de plata y 36.9 millones de pesos en
alimentos perecederos, así como vinos y licores.
Otro gasto fue el de los
retratos oficiales. Los de los dos últimos mandatarios que habitaron Los Pinos
representaron una erogación de más de 2.3 millones de pesos entre las sesiones,
las reproducciones y los marcos. A los dos los retrató, sin licitación de por
medio, Héctor Herrera Peralta quien desde José López Portillo (1976-1982) hasta
ahora, se hizo cargo de captar con la lente a los Presidentes mexicanos.
Mañana, cuando se consolide
la transición de poderes, Los Pinos iniciará una nueva era. Sus puertas 1 en
Parque Lira y 3 en el bosque de Chapultepec se abrirán de par en par a partir
de las 10:00 horas. Las casas Miguel Alemán, López Mateos, Miguel de la Madrid,
Venustiano Carranza y Lázaro Cárdenas podrán ser recorridas. La futura
Secretaría de Cultura anunció en un comunicado, así como en la página web “Los
Pinos para Todos”, que ahí, donde antes hubo vallas de elementos del Estado
Mayor Presidencial, podrá apreciarse en pantallas gigantes la toma de posesión
de AMLO, el primer Presidente en la Historia de México de un partido de
izquierda y quien ha anunciado que por razones de austeridad, no vivirá ahí.
***
EL ESTILO DE VIDA EN LOS PINOS
Entre 2009 y 2012, Felipe
Calderón firmó siete contratos cuyo promedio fue de 1 millón 461 mil 930 pesos
para ordenar alimentos perecederos que incluían vinos de mesa. Peña Nieto también
lo hizo y sólo en 2013 erogó siete millones 583 mil 787 pesos en abarrotes
gourmet. En 2017, el mandatario saliente gastó tres millones de pesos sólo en
pescados y mariscos.
Para adornar el comedor de
Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa compró mantelería fina. Se fueron en ello
509 mil 747 pesos. Cuando Peña Nieto llegó a la casona, se volvieron a comprar
manteles por 337 mil 155 pesos. Los proveedores de Los Pinos mientras gobernó
Calderón Hinojosa fueron Bariolés y Silvia Hernández Alfaro. Las de Peña Nieto,
Dulce María Balbuena Carrillo y Verónica González García.
En esta búsqueda de
contratos, también aparecieron los viejos símbolos del sistema. A través del
Programa Integral de Aseguramiento de Bienes Patrimoniales de la Presidencia,
la erogación para proteger Los Pinos de incendios y otros riesgos, se la llevó
un único empresario: Rolando Vega Sáenz, director y dueño de Seguros Atlas,
miembro del Consejo de Administración de Grupo México, quien durante las
elecciones llamó a sus trabajadores a no votar por Andrés Manuel López Obrador.
Es nieto de Aarón Sáenz,
canciller en el gobierno de Plutarco Elías Calles (Presidente de México de 1924
a 1928), el fundador del Partido Nacional Revolucionario que evolucionó a
Revolucionario Institucional, y quien en el periodo postrevolucionario se
convirtió en empresario cañero. La aseguradora fue fundada por su padre,
Rolando Vega Íñiguez, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Las coberturas contratadas en
los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto
(2012-2018) convirtieron a Seguros Atlas en la mayor proveedora de Los Pinos
con seis contratos otorgados por Adjudicación Directa. De hecho, el contrato
más grande que firmó Enrique Peña Nieto como Jefe del Ejecutivo –por 234
millones 886 mil 921 pesos– fue con esta compañía de seguros.
