“VÁYASE A LA BASÍLICA”

Foto: Archivo

Mi compañero editor Francisco J. Ortiz Franco fue asesinado en 2004. Junio 22. Le tirotearon a la cabeza. Apenas había trepado a su auto. Ni siquiera encendió el motor. Dos perversos matones no tuvieron compasión. Dispararon cuando los hijitos del periodista estaban en el asiento trasero. Semanas después hubo una coincidencia: ZETA y la Procuraduría General de Justicia del Estado anotaron públicamente como sospechoso a Jorge Hank Rhon. Apareció simultáneamente en las hipótesis. Primero el Cártel Arellano Félix. La Procuraduría General de la República no desmintió esas presunciones. Al contrario, las avaló. Había y hay sustento: Ortiz Franco tenía muchas pruebas legales y conclusiones jurídicas. Así podría abrirse una averiguación penal contra Hank en otro asesinato: El del co-Director de ZETA, Héctor Félix Miranda. Guardaespaldas del júnior lo asesinaron en 1988. Antonio Vera Palestina disparó. Originalmente era escolta del regente Carlos Hank González. Andaba sin uniforme en el “Grupo Jaguar”. Un cochambroso  resumidero de matones en el Distrito Federal. Hacía equipo con los reyes de la corrupción Arturo “El Negro” Durazo y Francisco Sahagún Baca. En 1986 el profesor ordenó a Vera Palestina irse a Tijuana. Le previno cuidar a su hijo Jorge hasta con la vida. Así el júnior llegó para administrar el Hipódromo Agua Caliente y terminó “tronándolo”. Total. Las procuradurías federal y estatal no investigaron a Hank. Menos siguieron los pasos a matones del Cártel Arellano Félix. O a Heriberto Lazcano “El Lazca” de “Los Zetas”. Todos sospechosos. Prácticamente desatendieron el asunto. La fiscalía general atrajo el caso. Y con eso la bajacaliforniana se lavó las manos. Simplemente confirmó las hipótesis y nada más. Después de asesinado Ortiz Franco hubo más crímenes. Fueron borrándolo. Las autoridades se olvidaron. Resultó una vacilada lo que dijo el Presidente Fox: “Iremos hasta las últimas consecuencias”.

Foto: Archivo/Édgar Adrián elenes “El Cachorro”

Entonces sucedió el martes 15 de noviembre de 2005 en algún lugar de Tijuana. Policías encapuchados interrogaron a Edgard Adrián Gutiérrez Elenes. El famoso “Cachorro”. Pistolero entre la segunda y tercera escala del cártel Arellano Félix. Lo detuvieron una noche anterior. Le preguntaron por qué mataron al periodista Ortiz Franco. Y el joven pistolero sorprendió al contestar “nosotros no fuimos, fue gente de Hank”. Esta simple referencia tiene un escabroso principio: En labios de un mafioso “fue gente de Hank” estremece. Significa que el júnior y alcalde tiene a sus órdenes quienes se dedican al crimen. Pudiera ser falso. Pero mientras la policía no investigue la versión sigue en pie. Sobre tan sorpresiva declaración de “El Cachorro” no hubo información a los periodistas. Simplemente después de tanto preguntarle lo mandaron en avión a la Procuraduría General de la República. Yo esperaba un detallado interrogatorio. Pero no. Están por cumplirse dos meses de la captura y no se conoce ni pizca sobre investigación. Para rematar: Poco después apareció la grabación de “Los Zetas”. Ejecución. Acusaciones que levantaron polvareda. Entonces la fiscalía olvidó el caso Ortiz Franco-Hank. Y ahora hasta el video pasó a la nómina de los recuerdos. Nada de lo dicho se comprobó ni se desechó. Todo quedó en el aire. Aquí no es como reza el viejo dicho: “Un clavo saca otro clavo”. No. Un clavo entierra más a otro clavo.

Los periodistas defeños no le pusieron reflectores a “El Cachorro”. Debió parecerles poca cosa. Pero es un pistolero de importancia. Me imagino como en las películas. Si le hiciera una marca a la cacha de su pistola por cada individuo que mató ya no tendría dónde rayar. Recuerdo cómo “El Cachorro” se zafó de un problemón. La prueba está en la averiguación previa 89/01/00/200. Miguel Ángel González estaba prisionero. Allí declaró: El joven pistolero recibió un delicado encargo: Los hermanos “El Mayel y “El Gilillo” Higuera del Cártel Arellano Félix le ordenaron desaparecer a tres personas: Osvaldo López Montenegro, Jesús Natividad Aispuro Vega y Marco Antonio Padilla Cañedo. Eso fue el 4 de marzo de 1999 en el fraccionamiento Buenos Aires de Tijuana. Lo patético después del triple crimen: Detuvieron a “El Cachorro”. Fue interrogado. Pero quedó libre. De pura casualidad el Grupo Antisecuestros lo salvó y regresó a la calle. Hasta la fecha no se han explicado los motivos. Me supongo: Si la Procuraduría federal  “escarba” tantito a este asunto seguramente encontrará motivos firmes para acusar a “El Cachorro”.

