JUSTIFICAN CORPORACIONES LAS MUERTES VIOLENTAS: ‘TODOS TIENEN RELACIÓN CON DROGAS’

La mañana del domingo 19 de agosto, entre un monte que circunda a unas parcelas al sur oriente de la ciudad, un cadáver fue plantado justo a un lado del bordo del canal Lateral 18.

No era novedad el hallazgo, porque el sitio ya había sido elegido por asesinos para dejar los cuerpos de sus víctimas, incluso desde tres meses atrás de que la policía municipal los encontrara. Los restos mortales los habían dejado a flor de tierra, envueltos en hule agrícola negro y hasta colgados en ramas de árboles. Algunos tenían mensajes con el que los desalmados justifican el asesinato, pero no se lo adjudicaban ni se identifican como grupo letal.

La oleada de homicidios dolosos llevó al director de la Policía Municipal, Carlos Alberto Acuña Ronquillo a justificarlos: todos tienen relación con drogas o tuvieron relación con grupos delictivos locales.

La misma siembra de cadáveres tuvo otro efecto: silenció a la Vicefiscalía de Justicia en la Zona Norte, y peor aún, los funcionarios encargados de dar la cara por los hechos violentos que sacudían a la ciudad cada 36 horas, se ocultaron bajo las enaguas de las secretarias y la fortificación de sus oficinas refrigeradas.

Pero el hallazgo de la víctima de ese domingo era diferente. Entre los jefes de la policía municipal comenzó el rumor que se extendió como reguero de pólvora: es el Diego. Y luego surgieron los vaticinios: habrá una nueva matanza en la ciudad basados en sus propias hipótesis, que formularon bajo la premisa de traiciones internas o lucha por ascensos en el clan local de “Los Mazatlecos”, brazo narcomenudista y de asesinos leales al Cártel de Guasave que fundó Fausto Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro, resquicio del diezmado Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva que a su vez se separó del Cártel de Sinaloa tras la traición y entrega de Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo, el 21 de enero del 2008 en Culiacán.

Los uniformados hablaron a condición de no ser identificados y ofrecieron sólo datos generales, pues aseguraron que el acopio de información de inteligencia se da en filas militares. Aseguraron que al Diego se le fincaba ser organizador de una célula que operó en el poniente de la ciudad, pero tras una recomposición interna fue desbancado.

Un día antes de ser encontrado sin vida, policías recibieron una denuncia sobre la privación de la libertad de un civil en la colonia Jiquilpan. Se enteraron de que se habían llevado a Diego A. R. R.

En sus indagaciones, también se enteraron de una segunda versión de la desaparición del joven de 29 años de edad, que habría sucedido camino a la colonia José Ángel Espinoza Ferrusquilla, a donde se dirigió tras recibir un telefonazo.

CARLOS ACUÑA. ‘Información reservada’.

El jefe de policía Acuña Ronquillo, parco y escurridizo aceptó que Diego era relacionado en hechos delictivos sucesivos y continuos relacionados con delincuencia organizada. “No puedo decir más, esa información es reservada por inteligencia. Nosotros sólo apoyamos las tareas que nos asignan”, dijo.

Diego era un viejo conocido de policías veteranos, pues apenas cumpliendo la mayoría de edad, fue preso por el asesinato a sangre fría del soldado Jesús Alberto Gutiérrez y de balear a su acompañante, Austreberto Arredondo Osorio, a las afueras de un expendio cervecero, en el bulevar Centenario y Emiliano Zapata, en febrero del 2010.

Una fuerza de tarea militar lo atrapó en el hotel El Pueblito tras recibir la denuncia anónima de que en una de las habitaciones se encontraba el homicida del soldado. Entonces se decomisó una pistola reglamentaria.

El joven Diego había tenido una adolescencia azarosa, pues su padre Antonio Rubio, el Toño Cerote había desaparecido dos años antes, luego que un grupo de sicarios lo privara de la libertad responsabilizándolo de haber consumado un cuantioso robo domiciliario en la casa de un narcotraficante en el poblado Gabriel Leyva Solano, Guasave. Desde entonces, Toño Cerote, quien contaba con detenciones por venta de drogas, no ha sido localizado.

Los forenses que revisaron el cuerpo de Diego encontraron signos de tortura y dos balazos en la cabeza, uno de ellos en la frente, a manera de “tiro de gracia”.

Tras correr el rumor de la muerte de Diego, los deudos reclamaron el cuerpo. Lo velaron. Horas después lo sepultaron. Dos tamboras amenizaron el cortejo fúnebre, y con disparos al aire, civiles lo despidieron.

La matanza vaticinada por policías no ha sucedido.

Artículo publicado el 26 de agosto de 2018 en la edición 813 del semanario Ríodoce.

(RIODOCE/ LUIS FERNANDO NÁJERA/ LOS MOCHIS/ 28 AGOSTO, 2018)

MIRELES DEJÓ LAS ARMAS, AHORA BUSCAR “DESPERTAR CONCIENCIAS”

Después de pasar casi tres años en prisión, José Manuel Mireles descarta volver a encabezar un movimiento armado. Ahora, el doctor de 59 años recorre el país recaudando dinero para liberar a 258 autodefensas que siguen encarcelados; se reúne con grupos organizados de la sociedad civil y critica a la clase gobernante. Cuestiona: “¿O ustedes sí conciben que una nación pobre tenga gobernantes multimillonarios?”.

José Manuel Mireles Valverde ha cambiado las camisetas de manga corta y pantalones de mezclilla por un traje oscuro y corbata, pero conserva su tradicional sombrero negro. Está por entrar a una cena de gala en Tijuana, donde decenas de personas lo esperan.

Como lo ha hecho en otras ciudades, esa noche ofrecerá una plática, dedicará copias de su libro a los asistentes, con quienes convivirá algunas horas. El dinero recaudado financiará la defensa legal de 258 autodefensas que continúan presos en México.

A eso se dedica ahora el doctor Mireles. Después de pasar dos años y once meses en prisión, acusado de portación de armas junto a 69 integrantes de su grupo de autodefensas, descarta volver a encabezar un movimiento armado.

“Sigo levantando trincheras y no nada más en Michoacán, sino en toda la nación. Ya no nada más armadas, no se necesita, ahora mis trincheras son con universitarios, académicos, organizaciones obreras, campesinas”, comenta en entrevista con ZETA.

El doctor de 59 años de edad recuperó su libertad el 12 de mayo de 2017, día en que después de una larga lucha legal, se le concedió el beneficio de derecho a fianza, pero durante el tiempo que estuvo preso sufrió tres preinfartos y un infarto.

“El día que yo salí del cautiverio, consideré profesionalmente que me quedaban quince días de vida. Me equivoqué por tres días, el 24 de mayo ya estaba en Cardiología en México, con un ataque fulminante”, recuerda.