De cara a la toma de protesta
de López Obrador como Presidente de la República, los edificios de Los Pinos
fueron sometidos a trabajos de remodelación y limpieza. Este sábado, la mayor
parte de la que fuera por décadas la residencia oficial de los presidentes
mexicanos será abierta al público. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro
SECRETOS DE LOS PINOS, BAJO PROTECCIÓN
El libro Los Pinos: esta es
tu casa –ordenado ex professo por el ex Presidente Vicente Fox en 2003– apunta
que los cambios drásticos hacia la ostentosidad dentro de esa residencia
rodeada de bosque se iniciaron con Miguel Alemán Valdés, quien gobernó a México
de 1946 a 1952. El ex Presidente pidió edificar una mansión estilo francés de
cinco mil 700 metros cuadrados. A partir de entonces, esa misma casa fue un
escenario de cambios que costaron dinero y que no siempre fueron transparentes
con suficiencia.
Por ejemplo, Enrique Peña
Nieto se negó a informar cuánto invirtió en las remodelaciones para que él y su
familia –la más numerosa después de la de Echeverría quien tuvo ocho hijos–
habitaran ahí; además reservó hasta julio de 2019 los contratos de un centro de
datos cibernético que ordenó en 2014, el año en que su popularidad se fue en
declive después de la tragedia de Ayotzinapa y el escándalo de corrupción de
“la casa blanca”.
Felipe Calderón Hinojosa hizo
remodelaciones en secreto. En 2007, mandó reconstruir el sótano de la casa
“Miguel Alemán”; pero los planos, el anteproyecto y el proyecto arquitectónico
fueron puestos bajo reserva del 1 de julio de 2007 al 1 de julio de 2019; de
modo que no se puede conocer qué hay ahí.
En 2010, en una entrevista
con el noticiario nacional CBS Evening News with Katie Couric, sólo transmitida
en Estados Unidos, el ex Presidente insinuó que debajo de Los Pinos había un
búnker. “¿Usted recuerda el programa de televisión 24? Yo quería todos los
juguetes, todo eso, todos los instrumentos necesarios para ser superiores a los
criminales”, dijo y después afirmó que él tenía un sitio subterráneo secreto en
un sitio de la Ciudad de México.
De Felipe Calderón hubo más
secretos en Los Pinos: sus fiestas de cumpleaños. La hemeroteca de las revistas
de sociales arroja imágenes y crónicas que muestran la forma en que festejó su
llegada al mundo con con cientos de invitados; entre empresarios, funcionarios
públicos y miembros del Partido Acción Nacional (PAN). Pero en los archivos de
la Presidencia de la República no quedó registro del gasto de esas fiestas,
como tampoco facturas o comprobantes que indiquen si causaron cargo al erario.
Tampoco quedó registro de las organizadas por Sofía Castro Rivera, la
primogénita de Angélica Rivera Hurtado, esposa de Enrique Peña Nieto, quien
también eligió las revistas de espectáculos y “del corazón” para el reflejo de
sus celebraciones.
Los Pinos, la kilométrica residencia
inmersa en el bosque de Chapultepec y el caos de la Ciudad de México, donde
hasta ahora sólo pudieron habitar los integrantes de la familia del Presidente,
tiene hoy su futuro en vilo. Hay muchas propuestas de lo que de ahora en
adelante puede ser esta histórica sede del poder mexicano. En las redes
sociales, los ciudadanos han manifestado el deseo de que se transforme en un
centro cultural, un jardín botánico, un museo y hasta en una universidad.
(SIN EMBARGO/ LINALOE R. FLORES/ 20 DE NOVIEMBRE 2018)
COMANDANTE REUNIÓ A “EL CHAPO”, “EL AZUL” Y COLOMBIANOS, Y MÉXICO FUE INVADIDO CON AVIONES DE COCA
Según Ramírez, en la reunión participó
“El Chapo” y lo que buscaban era la autorización de Esparragoza para cambiar la
ruta de envío de la droga desde aviones a barcos camaroneros, a través del
Pacífico.
Nueva York, 3 dic (EFE).- El
narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez, alias “Chupeta“, afirmó hoy
como testigo del Gobierno de Estados Unidos contra Joaquín “El Chapo” Guzmán
que, según le dijo uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, durante los años
90 llegaban tantos aviones con coca que parecía que Colombia “invadía” México.