Foto: Internet/Jorge Hank

En el caso a Hank Rhon sucede algo curioso: Los jueces, fiscales y gobernadores del PRI y el PAN parecen tenerle miedo. Solamente una ocasión se le llamó a declarar en el caso Héctor Félix y se pitorreó del juez. Mintió. Uno de los hechos más desilusionantes: La Procuraduría General de Justicia de Baja California actuó oficiosamente a su favor. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), interesada desde hace años en el caso, hasta lo llevó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Pero la fiscalía sin nadie preguntarle informó a la SIP que el asunto había prescrito. Fue una rara ocurrencia: Ya no se podían hacer cargos a Hank Rhon. Pero estudios en tres despachos de abogados penalistas en Baja California, Sonora y Sinaloa, demostraron la falsedad y equivocación de la Procuraduría. El caso, por así decirlo, “sigue vivo”. Pero los de Héctor Félix y Ortiz Franco no son únicos. Nada hay sobre el asesinato de María Guadalupe Escamilla en Nuevo Laredo. Alfredo Jiménez en Sonora. El maestro Francisco Arratia en Matamoros. Raúl Gibbs de Veracruz. Gregorio Rodríguez en Sinaloa y para no seguir, Benjamín Flores de Sonora. En todos los asesinatos está plenamente comprobada la autoría mafiosa. Pero igualmente, las procuradurías federal o estatales ni han investigado. No temo equivocarme si escribo: Casi todos por complicidad de la policía con los narcotraficantes.

En todo esto tiene mucha culpa el Presidente de la República, Licenciado Vicente Fox. Personalmente dos ocasiones y ante numerosos compañeros le pedí tipificar como federal el delito de agresión contra periodistas y que no prescribiera. Sus respuestas fueron evasivas. En dos ocasiones se le han

Foto: Internet/Vicente Fox

enviado peticiones por escrito. Siempre promovidas por la SIP. A una respondió que hacía suya la iniciativa para federalizar el delito. Como reza la canción, dijo que sí pero no cuándo y todavía esperamos. En septiembre del 2005 se le envió otra carta. Firmada por todos los directores de periódicos del norte mexicano. Ya no fue petición sino exigencia. Por lo menos aclarar los crímenes de periodistas cometidos durante su gobierno. Hasta la fecha no contesta y menos actúa. Esto me recuerda cuando en años pasados enfrenté un problema y le hice frente legalmente. Pero había consigna de fregarme. Consulté a un maestro de la Escuela Libre de Derecho. Ya murió. Le expliqué todo. Me preguntó: “¿Ya hizo esto?”. Sí. “¿Y esto otro?” También. “¿Y esto?” Ya. Se levantó del sillón. Llevó su mano a la barbilla viendo hacia el suelo. Dio dos tres vueltas a la oficina. Hasta que se paró frente a mí diciendo: “Blancornelas, el único recurso que le queda es irse a la Basílica. Rezar un Padre Nuestro y pedirle ayuda a la Virgen”.

Escrito tomado de la colección “Dobleplana” de Jesús Blancornelas, publicado por última vez en enero de 2006.

(SEMANARIO ZETA/ DOBLEPLANA  JESÚS BLANCORNELAS /LUNES, 25 JUNIO, 2018 12:00 PM)

50 MIL DÓLARES

Foto: Internet/Pietro LaGreca

Nadie se muere en la víspera

Refrán popular mexicano

1978

La primera vez que Carlos Aguilar Garza me visitó en el periódico ABC de Tijuana, llevó más protección que el presidente de la República. Dos con pistola en mano, bajo la chamarra, se plantaron en la puerta de mi oficina y por fuera. Cuatro más en la antesala. Otros tantos con ametralladora en la entrada principal. Y quién sabe cuántos más en la calle. No era tan alto como aparecía en la foto. Pelo negro y lacio. Moreno sin llegar a los 30 años, pero con una vida recorrida que le daba experiencia de cincuentón. Siempre de traje y caminando aprisa. Fumando uno tras otro y al final de cuentas, simpático.

