“PREFIERO QUE MIS PERRITOS COMAN CARNE DE ESTAS MUJERES A QUE ELLAS SIGAN RESPIRANDO MI OXÍGENO”: EL ASESINO SERIAL DE MUJERES

 (RIODOCE/ ESCUADRON DE NICOLAS ROMERO/ 09 DE OCTUBRE 2018)

ECATEPEC: DONDE SE VIVE SIEMPRE CON TEMOR

 (RIODOCE/ SIN EMBARGO TV/ 8 DE OCTUBRE 2018)

MUERE PRESUNTO SOBRINO DEL ‘JT’ DURANTE BALACERA EN CULIACÁN

Un sobrino de Javier Torres Félix el “JT”, de nombre Manuel Ontiveros Torres, de 22 años de edad, presuntamente murió durante una balacera en la colonia Benito Juárez, en la que además resultaron heridos dos policías ministeriales.

Las autoridades informaron que Manuel Ontiveros Torres, conducía un automóvil Audi rojo, modelo reciente con placas del estado de Jalisco, en el que fue abatido.

Se dijo que la balacera se registró alrededor de las 4:30 de la madrugada en la esquina de la calle Alba de Acosta y Teotihuacán, frente a una estación de gasolina, un expendio cervecero, a unos metros de la zona conocida como la Caseta 4.

Hasta el momento las autoridades no han informado como sucedieron los hechos ni quienes fueron los agresores, pero se pudo confirmar que la víctima quedó en el interior del automóvil Audi, el cual presentó múltiples impactos de bala en la carrocería y cristales.

Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a dos personas heridas, quienes se dijo son agentes de la Policía Ministerial, uno de ellos jubilado identificado con el nombre de Gonzalo, de 51 años de edad quien junto con sus acompañantes fueron traslados a recibir atención médica a un hospital.

En el lugar fue asegurada una pistola calibre 5.7 x 28 de las llamadas mata policías y varios casquillos del mismo calibre.

(RIODOCE/ REDACCION/ 14 OCTUBRE, 2018)

MALAYERBA ILUSTRADA: SUDOR

Enfadada. Así se sentía, en un marasmo de derrota tras derrota: se había casado con el hombre aquel por dinero o porque le gustaba y se le hizo fácil, y de paso lograba salirse de la casa de sus papás. Y ese hombre fecundó en tres ocasiones sus óvulos pero no cumplía con su responsabilidad de ser padre y menos marido, y la había mantenido así, en la ruina de las labores domésticas, el extravío de la cocina, el encierro de esa casa mediana pero sin hogar.

El hombre era hosco, grandote, de voz arrastrada y gruesa. El alcohol parecía dominar su lengua, aunque no ingiriera. Macho, fuerte, dominante. Por eso le habían encargado ser el jefe de la zona. El comanche, le decían, como sinónimo de comandante de sector.

Siempre empecherado, con el cuerno recortado y las pistolas matapolicías a la mano. Él llegaba a su casa y se sentaba en la sala a que lo atendieran. Vieja esto, vieja aquello. Y ella corría a prepararle botana y cena, llevarle cerveza, quitarle los zapatos y llevarse los botes vacíos. Él ahí, desentendido de la casa, preocupado por la clica, las balas, limpiar las armas, engordar sus bolsillos.

Pero le mataron a varios de los suyos. Tuvo que quedarse encerrado y ella aguantándolo. Harta. Un día se dijo en voz baja pinche vida, estoy hasta la madre. Se bañó temprano, se vistió casual y enseñó las fronteras de esa silueta. Recordó lo guapa que era y el meneo de las serpientes. Voy a buscar trabajo. Tas loca, le contestó él sin voltear a verla.

Salió de ahí. Toda la acera besó el givenchi y los que la vieron quedaron más que conmovidos. Su paso enervó despachos, oficinas, salas de espera y consultorios, donde entregó solicitudes. En el casino envenenó al gerente con su seguridad: vente mañana, para que empieces a trabajar. Turno nocturno.

Al día siguiente salió de nuevo. Su esposo en la sala, echado. Dos botes en la panza y diez más en la yelera, a un lado. A dónde vas, cabrona. A trabajar, me dieron chamba. Y salió dejando esa estela de flores. Él encabronado. Ella bien arreglada, monumental. No vayas. Pero ella no lo escuchó: se sentía útil, viva, feliz y atractiva.

El hombre fue al casino. Le dijo al gerente despídela. Le contestó que no. Es eficiente, buena empleada. Él amenazó con regresar y lo hizo con diez pistoleros. El gerente tuvo miedo y llamó a la policía. Uno de los polis se acercó y le advirtió que mejor la corriera. Por qué. Porque estos cabrones están pesados. Porque lo van a matar.