El ex líder del cártel del
Norte del Valle, que suministró droga al cártel de Sinaloa entre 1990 y 1996,
recordó en el tribunal de Nueva York este lunes que una vez visitó en prisión
acompañado por un comandante de la policía al mexicano Juan Esparragoza, “El
Azul”, a quien se refirió como “un padrino” para los narcotraficantes.
Según Ramírez, en la reunión
participó “El Chapo” y lo que buscaban era la autorización de Esparragoza para
cambiar la ruta de envío de la droga desde aviones a barcos camaroneros, a
través del Pacífico.
En la celda, que “El Azul”
compartía con otros miembros del cártel recluidos en la misma cárcel, había
bebida, marihuana y todo tipo de comida.
“El Azul me dijo a modo de
chiste: ‘mi compadre Calderoni (Guillermo González, policía judicial federal)
me dijo que están llegando tantos aviones con coca de Colombia que los gabachos
(Gobierno de EU) dicen que parece que están invadiendo México’, de tantos que
estaban llegando en la madrugada”, recordó Ramírez.
El testigo fue entrevistado
hoy por la fiscalía en la continuación del juicio por narcotráfico contra “El
Chapo” en la corte federal en Brooklyn.
“Chupeta” relató que su
relación comercial con Joaquín “El Chapo” Guzmán comenzó en la década de 1990 y
que le vendía su cocaína “de la mejor calidad”, que luego el acusado
presuntamente traía a EU.
Parte de esa cocaína se la
entregaba a la gente de Ramírez en Los Ángeles y a sus representantes en Nueva
York.
El colombiano aseguró que “El
Azul” le dijo que había mucha presión del Gobierno estadounidense sobre el
mexicano en ese momento, también por los pagos que según Guzmán Loera hacía a
la policía para poder recibir los cargamentos de droga, que le suplían varios
cárteles de Colombia.
(SIN EMBARGO/ EFE/ 03 DE DICIEMBRE 2018)
LA FISCALÍA DE CHIHUAHUA APRIETA AL GRUPO DE MANLIO: UN NUEVO HILO LLEVA AL HIJO DE GUTIÉRREZ
Este año, la Procuraduría General de la
República atrajo la investigación que desde 2017 realizaba el gobierno de
Chihuahua sobre el desvío de 250 millones de pesos de la Secretaría de
Educación estatal. Pero la Fiscalía General del Estado mantiene en sus manos
otra investigación sobre un desvío de 1 millón 740 mil pesos que involucra a
dos empresas propiedad tanto de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez (Jet-Combustibles),
el ex secretario adjunto del PRI en tiempos de Manlio Fabio Beltrones, como de
su hijo, Alejandro Gutiérrez Gómez (Promotora de Señalamiento Integral).
Gutiérrez Gutiérrez dijo a SinEmbargo
que son empresas con contratos legales, pero que no hay pruebas de que
participaron en triangulación de recursos públicos. Adelantó que es momento de
dar el segundo paso: “presentar elementos firmes y denuncias penales” en su
defensa, luego de vivir nueve meses en prisión “y ser torturado” para firmar
“una declaración contra Peña [Nieto]”.
Dulce Olvera y Sugeyry Gándara
Chihuahua, Chihuahua 3 de
diciembre (SinEmbargo).– La Fiscalía General de Chihuahua tiene una
investigación en proceso que menciona a un hijo del segundo hombre más
importante del partido del ex Presidente Enrique Peña Nieto, el Revolucionario
Institucional (PRI), en tiempos en los que Manlio Fabio Beltrones, un poderoso
político mexicano, presidió esa fuerza que gobernó México desde 1929.