Primero fue profesor normalista y luego abogado. Se metió en la Procuraduría General de la República y llegó a coordinador en Baja California. Venía de Sinaloa. En Culiacán se afamó capitaneando a la Judicial Federal. Unos decían que les bajó la guardia a los mafiosos. Otros que los protegían. Lo acusaron de torturador y por eso su nombre se volvió familiar en la Comisión  de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero un día de tantos, se agarró a balazos con feroces malandrines y lo hirieron en las piernas. Entonces lo mandaron para Tijuana donde traía asolado a todo mundo. Su estancia y su presencia estremecían. A veces por miedo y a veces por curiosidad.

Aquel pasado mediodía llegó al periódico ABC en el bulevar Agua Caliente y su convoy se estacionó frente a las tortas de carne asada, a un ladito del Washmobile, sobre la calle Jalisco. Se metió al ABC y con un “…barón, vengo por ti para irnos a comer”, no quiso hablar de nada que no fueran saludos. Taimado, a lo mejor pensó que le grababan o escuchaban. No quiso ir al Victor’s, al Sombrero, a una cuadra. “Mejor vamos a otra parte”. Abriéndonos paso y seguidos, solo él y yo en su automóvil. Cuando se puso al volante: “…perdóname barón, pero por seguridad la pongo aquí”, y de su cinto sacó tamaña pistolota con el cartucho cortado. La puso en el asiento, entre los dos, a la mano.

Prendió el motor y antes de arrancar tomó una ametralladora que traía en el asiento de atrás y la llevó a sus pies, abajito del asiento. “Por si las moscas, hermano”. Y ahora sí caminó el Grand Marquis, azul negro, primoroso por fuera e impecable por dentro. Todo el bulevar Agua Caliente, todo el Díaz Ordaz, hasta la presa y luego como para Tecate. Me platicaba de Culiacán y de Nuevo Laredo. Hablaba mal del periodista sinaloense Michel Jacobo, mal y bien de la periodista neolaredense Ninfa de Andar.

“¿Cómo que para dónde vamos, barón? Lo traigo para que me diga por qué no le agarró el dinero a Pietro La Greca”. Siempre me dio la impresión que Aguilar  Garza le daba vueltas al asunto como para marear y luego dejar caer la pregunta o el tema a donde quería. Ya ni me acordaba de Pietro. El envaselinado italiano que unos días antes me pidió “unos minutitos, aquí en la oficina de Manuel Gastélum Millán”, cerquita de ABC y al otro del chalet que habitó don Armando Silvestre. Era una minioficina. Bien trajeado, y sin más ni menos, sacó tantos dólares que ni para contar de un vistazo. Me los daba para que ya no criticáramos en ABC a Carlitos Aguilar Garza, para que lo dejáramos en paz. A la negativa vino el ruego. Al rechazo apareció la súplica de rodillas. El por favor arrepentido pero cortado por un guárdate los billetes o publico que tú y Aguilar Garza me quieren sobornar.

Foto: Archivo

El caso era que en el periódico descubrimos que los federales traían puros carros último modelo que se habían robado personalmente en San Diego o en Chula Vista, en National City o en La Jolla. Estaba probadito y se hizo una escandalera. Pietro fracasó en su intento. Por eso aquel rondín con Aguilar Garza. Un recorrido como para meter miedo. Paró el auto en despoblado. Uno de atrás llegó corriendo con una bolsa de papel en la mano y se la entregó: “Pues ahora se la ofrezco yo”, al tiempo que la ponía en mis piernas. “Pues también a ti te digo que no, y vámonos”. Agarró la bolsa, la echó para atrás y también a rodar el carro. Una, dos y tres veces preguntó qué quería. Ofreció un auto nuevo para mi esposa o depositar dinero para mis hijos. Nada le fue aceptado y seguramente para no rogar hizo a un lado el tema con un “…vámonos a comer”. Nos sentamos en un rincón, junto a la cocina, del restaurante del hotel El Conquistador. No se volvió a tocar el tema.

Pasados los días hubo un encuentro casual con Pietro y resucitó el caso cuando le dije que no me anduviera ofreciendo “mugrientos” dólares. Jeshú, Jeshú, por favore, eran cincuenta mil dólare… ¡chincuenta mil!”. Otra vez pasaron los días. Hasta que en uno de esos Aguilar Garza volvió: “Barón, te traigo un recado de Culiacán”, y me dijo que había ido para allá. Que habló con periodistas y supo que otros periodistas me vinieron a ver. Sabía que andaba buscando datos sobre el asesinato de Roberto Montenegro, un reportero. Sabía que iba a escribir un libro; que yo estaba enterado de todo, y que, efectivamente, un sobrino del entonces gobernador Calderón lo mandó matar. También estaban enterados que yo sabía el verdadero nombre del periodista, pues no era el que todos conocían; que era profesor como Aguilar Garza y que andaba entre la mafia y el periodismo; que el gobernador le tenía miedo al libro y era muy peligroso publicarlo.