El hombre sacó un pañuelo blanco. Pasaba el trapo por las manos: tallaba y tallaba. No se decidía y no tenía opción. Llamó a la joven. Estás despedida. La poli se fue, el comanche se llevó a su esposa y retiró a los matones. El gerente subió el pañuelo a la frente. Pinche calorón: ahí sigue, secando sus sudores.

Columna publicada el 7 de octubre de 2018 en la edición 819 del semanario Ríodoce.

(RIODOCE/ JAVIER VALDEZ/ 9 octubre, 2018)

EL ‘LICENCIADO’, VICENTE ZAMBADA Y LOS HERMANOS FLORES SERÍAN TESTIGOS EN JUICIO CONTRA EL ‘CHAPO’

Dámaso López Núñez, el Licenciado, Vicente Zambada Niebla, hijo del Mayo Zambada y los hermanos Pedro y Margarito Flores, de acuerdo al diario The New York Times podrían ser algunos de los testigos que la Fiscalía llame a comparecer contra Joaquín el Chapo Guzmán, durante el juicio que inicia el 5 de noviembre en Estados Unidos.

Pese al hermetismo que han guardado los fiscales federales de Brooklyn durante casi dos años en relación a los testigos que utilizará contra el ex líder del Cártel de Sinaloa, el diario estadounidense señala que los documentos judiciales públicos y los reportes que han proporcionado medios, “dan pistas sobre cuáles de los antiguos aliados, rivales y subordinados de Guzmán podrían terminar compareciendo cuando comience su proceso en el Juzgado Federal de Distrito de Brooklyn”.

En primer lugar, se señala que podrían ser llamados al estrado, los hermanos Pedro y Margarito Flores, quienes durante uan década, a partir de 1998, fueron dos de los narcotraficantes más poderosos de Chicago, pues supervisaban la distribución de cientos de millones de dólares en cocaína proveniente de México en su ciudad de origen y en decenas de lugares más en todo Estados Unidos, según señala el gobierno.

De acuerdo con sus testimonios, los hermanos Flores eran astutos traficantes que en un principio transportaban gran parte de su contrabando en tráileres y camiones de carga que tenían compartimientos secretos en el techo.

No obstante, en 2005, mientras estaban en México, conocieron a un hombre que afirmaba ser un amigo de toda la vida de Guzmán. Según testificaron, el sujeto los reclutó con el fin de trabajar para Guzmán y comenzaron a recibir cargamentos de cocaína del capo, introducidos en aviones, submarinos, yates de lujo e incluso en un Boeing 747 modificado a la medida.

En 2008, por temor a que los arrestaran en Chicago, los hermanos traicionaron a Guzmán. Durante una reunión clandestina en una habitación de un hotel en México, acordaron ayudar a los agentes de la policía estadounidense y llevaron a cabo una peligrosa misión: grabar en secreto a su jefe multimillonario mientras hablaba por teléfono sobre los detalles de su negocio. Los fiscales señalaron que, al hacerlo, los Flores asumieron un “gran riesgo personal” y le proporcionaron al gobierno “un apoyo sin precedentes” en la lucha contra las operaciones de Guzmán.

Los hermanos fueron sentenciados a 14 años en prisión cada uno en 2015 y no han sido vistos en público desde entonces. Sin embargo, a causa de su trabajo como testigos encubiertos, un equipo de sicarios del cártel asesinó a su padre, Margarito Flores; los agentes de policía creen que se trató de una venganza.

El año pasado, Olivia y Mía Flores, las esposas de los hermanos, publicaron en conjunto una autobiografía: Cartel Wives, en la que describen cómo pasaron de ser las parejas adineradas de narcotraficantes que se vestían con ropa de marcas como Chanel y Cartier a vivir escondidas bajo la protección del gobierno.

Otro de los posibles testigos que menciona el NYT es Vicente Zambada Niebla, quien se hizo famoso principalmente por ser el hijo de Ismael Zambada García, quien por mucho tiempo fungió como suplente de Guzmán y se encargó de una facción del Cártel de Sinaloa después de que arrestaron al Chapo. En 2009, Zambada Niebla fue detenido durante un operativo del Ejército en Ciudad de México y extraditado a Chicago, donde en un principio se esperaba que fuera sometido a juicio por ser un coordinador clave de la logística del cártel bajo el mando de su padre.

Sin embargo, antes de que comenzara el juicio, el caso se volvió caótico: los abogados de Zambada Niebla afirmaron que durante años había trabajado como informante de la Administración para el Control de Drogas y que reveló información sobre narcotraficantes rivales a cambio de la libertad para seguir con su propio negocio.

Zambada Niebla terminó declarándose culpable por cargos de narcotráfico durante un proceso secreto en Chicago en 2013 y aceptó cooperar con los funcionarios estadounidenses. En su trato negociado, que se reveló en 2014, confesó haber introducido de contrabando toneladas de cocaína a Estados Unidos en todo tipo de medios de transporte, desde vagones de ferrocarril hasta buques portacontenedores.

