El escándalo por el
fideicomiso creado por Morena para ayudar a los damnificados por los sismos en
el centro y sur del país el año pasado, jamás hubiera alcanzado sus niveles
actuales de haberse quedado callado Andrés Manuel López Obrador, quien sigue escalando
su beligerancia. ¿Por qué no dejó que los representantes de Morena litigaran en
tribunales contra la multa de 197 millones de pesos que le fijó el Instituto
Nacional Electoral por el uso ilegal de recursos para fines privados? Su voz
potenció un tema que por semanas le importó poco a la sociedad y lo colocó en
un aparador.
La reacción de López Obrador
es consecuente con su eterna postura moral y principista. Por ello, su defensa
no ataca el fondo de la resolución, sino la percepción que de este emana: que
no es un político honesto, que miente, y que lastimó a aquellos sectores a
quienes ofreció proteger. Esto no podía dejarlo pasar. De ahí la renovada
acusación que se trata de un “complot”. En el horizonte apareció la pregunta:
¿Cuál es la diferencia entre ese fideicomiso, el Pemexgate, Amigos de Fox y
Monex?
Lo primero que habría que ver
es lo que la resolución del INE no dice, y lo que representa para el resultado
de la elección presidencial. Primero, el INE nunca afirma que el dinero del
fideicomiso para los damnificados fue utilizado para las campañas electorales,
que es en donde se ha centrado la respuesta de los principales líderes y
figuras de Morena. Es decir, el alegato es una cortina de humo que busca llevar
la discusión pública a un terreno inexistente, pero fértil para el debate.
Presentar en medios de comunicación a damnificados del sismo que recibieron
dinero del fideicomiso, les permite construir la realidad alterna de que el INE
miente, que lo ataca junto con el gobierno, y que se evapore la imputación de
deshonestidad.
Lo segundo es que la multa no
modifica el resultado electoral porque no hay afectación de equidad, ni rebase
a los topes de campaña, ni existe una diferencia menor al 5% entre el primero y
el segundo lugar. O sea, López Obrador va a ser presidente de México a partir
del 1 de diciembre. Lo que sí establece el proyecto de resolución de 154
páginas, es que López Obrador mintió y reconoció haber violado la ley
electoral:
1.- El 20 de septiembre de
2017, López Obrador, entonces dirigente de Morena, anunció que donaría el 50%
de la prerrogativa federal (dinero de contribuyentes) que recibiera Morena para
sus gastos de campaña en 2018. El 22 de abril de este año, durante el primer
debate presidencial, aseguró que Morena había ido destinando el financiamiento
público a un fin distinto de su objeto. En ese momento, dijo que 72 millones de
pesos de los contribuyentes se había dedicado unilateralmente a promover la
ayuda a damnificados.
Esto contraviene el artículo
41 constitucional, que garantiza el derecho a los partidos de recibir
financiamiento público destinado “al sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los
procesos electorales”, así como el artículo 25 de la Ley General de Partidos
Políticos que prevé que es obligación de ellos “aplicar el financiamiento de
que dispongan para los fines que les hayan sido entregados”. El reconocimiento
del destino de los recursos públicos para fines distintos a lo que le
establecía la ley, lo hizo explícitamente admitir que estaba violando la ley y
declarase culpable de ello, con un lenguaje político que arropaba una acción
noble de su parte.
2.- El 25 de septiembre se
formalizó el fideicomiso “Por los Demás”, donde el INE probó vínculos y
subordinación de sus fundadores con el entonces presidente de Morena, quienes
se encargaron de designar a las personas que serían las beneficiarias de los
recursos con los cuales contara el fideicomiso. El Comité Técnico que fue
creado para esos fines, instruyó a la fiduciaria, en contravención también con
lo estipulado en el mismo contrato del fideicomiso, que entregara los recursos
del fideicomiso a terceros que no eran “sujetos de apoyo” y que eran, a su vez,
personas ligadas a ese partido. Ninguno de ellos se encontraba en el padrón de
damnificados que elaboró la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Estos dos puntos golpearon
por debajo de la línea de flotación de López Obrador, que toda su vida pública
se ha presentado como el ejemplo de la moral y la honestidad. No es la primera
vez que queda atrapado en la contradicción de su discurso con los hechos. En la
campaña presidencial de 2012, el PRI –como ahora lo hizo con la denuncia sobre
el fideicomiso-, señaló que la asociación civil que había creado en 2006,
Honestidad Valiente, había incumplido con sus obligaciones fiscales y ocultado
por años el manejo de recursos, dejando abierta la sospecha de que se trataba
de un financiamiento paralelo para su campaña presidencial. López Obrador lo
negó fehacientemente, pero la fue sacando del ojo público hasta desaparecerla.
Seis años después está metido
en un embrollo similar pero con factores objetivos mucho más delicados. Uno es
la sospecha que lucró políticamente con los sectores más afectados, en ingreso
y por la tragedia, que éticamente sería imperdonable. Otro es que no es un
candidato perdedor, sino el próximo presidente de México, por lo que la
sospecha de financiamiento alterno a su campaña presidencial, como lo hicieron
el PRI y el PAN en el pasado, que ronda por la mayoría de las páginas del
expediente del INE, está sobre su cabeza. Contra ello es su incendiaria
ofensiva.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
Twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ ESTRICTAMENTE
PERSONAL/ 23 DE JULIO DE 2018)