“Jamás la solución es que los pueblos se arme”, dice el médico

A más de un año, Mireles se ve recuperado. Absuelto ya de los delitos que lo llevaron a prisión, su caso se cerró, pero nueve de los hombres que fueron detenidos con él en un operativo federal realizado en Lázaro Cárdenas, Michoacán, siguen recluidos.

Aunque algunos de ellos ya habían obtenido su libertad bajo caución, fueron devueltos a prisión al ser acusados de robar alambre de un cerco o por errores en sus domicilios, comenta el doctor.

AQUÍ LA ENTREVISTA DEL DOCTOR MIRELES CON ZETA:

— En México, ¿se persigue más a un autodefensa que a un narco?

“Claro, yo los vi adentro del penal federal. El 90 por ciento de los reos no son delincuentes, son víctimas, los que deben estar presos son los patrones de ellos, los que los mandaron delinquir, pero ésos no están presos porque son los que se desayunan con las autoridades y por eso nunca tocan la cárcel”

Sin embargo, para el ex líder de las autodefensas no es lo mismo un narco que un delincuente. La distinción, desde su razonamiento, radica en que “un narco es un proveedor de divisas, hay comunidades que tienen escuelas, drenaje, luz eléctrica gracias a los que Usted les llama narco”.

— ¿Entonces Usted cómo les llama?

“Desde que el hombre dejó las cavernas y los bosques, el mundo se dividió en dos clases sociales, los civilizados y los bárbaros. Los civilizados aprendieron a labrar la tierra para poner la semilla, para asegurar su alimentación a través del trabajo. Los bárbaros estaban ocultos en las montañas, las barrancas o detrás de los muros esperando que la cosecha estuviera lista para robársela. Ahora no son civilizados ni bárbaros, es gente productiva y delincuencia organizado ¿Usted conoce a algún desgraciado del crimen organizado que trabaje? Nunca en su perra vida han trabajado, están vigilando, cuánto gana y el día que va a cosechar la matan por su quincena, aunque sea de mil pesos.

“No soy narco, ni estoy de acuerdo con las prácticas ilegales de la gente que está dedicada a eso, pero por desgracia, gracias a eso, hay pueblos enteros que pueden comer”.

— ¿Tiene que cambiar el modelo económico del país para que el narco deje de cumplir estas funciones?

“Simple y sencillamente que la autoridad cumpla con su trabajo, que detenga a todos los hijos de la chingada que solo se dedican a robar y asesinar por dinero. Dentro de las mejores instituciones constituidas en la nación para brindar seguridad al pueblo, ahí está el crimen organizado y la delincuencia”.

— ¿Cuál es el papel que Usted desempeña ahora?

“Despertar conciencias, nada más. Si hoy, todos, de todos los niveles sociales, universitarios, académicos, obreros, campesinos, jornaleros, agricultores, empresarios, si empezamos por despertar conciencias, primero dentro de nuestras casas, luego en nuestros lugares de trabajo, en nuestras escuelas, en nuestras colonias, calles, con vecinos, compadres, familiares, amigos, va a llegar un momento en que no tengamos que vender nuestra alma al diablo, si queremos vivir bien o vivir en una nación en paz”.

— Enrique Peña Nieto está a meses de dejar la Presidencia, ¿cuál es el saldo que deja?

“Más de 138 mil asesinatos en su periodo, más de 134 mil desaparecidos. Más de 40 mil familias desplazadas y todavía el muy desgraciado, 90 días le quedan para irse, y todavía saca un préstamo de 10 mil millones de dólares, ¿para qué?, no está dejando un sistema de salud estable ni sólido. Cómo es posible que un magistrado gane 600 mil y tantos pesos mensuales mientras un obrero puede agarrar una casa de 600 mil pesos para pagarla en veinte años. ¿O ustedes sí conciben que una nación pobre tenga gobernantes multimillonarios? No, todo eso tiene que cambiar. Para eso votamos 32 millones de mexicanos”.

— ¿Cree entonces que Andrés Manuel López Obrador puede cambiar ese panorama?

“No solo él, los mexicanos somos los que buscamos ese cambio. Ya logramos nuestra primera victoria en la elección, el señor no tiene ninguna varita mágica para resolver los problemas de la nación, pero nos tiene a los mexicanos que queremos el cambio. Creí en él y sigo creyendo en él. El cambio viene y viene recio. Va a poner a temblar a todos los estratos de la sociedad que estaban acostumbrados a robar a la nación sin trabajar un día ni darle nada a cambio a la patria”.

— Ya mencionaba los más de 130 mil homicidios y desapariciones, pero ¿cree que sea posible en términos de los familiares, de las víctimas, darles justicia? ¿Se puede sanar?

“Claro que sí. Si cada ciudadano, en la actividad que nos toque desarrollar, hacemos lo que nos corresponde. Que los magistrados, ministros y jueces hagan su trabajo constitucional, los ministerios públicos, que los policías municipales sí cuiden y no se asocien con el crimen organizado para chingar al ciudadano, que cada quien haga su trabajo y las cosas sí cambian. Si constitucionalmente y en base a la jurisprudencia mexicana, ningún ciudadano mexicano al ser detenido debe ser procesado ni enjuiciado lejos de su lugar de origen, sino cercano a su familia y a sus amigos para facilitar la reinserción social. Yo le preguntaba al juez por qué mandaban a los michoacanos a Sonora o por qué mandan a los yaquis de Sonora a Yucatán, ¿quiénes son los principales violadores de la Ley y de la justicia en esta patria? Los obligados a hacerla cumplir y hacerla valer, eso es lo que tiene que cambiar. Otros sí pueden hacer el trabajo como el del policía al cuidar su barrio y su colonia, otros pueden hacer el trabajo de los mejores jueces de México. Ya demostraron que su corrupción no nada más es física, es intelectual, es moral”.

De gala

— ¿Cuándo se dio cuenta de que era necesaria esa transición? Ya no de estar armado o en los pueblos, sino de salir…

“Nunca, jamás la solución es que los civiles se armen para defenderse, para eso están las instituciones, pero como nunca lo cumplieron, lo tuvimos que hacer. Estoy completamente consciente que lo que hicimos no era lo correcto, pero era lo único que podíamos hacer si queríamos seguir vivos. No me preocupa la propiedad o productividad, sino la vida. Tenemos autodefensas en 23 estados de la República, no necesariamente se tienen que armar, se tienen que defender, pero si es necesario, tienen que hacer lo que es necesario. Cuando la justicia se contraviene con el Derecho, la justicia debe prevalecer aunque ésta salga de las manos del mismo pueblo”.

LA VIOLENCIA, UN PROBLEMA INSTITUCIONAL

A través de Fundación Mireles, el ex líder de las autodefensas ha visitado estados como Oaxaca, Zacatecas y Querétaro, así como Ciudad de México para dar conferencias sobre las autodefensas.