Beltrones, quien solicitó en
enero pasado un amparo contra cualquier acción judicial, fue presidente
nacional del PRI de agosto de 2015 a junio de 2016. Su segundo en el mando –y
uno de sus hombres más cercanos– fue Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien
estuvo en prisión preventiva nueve meses en el Centro de Readaptación Social de
Aquiles Serdán en Chihuahua hasta que la Procuraduría General de la República
(PGR) sobreseyó el caso y, ahora, lleva un proceso en libertad por otro caso de
presunta corrupción.
Su hijo, Alejandro Gutiérrez
Gómez, quien también solicitó en junio una suspensión para no ser detenido, es
señalado de ser el representante legal de una empresa que habría servido para
triangular recursos públicos a favor del partido del ex Presidente Peña.
De acuerdo con la Fiscalía de
Chihuahua, Alejandro Gutiérrez Gómez es el representante legal de Promotora de Señalamiento
Integral, una de las empresas que junto con Jet-Combustibles fueron contratadas
por la Secretaría de Hacienda chihuahuense por 1 millón 740 mil pesos para
servicios no prestados.
En entrevista telefónica con
SinEmbargo, Gutiérrez Gutiérrez confirmó que su hijo forma parte de Promotora
de Señalamiento Integral, la cual recibió un contrato de la Secretaría de
Hacienda de Chihuahua por 904 mil 579 pesos. Pero aseguró que “es mentira” que
ambas compañías estén relacionada con triangulación de recursos públicos, y
enfatizó que “no hay pruebas” del gobierno de Javier Corral Jurado. Solo “es
interés político”.
“¿Dónde está la prueba de que
se trianguló y a dónde? ¿Con quién me vi? No conocía a ningún funcionario
público de Chihuahua”, dijo. “Tuvieron acceso un año a cuentas de la empresa
Jet-Combustible. ¿Dónde están las pruebas de la parte donde participé yo? Mi
actividad fundamental son las empresas”, dijo el ex secretario general adjunto
del PRI.
Sobre las dos empresas en
investigación, Jet-Combustibles y Promotora de Señalamiento Integral, afirmó
que “son empresas constituidas, al corriente con los pagos de impuestos, con
contratos legales y un contrato bastante menor […]. No estoy en Promotora. Esa
es de un grupo de jóvenes con actividades en diferentes lugares”.
SinEmbargo le cuestionó si le
preocupaba que su hijo estuviera bajo la lupa del gobierno de Chihuahua. “Me
preocupa la distorsión de la Fiscalía de Chihuahua, cómo funciona el sistema
judicial. Eso es lo que me preocupa. Me preocupa la seguridad de mi familia, su
integridad física”, dijo. Según él, las autoridades chihuahuenses solicitaron
una carpeta de fotos de su esposa e hija “que nada tienen que ver”.
“Hago responsable de la
integridad física de mi familia al Gobernador de Chihuahua [Corral Jurado] y al
Fiscal [César Augusto Peniche Espejel]”, declaró Gutiérrrez Gutiérrez.
El Fiscal César Augusto
Peniche Espejel dijo en entrevista que en esta etapa de la investigación de la
causa penal 4094/2017 no pueden referirse a una persona en particular. Agregó
que no se ha exonerado a nadie ni se dejará de investigar a ninguna persona.
“Hay nombres ligados a esas empresas que están dentro de la investigación,
dentro de las carpetas, y desde luego su situación jurídica de estas personas,
en su momento, deberá de determinarlo el Ministerio Público [la Fiscalía de
Chihuahua]”, aseguró.
Sobre la suspensión de
aprehensión obtenida por Alejandro Gutiérrez Gómez este verano, Peniche afirmó
que “el juicio de amparo malamente ha sido utilizado como un instrumento de
impunidad para aquellas personas que han cometido diversos ilícitos. Es una
figura que lamentablemente ha caído en esa condición, que tiende a retardar el
avance natural de los procesos. Y en este sentido, hemos sido muy cuidadosos en
no trastocar la suspensión provisional, pero eso no impide que también se siga
la investigación en otros aspectos de la propia carpeta”.
