UNA MARAÑA DE CUENTAS, PAGOS SIN RECIBO Y PREMIOS A “UN SINDICATO” ESFUMAN 187 MILLONES EN CHIAPAS

En Chiapas, la entidad más pobre del país, la Auditoría Superior de la Federación encuentra el destino de casi 200 millones de pesos que se destinaron al sistema de salud de Chiapas. Es dinero federal que se transfirió a diferentes cuentas bancarias y que supuestamente se utilizó para pagar salarios a personal no considerado o del que no hay pruebas de su labor; dinero del que no hay recibos de gasto o que simplemente no se sabe en qué se utilizó.

En Chiapas, estado gobernado por Manuel Velasco, 802 mil 600 personas registraron en 2016 tener carencia en acceso a los servicios de salud.

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).– Sólo durante 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró una serie de irregularidades en el sistema de salud de Chiapas por un monto de 187 millones 348 mil 662 pesos, dinero que se transfirió a “otras” cuentas; fue utilizado para fines ajenos (pagar salarios a personal que ese presupuesto no cubría) o simplemente no hay comprobantes o recibos que sustenten que ese dinero cumplió su objetivo.

Ese es el resultado de tres auditorías realizadas por la ASF en la revisión de la Cuenta Pública de 2017 a los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, a los recursos Federales Transferidos a través del acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa y a PROSPERA, y al Programa de Inclusión Social en su componente Salud.

Esos más de 187 millones de pesos que no se aplicaron en salud en 2017 se explican por cantidades de dinero transferidas a cuentas bancarias no registradas, pagos de los que no hay recibos, dinero del que no se sabe dónde está o en qué se aplicó, pagos a gente que no tenía el perfil requerido para cierta plaza, pagos a personal sindicalizado que no estaba cubierto por esa partida, subejercicio sin comprobar y pagos a personas de las que no hay prueba de que hayan trabajado.

Tan solo del monto sin comprobar, la ASF detectó 81 millones 917 mil 466 pesos y 76 millones 223 mil 651 pesos de dinero que fue utilizado para otro fin.

Chiapas es la entidad con el mayor número de pobres en México. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 4 millones 114 mil chiapanecos viven en esa condición y 802 mil 600 registraron en 2016 tener carencia en acceso a los servicios de salud. Es el Chiapas del Gobernador y Senador del Partido Verde, Manuel Velasco Coello.

73 MILLONES DE SALUD… AL SINDICATO

En la auditoría a los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, la ASF detectó que el Instituto de Salud del Gobierno del Estado de Chiapas, encabezado por Leticia Guadalupe Montoya Liévano, abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción de recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) a través de la cual se realizaron transferencias a otras cuentas y fondos por 22 millones 974 mil 200 pesos, de los que se solicitó acreditar con evidencia documental el destino de ese dinero y en qué se utilizó.

Al Gobierno del Estado de Chiapas le fueron asignados 4 mil 202 millones 197 mil pesos por concepto del FASSA de 2017.

Otra de las observaciones recae sobre un rendimiento de 333 mil pesos de los que no hay recibos; 6 millones 888 mil 821 pesos de los que no se acreditó su destino, aplicación o pago acorde a los objetivos del fondo y 2 millones 367 mil 822 pesos que se pagaron a  10 servidores públicos que no acreditaron el perfil académico solicitado pero que cobraron en el ejercicio fiscal 2017,  sin los requisitos académicos solicitados.

La cantidad más grande que reclamó la ASF fue la que se pagó a personal sindicalizado que no estaba considerado en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. El probable daño a la Hacienda Pública Federal se fijó en 73 millones 661 mil 710 pesos.

También hubo problemas en la contratación de los servicios de limpieza y de vigilancia, que fueron pagados con recursos del FASSA 2017, pero que no se licitaron, ni adjudicaron de conformidad con lo establecido en las bases de licitación y, en los casos, de excepción a la licitación no se dispuso de la justificación y del soporte suficiente.

El pasado 4 de septiembre el Senado aprobó la licencia de Manuel Velasco Coello para que regresara como Gobernador de Chiapas. Foto: Misael Valtierra, Cuartoscuro.