Así llegó a Baja California, donde además de sostener reuniones privadas con activistas y empresarios en Tecate, Rosarito y Tijuana, presentó su libro “Somos Autodefensas: El Despertar de un Pueblo Dormido”, en el que Mireles narra la lucha que inició en Michoacán en 2013.

Desde entonces, el cirujano se convirtió en símbolo de la resistencia civil ante el poderío del crimen organizado y a la sombra del gobierno. No solo en los eventos que encabeza la gente se le acerca para pedirle una fotografía, durante la entrevista una mujer lo reconoce y le grita para saludarlo a la distancia.

Otros incluso se toman selfies con el doctor de fondo, no importa que esté ocupado en una entrevista, en medio de una plática o firmando un libro.

Después de tres días en Tijuana y horas antes de que salga su vuelo, Mireles todavía se da tiempo para atender esta entrevista y platicar con quienes se le acercan ya sea para compartirle su admiración, presentarle proyectos e incluso para aportar dinero para su fundación. Así ocurre en casi toda ciudad que visita.

Durante la entrevista, Mireles habla de un pueblo de seis mil habitantes en Morelos para explicar por qué la ciudadanía asume las tareas de seguridad pública. “Estaba denostado, destruido, explotado por treinta tipos que ni siquiera mexicanos son, extorsionando, secuestrando y ejecutando gente hasta que colgaron en la asta bandera a uno de los extorsionadores. Habían avisado que ‘delincuente que detengamos, será linchado’ y no la creyeron. Si no hay nadie que los defienda y el pueblo decide que ésa es su única solución, lo va a hacer y nadie lo va a detener. Por eso las instituciones deben cumplir con su obligación”.

— En los estados que ha recorrido, ¿cuál es el común denominador que detona la inseguridad, la violencia?

“En toda la nación, es un problema institucional. Cuál fue nuestro grito de guerra en Michoacán, después de asesinatos, secuestros, descuartizamientos, violaciones a nuestras mujeres: (pedimos) seguridad pública eficiente, una justa impartición de justicia que no existe en toda la nación. Hoy hay 27 gobernadores priistas bandidos que saquearon a los ciudadanos, que les dieron agua de la llave a los niños en las quimioterapias para chingarse todo el dinero y decían que les habían costado carísimos los químicos. Don Gerardo, de Nayarit, que lo meten a la cárcel seis años por robarse cuatro latas de atún para darle de comer a sus hijos y el mismo día pisó la cárcel; el que robó 8 mil millones de pesos al Banco de México y depositó una fianza de 7 millones de dólares para que no lo metieran a la cárcel… ¿La justicia nada más es para los jodidos?”.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INÉS GARCÍA RAMOS/ LUNES, 27 AGOSTO, 2018 01:00 PM)

“KIKO” SIGUE CON SUS NEGOCIOS MILLONARIOS; AHORA VENDE PROPIEDADES A FUNCIONARIOS Y PROVEEDORES

En los últimos meses,  Francisco Vega de Lamadrid ha realizado varias transacciones para hacer crecer su patrimonio personal a la par de sus funciones como gobernador. Ha vendido condominios por varios millones de pesos a funcionarios y proveedores de su gobierno. Entre sus compradores resalta su secretario de Desarrollo Social, el superintendente de la CFE y un ex empleado de gobierno estatal que además es distribuidor en administraciones panistas

Representado por la empresa de la familia Arnaiz, misma que mantiene contratos con el Gobierno del Estado, Francisco Arturo Vega de Lamadrid ha vendido a su nombre por lo menos siete propiedades en los últimos meses, dejándole ingresos superiores a 6 millones 594 mil pesos de un total de 44 millones de pesos que le generó una sola venta.

“Kiko” realiza sus negocios incluso con integrantes de su gabinete y funcionarios de primer nivel del Gobierno Federal, como su secretario de Desarrollo Social, Alfonso Álvarez Juan, quien -según documentos oficiales- pagó a su jefe 924 mil pesos por un condominio de 71 metros cuadrados en Tijuana.

Asimismo, el gobernador de Baja California recibió un millón 092 mil 500 pesos por parte de Luis Enrique Torres Inzunza, quien funge como superintendente Zona Tijuana de la Comisión Federal de la Electricidad (CFE) del Gobierno Federal, a cambio de otro condominio de 64.98 metros cuadrados, en la misma ciudad.

Además de funcionarios, el panista hizo negocio personal con un ex empleado del Gobierno del Estado y actual proveedor de su administración, al venderle otro de sus condominios de Tijuana, que al igual que el resto, se ubican en la colonia Guadalupe Victoria, cerca de la Central Camionera, un desarrollo inmobiliario que Vega hizo en sociedad con Grupo Arnaiz, denominado San Carlos.

SUBORDINADO Y CLIENTE

Al igual que el gobernador, Alfonso Álvarez Juan, su jefe inmediato, acrecentó su patrimonio personal en los cuatro años de ser parte del gabinete estatal. Con un sueldo actual de 55 mil 160 pesos al mes, adquirió un condominio de cerca de un millón de pesos, propiedad del Ejecutivo.

Según documentos en posesión de ZETA, en la escritura pública número 100749 del volumen 4997, Álvarez Juan se convirtió en comprador el 24 de mayo de 2017 ante la fe del Notario Público 8 de Tijuana, Ricardo del Monte Núñez.

El condominio que “Kiko” vendió a su empleado tuvo un costo de 924 mil 910 pesos, a decir del Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Se localiza en el número 504 del desarrollo San Carlos III Entorno Residencial, de la colonia Guadalupe Victoria en la delegación La Mesa.

Según la ficha de inscripción del Registro Público,  “Francisco Arturo Vega de Lamadrid como vendedor del terreno, representado por la empresa Fraccionamiento Arnaiz como vendedora de las construcciones”.

La propiedad que compró el funcionario público a su jefe, tiene 71.20 metros cuadrados de construcción y un espacio para estacionamiento.

Álvarez comenzó en la administración de Vega como director de la Comisión de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), percibiendo un sueldo de 56 mil 080 pesos mensuales, pero en marzo de 2016 el gobernador lo nombró secretario de Desarrollo Social, donde devenga un salario mensual neto de 55 mil 160 pesos.

Al cierre de esta edición, en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California no se encontraron datos de algún crédito hipotecario a nombre de Álvarez Juan.

FUNCIONARIO FEDERAL, OTRO CLIENTE

En noviembre de 2014, Luis Enrique Torres Inzunza fue nombrado oficialmente superintendente de la CFE. Oriundo de Ensenada, es ingeniero en Mecánica, egresado de la Universidad Iberoamericana de Tijuana y otro de los clientes del gobernador.