En mayo, Alejandro Gutiérrez
Gómez tuiteó en su cuenta personal: “Responsabilizamos de todo lo que nos pueda
suceder tanto a mi papá como a cualquier integrante de la familia al Gob de
#Chihuahua”. Un mes después, el 28 de junio, recibió de la Jueza Primero de
Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, Sandra Leticia
Robledo Magaña, una suspensión provisional que impide su aprehensión, reportó
el periodista especializado Rubén Mosso para Milenio.
Su padre, el ex secretario
general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, enfrenta dos procesos
penales diferentes. Uno es por su presunta coparticipación en el desvío de 250
millones de pesos desde la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de
Chihuahua a las empresas declaradas por el SAT como fantasmas Samex, Despacho
de Profesionistas Futura, Sinnax y SISSAS para talleres y un software no
brindados, lo cual fue atraído por la federación este año. Estas empresas no
son de su propiedad.
En agosto, la Procuraduría
General de la República (PGR) pidió retirar los cargos por considerar falta de
pruebas, por lo que la Consejería Jurídica y la Secretaría de Hacienda de
Chihuahua presentaron un recurso contra ese sobreseimiento. La medida sigue en
curso.
La Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por su parte, sigue
investigando la posible relación con las elecciones de 2016, cuando el PRI
perdió siete gubernaturas.
El segundo caso, aún
investigado por la Fiscalía de Chihuahua, es por su presunta relación en el
desvío de 1 millón 740 mil pesos por otra simulación de servicios que involucra
empresas de Alejandro Gutiérrez padre e hijo.
LOS 1.7 MILLONES
En la audiencia pública de
enero, la Agente del Ministerio Público Edith Alvírez Manquero acreditó ante el
Juez de Control Alejandro Legarda Carreón que entre el 20 y 23 de diciembre de
2015, durante el gobierno del priista César Duarte Jáquez (2010-2016), la
Secretaría de Hacienda estatal pagó 835 mil 420 pesos a Jet-Combustibles para
servicio de traslado personal y 904 mil 579 pesos a Promotora de Señalamiento
Integral para el mantenimiento general de edificios, que incluían trabajos de
impermeabilización, mantenimiento y reparación de sistemas de aire
acondicionado y mano de obra.
“En la acusación se establece
que el imputado Alejandro G. G. aportó la empresa Jet Combustibles, S.A. de
C.V., de su propiedad, así como la moral ‘Promotora de Señalamiento Integral S.
A. de C. V.’, de la que su hijo era el representante legal, para desviar dinero
de la administración estatal”, reportó el gobierno chihuahuense tras esa
audiencia.
El Fiscal de Chihuahua César
Augusto Peniche expuso que ese total de 1.7 millones de pesos “es una cantidad
que nosotros identificamos que forma parte de una estrategia para desviar
recursos aquí en el gobierno del estado, en aquel entonces, para destinarlo
para fines distintos al objetivo”.
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez
aseguró en la entrevista que está preparando elementos en su defensa y
presentará denuncias civiles y penales para quienes resulten responsables, ya
que afirmó que “la impunidad también es manipular la justicia”.
“Daré a conocer acciones
contundentes en mi defensa en combate a la impunidad de quien sea”, afirmó.
“Será algo bastante firme con consecuencias severas”.
“A cada acción habrá una
reacción. Ya pagué nueve meses en prisión”, declaró. “De aquí en adelante es
otra etapa. Me voy a defender con toda la fuerza”.
Sobre su estancia en el
Centro de Readaptación Social 1 en Chihuahua, narró que estuvo 61 días en una
celda sin ver la luz ni hablar con nadie, “bajo tortura para firmar una
declaración contra Peña”.
“Claro que no [la firmé]. Ni
contra Peña ni contra nadie. No tenía ningún contacto. Ni siquiera lo conocía”,
aseguró.
Actualmente, la investigación
sigue en la fase complementaria de presentación de pruebas, ya que se ha estado
retrasando su curso normal, dijo el Fiscal Peniche.