Para el diario neoyorquino, otro testigo clave contra el Chapo sería Dámaso López Núñez, el Licenciado, quien se hizo muy conocido porque en 2001 ayudó a que Guzmán escapara de su celda en la prisión de Puente Grande en el estado de Jalisco. Después de hacerle ese favor, según los fiscales, López trabajó para Guzmán durante 16 años y ascendió en la jerarquía del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con documentos judiciales emitidos el mes pasado, el Licenciado “supervisaba el financiamiento” de enormes cargamentos de cocaína que llegaban a México desde Centro y Sudamérica. Según los documentos, el delincuente, que vivía en Culiacán, también tenía un ejército de sicarios que ejecutaba asesinatos, secuestros, torturas y fungían como cobradores de deudas.

López fue arrestado el año pasado en Ciudad de México y extraditado a Estados Unidos en julio, un suceso por el que Alberto Elías Beltrán, el procurador general interino mexicano, lo describió como “un testigo potencial clave” en contra de Guzmán.

El 28 de septiembre, López se declaró culpable de los cargos de narcotráfico que se le habían imputado ante un tribunal en Alexandria, Virginia.

Dámaso López Serrano, el Minilic hijo de Dámaso López Núñez, terminó en custodia en Estados Unidos de manera muy inusual: en julio de 2017 se entregó a los agentes fronterizos estadounidenses de Calexico.

En ese entonces, los medios mexicanos informaban que estaba involucrado en una violenta lucha de poder con los hijos de Guzmán por el control del Cártel de Sinaloa. También lo buscaban las autoridades mexicanas.

De acuerdo con documentos judiciales presentados en California, López Serrano fue arrestado formalmente en agosto de 2017 en San Diego. En enero se declaró culpable por cargos de importación de cocaína, heroína y metanfetaminas a Estados Unidos.

(RIODOCE/ REDACCION/ 11 octubre, 2018)

CON MIL 024 DESAPARECIDOS, COMISIÓN DE BÚSQUEDA SIGUE SIN OPERAR EN BC

Fotos: Cristian Torres

Las dos convocatorias emitidas por el Gobierno del Estado para presidir la Comisión Local de Búsqueda, han sido declaradas “desiertas”. La primera, ante la nula respuesta de interesados, y la segunda, porque los aspirantes no cuentan con estudios profesionales. Algunas organizaciones civiles aseguran no haber sido informadas sobre el tema, y sobre el citado requisito, lo consideran irrelevante para desempeñar un buen papel

Pese a que Baja California se encuentra entre las entidades con mayor incidencia en el tema de desapariciones, es poco el trabajo que se realiza por parte de las autoridades, coinciden Miguel Ángel García Leyva y Alma Díaz, representantes de dos colectivos dedicados a la búsqueda de personas ausentes.

En ese contexto, resulta contradictorio que a seis meses del plazo para integrar la Comisión Local de Búsqueda, aún no se cuente con titular, personal o plan de trabajo.

Es más, según los arriba mencionados, el Gobierno del Estado ni siquiera ha sostenido un acercamiento formal con ellos para hablar sobre ese tema que, a su juicio, requiere una amplia difusión.

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, comentó que se han emitido dos convocatorias en el Diario Oficial del Estado, una en mayo y la otra en junio -un mes después del plazo máximo-, pero ambas se han declarado desiertas debido a que los aspirantes incumplen con los requisitos mínimos para encabezarla.

Según la última cifra dada a conocer por el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), disponible en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la Procuraduría de Justicia local desconocía el paradero de mil 024 personas que fueron vistas por última vez en Baja California, de las cuales 258 se registraron este año, siendo mujeres de entre 15 y 19 años los casos más frecuentes en 2018.

COMISIÓN DEBIÓ SER INSTALADA DESDE ABRIL

El 17 de abril fue la fecha fatal para que se designara al titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, órgano autónomo del gobierno cuyo objetivo es coordinar la investigación y resultados de los casos registrados en la entidad.

El Secretario General de Gobierno Francisco Rueda Gómez

Este organismo viene contemplado en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en vigor desde enero, y establece la homologación de criterios para la búsqueda de personas en todo el país, además de la creación de una base de datos genéticos a nivel nacional.

De acuerdo con Melba Adriana Olvera, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California (CEDHBC), aunque es una Ley reciente, ya tendría que estar funcionando, o por lo menos tener designado a un titular para dicha institución. Además, confirmó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no cuenta con el banco de ADN del que debería disponer. Sin embargo, reconoció que existe trabajo en ese sentido y pronto podría subsanarse. De hecho, de las 30 denuncias interpuestas ante la CEDHBC por el tema de desapariciones, justamente ese es el tema de origen.

De las dos convocatorias lanzadas, refirió Francisco Rueda Gómez, en la primera no hubo un solo interesado, mientras que en la segunda, los aspirantes no cumplieron con uno de los requisitos para ocupar el cargo, específicamente el de la profesionalización, es decir, no contaban con título y cédula.