El funcionario federal adquirió un condominio en San Carlos II de 64.98 metros cuadrados de construcción el 29 de julio de 2016, según escritura pública por un millón 92 mil 500 pesos.

Al igual que en la ficha de registro de Álvarez Juan, Francisco Vega aparece como vendedor junto con el fraccionamiento Arnaiz.

Pero no son los únicos interesados en el negocio de bienes y raíces del gobernador, existen empresarios, casacambistas, un joven de 26 años, entre otros quienes han comprado inmuebles en el mismo desarrollo habitacional.

Cada uno de esos condominios, el gobernador los ha vendido entre 743 mil y 950 mil 800 pesos.

La última transacción de Vega de Lamadrid documentada ante el Registro Público de la Propiedad, es la venta de otro condominio de los edificios Ermita III en el fraccionamiento Alcalá de Tijuana, con un valor de operación de 125 mil dólares -2 millones 250 mil pesos-. Esta inscripción se dio el 5 de julio de 2018.

DE FUNCIONARIO ESTATAL A COMPRADOR MILLONARIO

La “cartera” de clientes de “Kiko” Vega en el último año incluye, entre otros, a Jorge Enrique Figueroa Barrozo, ex funcionario del Gobierno del Estado y actual proveedor de la administración panista por medio de por lo menos tres empresas, una dedicada a “gestionar” recursos ante los diferentes niveles de gobierno y otra a la distribución de equipo de Seguridad Pública, así como “asesorías”.

Inteliproof, S de RL de CV es una de las empresas de Figueroa Barrozo, según su acta constitutiva,  se dedica a la venta de “equipo de Inteligencia y contra-inteligencia, blindaje automotriz, equipo táctico, sistemas de video vigilancia Inteligente e inhibición celular”. Aun así, obtuvo un contrato (AFA/SA/SSP/008) por 10 millones 724 mil pesos con el gobierno panista de Baja California Sur a cambio de seis camiones con “caja recolectora de basura”.

Además, la compañía celebró contratos con el gobierno de Vega, dándose de alta ante la administración como “microempresa”. Desde 2016 aparece en las listas con las  que la CESPT  celebró contratos; en el mismo año se nombró a Alfonso Álvarez Juan, el otro comprador de “Kiko”, director de la dependencia.

En 2017, Figueroa Barrozo también celebró contrato con la CESPT por “servicios de seguridad”, pero con otra empresa denominada Corporativo TekSeg.

Los convenios comerciales del comprador de Francisco Vega se extienden al gobierno municipal de Rosarito que encabeza la panista Mirna Rincón; el Ayuntamiento “invitó” al ex funcionario estatal a participar en la adquisición de cuatro motocicletas tipo cuatrimoto para la Dirección de Seguridad Pública de Playas de Rosarito en noviembre de 2017. El contrato fue otorgado a TekSeg por 672 mil pesos.

En el mismo año, la empresa obtuvo un contrato en Ensenada para la compra de diez vehículos tipo pick-up Ram 2017 equipados y balizados como patrulla por 6 millones 984 mil 998 pesos.

Además, Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, uno de los socios de Figueroa Barrozo en TekSeg, fue contratado por el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro, alcalde de Tijuana, para encargarse de una preselección de candidatos a policías municipales por 7 millones 450 mil pesos.

Otra de las empresas de Figueroa con las que mantiene contratos con gobierno es Innovatio Consultores, la cual se describe como “un despacho especializado en la asesoría para la obtención fondos: estatales, federales e internacionales”.

EL NEGOCIO ENTRE “KIKO” Y LOS ARNAIZ

Desde 2014, siendo gobernador, Francisco Vega de Lamadrid inició los trámites para construir en uno de sus predios los condominios San Carlos III. Para desarrollarlos, estableció una relación comercial con Frasa, filial de Grupo Arnaiz.

De esta “sociedad” se sabe desde ese entonces que fue por medio un acuerdo que el gobernador puso a disposición el terreno donde los Arnaiz construyeron los condominios. De hecho, cada departamento vendido representaba ganancias para ambos actores. Sin embargo, dentro del contrato, a Vega de Lamadrid se le otorgaron varios inmuebles a su nombre como parte del pacto comercial.

En el reportaje publicado en abril de 2015, bajo el título “Las transacciones de Vega (y familia)”  ZETA pudo documentar que al gobernador solo se le paga conforme se vayan vendiendo los inmuebles y se entregan a los propietarios en un régimen de condóminos. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, algunos de los condominios fueron puestos a nombre del gobernador para que este los revendiera, lo cual ahora está haciendo con personas ligadas al gobierno, funcionarios y proveedores, en lo que podría ser un conflicto de intereses.

La relación entre Vega de la Madrid y Arnaiz (representada por Raymundo Arnaiz, su esposa y tres hijos), se dio en una superficie aproximadamente de 16 mil metros cuadrados propiedad del mandatario y se le pagarían 2 mil 800 pesos por cada metro cuadrado.

Es decir, un negocio para el titular del Ejecutivo por 44 millones 800 mil pesos. A la fecha, 160 condominios, es decir, la totalidad del desarrollo, ya fueron vendidos.

EL JUGOSO TERRENO

En 2014, a meses de haber asumido su gobierno, Francisco Vega realizó los trámites necesarios ante la Dirección Municipal de Administración Urbana de Tijuana. Ahí se le autorizó la construcción “de seis unidades tipo habitacional”, ubicadas a dos cuadras de las oficinas del Partido Acción Nacional en Tijuana y cerca de una de sus casas en Jardines del Pedregal.

En realidad, donde se construyeron las unidades habitacionales San Carlos fue en solo una parte de un terreno mucho mayor que Vega había adquirido antes de ser diputado federal. En 2008, un juez civil sentenció en el juicio de prescripción positiva (expediente 892/2008) a favor de Vega de Lamadrid, quien demandó la propiedad a la señora Vicenta Mayor Ames, “también conocida como Vicenta Mayor de Domínguez o (…) viuda de Domínguez”.

La adquisición del predio fue inicialmente por 25 mil metros cuadrados a un valor de 2 millones de dólares entre 2005 y 2006, años después de que terminara su presidencia municipal en Tijuana.

A pesar que desde esas fechas se le reconoció como el legal propietario, Vega lo inscribió en el Registro Público (oficina que depende de su gobierno) hasta el 24 de abril de 2014. Posterior a este movimiento, realizó subdivisiones al terreno, una de las partes la vendió a sus hijas por 3 millones 190 mil 250 dólares, según consta en documentos oficiales en poder de ZETA.

“GÓBER” Y ARNAIZ TRANSARON TAMBIÉN CON OBRA

En el mismo año que Vega de Lamadrid comenzó el desarrollo de San Carlos, su gobierno lanzó una licitación para adjudicar los trabajos de la ampliación del puente Lázaro Cárdenas en Tijuana, el cual se encuentra a un lado de los condominios.