MÁS DINERO SIN COMPROBAR

La ASF detectó otros movimientos similares. En la revisión del presupuesto de Prospera en su componente de Salud, se encontró que el Instituto de Salud del Estado de Chiapas realizó transferencias con recursos de Prospera por 5 millones 900 mil pesos a cuentas bancarias de otros fondos o programas, los cuales no fueron reintegrados al 31 de marzo de 2018 –fecha del corte de la auditoría–.  A esa cantidad se suman 143 mil 392 pesos de los que no se tiene conocimiento de su destino.

Algo similar ocurrió con 32 millones 642.4 miles de pesos que resultaron como subejercicio del presupuesto anual de Prospera en 2017. La ASF pidió la justificación de ese dinero y de por qué no se ejerció.

También del dinero de Prospera, se detectaron pagos a personal del que no existen pruebas de que hayan laborado en las plazas en las que fueron contratados. El daño al erario estimado en esos salarios es de 194 mil 089 pesos.

Finalmente, en la auditoría a los recursos federales transferidos a través del acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, por un monto de 2 mil 447 millones 239 mil pesos, el Gobierno del Estado de Chiapas quedó pendiente de aclarar y justificar 42 millones 242 mil 869 pesos. Esa cantidad se debe comprobar antes del 31 de diciembre de 2018 y posteriormente, reintegrarla a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

(SIN EMBARGO/ DANIELA BARRAGÁN/26 DE SEPTIEMBRE 2018)

#ARISTEGUIENVIVO 26/09/18: 4 AÑOS DE AYOTZINAPA; CIFRAS DEL CRIMEN EN 2017, Y NUEVO PARADIGMA EN DROGAS…

Asimismo, informamos que fuerzas federales tomaron el control de la seguridad en Acapulco y sobre la decisión de un Tribunal Colegiado respecto a la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior.

(ARISTEGUI NOTICIAS/ REDACCIÓN AN/26 DE SEPTIEMBRE 2018)

LOS REPORTEROS EN LA NOCHE DE IGUALA

Lenin Ocampo, conductor de XE-UAG Radio Universidad y reportero gráfico del periódico El Sur, recibió la noche del 26 de septiembre de 2014 la primera alerta de lo que estaba pasando en Iguala, a 107 kilómetros de Chilpancingo. “Nos están atacando a balazos”, alertó un estudiante a la cabina de transmisiones. “La primera llamada la recibí a las 22:10 y hubo una más a las 22:40. Seguían solicitando la presencia policiaca pues estaban solos y no había ninguna garantía para ellos”. Rogelio Agustín Esteban, quien en enero del año pasado reconstruyó en el semanario Interacción lo que sucedió aquella noche en enero del año pasado, agregó: “Ya se escuchaba la desesperación de los chavos”.

A partir de la primera alerta, escribió Esteban, un grupo de reporteros decidió trasladarse hacia Iguala. Cerca de la medianoche, arrancó un pequeño convoy encabezado por la camioneta Cherokee de Sergio Ocampo Arista, corresponsal de La Jornada. Con él iban Natividad Ambrosio, del programa “Hora Cero” de ABC Radio; Jacobo Morant y Ocampo, reporteros de El Sur, José Luis López Santana de Televisa-Acapulco, que manejaba una Explorer; Carlos Navarrete, que trabajaba en ese entonces en El Sol de Acapulco; Bernardo Torres de Uno TV, Ángel Misael Galeana de Cadena 3, y Esteban mismo. Atrás de los dos vehículos iba un autobús con maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, la CETEG.

Poco antes de partir, escribió Esteban, un mensaje de voz al grupo de WattsApp de Ambrosio, decía: “¡Nos atacaron a balazos, hay muertos de parte de los estudiantes, corrimos para escondernos donde pudimos pero ya no estamos seguros. Por favor no vengan!”. Según Esteban, “se le escuchaba presa del miedo, casi en shock”. El mensaje pegó en el ánimo de los reporteros, “pero nadie tuvo el valor para quedarse en Chilpancingo”. Llovía fuerte y constante, cuando en la cañada de “El Zopilote”, dijo con ese humor que sale a veces en situaciones donde hay miedo e incertidumbre: “Sonrían, nos está saludando el diablo”.