“Ya estamos prácticamente en pláticas con ellos para que nos propongan perfiles, hemos recibido nombres. Lo que establece la Ley, marca y debe cumplirse, el perfil que marca la Ley debe ser un profesionista, y ahí es donde hemos batallado; tienen un perfil social y comprometido, pero les falta ese requisito, ya en coordinación con las asociaciones civiles, un perfil que ellos acepten y propongan”, declaró el funcionario estatal.

La Ley establece que para ocupar el cargo en la Comisión, el aspirante debe ser nacido en México, no tener condenas a algún delito doloso, contar con título profesional; no haber sido líder de algún partido político dos años atrás; haber desarrollado trabajos en la materia de desaparición forzada por lo menos dos años atrás y contar con conocimientos, experiencia de diez años en el tema de políticas públicas, derechos humanos, búsqueda de personas, entre otros.

Melba Olvera, de la CEDHBC, aseveró que ningún aspirante pudo cumplir con el perfil, debido que los activistas en la materia normalmente son forzados por las circunstancias y no porque tengan estudios previos. Es decir, sufrieron un hecho traumático y son víctimas, por lo que en la mayoría de los casos no cuentan con especialidad académica.

La activista Alma Díaz, integrante del colectivo Madres Unidas y Fuertes por Nuestros Desaparecidos, consideró que aunque se encuentra estipulado en la Ley, consideran que un perfil ideal no necesariamente tendría que estar relacionado con sus estudios, sino con la empatía hacia las víctimas.

Agregó que necesita ser un investigador honesto y que en verdad informe de lo que ocurre en sus casos.

NO SE HAN DETENIDO LAS BÚSQUEDAS: RUEDA

Aunque no se ha instalado la Comisión Estatal de Búsqueda, Francisco Rueda Gómez, de la Secretaría General de Gobierno, expuso que los trabajos no se han detenido en las fiscalías especializadas en la localización de personas ausentes, por lo que no existen daños en la falta de nombramiento.

Recordando a sus familiares desaparecidos

“No se queda rezagado ningún trabajo, eso lo hace la Procuraduría y trabajamos con las asociaciones de desaparecidos. No hay atraso ni rezago, pero sí requerimos que haya titular, para que se integre, que sea un órgano integrador entre el gobierno y los ciudadanos, esa va a ser la principal responsabilidad”, destacó.

La procuradora de Justicia, Perla del Socorro Ibarra Leyva, reiteró lo expresado por el funcionario estatal, pero agregó que la Unidad Especializada en la Búsqueda de Personas continuará operando de forma regular. Sin embargo, la instalación de la Comisión reforzará las acciones y se adquirirá nuevo equipo, personal y capacitación en la medida que se vaya cumpliendo con la legislación vigente.

Presumió la adquisición del conocido geo-radar y de sabuesos especializados en la búsqueda de personas, como una respuesta a las demandas de aquellos que buscan a sus familiares.

HAY DESINTERÉS DEL ESTADO EN EL TEMA

Para Miguel Ángel García Leyva y para Alma Díaz, la actual administración se ha olvidado del tema por completo, pues de lo único que puede jactarse, es la adquisición del geo-radar y la compra de sabuesos, pero no ha brindado resultados importantes para las familias afectadas y las asociaciones civiles.

Díaz señaló que “la atención ha sido nula, la respuesta es total indiferencia, ni siquiera tienen la atención de comunicarnos utilizando su vieja táctica de reemplazar al personal de la fiscalía asignado y comenzar los familiares de los desaparecidos de cero, debido a que no conocen los casos”, abundó.

Por su parte, García Leyva opinó que en la pasada gestión sostenían reuniones con frecuencia para avanzar en los temas, pero la relación con el gobierno actual se ha roto por completo.

El activista complementó que ha tenido contacto con agrupaciones de Zona Costa para saber si hay conocimiento sobre los trabajos en favor de los desaparecidos y ha recibido la misma respuesta negativa.

A su dicho, nunca tuvieron conocimiento de las convocatorias para la Comisión y tampoco se han preparado perfiles por parte de las asociaciones civiles, o por lo menos no por solicitud de Gobierno del Estado.

En lo referente al retraso en el nombramiento, es una evidencia más de la poca importancia que las autoridades dan al tema, lo cual resulta preocupante, pues obliga a los familiares de las víctimas a emprender búsquedas sin protocolos de seguridad, derivando así algunas amenazas de muerte en su contra.

Otro ejemplo, comentó, es la Ley de Víctimas, al ser Baja California la última entidad en aprobarla, cuyo monto para este primer año apenas alcanzará los 5 millones de pesos, cifra considerada minúscula.

Para Melba Olvera, en este caso podría no ser así, pues aún hay entidades que no han activado las comisiones por el mismo motivo que en BC: la falta de personal capacitado en la materia.