En realidad, la obra pública que fue “ganada” por Constructora Transpeninsular, filial del Grupo Arnaiz. Así se dotó de una calle que dio acceso directo a los condominios propiedad del gobernador y de ellos mismos. Y otra que conecta la Vía Alamar con el Puente Lázaro Cárdenas por un costo mayor a 16 millones de pesos.

De hecho, en la Cuenta Pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en la mentada, obra pues en el concurso donde participaron otras empresas se ignoraron “dos propuestas con los precios más bajos”, explica el informe de la Auditoría.

La ASF determinó que Constructora Transpeninsular “ocupó el cuarto lugar (en la licitación) con un presupuesto mayor en 35 por ciento que el previsto para su realización”.

De los 16 millones 600 mil pesos que se pagaron a la constructora de los Arnaiz, 14 millones 186 mil pesos resultaron del Fondo Metropolitano, es decir, a recursos federales.

Días antes que se le diera el contrato (C-FM-14-TIJ-SI-80) a la constructora, el gobernador oficializó la Constitución de Régimen de Propiedad en Condominio entre él y el fraccionamiento Arnaiz.

El gobierno anunció que la obra duraría menos de cinco meses, pero se terminó en diez y con señalamientos de la ASF, ya que “en visita de verificación física de dicho puente, se detectaron trabajos de mala calidad y falta de limpieza”, aunado a que se le “adicionó y pagó obra fuera del objeto del contrato sin la autorización correspondiente”.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / ISAÍ LARA BERMÚDEZ/ LUNES, 27 AGOSTO, 2018 01:00 PM)

“LA CHINA” ESPERA TRASLADO

Luego de confirmarse el amparo otorgado en 2017 a Melisa Calderón para que sea regresada al penal de La Paz, se desconoce cuál será su destino. Su traslado al Cefereso 16 en Morelos en 2016, fue considerado violatorio de derechos fundamentales. Autoridades carcelarias justificaron que era urgente “actuar” porque la reclusa era líder de sicarios del grupo Los Dámaso y requería medidas especiales de seguridad. El órgano administrativo desconcentrado de las prisiones evalúa si es conveniente regresarla  a BCS, a otro penal o que se quede en Morelos

Aunque el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con residencia en La Paz, Baja California Sur, confirmó desde el 24 de mayo último el amparo concedido por un juez federal a Melisa Margarita Calderón Ojeda “La China”, para que sea trasladada del penal femenil de máxima seguridad de Morelos al penal de La Paz, la medida entró en un compás de espera.

MELISSA MARGARITA CALDERÓN “LA CHINA”

Así lo informaron fuentes judiciales a ZETA, luego de advertirse que en la fase de ejecución de la sentencia del juicio de garantías, “se presentó una controversia sobre los términos en que debe ser cumplida la ejecución de amparo”. Debido a lo anterior se ordenó la apertura del “incidente de cumplimiento sustituto para determinar la designación de un nuevo centro penitenciario en el que deberá compurgar la pena que le fue impuesta o permanecer en el Centro federal en el que se encuentra la quejosa actualmente”.

El referido incidente se abrió a finales del mes de julio, pero debido a que las notificaciones se tienen que realizar vía exhorto por la distancia entre Baja California Sur y Morelos, es fecha en que no se efectúa la audiencia incidental, en la que en su caso serán recibidas las pruebas que las partes lleguen a ofrecer. Después se admitirán alegatos y se dictará la resolución correspondiente.

Las intenciones de Melisa Calderón -que en trámites legales aparece como “Melisa”- de volver al Centro de Reinserción Social femenil de La Paz, se vieron entorpecidas en las últimas semanas ante la insistencia de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y autoridades penitenciarias, de implementar medidas ante el riesgo que ese traslado implica para esa prisión y su población privada de libertad.

Precisamente dentro del incidente promovido por el gobierno sudcaliforniano, el juzgador federal valorará lo que, tanto autoridades como la quejosa, tengan a bien manifestar de acuerdo a sus intereses legales.

Como se informó en su oportunidad, “La China” fue trasladada el 23 de marzo de 2016 de la cárcel paceña al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Femenil Número 16, donde actualmente se encuentra, pues la autoridad responsable solicitó enviar a la interna a un penal federal, ya que “requería medidas especiales de seguridad, pues no cubre los lineamientos para su permanencia en el Centro de Reinserción Social de La Paz, toda vez que se identifica como líder de sicarios del grupo delictivo ‘Los Dámaso’, extensión del Cártel de Sinaloa, que opera en la entidad”.

Según la petición, Calderón Ojeda pretendía realizar “acciones tendentes a vulnerar y desestabilizar el orden, disciplina y seguridad del centro de reclusión, y poniendo en riesgo su vida, la de las demás internas, la de la visita y la del personal que labora en la institución penitenciaria”.

Fue la madre de “La China” quien promovió el juicio de amparo al expresar en su demanda que la joven fue excarcelada del Cereso de La Paz “y fue sacada del Estado vía aérea”, pese a que estaba a disposición del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, con motivo del auto de formal prisión dictado el 17 de diciembre de 2015 en la causa penal 344/2017 por el delito de homicidio calificado y “donde desahogaba pruebas en su favor a fin de acreditar su inocencia en los hechos que se le imputan”.

Según las investigaciones federales y militares, la célula delictiva de “La China”, quedó desarticulada tras la captura de su novio y cómplices, únicamente está pendiente de caer la cabecilla de esta agrupación de Los Dámaso.

La promovente del amparo aseguró haberse enterado del traslado de su hija a través de un periódico que refería que se buscaba “desactivar un supuesto reagrupamiento que se estaba dando en el interior del penal. Se menciona también que algunos grupos estaban tomando fuerza y para desactivarlos se decidió separar a sus integrantes para impedir el desarrollo de sus actividades o planes”.

La mujer expresó que se violaban los derechos humanos de Melisa y de ella como madre al no serle proporcionada ninguna información sobre el traslado y destino de la interna, “causándome un grave daño, además que esta situación se convirtió en una noticia o evento amarillista que fue publicado en el diario de mayor circulación en La Paz, pero amén de que dicho daño me causa un agrave agravio, temo por la vida de mi hija”.

Tras estudiar el asunto, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California Sur resolvió conceder el amparo y protección de la justicia federal a “La China” el 18 de enero de 2017 y ordenó sea trasladada de vuelta al penal de la Capital de la entidad, pues efectivamente se vulneraron los derechos humanos de la entonces procesada.

El juzgador recordó que a partir de la reforma penal de 2008, se acabó con la discrecionalidad de las autoridades administrativas tenían en torno al manejo de procesados y sentenciados, quedando dicha potestad a la autoridad judicial en la vigilancia y supervisión de todos los eventos de trascendencia jurídica de los penados.