Luego vino lo que nunca olvidaré: “Jesús, tú me demostraste que eres un barón, hoy te demuestro mi amistad. Te van a matar. Van a matar a tus hijos si se publica el libro. No me preguntes más”. Otra vez pasaron los días. Decidí hablar a la Ciudad de México con los editores para suspender todo. Me disculpé aunque se enojaron. A los pocos días Aguilar Garza me llamó y sin que yo se lo hubiera informado simplemente me dijo: “Barón, te felicito, qué bueno que decidiste no publicar el libro”. Nunca más se tocó el tema. Cuando lo trasladaron a Nuevo Laredo me sorprendió que lo dieran de baja. Luego fue la noticia que la avioneta en que viajaba se había desplomado a punto de aterrizar en Monterrey. Dicen que llevaba mucha cocaína. El accidente lo dejó inválido. A su esposa la balacearon y rumoreaban que él mandó la ejecución.

Meses después unos tipos, nunca se supo quiénes, llegaron a las afueras de su casa y a través de una ventana dispararon para matarlo. Estaba en una cama para inválidos. Lo ejecutaron. Durante y después de esa cascada de tragedias entendí: Nadie me mandó un recado de Sinaloa. Era su recado.

Tomado de la colección “Dobleplana” de Jesús blancornelas, publicado por última vez en noviembre de 2009.

(SEMANARIO ZETA/ DOBLEPLANA  JESÚS BLANCORNELAS/ LUNES, 11 JUNIO, 2018 12:00 PM)

MEXICALI: OTRO ACAPULCO

Foto: Internet/Camioneta donde viajaba Manuel Díaz Lerma y escoltas

Los jefes de las policías en Mexicali ni guardaespaldas traían. Cuando mucho su chofer y a veces ni tal. A unos les gustaba traer fajada la pistola. A otros les bastaba el uniforme o se les respetaba simplemente por su estampa de hartos conocidos. Viví 10 años en Mexicali. Hasta 1974. Entonces puro experto encabezando la Policía Judicial del Estado. Empíricos. Hechos hasta lo capaz desde “…choferes del señor gobernador o el Comandante”. Y en la municipal personas muy serias. Sin antecedente en la corporación pero nada de andar “faroleando” colgándose tantas insignias como Porfirio Díaz. Solamente uniforme modesto y además respetado. Los jefes policíacos eran muy conocidos. También sus familias. Entonces la esposa ni los hijos tenían guardaespaldas ni choferes. Si acaso alguno vigilando la casa pero no pasaba de allí. Por eso no se sabía sobre relaciones con los delincuentes. Entonces el narcotráfico navegaba en total discreción hasta el punto de no saberse quiénes eran los protagonistas. Pero todo fue cambiando. Ahora en Mexicali los mafiosos rompieron con esa tradición de tranquilidad. Y el ataque al Secretario de Seguridad Pública, Manuel Díaz Lerma, resulta un hecho jamás visto en la República Mexicana: Aproximadamente 20 sicarios disparándole a su camioneta y escoltas a lo largo de cuatro cuadras. Ametralladoras, granadas y bazuka. Los mexicalenses estremecidos durante este sexenio elorduyista por las ejecuciones, siempre consideraron a Tijuana la Ciudad más violenta de Baja California. Pero ahora y en los hechos resaltó sorpresivamente el impresionante ataque de la mafia.

Manuel Díaz Lerma

Poco después de la balacera debí viajar a la Ciudad de México. Mis compañeros de ZETA me mantuvieron informado. Detalle a detalle. Pero expertos en la Capital del país con quienes platiqué comentaron insistentemente sobre el hecho. Conocedores del movimiento mafioso consideraron como primer motivo una posibilidad: La de no haber cumplido el Gobierno del Estado o particularmente el Secretario en tratos con la mafia. Me hicieron la siguiente observación: Los narcotraficantes se han dedicado en los últimos meses a matar policías o jefes de corporaciones. Sucedió en Michoacán. Muchos en Nuevo Laredo. No tantos en Monterrey y, lo más impresionante, Acapulco. Entonces me dijeron: Casi en todos los casos se trataba de policías en acuerdo con los narcotraficantes. Pero desgraciadamente para ellos, no habían cumplido con el pacto. Quedé sorprendido al oír: En los telediarios se vio a un policía de Acapulco rematar a un narcotraficante herido. Pues tal oficial estaba también en arreglos con los mafiosos. “Por eso le cortaron la cabeza”. Y la interpretación a tal decapitación fue: Así como el disparo fue en ese lugar, entonces le desprendieron tal parte del cuerpo. Y el cartón donde escribieron “…para que aprendan a respetar”, tiene su significado real: Los policías fallaron al acuerdo con los narcotraficantes hasta el punto de excederse. Prácticamente les pagaron con la misma moneda. Y el motivo del agente para rematar al mafioso se tantea como una forma para silenciarlo. De haber sido llevado al hospital y de recuperarse, entonces declararía sobre los acuerdos con los policías.