“Tanto la defensa y en su momento
la Fiscalía han estado, especialmente la defensa, solicitando la ampliación o
la suspensión del curso normal del expediente y por su parte la Fiscalía ha
estado insistiendo con el juez para que ya pueda pasarse a la etapa previa al
juicio oral”, explicó.
Una vez iniciada esa fase, la
Fiscalía revisará si hay más responsables, por lo que no descarta más órdenes
de aprehensión.
“Hay que revisar nuevamente
todas las constancias y verificar quiénes más pudieron haber intervenido, tanto
intelectuales como materiales, a ver a quién más le puede parar responsabilidad
este expediente”, afirmó. “Tenemos varias personas señaladas como imputados. A
muchos de ellos les va a resultar orden de aprehensión”.
Desde finales de septiembre,
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez vive en arraigo domiciliario presuntamente en el
fraccionamiento Cima de la Cantera, en la zona residencial de Chihuahua. La
renta de los inmuebles en esa área ronda por encima de los 20 mil pesos
mensuales, de acuerdo con el sitio Propiedades.com.
El Fiscal César Augusto
Peniche especificó que tiene brazalete, por lo que puede moverse sin salir de
la ciudad de Chihuahua. “Puede estar en ese o en otro domicilio dentro de la
ciudad”, afirmó.
Tiene como medidas cautelares
la prohibición de salir de la capital del estado, la obligación de portar ese
brazalete electrónico y el depósito de 1 millón de pesos como garantía.
“Estoy tranquilo”, contó Alejandro
Gutiérrez en la entrevista. Pero, como nunca antes, se traslada en coches
blindados, agregó. El sábado 1 de diciembre “elevamos las alertas de seguridad”
luego de recibir una serie de llamadas anónimas.
Además de Gutiérrez
Gutiérrez, hay dos ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua
sujetos a proceso y en prisión preventiva en el mismo Cereso donde estuvo el
priista. Se trata de Antonio Tarín García, ex Director de Adquisiciones, y
Gerardo Villegas Mandriles, ex Director General de Administración.
“Por lo pronto hay dos ex
servidores públicos que desde la Secretaría de Hacienda facilitaron este desvío
de recursos, y que también participaron en el desvío de una cantidad mayor, de
la que también ya sabemos que la PGR se desistió o solicitó el sobreseimiento
de la causa, inexplicablemente desde nuestra óptica”, expuso el Fiscal César
Augusto sobre el caso de los 1.7 millones y el de 250 millones de pesos.
LA FIRMA DEL HIJO
Jorge Espinoza Cortés,
Consejero Jurídico del Gobierno de Chihuahua, dijo en entrevista con este medio
que la defensa de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez “intentó” llevarse la
investigación del desvío de 1.7 millones de pesos a nivel federal. Pero el
Quinto Tribunal Colegiado lo desechó este noviembre al tratarse de dos hechos
delictivos distintos.
Además del caso de los 1.7
millones, el nombre de Alejandro Gutiérrez Gómez también se ventiló en la
investigación del caso de los 250 millones de pesos, de acuerdo con el
Consejero Espinoza Cortés.
El 9 de marzo de 2016, la
Secretaría de Hacienda estatal pagó 4 millones de pesos a Jet-Combustibles, de
Alejandro Gutiérrez, para la supuesta realización de un manual operativo de
manejo de aeronaves, de acuerdo con lo dicho por la Agente del Ministerio
Público Priscila Licón en la audiencia de vinculación a proceso de Alejandro
Gutiérrez Gutiérrez celebrada el 21 de diciembre de 2017.
Este contrato fue sumado al
desvío de 246 millones de pesos desde la Secretaría de Educación estatal, por
lo cual la indagatoria se cerró en 250 millones de pesos, ya que un correo
electrónico –mencionado durante una audiencia pública– fue enviado tanto a las
cuatro empresas fantasma como a Jet-Combustibles.