Los reporteros llegaron a la zona del conflicto. En Huitzuco observaron un automóvil compacto con los vidrios polarizados estacionado que parecía estar de guardia para monitorear quién iba hacia Iguala. Se movió para acercarse al primer vehículo y observar quiénes iban dentro. Entonces se fue en dirección de Iguala. Varias camionetas blancas los rebasaron a toda velocidad en ese trayecto y ya no volvieron a verlas después. Vieron el autobús donde viajaba el equipo de futbol de “Los Avispones” de Chilpancingo, el primero en ser atacado esa noche, volcado sobre la carretera federal.

Más adelante los detuvo la Policía Preventiva y les señalaron que estaban en “un operativo de prevención del delito”. No lo sabían entonces, pero a esa hora los sicarios de Guerreros Unidos ya tenían en su poder a 43 normalistas y los estaban trasladando a lugares desconocidos. Uno de los policías le dijo a Ocampo que sólo había habido “un incidente”. Los policías no querían dejar pasar el autobús de los maestros y normalistas. “Esos no pasan”, dijo un policía, según recordó Esteban, “se los va a cargar la chingada”. La presencia de los reporteros que comenzaron a tomar fotografías logró que los dejaran pasar.

Iguala estaba a oscuras, pero vieron las luces de una torreta en una patrulla militar. El pequeño convoy siempre fue seguido por taxis “que simulaban trasladar pasaje -apuntó Esteban-, sin embargo estos nunca tomaban un rumbo que no fuera el de los reporteros. Los supuestos usuarios hacían llamadas por teléfono celular y nunca perdían de vista lo que se hacía”. No se sabía en ese entonces que todo el transporte público estaba al servicio de Guerreros Unidos, y que muchos taxistas servían como halcones de la banda criminal.

Los periodistas registraron que la única búsqueda de estudiantes que se organizó fue desde las instalaciones del Ministerio Público, donde ya había llegado el entonces fiscal Iñaki Blanco, y comenzaron a rescatarse a normalistas en patrullas de la Policía Ministerial del Estado. Hacia las cinco de la mañana del sábado 27, los periodistas decidieron regresar a Chilpancingo, pero los jefes de la Policía Federal en Iguala les pidieron que esperaran. “La razón”, recordó Esteban, “es que mientras Iguala sufría el infierno de los ataques contra deportistas y estudiantes, grupos de sicarios despojaban a varios automovilistas de sus unidades a la altura de Mezcala, las atravesaban sobre la carretera federal y les prendían fuego”.

El trabajo de los periodistas guerrerenses aquella noche de Iguala ha sido fundamental para mostrar los huecos que la investigación oficial no ha cubierto. Gracias a sus despachos se supo desde el primer momento del papel de control de población ejecutado por los soldados del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala esa noche, y cómo los militares, junto con los policías federales, permanecieron como testigos sin intervenir para detener los crímenes en flagrancia que se estaban cometiendo. Sus descripciones han llevado a la duda permanente si la no intervención fue, en efecto, una intervención mediante la complicidad. Los testimonios que registraron esa noche en Iguala ha permitido también adentrarse en la tragedia que se vivió.

La reconstrucción de Esteban a partir de entrevistas con varios de sus compañeros de viaje aquella noche, también aportó más información sobre la red de protección institucional y la forma como las fuerzas de seguridad trabajaron esa noche no para prevenir el delito, como les dijo un policía preventivo, sino para no estorbar, en los hechos, en la consumación de un crimen.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 26/09/2018 | 04:00 AM)  

AYOTZINAPA, ¿QUÉ HIZO EL EJÉRCITO?

El 16 de diciembre de 2014, dos grupos antagónicos que crecieron y fueron armados por el gobierno federal -denominados de auto defensa civil- para aniquilar al cártel de Los Caballeros Templarios, se enfrentaron durante más de dos horas en La Ruana, en el municipio de Buenavista Tomatlán en Michoacán, y murieron 11 personas. Los líderes de los grupos confrontados, Hipólito Mora y Luis Antonio Torres, “El Americano”, pusieron a miembros de la Gendarmería en el centro del conflicto. Torres dijo que los federales iniciaron el ataque; Mora los defendió. Esa discusión ocultó la mecánica de los hechos, que es exactamente la misma que se aplicó tres meses antes en Iguala, la noche en que desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa.