En el expediente administrativo de la interna, el juez no halló constancias de que las autoridades penitenciarias hayan notificado del traslado al siguiente día hábil de sucedido éste al juez de la causa penal, “lo cual transgrede el derecho de seguridad jurídica de la quejosa, al tratarse de un acto desprovisto del control jurisdiccional que establece la ley para dicho acto”.

Así, el amparo se concedió para el efecto de que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, “deje Insubsistente la orden de traslado de fecha 23 de marzo de 2016 y ordene las acciones necesarias para que la accionante de amparo sea reinstalada en el Cereso femenil de La Paz”. Sin embargo, como ahora se informa, tras la confirmación del fallo, existe una controversia sobre el penal al que habrá de ser ingresada la reclusa.

Melisa Margarita Calderón Ojeda fue detenida el 19 de septiembre de 2015 en un aeródromo de Cabo San Lucas, cuando pretendía salir de la entidad a bordo de una aeronave y agentes investigadores le notificaron que contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio.

La chica estaba en la sala de espera de la terminal aérea acompañada de una adolescente embarazada. Al ser abordada por sus captores, no opuso resistencia, pues no llevaba ni armas ni pistoleros, pese a que se le señalaba como presunta jefa de sicarios de las Fuerzas Especiales de Dámaso (FED) del Cártel de Sinaloa. Anteriormente, había escapado en seis ocasiones cuando policías estuvieron a punto de atraparla.

“La China” está formalmente presa por su probable responsabilidad en el homicidio calificado con alevosía en grado de complicidad cometido en agravio de Humberto Juárez León “Don Maleno” el 16 de enero de 2015, en una residencia de la colonia Revolución, cuando confundieron al hombre de 54 años con su hijo José Humberto Juárez Mora “El Pollón”. Además, se le señala en otros eventos criminales ocurridos antes de 2015 en Baja California Sur.

MANTIENEN DISPUTA POR DROGA

La violencia se mantiene en el Estado. En julio, autoridades hablaban de una posible disminución del 76 por ciento en homicidios dolosos y, a unos días de culminar agosto, las cifras lucen desalentadoras.

En julio se registraron seis homicidios dolosos, en tanto que al corte de 23 días de agosto, se tienen nueve,  un 50 por ciento por encima del mes anterior, además de fuertes aseguramientos de droga y armas, lo que implica alta presencia del crimen organizado en las calles de los cinco municipios de Baja California Sur.

Desde San José del Cabo en el municipio de Los Cabos hasta Guerrero Negro en Mulegé, se han registrado sucesos que evidencian la presencia del crimen organizado.

“Durante la revisión a los servicios de paquetería y tráilers, ubicaron un vehículo, el cual contenía una carga que fue detectada por un binomio canófilo, el cual marcó y al hacer la revisión detallada, se encontraron 62 cajas en las cuales había bolsas con enervante, mismas que fueron puestas en la estación de la citada autoridad que determinará el tipo de droga y la cantidad exacta”, documentó Edgar Humberto Flores García, Comandante de la Tercera Zona Militar en el Estado.

De los nueve asesinatos a lo largo de agosto, cuatro han tenido lugar en Los Cabos, dos en La Paz, uno en Loreto y dos en Comondú; hasta el momento solo se ha resuelto el doble homicidio ocurrido en la invasión Vado de Santa Rosa en San José del Cabo (9 de agosto), en las calles de Octava y Novena, donde localizaron dos cuerpos sin vida; así como el homicidio de una persona del sexo masculino en el rancho conocido como “El Wereque” en Ciudad Constitución (10 de agosto), donde se detuvo a un joven de nombre Armando, de 21 años de edad.

En cuanto a órdenes de aprehensión, cuatro han sido libradas, una el lunes 13 de agosto y dos días después en contra de “tres masculinos, de 22, 37 y 48 años, originarios de los estados de Sinaloa, Veracruz y Oaxaca, respectivamente”, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado.

“En el caso de San José del Cabo, en la colonia Ampliación Vado de Santa Rosa, dos personas fallecidas por arma de fuego calibre 9 milímetros, les podemos informar que los tres responsables de ese incidente, ya obtuvimos los mandamientos judiciales. En el municipio de Comondú se nos informó de la persona fallecida, se hizo y se realizó la investigación y se obtuvo también la orden de aprehensión en contra del responsable del hecho, en ese caso ya se obtuvo la vinculación a proceso por homicidio calificado”, expresó en su momento Daniel de la Rosa Anaya, procurador general de Justicia del Estado de Baja California Sur.

En cuanto a droga y armas, se contabilizan 15 detenidos, sin embargo, aun después de los últimos detenidos por homicidio el 13 de agosto, se registraron cuatro homicidios dolosos, lo que podría implicar que aún hay sicarios en las calles.

De acuerdo a la PGJE, se han asegurado 15 mil 132 dosis de droga de sus diversas presentaciones, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional ha dado cuenta de más de 115 kilos de cristal encontrados – 110 de ellos en el Puerto de Pichilingue el 15 de agosto-, los cuales eran transportados en camiones de la empresa de paquetería Baja Pack Express; el resto de la droga se localizó en cinco paquetes confeccionados.

El aseguramiento se hizo el 6 de agosto y estuvo a cargo de personal destacamentado en la 16/a Compañía de Infantería en San Ignacio, en el tramo carretero Santa Rosalía-Guerrero Negro, al efectuar una revisión a un autobús de pasajeros.

El último golpe a células de la delincuencia organizada se dio en la colonia Colosio de la comunidad de San José del Cabo el 20 de agosto, en un domicilio aparentemente vacío, al llegar los elementos de Unidad de Investigación del Delito de Homicidios, así como la Unidad Especializada en Investigación y Judicialización en Comercio de Narcóticos Destinados al Consumo Final, ejecutaron orden de cateo donde lograron asegurar:

* 244 paquetes rectangulares conteniendo en su interior un vegetal verde y seco, con las características de la marihuana

* 11 bolsas de plástico transparente conteniendo una sustancia cristalina y granulada, conocida como cristal

* Tres armas largas de fogueo

* Un arma corta calibre 9 milímetros

* Cuatro  cargadores calibre 7.62

* Diversos cartuchos útiles calibre 7.62×39.

Cabe destacar que en el domicilio no se aseguraron personas, las armas se encontraban escondidas debajo de las camas y la droga estaba cubierta con bolsas plásticas.