“Hay que recordar, y eso lo manifestaron
los mismos agentes del Ministerio Público de la Federación en la audiencia, que
quien firmó los contratos con el estado fue precisamente el hijo de Alejandro
Gutiérrez; el que firmó en representación de Jet-Combustibles”, dijo en
entrevista Jorge Espinoza Cortés, Consejero Jurídico del Gobierno de Chihuahua.
“Si el Ministerio Público
considera que pudiera haber una responsabilidad en ese sentido, claro que
tendría que ser investigado”, añadió.
EL CASO DE 250 MDP
Ciudad Judicial en Chihuahua,
sede de las audiencias. Foto: Sugeyry Gándara, SinEmbargo
“El entonces Gobernador
estatal [César Duarte Jáquez], en reunión con otros funcionarios de la
Secretaría de Hacienda, en este caso las personas identificadas como [Antonio
Tarín García], Director de Adquisiciones, [Gerardo Villegas Mandriles],
Director General de Administración, así como [Ricardo Yáñez Herrera],
Secretario de Educación, Cultura y Deporte, manifestó que era necesario obtener
del erario 250 millones de pesos que serían de utilidad para los tiempos
electorales que se avecinaban”, declaró un testigo de identidad reservada que
laboró de 2010 a 2016 en el gobierno duartista, citado en el Juicio de Amparo
954/2017 promovido por uno de los imputados.
En junio de 2016, doce
entidades renovaron Gobernador. Luego de que el Partido de la Revolución
Institucional (PRI) perdió siete estados en el proceso electoral, entre ellos
Chihuahua, el dirigente del partido, Manlio Fabio Beltrones, dejó el cargo.
El ex Secretario de Educación
estatal Ricardo Yáñez Herrera y la ex Directora administrativa Karla Areli
Jurado Bafidis fueron sentenciados a tres y cuatro años por las autoridades de
Chihuahua por la distracción de 246 millones de pesos para supuestos talleres y
un software no entregados.
El Juicio de Amparo citado
revela que Karla Jurado autorizó y “actuó para [la] formalización” de los
contratos, los cuales fueron firmados por Ricardo Yáñez, en su carácter de
Secretario de Educación, Cultura y Deporte. Las actas de adjudicación directa
fueron firmadas por Antonio Enrique Tarín García, como Presidente del Comité de
Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda, actualmente vinculado a proceso al
igual que Villegas Mandriles, ex Director general de administración.
LA INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL
En enero de 2018, la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) atrajo el caso
de los 250 millones luego de una denuncia del Partido Acción Nacional y de
Morena por presunta financiación irregular para fines electorales.
Héctor Díaz Santana, titular
de la Fepade desde diciembre de 2017, dijo en entrevista con SinEmbargo que se
sigue en proceso de investigación, pero no puede dar detalles para no violar la
presunción de inocencia, ya que el esquema del Sistema de Justicia Penal Acusatorio “es demasiado
estricto”.
“Si nosotros en algún momento
dado hacemos valoraciones de cómo va el tema, podemos afectar el debido proceso
y esto no lo vamos a hacer como una institución seria. Lo que puedo decir es
que es una investigación que está en proceso y nosotros en el ámbito de nuestra
competencia vamos a seguir investigando hasta su conclusión”, declaró una
semana antes del término del sexenio de Peña Nieto.
A diferencia de la
investigación de seis meses en Chihuahua por la que se sentenciaron a dos ex
funcionarios públicos, la Fepade ha tardado casi un año. “Nosotros obviamente
requerimos de mayor información y cada una de las etapas procesales las estamos
cumpliendo por lo establecido por la ley”, justificó el Fiscal.
No obstante, en entrevista a
parte, la Secretaria de la Función Pública de Chihuahua, Rocío Stefany Olmos
Loya, no descartó que atraer el caso a nivel federal se trata de “una
estrategia legal” para frenar la investigación que la entidad ejercía y no
continuar indagando.