Hay otros episodios donde los jefes policíacos son honestos. No quieren nada con la mafia. Así pasó en Monterrey y con algunos de Nuevo Laredo. El caso del Licenciado Federico Benítez en Tijuana es ejemplar. Su rechazo al pacto le costó la vida. También por eso mataron al comandante de Michoacán. Pero en estos casos los expertos me dijeron: Seguramente agentes apalabrados con los narcotraficantes, les dijeron haber recibido órdenes de sus jefes. Esto a pesar de las advertencias de no enfrentarse a los mañosos. Así, en muchas partes del país la mafia se ha empeñado en ejecutar a comandantes de las policías. Y en algunos casos los asesinatos son simplemente una advertencia para los demás o quienes vayan a suplirlos.

Las referencias me estremecieron. Pero también consideré. El Gobernador del Estado debe solicitar la renuncia a Manuel Díaz Lerma y Antonio Martínez Luna, Secretario de Seguridad Pública y Procurador de Justicia del Estado. Esta consideración tiene su razón:

Foto: Archivo/Antonio Martínez Luna

1.- Ninguno de los dos ha podido frenar el narcotráfico y secuestros en Baja California en los últimos años.

2.- Eso es una muestra evidente de incapacidad. Sus continuas declaraciones de “no vamos a bajar la guardia”, es expresión de indudable devaluación. Tantas veces dicha y jamás cumplida ha dejado de ser creíble.

3.- Ahora Díaz Lerma y Antonio Martínez Luna, incluyendo al Gobernador del Estado, estarán más preocupados por no ser atacados. Esto indudablemente los desgastará y su rendimiento será menor en las oficinas. El miedo les abrazará.

4.- El Gobierno del Licenciado Eugenio Elorduy, a estas alturas y con ataques tan impresionantes como el de Díaz Lerma, sólo causan mayor desconfianza popular. Y esto puede reflejarse indudablemente en las próximas elecciones.

5.- Sigue siendo urgente una “limpia” en las policías. El propio Díaz Lerma reconoció ante ZETA la existencia de corrupción en las corporaciones. No es la primera ocasión cuando lo dice. Pero nunca ha ido de las palabras a los hechos.

6.- Supongo: De no solicitar la renuncia a Díaz Lerma y Martínez Luna, seguirá el peligro de más ataques. Pero lo más peligroso: Tijuana y Mexicali pueden convertirse en otros Nuevo Laredo o Acapulco.

7.- Dejar las cosas como están y realizar una investigación sin capturar, como siempre a las cabezas, no solucionará en nada la peligrosa situación de Baja California.

Foto: Internet/Eugenio Elorduy Walther

8.- No tiene caso solicitar la presencia de la Policía Federal Preventiva. Ya hemos visto en otras ocasiones el resultado. Se necesita en este caso de mayor inteligencia y menos fuerza. No dudo de la inteligencia. Pero de nada sirve cuando hay un acuerdo de por medio con los mafiosos.

Indudablemente éste es uno de los momentos más delicados en el gobierno del Licenciado Eugenio Elorduy. Y en este caso necesita dos cosas: Primero, dejar de pedir auxilio para buscar a los culpables. Está visto: Lo ha hecho muchas veces y lejos de tener una solución verdadera, los problemas han ido en aumento. Aparte se demostró claramente la incapacidad de las policías bajacaliforniana.

Segundo, buscar a los cómplices en las mismas corporaciones a sus órdenes. Así se acabará el motivo y no la consecuencia. De otra forma, si las condiciones siguen como hasta la fecha, crecerán las sospechas de un gobierno entrampado con el narcotráfico. Y paralelo a esa creencia, la imparable y mortal acción de sicarios y secuestradores. Elorduy necesita ser decisivo y mostrar la energía antes afamada. Tener la posibilidad de pedirle ayuda al Presidente por ser amigos desde el pasado refleja una realidad: El gobierno federal no ha podido enfrentar los problemas de Acapulco y Nuevo Laredo. Entonces menos para Baja California.

Tomado de la colección “Dobleplana” de Jesús Blancornelas, publicado el 28 de abril de 2006.

(SEMANARIO ZETA/ DOBLEPLANA  JESÚS BLANCORNELAS/ LUNES, 16 JULIO, 2018 12:00 PM)

GOBIERNO DE PEÑA DEJA EN MANOS DE AMLO MÁS LICITACIONES PETROLERAS

La Secretaría de Energía solicitó posponer las rondas petroleras y la búsqueda de socios para Pemex al regulador mexicano.