Esos dos grupos se disputaban el control del territorio en La Ruana, donde de manera salomónica, el gobierno federal dividió el municipio entre Mora, que había depuesto las armas y reconvertido en Fuerza Civil, y Torres, que no sólo se negó a entregarlas, sino que su capacidad de fuego le permitía el desafío. La solución era artificial y frágil, como se demostró aquél día. Cuando estaban a punto de iniciar el enfrentamiento, los gendarmes, una rama de la Policía Federal, llegó a La Ruana y se interpuso entre los dos grupos. Sus instrucciones -no se sabe quién las dio-, fue que se retiraran. Los federales establecieron un cinturón de seguridad alrededor de la zona donde se permitió que se agarraran a balazos, para que no entrara ni saliera nadie. Un segundo cinturón sanitario fue establecido por un contingente de soldados enviado a la zona. Una vez que terminó la balacera, los federales limpiaron el campo de batalla.

Tres meses antes en Iguala, sucedió algo similar. Decenas de normalistas que habían llegado a Iguala para botear y obtener recursos para movilizarse a la Ciudad de México para participar en la marcha del 2 de octubre, fueron agredidos por policías municipales de Iguala y 43 de ellos fueron detenidos. Los municipales se los entregaron a asesinos del cártel Guerreros Unidos que los privaron de su libertad, y cuya suerte -salvo uno cuyos restos, de acuerdo con pruebas de ADN, estaban entre las cenizas de personas incineradas en el basurero de Cocula- se desconoce. La Policía Federal no tenía suficiente presencia en la zona para hacer lo que hizo en La Ruana, pero el perímetro de seguridad, para que nadie entrara y saliera de Iguala, corrió a cargo del Ejército, cuyo 27 Batallón de Infantería tiene su base en Iguala.

De acuerdo con testimonios en la prensa de Guerrero los días siguientes a la desaparición, soldados del Batallón sellaron los accesos de Iguala mientras se reprimía a los normalistas la noche del 26 de septiembre, e impidieron la atención médica de los heridos. El responsable del Batallón, el coronel José Rodríguez Pérez, fue transferido poco después, sin saberse si declaró ante las autoridades sobre esa noche. El coronel Rodríguez Pérez fue señalado por normalistas sobrevivientes de haberlos fotografiado y golpeado el 26 de septiembre en el interior de la clínica donde fueron a refugiarse y a atender a los heridos, lo que impidió.

Otro militar, el jefe de la 35 Zona Militar, General Alejandro Saavedra Hernández, superior jerárquico del coronel Rodríguez Pérez, tampoco hizo nada cuando le informó el entonces Gobernador Ángel Heladio Aguirre lo que estaba sucediendo en Iguala. El General Saavedra Hernández fue removido dos años después en medio de una de las peores crisis de seguridad en la historia de Guerrero, pero cayó para arriba. Primero fue nombrado Inspector y Contralor de la Secretaría de la Defensa, y desde diciembre pasado es jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

Aquella noche del ataque llegaron a Iguala el entonces fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, y una decena de sus colaboradores. Mientras Blanco iniciaba las investigaciones y desarmaba a una veintena de policías municipales para revisar sus armas y determinar su responsabilidad en los hechos, su segundo fue a los puntos donde se atacó a los estudiantes para buscar a normalistas. En uno de ellos encontraron a estudiantes escondidos en tiendas, casas y entre la maleza, que habían indicado donde estaban por teléfono celular a compañeros y maestros que acompañaban a los miembros de la Fiscalía.

Cuando los detuvieron en un retén para pedirles identificación, el militar encargado de la escena del crimen les dijo: “A qué vienen a rescatar a estos rijosos que parecen más delincuentes que estudiantes”. Los militares tenían animadversión contra los normalistas. Cuando Blanco pidió al coronel Rodríguez Pérez que le permitiera llevar al 27 Batallón a los policías detenidos -que querían rescatar los transportistas, manejados por Guerreros Unidos-, le negó el acceso. Cuando pidió respaldo a la Policía Federal, también se lo negaron. Los federales no hicieron nada ni en Iguala ni en los municipios colindantes. El Ejército selló Iguala mientras se cometía el crimen.