Olmos destacó que los
argumentos para atraer el caso a nivel federal no tuvieron sustento y, además,
en materia de competencia, el Juez federal debía ser de Chihuahua en vez de la
capital del país.
Aunque consideró relevante la
sentencia de los dos ex funcionarios de la Secretaría de Educación estatal por
cuatro y tres años respectivamente, destacó que es una pena muy baja
considerando que se trata de corrupción.
Jorge Espinoza, Consejero
Jurídico de Chihuahua, coincidió en que la federación atrajo el caso de manera
“ilegal, irregular, viciada y sobre todo manipulada” y, consideró, hubo una
intervención de la Presidencia de la República, a través de la PGR, para
proteger al ex Secretario adjunto del PRI.
“Vimos claramente dos cosas:
la intervención de la Presidencia de la República, del Poder Judicial de la
Federación, porque realmente fue una maniobra. Se pretendió federalizar el caso
para que no pudiera ser juzgado en el estado de Chihuahua. Obviamente el
interés de ellos era llevarse el asunto, pusieron a un Juez de modo, que era el
juez [Gerardo] Moreno”, dijo.
“El juez Moreno desconoció a
Chihuahua su calidad de víctima e hizo una serie de atrocidades lléndose al
extremo de pretender llevárselo [a Alejandro Gutiérrez] físicamente hasta el
Reclusorio Norte”, denunció.
El 23 de mayo pasado, el
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) cambió de adscripción al Juez federal
Gerardo Moreno García, de administrador del Centro de Justicia Penal federal en
el Reclusorio Norte de la Ciudad de México a un Centro del estado de Chiapas.
Entonces, el Juez de Control
del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte
Tapia, tomó el caso de Alejandro Gutiérrez. El 31 de agosto, en una audiencia,
sobreseyó la causa penal a solicitud expresa de los agentes de la Procuraduría
General de la República (PGR), que optaron por retirar los cargos al ex
secretario general adjunto del PRI.
“Nosotros vemos claramente la
maniobra por parte de la PGR para solicitar el sobreseimiento ante el supuesto
que no había las pruebas suficientes para procesar a Alejandro Gutiérrez”,
aseguró el Consejero Judicial Jorge Espinoza. “No obstante que dentro de esa
investigación son cinco personas que están en esa carpeta de las cuales dos ya
están sentenciados y dos vinculados, y en el caso de Alejandro Gutiérrez,
extrañamente no hubo elementos según la PGR”.
Respecto a lo que ve como
protección federal, añadió:
“Es evidente la protección
que tiene Alejandro Gutiérrez. Él era Secretario adjunto en el Comité Ejecutivo
nacional del PRI, en la Presidencia de [Manlio Fabio] Beltrones. ¿Qué
significa? Pues que es una pieza importante política en estructura del priista
y que operó desde nuestro concepto la operación financiera para las elecciones
de 2016 y es por eso que tiene tanta protección: por el nivel dentro del mismo
PRI, y la cercanía con el mismo Beltrones, y a su vez, Beltrones con el
Presidente Enrique Peña Nieto”.
Para el Consejero Jurídico de
Chihuahua Jorge Espinoza, se debe reforzar el Sistema Anticorrupción mediante
mayor especialización a jueces y agentes de los Ministerios Públicos locales y
federales para perseguir este tipo de delitos.
“Esperamos de entrada que
realmente se haga justicia en este caso. Nosotros confiamos en que el nuevo
Gobierno [federal] no intervendrá a favorecer a ninguna de las personas
vinculadas con el PRI. Creemos que eso le bajará presión al Poder Judicial de
la Federación para que resuelva con base en las constancias de los expedientes
y la responsabilidad de cada quién”, afirmó.
(SIN EMBARGO/ DULCE OLVERA Y SUGEYRY GÁNDARA /
REDACCIÓN / SIN EMBARGO/03 DE DICIEMBRE 2018)
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