El gobierno de Enrique Peña Nieto dejó en manos de la próxima administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador el futuro de las licitaciones petroleras en México.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) pospuso las Rondas 3.2 y 3.3, planeadas para el 27 de septiembre y la del 31 de octubre de 2018, hasta febrero de 2019, cuando el ganador de la elección presidencial y su equipo estén en funciones.

“La Secretaría de Energía (Sener) solicitó al órgano regulador extender el plazo de estas licitaciones al primer bimestre de 2019”, comentó Juan Carlos Zepeda, comisionado presidente del ente regulador, durante sesión extraordinaria número 41 del órgano de Gobierno.

El funcionario detalló que también las empresas participantes solicitaron ampliar los plazos por distintas razones, aunque no especificó cuáles eran.

“Veo positivo que autoricemos que se amplíen los plazos. Recordemos que estamos en un proceso de revisión de contratos con la nueva administración”.

Zepeda agregó que la CNH está a la espera de iniciar el proceso de revisión de contratos, que tomará algunos meses.

CNH también autorizó modificar las subastas para Pemex que consisten en siete contratos de asociación con privados.

(FORBES MÉXICO/ 18 DE JULIO 2018)  

"ME FABRICARON DELITOS CUANDO DECIDÍ SALVAR A MI PUEBLO": MIRELES EVALÚA DEMANDAR A PEÑA NIETO

Foto: Vanguardia/Cuartoscuro

Ignacio Mendoza, abogado de José Manuel Mireles, aseguró que una vez que se reúna este día con su cliente en Michoacán y tengan acceso a la sentencia determinarán muy “posiblemente” pedir un pago por indemnización

José Manuel Mireles, fundador de las autodefensas en Michoacán, celebró la sentencia de un Tribunal Federal que declaró su libertad absoluta y lo absolvió de todo delito. También recriminó que se le fabricaron delitos luego de que decidió salvar a su pueblo, lo que lo mantuvo 2 años y 11 meses en prisiones federales. Su defensa evalúa presentar una demanda contra el ex Comisionado Alfredo Castillo, el ex Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, e “incluso” al Presidente Enrique Peña Nieto.

“Se me fabricaron delitos cuando decidí salvar a mi pueblo; consciente de ello seguí luchando. Estuve preso y hoy por fin, después de toda esta persecución política el Poder Judicial me declara inocente y absuelto de todo delito”, escribió Mireles en su cuenta de Twitter.

Ignacio Mendoza, abogado de José Manuel Mireles, aseguró que una vez que se reúna este día con su cliente en Michoacán y tengan acceso a la sentencia determinarán muy “posiblemente” pedir un pago por indemnización.

En entrevista con SinEmbargo, Mendoza dijo que también evalúan denunciar penalmente, por brindarle permiso de uso de armas, al ex Comisionado Alfredo Castillo, al ex Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, e “incluso” al Presidente Enrique Peña Nieto.

El Estado se equivocó en el manejo de las autodefensas y cometió delitos de lesa humanidad”, afirmó el abogado vía telefónica desde Morelia.

El doctor Mireles estuvo encarcelado durante casi tres años en penales federales por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y logró su libertad bajo fianza en mayo de 2017.

Ayer, el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito declaró su libertad inmediata y absoluta:

“Con esta fecha se dicta la siguiente resolución: primero se revoca la resolución interlocutoria dictada el 15 de enero de 2017 dentro del incidente de sobreseimiento conexo a la causa penal 137/2014 que se instruye a José Manuel Mireles Valverde por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, para ahora declarar procedente el sobreseimiento de dicha causa con efecto de sentencia absolutoria”, dijo.

Mireles había sido incluido en la lista de diputaciones plurinominales de Morena para el Congreso de Michoacán, sin embargo, en mayo pasado, el Tribunal Estatal Electoral de Michoacán resolvió retirarlo de la lista debido a que su candidatura violó los derechos políticos y ciudadanos de Francisco Cedillo de Jesús, quien presentó una queja por la postulación de Mireles.

Respecto al retiro de la candidatura, el abogado de Mireles recordó que no fue por su situación jurídica sino por errores de procedimiento del partido.

Foto: Vanguardia/Cuartoscuro

SU LUCHA EN MICHOACÁN

Mireles decidió un 24 de enero de 2013 tomar las armas desde su rancho en Michoacán. Harto de que el cártel de Los Caballeros Templarios, derivado de La Familia Michoacana, les quitara sus cosechas, violara a sus hijas y esposas; armó a los suyos y emprendió una marcha pueblo por pueblo para expulsar a los criminales.