DEBE SER UN ORGANISMO AUTÓNOMO

La principal característica de la Comisión Local de Búsqueda, es la autonomía, lo cual resulta dudoso para las agrupaciones, ya que la Ley establece que el titular debe ser designado por el Gobierno del Estado.

García Leyva consideró que el titular debería ser designado por el Congreso del Estado, con el objetivo de dar una mayor independencia, o bien, por un consejo especial comprendido por expertos en la materia, tal y como ocurrió a nivel nacional con Roberto Cabrera, actual titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Rueda Gómez afirmó que debido a que no logró nombrarse a personas en el tema, evalúan la posibilidad de recibir perfiles a través de las asociaciones civiles que puedan cumplir con los requisitos, con la finalidad de incluirlos en la selección y se sientan cómodos con quien los representará y ayudará investigar los casos.

Para finalizar, Olvera, de la CEDHBC, advirtió que es una responsabilidad muy grande ocupar ese puesto, pero es necesario dar una mayor difusión a las convocatorias, pues ha sido poca la respuesta pese a la problemática en la entidad.

De los mil 024 desaparecidos registrados en la entidad, 610 son hombres y 414 mujeres, teniendo un promedio de 3.9 desaparecidos por cada 100 mil habitantes. Baja California se ubicaría en el séptimo lugar a nivel nacional, por debajo de Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sonora, Sinaloa; y por encima de Veracruz y Zacatecas.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / EDUARDO VILLA LUGO/ LUNES, 8 OCTUBRE, 2018 01:00 PM)

EL ABANDONO DE ISLAS MARÍAS

Fotos: Internet

Tras el cambio de colonia penal federal a complejo penitenciario y una millonaria inversión en infraestructura, las Islas Marías palidecen como modelo de reinserción social. Convertida en la “isla de los hombres solos” alberga a 556 reos cuando su capacidad es para 5 mil 106. Todas las mujeres internas fueron trasladadas al Cefereso 16 de Morelos y los familiares devueltos a casa. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, desconoce qué va a pasar con la isla María Madre que podría convertirse en destino turístico. La académica Verónica Rivera Camacho califica de absurda la evacuación del presidio que hacía más llevaderas las penas privativas de libertad

De aquellas historias negras de inicios del siglo XX y de la presunción de un modelo exitoso de prisión abierta en el nuevo milenio, poco o nada queda. Hoy el Complejo Penitenciario Islas Marías luce subutilizado y gradualmente se prepara hacia un abandono que ninguna autoridad explica hasta el momento.

A pesar que algunas de las 332 prisiones del país son despresurizadas por el egreso de internos y una buena cantidad de detenidos ya no son encarcelados. 109 de los establecimientos penales aún padecen de sobrepoblación; es decir, casi el 33 por ciento. De ellos, 25 albergan a personas privadas de la libertad exclusivamente por delitos del fuero común, mientras que 84 tienen reos por ilícitos mixtos (fuero federal y común).

Según las últimas estadísticas del Sistema Penitenciario Nacional, al 31 de julio de 2018, el Complejo Penitenciario Islas Marías, con capacidad instalada para 5 mil 106 internos, apenas tiene 556 huéspedes. Lo que significa que mantiene una magra ocupación del 10.89 por ciento y el resto de las estancias se encuentran vacías.

El fenómeno no es nuevo. Presuntamente se trata de una política “pública” que no se ha transparentado y se encuentra en el sigilo. La población va disminuyendo mes con mes y no se sabe por qué. Las familias que había en el penal del archipiélago se desintegraron. Las cárceles de mujeres fueron cerradas y las reclusas reubicadas al continente, con todo y sus hijos.

Expertos estiman que el abandono de “María Madre” está relacionado con el decreto que desde 2001 destinó al conjunto de las Marías (Madre, Magdalena, Cleofas y el islote San Juanito) como Área Natural Protegida (ANP), Reserva de la Biósfera (RB) por sus ecosistemas frágiles que contienen una gran riqueza de flora y fauna silvestres. Además de ubicarse en una zona de reproducción de mamíferos marinos y corales.

No es un secreto que en poco más de un siglo de ocupación humana la isla del presidio fue devastada en sus recursos naturales, principalmente por la industria maderera. El momento histórico de la protección ambiental planteó la idea de abandonar la entonces Colonia Penal Federal en el sexenio de Vicente Fox Quesada. En 2002 fue enviada una comitiva para preparar el desalojo y el traslado de los presos a los reclusorios estatales y a sus familias a casa, pero el plan fue abortado en 2004.

A finales de la administración del presidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa, no sólo se repobló la isla, sino que se dispuso la construcción de penales de cemento y rejas donde antes hubo campamentos. Dejó de ser Colonia Penal para convertirse en Complejo Penitenciario Islas Marías (CPIM).