Como en La Ruana, su trabajo fue la seguridad perimetral. Nadie salía ni entraba de Iguala, salvo los sicarios de Guerreros Unidos que se movieron con los normalistas privados de su libertad sin que nadie se los impidiera. El papel del 27 Batallón de Infantería sigue siendo un misterio sin aclarar. También el por qué nunca se investigaron las denuncias que existían por vinculaciones con el narcotráfico, que se presentaron en una reunión del Grupo de Coordinación de Guerrero meses atrás. No se castigó a los militares responsables. Incluso, según reportes periodísticos, el General Hernández Saavedra es uno de los candidatos a Secretario de la Defensa en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Faltaba más.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 25/09/2018 | 04:04 AM)  

AYOTZINAPA, LA VERDAD POLÍTICA

En 29 días, afirmaban funcionarios de la PGR, la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014, estaba concluida. Tomás Zerón, en ese entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, detalló ante su jefe, el ex Procurador Jesús Murillo Karam, y los secretarios de Gobernación, de la Defensa y la Marina, que en ese periodo se detuvo a casi 100 personas, se lograron las confesiones del crimen y se estableció cuál era la red de protección institucional que había aquella noche en la Tierra Caliente guerrerense. “Se lo tienes que explicar al Presidente”, dijo el entonces Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Días después en Los Pinos, tras su exposición, le dijo el Presidente Enrique Peña Nieto: “No quiero pasar como el Presidente que asesinó a los estudiantes”. Sólo había un problema, replicó Zerón, cómo explicar públicamente lo que había sucedido en Iguala.

La mecánica del crimen, junto con los antecedentes de los presuntos responsables, como se ha detalló en este espacio en su momento, los había narrado Zerón. Tenían a los asesinos, y sabían el lugar donde los habían matado, incinerado y tirados en bolsas, explicó. No tenían un móvil claro, aunque Murillo Karam identificó como autores intelectuales a José Luis Abarca, en ese entonces Alcalde de Iguala, y a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de los jefes de Guerreros Unidos. El problema en ese entonces no era explicar lo que habían sucedido en Iguala, sino la omisión y negligencia del Gobierno federal para evitar que sucediera. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda los había investigado durante un tiempo por lavado de dinero, pero nunca actuó. La PGR ignoró las peticiones de la Fiscalía General de Guerrero para que procesara a Abarca como presunto responsable del asesinato, de propia mano, de un líder del PRD opuesto a él. De haberlo hecho, la red de protección institucional se habría roto. ¿Pudo haber evitado el crimen? Probablemente.

En esos momentos de otoño de 2014, el Presidente era criticado por no haber actuado con prontitud para esclarecer el crimen, y pagaba los errores de sensibilidad y oficio de dos de sus más cercanos colaboradores: el subsecretario de Gobernación, su compadre Luis Miranda, y el entonces Jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño. Miranda no entendió la gravedad de aquel ataque cuando el ex Gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, le informó lo que estaba pasando la noche del 26 de septiembre antes de que desaparecieran. El domingo 28, tras una exposición de Murillo Karam en Los Pinos, donde dijo que todo era un conflicto entre narcotraficantes, se optó, pese a que la PGR debió haber actuado por el tipo de presunto delito involucrado, por dejarlo en manos del gobierno de “los guerrerenses”. Nuño ratificó el lunes 29, en su reunión semanal de estrategia, que era un asunto del ámbito municipal.

La ausencia del Gobierno federal durante 15 días transitaba rápidamente de convertirse de un crimen local, a uno de responsabilidad federal. La preocupación en el Gobierno se mantenía. ¿Cómo explicarlo a la opinión pública para que tuviera credibilidad? La entonces Subprocuradora de Derechos Humanos, Eliana García Lagunes, sugirió que se invitara a expertos extranjeros para que acompañaran la investigación. El gobierno, decía, no tenía ninguna otra opción para tener legitimidad y credibilidad en la investigación. Era el único camino para evitar lo que temía Peña Nieto, que lo recordaran como “el asesino de los normalistas”. García Lagunes, acercó al Equipo Antropológico Forense Argentino con los padres de los normalistas de Ayotzinapa, y le propuso a Murillo Karam a Emilio Álvarez Icaza, en ese entonces secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le abrió la puerta al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que se convirtió en una pesadilla para el gobierno.