Con estos hechos, se demuestra que Baja California Sur continúa inmersa en la pelea entre células criminales que buscan  establecerse en el mercado de la droga, las cuales recurren a la violencia para presionar a sus rivales y disponer de mayor territorio.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / LUIS CARLOS SÁINZ/ MARTES, 28 AGOSTO, 2018 01:00 PM)

BC, SEGUNDO LUGAR EN DENUNCIAS POR ABORTO

La Procuraduría General de Justicia del Estado abrió investigaciones contra 148 mujeres por el delito de aborto en los últimos tres años. Sin importar que estos se den de manera natural o no, los casos se investigan por igual, lo que para la maestra Angélica Medina, del colectivo Centinelas, es ejemplo de la criminalización de la mujer. De manera paralela, el abandono de bebés no deseados en hospitales ha crecido considerablemente, reportando casi 200 solo entre 2017 y 2018, según cifras oficiales de DIF Estatal

Emily Judith Cervantes, es una joven de 26 años de edad recluida en el Centro de Reinserción Social de Mexicali, acusada del delito de homicidio agravado en razón de parentesco consanguíneo, luego que el 18 de agosto presuntamente asesinara a su hijo Kelvin Omael Cervantes, de apenas 4 años, a quien le propinó 45 lesiones. El hecho fue narrado por once testigos que forman parte de la carpeta de investigación.

Así como este, otros dos casos de bebés asesinados por sus progenitores se registraron solo en 2018, aunado a un par de incidentes donde madres abandonaron sus productos en la vía pública, sugiriendo que existen problemas no atendidos ni visibles para la autoridad.

“Estas tragedias no ocurrirían si hubiera políticas públicas en este tema”, es la respuesta simple de la maestra Angélica Medina, integrante de Centinelas, agrupación feminista que impulsa y brinda asesoría a mujeres que requieren orientación ante un embarazo no deseado.

Al hablar de este tema resulta imposible no mencionar los casos de Paulina y Leslie, dos mujeres que fueron víctimas de la autoridad por negarse a ser madres en una etapa temprana. Leslie incluso tuvo una sentencia de más de 20 años por homicidio, aunque al final logró salir de manera anticipada tras ganar un enfrentamiento legal.

Partiendo de esa premisa y argumentando que muchas mujeres son obligadas a tener hijos por la presión social, la también activista afirmó que es necesario subir el tema a la agenda pública para dar solución a un problema del que nadie quiere hablar.

Pese a que en Baja California se protege la vida desde la concepción, en los últimos dos años ha ocupado el segundo lugar en denuncias por aborto a nivel nacional, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo superado por Ciudad de México.

De manera paralela, el clima de adicciones y embarazos tanto adolescentes como no deseados -donde Baja California también ocupa los primeros lugares- ha incrementado el abandono de infantes en hospitales de la entidad, por lo que se requiere una intervención urgente de las autoridades para procurar mecanismos que reduzcan esta problemática, desde la educación sexual, hasta abrir el debate sobre el aborto, consideró Medina.

Infortunadamente, existen pocos datos locales sobre las incidencias de la interrupción del embarazo, pues tanto autoridades como académicos no han tomado el tema como prioritario.

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN CRIMINALIZA A LA MUJER: CENTINELAS

El coordinador de la Unidad Investigadora de Delitos contra las Personas y su Integridad, Daniel González Guerra, comentó que en sus dos años al frente del área no se ha judicializado a ninguna mujer por el delito de aborto en Mexicali, que cabe señalar, alcanzaría hasta cinco años de prisión.

En épocas recientes, sólo el caso de una mujer de 23 años de edad en Ensenada fue llevado a los tribunales en Baja California, la cual fue descubierta al detectarle residuos de Misoprostol –un medicamento para úlceras que además provoca la expulsión del producto- en la cavidad vaginal. Según Angélica Medina, esta es una práctica común en las mujeres que pretenden interrumpir su embarazo.

Sin embargo, Daniel González reconoció que como parte de un protocolo para proteger la vida desde la concepción, los hospitales y clínicas interponen denuncias contra las mujeres que perdieron el producto, sin importar que la interrupción se diera de manera natural o no.

Cuando se confirma que el caso pasó a ser un tema accidental, la fiscalía desecha la acusación contra la mujer, pero esta se archiva.

Para Angélica Medina, esto es un claro ejemplo de la criminalización de la mujer, pues automáticamente se vuelve sospechosa de un delito, incluso antes de tener algún indicio que sugiera un aborto inducido.

Por su parte, González Guerra aseveró que en 2018 han recibido 27 denuncias por aborto en Mexicali, de las cuales 18 son provenientes de hospitales, el resto son atenciones que paramédicos realizan en viviendas o la vía pública, donde también se inician averiguaciones.

Entre 2017 y 2018, en la Capital del Estado se abrieron carpetas de investigación para atender el abandono de tres productos, cuyos restos fueron localizados en basureros y en la vía pública.

Uno de ellos ocurrió la noche del 7 de febrero de 2017, cuando residentes de la colonia Industrial reportaron que al interior de una bolsa de plástico fue hallado el cuerpo de un producto de 40 semanas de gestación. Se trataba de una niña que pereció por una malformación.

Caso similar ocurrió en mayo de este año, cuando pepenadores localizaron un feto de 25 semanas entre la basura del Centro de Transferencia de la colonia Xochimilco, mientras buscaban objetos de valor.

Un tercer incidente se suscitó en junio. Residentes de la colonia Villa Verde, al Oriente de la ciudad, denunciaron a una mujer que abandonó una bolsa de plástico con un bebé recién nacido; según informó el Servicio Médico Forense, el producto respiró, pero falleció a causa de una malformación en el estómago, por lo que era prácticamente imposible que pudiera sobrevivir.

En el último caso se identificó a la madre como una conocida adicta de la comunidad, por lo que -al igual que en los otros dos casos- se abrió una carpeta de investigación para llevar a cabo un proceso judicial en contra de los responsables.

NO SE SOLICITAN ABORTOS LEGALES: PGJE

Pese a que las leyes vigentes permiten bajo ciertas condiciones el aborto no punible, en los últimos dos años no se ha realizado solicitud alguna, según comentó el funcionario de la PGJE, quien agregó que solo en una ocasión pidieron una evaluación en el Hospital General, para que una mujer interrumpiera su embarazo ante un inminente riesgo de morir.

Después de un intenso análisis entre médicos y especialistas, se decidió continuar con el procedimiento y tanto la madre como el niño salvaron la vida.

Esto resulta extraño, dado que Baja California es una de las cinco entidades donde más denuncias por violación se interponen. De hecho, según las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, durante 2017 se registraron 667 violaciones denunciadas, y la conducta en el presente año mantiene la misma tendencia, pues de enero a julio se documentaron 390 casos.

Cabe señalar que datos compartidos por la académica Mónica Ayala Mira y la psicóloga Angélica Medina, estiman que alrededor del 90 por ciento de los casos no se denuncia ante las autoridades. Llama la atención que pese a los datos no exista registro alguno de solicitudes de aborto no punible.

La conducta es similar a nivel nacional. Según un informe del Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE), que evaluó las cifras de violaciones sexuales desde 2009 a 2016, se reportaron 70 mil 630 denuncias por violación ante las procuradurías locales. En ese mismo periodo solo se solicitaron 61 procedimientos abortivos por víctimas de este tipo de agresiones.