CEFERESOS ISLEÑOS

Al iniciar su gestión como titular del Ejecutivo federal, en diciembre de 2006, Felipe Calderón encontró una Isla María Madre con 900 colonos y una capacidad para recibir hasta 2 mil 200. Con la guerra declarada contra la delincuencia organizada, los penales de las entidades federativas aumentaron ostensiblemente sus niveles de sobrepoblación y la crisis penitenciaria se agudizó.

Como parte de la estrategia para albergar a más prisioneros, abatir el hacinamiento y hacerse cargo de la custodia y manutención las personas privadas de la libertad por delitos del fuero federal, el Gobierno de la República, construyó nuevos centros federales de readaptación social (Ceferesos) en diversos estados.

El plan incluyó que se abandonara aquella romántica idea de la readaptación –hoy reinserción social- en la que los presos vivían con su esposa o concubina, y sus hijos, en un régimen de semilibertad en medio del Océano Pacífico, frente a las costas de Nayarit, y se construyeran también penales de concreto y celdas, con niveles de mínima, media y máxima seguridad como en el continente.

Entre 2009 y 2012 se materializó la obra.  La Desarrolladora de Casas del Noroeste, S.A. de C.V, fue la licitada con quien se firmó un contrato por la cantidad de 741 millones 640 mil pesos por el “incremento a la infraestructura, a los campamentos de la Colonia Penal Islas Marías y Etapa Uno de la construcción de estancias de segregación de internos de mediana y alta peligrosidad”.

De esa forma se incorporaron los nuevos Ceferesos que integran el Complejo Penitenciario Islas Marías bajo una dirección general, hecho que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2011, por acuerdo 04/2011, firmado por el entonces Secretario de Seguridad Pública Federal. Dichos penales son:

* Centro Federal Femenil de Readaptación Social de Seguridad Mínima “Zacatal”, que nunca se terminó de construir, ni entró en funciones.

* Centro Federal Femenil de Readaptación Social “Rehilete”, con capacidad para 480 internas.

* Centro Federal de Readaptación Social de Mínima Seguridad “Aserradero”, para albergar a mil 295 presos.

* Centro Federal de Readaptación Social “Morelos”, con cupo para 2 mil 820 reos.

* Centro Federal de Readaptación Social “Bugambilias”, para mil 55 personas privadas de libertad.

* Centro Federal de Readaptación Social de Seguridad Máxima “Laguna del Toro”, con capacidad para 2 mil 390 internos peligrosos.

La capacidad instalada se fijó en 8 mil 40 espacios. Tan solo en ese año de 2011 la población llegó a los 7 mil 973 reclusos. Se realizaron traslados masivos de los penales estatales, la mayoría contra la voluntad de los privados de libertad. Muchos de los afectados interpusieron juicios de amparo y ganaron su regreso a la cárcel de origen. Un año antes, el Consejo de la Judicatura de la Federación había instalado el “Juzgado de Distrito del Complejo Penitenciario Islas Marías y Auxiliar en toda la República”.

REVERSA AL BARCO

Sin duda que las cosas cambiaron, no sólo para los reos, a quienes se les acabó el régimen de semilibertad. Eran muy pocos los que aún disfrutaban de esa modalidad y seguían con familia en la Isla María Madre. Cambió también para el gobierno que concesionó múltiples servicios a la empresa que es proveedora de la mayoría de las prisiones del país: La Cosmopolitana, S.A. de C.V., que no sólo prepara alimentos, hace fontanería, reparaciones de electricidad y convierte a trabajadores administrativos en custodios, también transporta servidores públicos en taxi acuático.

Isla Madre, Islas Marias

Todavía antes de junio de 2012 el personal dependiente del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) era transportado sin costo para la Secretaría de Seguridad Pública mediante las embarcaciones Maya, Álvarez, Barrera y Santos, pertenecientes a la Secretaría de Marina (SEMAR) con capacidad para 100 a 120 personas.

Después de esa fecha, La Cosmopolitana se llevaba más de 50 millones de pesos al año, derivados del contrato abierto plurianual por concepto de pasaje en la transportación de personal. Los familiares de los isleños ingresan y egresan semanalmente en un buque de la Armada de México hasta para 200 pasajeros.

Un motín de grandes proporciones, el 2 de febrero de 2013, dio la bienvenida a Enrique Peña Nieto, con apenas dos meses en el cargo de presidente de México. El Cefereso de máxima seguridad “Laguna del Toro” reventó, luego de que los presos no soportaron los malos tratos y segregación a algunos de sus compañeros. Prendieron fuego con combustible en colchones, lesionaron a custodios y se fugaron al monte. Uno de los celadores murió en el Centro Médico del IMSS en Guadalajara y 32 reos y ocho servidores públicos resultaron heridos.