Ni las autoridades locales, altamente corrompidas; ni la Policía Federal, y ni aun el Ejército mexicano había logrado lo que un sólo hombre, el doctor Mireles, logró: unir a la gente de bien para enfrentar a los criminales.

Pero la rebeldía de Mireles se extendió, según algunos observadores, más de la cuenta. Un día decidió no desarmarse como se lo exigía el Gobierno federal, y eso le trajo la desgracia.

El 27 de junio de 2014, elementos federales lo detuvieron cerca del Puerto de Lázaro Cárdenas y lo acusaron de distintos crímenes, entre ellos el de posesión de droga.

Pasó meses incomunicado. Su primera abogada, Talía Vázquez, dijo en aquel momento que sus derechos fueron violados y que la droga que las autoridades dijeron encontrar en su camioneta fue colocada ahí ex profeso.

Para muchos fue una venganza del Gobierno por no someterse a sus exigencias. Muchos consideraron inverosímil que Mireles, quien se levantó contra un cártel de las drogas, ahora traficara. Ayer, finalmente fue absuelto de todo cargo.

(VANGUARDIA/ SIN EMBARGO/ 18 Jul 2018)

MATAN A PRESUNTO ESCOLTA DE LA SSP

Un presunto agente de la Secretaría de Seguridad Pública fue asesinado de varios balazos anoche en el fraccionamiento los Tulipanes, ubicado al norte de Culiacán.

El reporte preliminar indica que el atentado ocurrió cuando el presunto agente paseaba sus mascotas en un parque del fraccionamiento, ubicado por la calle Aerolito, alrededor de las 21:30 horas.

Identificado como Jesús N y de 42 años de edad, el occiso supuestamente habría estado adscrito como escolta de un funcionario público.

Autoridades señalaron que la víctima habría sido interceptada por varios sujetos quienes le dispararon en el lugar para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

(RIODOCE/ REDACCION/ 18 julio, 2018)

VIDEGARAY Y MEADE DEJAN BOMBA DE TIEMPO A AMLO: 835 MIL MILLONES ESCONDIDOS EN 374 FIDEICOMISOS

En número crecieron y también en la cantidad de recursos disponibles. Los fideicomisos se convirtieron en un instrumento que por su opacidad y la falta de rendición de cuentas, dejan más dudas que certezas, a tal grado que la próxima administración los incluyó en su plan de prioridades para cancelarlos.

Actualmente hay 374 fideicomisos que acumulan 835 mil 477.8 millones de pesos. Esa cantidad de dinero es equivalente al 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) o es 79 veces el presupuesto que en un año reciben para desarrollo social Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los tres estados que concentran más pobreza en el país.

De acuerdo con un estudio de Fundar, el 92 por ciento de los recursos disponibles en fideicomisos no tiene un control de vigilancia, es decir, 772 mil millones de pesos que en teoría deben ser utilizados para auxiliar a los gobiernos a impulsar áreas de desarrollo prioritarias y estratégicas.

Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).- El 25 de octubre de 2012 se creó un fideicomiso público para la aplicación del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el que se pretendían obtener recursos adicionales para salvaguardar la integridad de las personas que estuvieran en riesgo ante un contexto de violencia.

El mecanismo contempló la compra de telefonía, la instalación de equipos de vigilancia y seguridad en inmuebles, facilitación de autos blindados, escoltas e impartir cursos de autoprotección.

Los recursos pasaron de 52 millones de pesos disponibles en 2012 a 330 millones de pesos en 2017. Para 2018, la disponibilidad se redujo 68 por ciento, lo que refleja que se gastó gran parte del dinero en ese último año.

La investigación realizada por Fundar, concluyó que la información general y básica de este fideicomiso no cumplió con los requisitos mínimos de transparencia, como el uso y destino del dinero; que es mínima, confusa, poco accesible y no permite tener claridad sobre la administración, los gastos, las fuentes que alimentan el patrimonio del fideicomiso, ni los informes de evaluación y cumplimiento.

Y en cuanto a su efectividad, en los últimos seis años, 44 periodistas han sido asesinados y la organización Artículo 19 tiene registro de 2 mil agresiones a reporteros. Esos números ponen a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

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José Antonio Meade Kuribreña y Luis Videgaray Caso, impulsores de los fideicomisos. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

El caso mencionado es solo una aguja en el pajar. Actualmente, 374 fideicomisos concentran 835 mil 477.8 millones de pesos, cantidad que equivale al 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) o a 479 veces el presupuesto que en un año reciben para desarrollo social Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Y la principal sombra que cubre a estas herramientas financieras es la poca transparencia y la “mínima” rendición de cuentas, lo que complica rastrear el dinero y verificar el ejercicio de los recursos.