La razón de tanto desencuentro fue que la versión del gobierno, llamada por Murillo Karam “la verdad histórica” por sugerencia de Zerón y contra la opinión de varios investigadores de la PGR, fue descalificada por expertos internacionales. La versión es que los normalistas fueron asesinados e incinerados en un basurero de Cocula, contiguo a Iguala, donde se demostró científicamente que había cenizas que pertenecían a uno, sólo uno, de los jóvenes desaparecidos. La versión fue atacada por violaciones en la cadena de custodia, el protocolo que establece que las evidencias de un crimen no hayan sido alteradas. El 8 de diciembre de 2014, el equipo de peritos forenses argentinos dijo que no podía confirmar que esas evidencias hubieran sido tomadas de sitio donde dijeron las autoridades.

A aquellas críticas se le fueron sumando otras más.

En su reporte final sobre el caso, el GIEI documentó que la PGR utilizó la tortura para forzar declaraciones de los inculpados y que violó el debido proceso, como demostró al presentar fotografías de Zerón con uno de los presuntos culpables en una reconstrucción de hechos ilegal en Cocula a finales de octubre de ese año. Este punto ha sido fundamental para argumentar ilegitimidad e ilegalidad en la investigación que llevó a la “verdad histórica”, aunque Zerón siempre ha defendido que actuó dentro del margen de la ley. La opacidad sobre evidencias y métodos empleados por la PGR, abonó a la falta de credibilidad del gobierno y tiene en entredicho su alegato jurídico. El señalamiento que no quería Peña Nieto de pasar como el Presidente que “asesinó a los estudiantes” se convirtió, en estos cuatro años, en una verdad política.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/24/09/2018 | 04:02 AM)

¿QUÉ NO ENTENDIÓ SEÑOR PRESIDENTE?

Es tan increíble que parece mentira. ¿Cuánto le ha costado al Presidente Enrique Peña Nieto permitir que su familia actúe como una monarquía? ¿Cuánto el no ponerles freno para que los asuntos de la casa presidencial fueran temas de vida privada y no cotilleo de las revistas de corazón y la prensa política? Permitió que su esposa Angélica Rivera abriera las puertas de Los Pinos a la revista Hola! para tomarle fotografías propias de la realeza y no de un gobierno republicano, y sin freno divulgara la compra y ampliación de su casa blanca en las Lomas de Chapultepec, que provocó que un curioso reportero, Rafael Cabrera, indagara el entretejido de esa obra que se convirtió en el punto de quiebre de la credibilidad presidencial, el antes y después de un sexenio que se esperaba de luces y terminó en la sombra de una pesadilla interminable con la marca indeleble, con razón o sin ella, de corrupción.

Aquella revelación hecha por Aristegui Noticias, provocó la crítica nacional y el principio de la revisión en el mundo de lo que las reformas habían ocultado: un enriquecimiento que tenía cara de ilegal. No era así, pero en política, la percepción se convierte velozmente en realidad. Confundidos los términos, Peña Nieto nunca entendió el conflicto de interés desvelado por Cabrera, que un empresario muy amigo de él, beneficiario de contratos en el estado de México, Juan Armando Hinojosa, hubiera sido el facilitador inmobiliario de la compra de la casa blanca, que alimentó la leyenda de corrupción.

Varios empresarios, molestos con Peña Nieto por la reforma fiscal, aprovecharon el momento y contribuyeron, financiando su difusión masiva, para estamparle una etiqueta negativa al Presidente y contribuir de manera significativa, aunque muy probablemente involuntaria, a que la realidad de abusos y excesos se acomodara al viejo discurso de Andrés Manuel López Obrador, que galvanizó la ira nacional contra Peña Nieto y lo sepultó en las elecciones presidenciales. 

¿Qué es lo que no entendió el señor Presidente? Parece que nada. En la edición de Hola! que ya está circulando, la portada está dedicada a Paulina Peña Pretelin, cuyo encabezado para atraer lectores dice: “Así ha sido mi vida en Los Pinos”. La revista asegura que “en un excepcional reportaje exclusivo analiza sus errores, experiencias y aprendizajes”. La entrevista no tiene nada de excepcional y en realidad no analiza nada de lo que ofrece, sino comenta sin entrar en detalles algunos de los momentos que pasó en Los Pinos. Pero en realidad eso no importa, porque no se trata de ella, que abrió sus sentimientos a Hola!, sino el hecho mismo que, en estos días donde agoniza el sexenio durante el cual su padre se volvió en escarnio nacional, vuelva a sentarse el Presidente en un barril lleno de dinamita con la mecha encendida, al permitir este encuentro cuyo fin era ganar el tema de portada.