La tensión se había acumulado de meses, pues a los internos no les suministraban los servicios de luz eléctrica, agua corriente para los baños e higiene personal. Así como tampoco les dotaban de agua suficiente para consumo humano; no se les brindaba atención médica cuando la requerían, no les permitían tener actividades laborales, educativas, de recreación y físicas. En cuanto a los alimentos, éstos no reunían las características de calidad, cantidad e higiene; la empresa multiconcesionaria no fue sancionada.

Otra estocada al nuevo modelo carcelario de Islas Marías ocurrió en mayo de 2015 cuando la Coordinación General de Centros Federales de Readaptación Social informó del cambio de capacidad de diversos Ceferesos a los que les fue aumentado el aforo. Contrario al complejo del Océano Pacífico, que de 8 mil 40 espacios bajó a sólo 5 mil 556. Para entonces la población presa había disminuido a mil 972 reos.

El traslado de internos continuó hacia penales estatales y en octubre de 2016 se conoció del cierre definitivo del flamante Cefereso Femenil “Rehilete” que tanto dinero costó unos años antes. Se había inaugurado el Centro Federal Femenil de Readaptación Social número 16 CPS Morelos, en Coatlán del Río, a donde fueron trasladadas todas las mujeres que estaban privadas de la libertad en el archipiélago, con excepción de una veintena que recibía atención médica y estaba en calidad de depósito en hospitales de Mazatlán, Sinaloa.

Ahí se marcó el regreso de los últimos niños que vivieron en la isla y una nueva capacidad del complejo penitenciario que quedó para 5 mil 106 reclusos, aunque ya sólo había como mil.

El descenso gradual, a veces de 20, 30 y hasta 40 reos cada mes, tiene la población actual en 556 hombres, la mayoría en “Laguna del Toro” y Cefereso “Morelos”. El 89.11 por ciento de la capacidad total de espacios está desocupada. Al respecto, el 2 de marzo del año en curso, el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, informó en redes sociales que en una reunión que tuvo con empresarios de Nayarit se habló del tema para darle un mejor uso a las Islas Marías.

El presidente electo, López Obrador, dijo en esa fecha: “Se habló de convertirlas en un penal ejemplar para la readaptación, mediante el trabajo, la educación y la cultura de los reclusos, o también dedicarlas al desarrollo turístico. En su momento resolveremos sobre lo que más convenga al interés general”.

ABSURDO ABANDONO

La doctora Verónica Rivera Camacho, docente del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), quien fue servidora pública por casi dos décadas en los sistemas penitenciario y post-penitenciario de Jalisco, atendió muchos años a quienes estuvieron internados en las Islas Marías y fueron enviados de reclusorios o centros de reinserción locales, con su familia, porque sus penas iban a ser muy largas. A su regreso, conoció de viva voz sus historias.

Recuerda con agrado los casos en los que se obtenían resultados positivos. “Don José Luis, estuvo preso por el delito de homicidio, y me platicó que cuando llegó, el régimen de tratamiento que tuvo allá fue de trabajar. Laboró desde abajo, independientemente de la capacitación, oficio o profesión que hubiese desempeñado en libertad antes de cometer el delito; siempre se iniciaba desde el trabajo más difícil. Era un régimen progresivo técnico, tal y como lo mencionaba la Ley de Normas Mínimas. En ese régimen ellos, conforme iban avanzando y con el buen comportamiento los iban trasladando o cambiando de trabajo hasta obtener uno en las propias oficinas de gobierno apoyando ahí a los abogados, a los psicólogos o demás personal”.

“La forma de vida que tenían ellos ahí era óptima porque ellos vivían en campamentos. En cada campamento, ellos podían tener a su familia y aunque era un régimen disciplinario, porque no hacían lo que querían, sino que se tenían que sujetar a una serie de actividades rigurosas como era trabajar, ir a la escuela, realizar artesanías y mantenerse todos los tiempos ocupados. Sin embargo, era como vivir en un pueblito con la familia. Hubo quienes en las propias islas encontraron el amor y se casaron con alguien con quien no llegaron”, expresó la académica. Aquí el resto de la entrevista:

— ¿Realmente era una prisión modelo en el viejo esquema de colonia penal federal o sólo un planteamiento romántico del penitenciarismo mexicano?

“Cuando estos colonos, como se les llamaba, egresaban por obtener un beneficio de libertad anticipada y se reportaban en las oficinas en las entidades federativas para cumplir con las condicionantes de ley, eran las mejores personas que teníamos en cumplimiento, porque ellos ya tenían una disciplina como cualquiera de las personas libres. Se levantaban temprano, se bañaban, desayunaban y salían de casa a trabajar, después a la escuela y otras actividades educo-formativas dentro de la isla. No nos costaba trabajo recomendarlos a una empresa para que les dieran empleo, porque esas personas ya estaban acostumbradas y si lograban reinsertarse socialmente. Allá no había problemas de contaminación, como consumo de drogas, ni régimen de los llamados autogobierno, entonces se lograban realmente características de lo pretendido -teórica u utópicamente- que es la reinserción social”.

