Peña no pudo ni combatir ni contener a
los cárteles de la droga. Foto: Cuartoscuro.
Era el año 2016 y la Feria
Internacional del Libro de Guadalajara estaba en el cenit de su desarrollo.
Elena Poniatowska, presentaba su para entonces último libro, Las Indómitas,
cuando mi compañero Enrique mendoza le hizo una entrevista. Fue inevitable abordar
en el encuentro periodístico, el contexto sociopolítico del sexenio del
presidente Enrique Peña Nieto. En relación a las fosas clandestinas, esos
sepulcros subterráneos y anónimos del narcotráfico, la intelectual reflexionó:
“Ya rascas y hay un muerto;
eso es una infamia, es una gran vergüenza para nuestro país; México es un país
de desaparecidos y de fosas donde está sepultada gente que ahora, ¡te imaginas
para saber quiénes son! En el Distrito Federal, y Tijuana ni se diga, pero ves
cantidad de muertos, es una cosa horrible; ¡ya casi la gente lo está tomando
como normal!”.
Han pasado dos años de
aquella conclusión de Poniatowska y el gobierno federal de México no cambió la
política del combate a la inseguridad, ni enderezo el rumbo. La situación actual
es peor. Todo México es un cementerio para el narcotráfico y los criminales
organizados.
En 2018, la comisión nacional
de los derechos humanos, estima que en los últimos once años se han descubierto
en el país más de mil 300 de las llamadas narco-fosas, donde se habrían
recopilado osamentas y cuerpos de más de tres mil 700 personas.
En México la cifra
actualizada de desaparecidos supera los 37 mil individuos. Muchos de ellos
están en esas fosas clandestinas que los narcotraficantes y criminales utilizan
para ocultar el cuerpo de su delito. Más impunidad.
Hace unos días, dos estados
registraron hallazgos en ese sentido. En Guanajuato se localizaron tres
narco-fosas con un total, hasta ahora, de 37 cuerpos enterrados, y en Veracruz
un vertedero clandestino de cadáveres que ocultaba al menos unos 170 cráneos.
Ese estado, símbolo de la corrupción en México, contabiliza ya unas 600 narco
fosas con más de mil 170 cuerpos localizados en 85 de los 212 municipios del
estado que defraudaron los Duarte, Javier y su esposa Karime.
A escasos dos meses y días
que el presidente Enrique Peña Nieto deje de serlo, y luego que saturó las
redes sociales y los medios tradicionales con propaganda sobre lo que presume
fueron logros en su sexenio, la realidad es que Peña deja un país lleno de
sangre. En una severa crisis de inseguridad y violencia que alcanzará los más
de 150 mil ejecutados durante sus seis años de mandato.
Peña no pudo ni combatir ni
contener a los cárteles de la droga. Por incapacidad, corrupción, o complicidad,
las fuerzas federales de investigación ministerial, y operativas, no
investigaron ni las redes financieras de los cárteles, ni desmantelaron las
estructuras criminales, permitiendo con tal impunidad, el crecimiento de las
organizaciones delictivas en México.
Ante el crecimiento de los
cárteles, sea en estructura o en territorio, las guerras entre unos y otros por
controlar territorios, ampliar su línea de traficantes, de asesinos o
vendedores de droga, suben el tono de la violencia. De la amenaza de muerte
pasan a la ejecución, a la desaparición con fines fatales, a la extorsión y la
desintegración de las familias, hasta llegar al contexto en el cual México vive
hoy. De ejecuciones en lugares públicos como Garibaldi en la Ciudad de México,
de balaceras en sierras y poblados, y de muchos otros ataques que no son
públicos hasta en tanto no se descubran más narco fosas, o como el
desafortunado caso de Guadalajara, Jalisco, cuando aparecen tráileres llenos de
cadáveres que la autoridad no tiene dónde depositar.
La violencia en México es una
bola de nieve que inicia en el ámbito federal y crece en el estatal. Los
asesinados lo son producto del contexto del narcotráfico y el crimen
organizado, cuyos delitos son facultad investigarlos del gobierno federal, pero
que siendo omisos, trasladan la responsabilidad a los estados.
Que el servicio médico
forense de Jalisco, de Tamaulipas, de Guerrero, de Veracruz, de Baja
California, por mencionar algunos, este colapsado, tiene que ver con el
deficiente combate a la inseguridad por parte del gobierno federal, y la poca
asignación de recursos por parte del mismo orden de gobierno, y de los
congresos estatales.
Así es el caso de los dos
tráileres que almacenan más de 230 cadáveres en Guadalajara, Jalisco, y que uno
de ellos fue enviado a dar rondines o ser estacionado en puntos fijos ante la
falta de infraestructura para el almacenaje de cuerpos, o la determinación de
territorio para fosas comunes.
Luis Octavio Cordero Bernal,
el hasta hace unos días director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
(uno de los mejores del país, por cierto), durante los últimos dos años estuvo
solicitando le ampliaran el presupuesto para ampliar las instalaciones, además
de habilitar un panteón forense con 700 espacios, pero no recibió respuesta
positiva. El incremento en la inseguridad y la violencia rebasa el compromiso
por incrementar los presupuestos para combatirlas.
A Cordero Bernal, quien antes
de ser director del instituto fue presidente de un colegio de abogados, y un
crítico del gobierno, hace unos meses los criminales le desaparecieron a una
hija. Abogada también, no ha desaparecido. Ya de antes el ex funcionario que la
fiscal general sacrificó, había generado empatía con los grupos de rastreadores
(como les llaman ahora) de desaparecidos. Les ayudaba en la medida de lo
posible a la identificación de cuerpos. Los atendía con los recursos limitados,
pues tampoco le aprobaron su solicitud de más recursos para la contratación de
peritos.
A la fecha tan solo en
Guadalajara, hay más de 300 cadáveres sin identificar, y de cuando los cuerpos
no reconocidos podían incinerarse (desde el nuevo sistema de justicia penal ya
está prohibido), cuentan con mil 300 bolsas de cenizas no reclamadas.
El caso Guadalajara
ejemplifica perfecto lo que sucede en México. Ninguna autoridad sabe qué hacer
con tanto muerto. La violencia del narcotráfico y el crimen organizado superan
a la capacidad de las fuerzas armadas para contenerla. Ante la incapacidad del
gobierno federal para que impere el Estado de derecho, los cárteles impunes van
ganando la batalla, haciendo del territorio mexicano el cementerio más grande.
Donde dos años después de la reflexión de Elena Poniatowska, todo sigue igual,
opero: “ya rascas y hay un muerto”.
(SIN EMBARGO/ ADELA NAVARRO BELLO/ 19 DE SEPTIEMBRE
2018)