Ocho de cada 10 mexicanos, según las encuestas de aprobación presidencial, rechazan la gestión de Peña Nieto. Y la tendencia es que seguirá cayendo. Si la entrevista se viraliza, es probable que llegue a niveles aún más bajos. No es lo que dice su hija, sino la preparación de la entrevista. La reportera y el reportero gráfico, el tándem necesario para cumplir cabalmente con ese género periodístico, fueron acompañados por una estilista, un maquillista y una peinadora. Utilizaron distinto vestuario y escenarios naturales. Paulina Peña Pretelin dijo que es “muy tranquila” y que le gusta llevar un bajo perfil, lo que es una contradicción. Esa portada es exactamente lo contrario. La falta de recato de la familia presidencial y de prudencia por parte del Presidente, lo vuelve a exhibir ante la opinión pública como un hombre frívolo, que o no tiene control sobre su familia, o está rebasado por ella. Ningún Presidente antes que él, había permitido la utilización de una revista del corazón como vehículo de comunicación política, porque esto es, comunicación política. La revista de la monarquía y la aristocracia, de los millonarios y los pudientes, escogida como el escaparate de fin de sexenio de la familia presidencial.

Bien escribió Marshall McLuhan en 1964 que “el medio es el mensaje”, cuando en su influyente libro sobre la teoría de los medios de comunicación, señaló que no es el contenido, sino el medio en sí mismo, lo que debía de estudiarse y analizarse, al ser un componente fundamental de cómo se influye en una sociedad en tanto cómo se proyecta al ser el medio una extensión de sí mismo. Peña Nieto no estudió comunicación sino derecho, y su equipo de comunicación demostró a lo largo del sexenio, una incompetencia antológica. La portada de Hola! es, en este sentido, la confirmación de lo dicho.

¿Qué no entendió? Que los asuntos privados de la casa presidencial se tienen que mantener privados. Que la vida privada de una persona pública pierde ese carácter cuando voluntariamente la socializa. Sólo Marta Sahagún, hizo pública su relación con el entonces Presidente Vicente Fox que terminó en matrimonio, rompiendo los enormes esfuerzos que el resto de los presidentes, revisados por décadas, hicieron con sus familias. Los presidentes luchan incansablemente por mantener a sus familias fuera del reflector público como una manera de protegerlos -el caso más reciente en México es el de Felipe Calderón y Margarita Zavala-,  y no son promotores de su exposición pública, donde se vuelven vulnerables. Elogios nunca van a tener. Peña Nieto lo debió haber sabido, pero nunca lo entendió, y seguirá sangrando por la misma herida hasta que termine su mandato. Bien ganado se lo tiene.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA PALACIO/21/09/2018 | 04:00 AM)

ROSA YA ES HURACÁN CATEGORÍA 1

De acuerdo a información de la Conagua, el fenómeno climático está ubicado al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima

Foto: Tomada del portal de la Conagua

MAZATLÁN._ A las 7:00 horas de este miércoles, “Rosa”, ubicada a 755 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 718 kilómetros de Playa Perula, Jalisco, alcanzó la categoría 1 de huracán en la escala de Saffir-Simpson.

Hugo Nordahl Valdez, jefe del Observatorio local de la Comisión Nacional del Agua, dijo que “Rosa” avanza hacia el oeste-noroeste (290°) a 17 kilómetros por hora.

Comentó que el meteoro presenta vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora y rachas de 120 kilómetros por hora.

“Rosa” refuerza el potencial de tormentas muy fuertes a intensas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, explicó.

“Se pide extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima), y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil”, agregó.

El meteorólogo indicó que los modelos marcan como probable trayectoria de “Rosa” muy cerca de las costas de Baja California sur, sin tocar tierra, aunque la naturaleza es impredecible y se encuentra en vigilancia permanente.

(NOROESTE/VERENICE PERAZA/26/09/2018 | 07:21 AM)