— ¿Qué diferencia había entre estar preso en un reclusorio o en la isla?

“Otro liberado, Don Julio, se dedicaba a pintar. Él había sido trabajador federal en un museo y creo que por ahí se perdieron unas piezas y entonces le fincaron el delito de robo. Fue a parar a las Islas Marías, e igual que a José Luis, no le tomaron en cuenta la preparación que tenía y tuvo que empezar a trabajar desde abajo, hasta finalmente laborar en las oficinas de gobierno. Dice que él, ya estando ahí, después de tantos años de estar purgando su pena, ya no quería salir. Se quería quedar en la isla a vivir, pero como toda pena tiene que terminar tiene que egresar, es una prisión. Al final, Don Julio y José Luis no sentían que estuvieran en la cárcel, por el régimen tan bondadoso que es el progresivo técnico en su máxima expresión.

“El viejo sistema de las islas tenía sus ventajas, que no se tiene en un centro penitenciario porque en éste último finalmente se vive en celdas, mientras que allá vivían en una casita o búngalo con la familia. Los niños podían estar hasta determinada edad con sus papás o cuando terminaban la secundaria tenían que regresar al continente y venía el desprendimiento de la familia. Ya era parte de la normalidad que ellos tenían y el padre o la madre, seguirían cumpliendo una pena, con la esperanza de verlos en la semana que los iban a visitar, porque la visita familiar se tenía que quedar toda una semana y después se tenía que retirar, para volver en seis meses o un año”.

— Hoy se está abandonando la Isla María Madre. Están trasladando a las personas privadas de la libertad hacia el continente. Parece que ya no será complejo penitenciario porque es un área natural protegida, reserva de la biósfera. ¿Qué opina?

“Efectivamente me comentaban los liberados que fueron colonos que había mucha fauna y vegetación. Incluso comían y trabajaban de lo mismo que había en la isla. Había un campamento aserradero porque había muchos árboles, un campamento pesquero, otro con vocación agrícola y había manera de que esa cárcel fuese autosustentable. Por razones o fines políticos, cambia la perspectiva de la prisión, y en vez de ser una colonia penal federal se convierte en prisiones de mínima, mediana y máxima seguridad.

Ahí cambia todo el contexto, de hecho, los internos se inconformaron por esa situación porque les modificaron su forma de vida. De estar viendo la luz, el sol, la naturaleza. Para mí es desgastante hacer entender a los políticos que la reinserción social sí se puede lograr con herramientas, actividades y la vida que se tenía en la colonia penal. Y el hecho de que la hayan cambiado a estructuras de concreto como las que conocemos en El Altiplano, Puente Grande u otros Ceferesos, lo único que trae por consecuencia es que no creamos en la reinserción social. Tan no creen que está cambiando un modelo generoso por un régimen rígido y menos flexible, lo que no abona a una efectiva reinserción de los sentenciados”.

— Se dice que podría ser abandonada la prisión del archipiélago o ser destinada como punto de interés turístico…

“El hecho de que quede sola la isla creo que será un desperdicio. Sí lo van a convertir en destino turístico entonces no estarán protegiendo la isla ni su naturaleza ¿no? Al contrario, se la van a acabar. Si fuera por protegerla entonces déjenla abandonada y al olvido para que se recupere con el tiempo como en su momento estuvo. Sin embargo, yo me pronuncio por que regrese la colonia penal como llegó a ser.

— ¿Qué va a pasar con esas moles de concreto?

“Las personas que estén ahí privadas de la libertad, como en su momento lo estuvieron, en semilibertad, obligadas a trabajar podrían reforestar y regenerar el medio ambiente. No fue su culpa. Quienes dirigieron esta colonia penal no pensaron que los recursos naturales se iban a acabar y aquí están las consecuencias. Yo me pronuncio por que se abandone y se cuide o regrese la colonia penal”.

— Para quienes siguen presos ahí, esos poco más de 500, en la “isla de los hombres solos”, ¿qué tanto les perjudica estar lejos de casa y no recibir visita frecuente de sus seres queridos?

“Tan simple y sencillo como que ya no se está cumpliendo con el fin de la pena, que es la reinserción social que señala el artículo 18 constitucional. Mandar o tener personas allá sin visitas sería anticonstitucional, porque entonces a los que deberían enviar allá a manera de relegación es a personas sentenciadas por delitos como delincuencia organizada, secuestro, tratantes de personas, homicidas peligrosos, bueno los que se menciona en el segundo párrafo del Artículo 19 constitucional. Así valdría la pena, pero no para quien se porta bien y tiene un perfil de persona útil, porque nadie se puede reinsertar si no se tiene contacto con el exterior”.

(SEMANARIO ZETA /EDICIÓN IMPRESA/  LUIS CARLOS SÁINZ/ LUNES, 8 OCTUBRE, 2018 01:00 PM)