La activista de Centinelas explica que las mujeres no confían en la autoridad y prefieren recurrir a métodos caseros -algunos peligrosos-, o bien, cruzar la frontera e interrumpir el embarazo bajo los cuidados en una clínica particular en California.

Agregó que no existen investigaciones recientes sobre cuántas personas cruzan la frontera para practicarse un aborto, pero aseveró que solo tienen acceso las mujeres cuya condición económica es favorable.

El resto utiliza ganchos, cuchillos y otros artefactos, o bien, consumen pastillas de Misoprostol, medicamento que no es detectable cuando se consume vía oral, o bien, se argumenta desconocimiento de sus efectos ante los médicos.

Medina afirma que diariamente recibe casos de mujeres que piden información sobre el aborto, por lo que desde hace dos meses trabajan en una base de datos que pretende dar un panorama general sobre la práctica de la interrupción del embarazo en Mexicali.

ZETA solicitó tanto al Servicio Médico Forense como al Instituto de Servicios de Salud información sobre interrupciones inducidas por parte de mujeres, pero ambas responsabilizaron a la otra dependencia de contener esas cifras. Mientras tanto, la PGJE estableció que desde hace varios años no detectan casos intencionales.

AUMENTA INGRESO DE BEBÉS PROVENIENTES DE HOSPITALES DE BC: DIF

Un problema creciente en los hospitales y clínicas de la entidad es el abandono o el ingreso de infantes por madres que no están en condiciones de atender a sus hijos, ya sea por propia voluntad, desconocimiento o casos severos de adicciones.

Según la procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, Consuelo Luna Pineda, durante 2017 y 2018 se han registrado 190 ingresos de menores provenientes de hospitales públicos por los motivos arriba mencionados, la mayoría de mujeres con problemas de adicción, mismos que son detectados porque el bebé presenta síndrome de abstinencia; la madre está intoxicada al momento de la atención, o debido a que se brindan los primeros auxilios en un “picadero” o inmueble en condiciones desfavorables.

Mexicali y Tijuana encabezan la lista de municipios donde se registra con mayor frecuencia estas prácticas, en la que alrededor del 30% de los infantes termina en los albergues de DIF Estatal o en alguna casa hogar, debido a la saturación de trabajo que se presenta cada determinado tiempo.

Luna Pineda aseveró que se tiene un protocolo de atención inmediata en estos casos donde se coordinan con clínicas y hospitales, para así prepararse y atender a los menores recién nacidos de la forma que requieren, ya que la mayoría presentan severos problemas de salud.

“Hemos tenido un aumento en los últimos años, también ha sido por la coordinación con los hospitales para saber qué hacer por incidentes que se han presentado donde entregan a  los menores y a los días regresa el menor con algún problema grave de salud, porque no lo cuidaron bien”.

La procuradora de la Defensa del Menor declaró que algunas veces han sido sobrepasados por la demanda de neonatos, pero se apoyan con casas hogar para poder dar atención a todos los casos.

Mientras que Angélica Medina, de Celestinas, consideró que esta práctica que realizan los hospitales y DIF Estatal, eventualmente será sobrepasada, pues no existe una política pública tangible que pretenda evitar los orígenes del problema y no las consecuencias.

Agregó que es una forma disfrazada de obligar a las mujeres a dar a luz sin la necesidad de abortarlos como una alternativa, cuando la realidad es que hay mujeres que no desean someterse a todo el proceso de embarazo.

“Es como tapar un hoyo haciendo otro hoyo”, comparó la activista, quien dijo si bien el aborto es una solución, existen otras que tampoco están siendo impulsadas con seriedad, como la educación sexual, que no se basa simplemente en el coito, sino en la planificación familiar y otros importantes factores que ayudan a mujeres y hombres a tomar mejores decisiones.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / EDUARDO VILLA LUGO /LUNES, 27 AGOSTO, 2018 01:10 PM)

ATACAN A 4 EN TAXI LIBRE EN TIJUANA, MUERE CHOFER

Cuatro personas que iban a bordo de un taxi libre color verde con blanco, fueron atacados a balazos, el conductor de la unidad murió.

Los primeros datos apuntan que esta noche de lunes 27 de agosto, se informó a la central de emergencias que sobre la calle Principal de la colonia El Florido primera sección, Delegación La Presa, se había suscitado un tiroteo.

Agentes municipales y paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio, teniendo a la vista a los lesionados, sin embargo el conductor, hasta ahora sin identificar, murió en el lugar de los hechos.

Tres personas, con diversas heridas, fueron trasladadas a un nosocomio de la localidad. Se desconoce su estado de salud.

Hasta ahora no hay detenidos en relación al crimen.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  ZETA/ LUNES, 27 AGOSTO, 2018 09:48 PM)

SUMAN OCHO CRÍMENES MÁS EN AGOSTO, VAN 182

En lo que va de agosto 182 personas han sido asesinadas, en las últimas horas se sumaron ocho crímenes en diversas zonas de Tijuana.

El primer hecho se reportó a las 07:49 horas en Cañón Belén, en la colonia Reforma en donde un desconocido, de 35 años de edad, fue asesinado a tiros.

Luego en un camino vecinal en las faldas del cerro a la altura del Fraccionamiento Delicias II, fue localizado el cadáver de un masculino, de entre 40 y 45 años, con huellas de violencia.

En las instalaciones del Hospital General de Tijuana se reportó que Eduardo Ancelmo Maldonado Partida, de 24 años, había fallecido producto de las balas que recibió en pectoral derecho y cadera.

Agustín Zamora Avilés, de 42 años, fue privado de la vida a balazos en un domicilio situado en calle Emiliano Zapata, de la colonia Lázaro Cárdenas, Delegación Playas de Tijuana.

Un desconocido, de aproximadamente 35 años, fue asesinado de un tiro en el hombro izquierdo cuando se localizaba en Privada Botero, de la colonia Villa Fontana onceava sección.

En la calle Laurel de la colonia El Florido, Delegación La Presa, se registró un ataque armado en contra de cuatro personas que iban a bordo de un taxi color verde con blanco. En los hechos el conductor, que permanece en calidad de desconocido, murió.

En la cajuela de un vehículo fue localizado el cadáver maniatado de un masculino, el automóvil  fue abandonado en calle San Carlos en la colonia Buenos Aires, Delegación Cerro Colorado. Cabe destacar que la unidad cuenta con reporte de robo.

La madrugada de este martes 28 de agosto, frente a un albergue temporal ubicado en calle Baja California en la Zona Norte, fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en el interior de un tambo, color verde. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

En ninguno de los casos se reportan personas detenidas.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  ZETA/ MARTES, 28 AGOSTO, 2018 10:26 AM)