Sin embargo, cada año el Gobierno federal ha decidido gastar más en ellos de lo que tiene permitido: de 2013 a 2016, se gastó el doble de dinero de lo que el Congreso de la Unión había aprobado. Es un aumento de más del 79 por ciento, al pasar de 131 mil millones de pesos a 310 millones pesos.

Esas decisiones se tomaron bajo las administraciones de Luis Videgaray y José Antonio Meade Kuribreña en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como única figura fideicomitente.

Fundar Centro de Análisis e Investigación, luego de ingresar más de 2 mil solicitudes de información, detectó que la información sobre fideicomisos públicos se encuentra dispersa entre distintas entidades, está fragmentada, no es accesible y no cumple con un formato de datos abiertos y no cuida un lenguaje ciudadano.

La magnitud del problema está en que el 92 por ciento de los recursos disponibles en fideicomisos (772 mil millones de pesos) no tiene un control de vigilancia.

Incluso los fideicomisos están dentro de las prioridades del nuevo gobierno de México que será encabezado por Andrés Manuel López Obrador, en específico dentro de sus 50 lineamientos de austeridad en el que señala que “serán cancelados los fideicomisos y cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia”.

La única información a la que se puede acceder en fideicomisos son los montos generales de los ingresos y egresos. No hay información desagregada sobre los pagos realizados, estados de cuenta o las contrataciones, al resto sólo la Secretaría de Hacienda y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tienen pleno acceso.

“Esto en sí mismo es inaceptable pues en un Estado democrático de derecho es condición básica que las políticas públicas, y por ende los recursos que se destinan para implementarlas, estén sujetos al escrutinio público. Más aún en el marco de un gobierno que, dentro y fuera de sus fronteras se jacta de ser abierto y transparente”, señala el estudio de Fundar, “Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público”.

A nivel federal existen 374 fideicomisos públicos. En teoría, un fideicomiso funciona para auxiliar a los gobiernos a impulsar áreas de desarrollo prioritarias y estratégicas, como serían la infraestructura pública, las pensiones de los trabajadores, prevención o atención de desastres naturales o estabilidad financiera.

Sin embargo, los recursos públicos que se ejercen a través de los fideicomisos son usados de manera discrecional, con poca transparencia y poca rendición de cuentas, por lo que sirven como instrumentos para desviar recursos públicos que se ingresan a fideicomisos opacos o privados. Todo, lejos del escrutinio público.

Está también la participación de estancias privadas, que controlan 68 mil millones de pesos de los fideicomisos y sus operaciones son confidenciales. Santander es el banco que más dinero controla (34 mmdp), le sigue Banorte (18 mmdp), BBVA Bancomer (7 mmdp) y Banamex (3 mmdp).

De acuerdo con la ASF, estas instituciones bancarias tienen el derecho a realizar gastos que no son considerados como parte del gasto público; ellos tienen sus propios comités técnicos que son los que deciden sobre el uso de los recursos; no hay un plazo específico en el que el dinero deba gastarse y no hay ninguna instancia que supervisa el manejo del dinero y el cumplimiento de los objetivos.

LA CLAVE

Especialistas consultadas por SinEmbargo, coincidieron en que la próxima administración debería empezar con obligar que quienes administran los fideicomisos cumplan con los lineamientos ya establecidos en la Ley de Transparencia para que se pueda tener una radiografía de todos los movimientos que se hagan y así determinar si el mecanismo funciona para lo que fue creado.

Ahí entra la labor de la Secretaría de Hacienda.

Para Liliana Ruiz Ortega, investigadora del equipo de Gasto y Rendición de Cuentas de México Evalúa, es preocupante que se tengan más de 300 fideicomisos sin estructura frente a 19 que sí la tienen. Estos 300 no cuentan con una ordenamiento orgánico que se asimile a alguna entidad o dependencias de la administración pública federal; no tienen órgano de control interno, que es el que fija que las entidades o instancias cumplan con sus objetivos y disminuye la ocurrencia de irregularidades en gasto o de malos manejos.

La Secretaría de Hacienda es la que autoriza la creación de estos fideicomisos, entonces nadie revisa, aparte de esa dependencia, si es pertinente el objetivo de cada fideicomiso.

La ley establece que se justifica que la creación de fideicomisos sin estructura, si sirven para procurar algún interés nacional, pero de acuerdo con Ruiz, ese concepto es muy amplio y cualquier cosa se puede meter como de interés.

“Nadie revisa. La ASF, se mete después, cuando ya se ejercieron los recursos, pero no revisan todos y tampoco está involucrada en dar una opinión ante la creación de un fideicomiso. Primero se debe justificar muy atinada y adecuadamente de por qué se recurre a esa figura, y actualmente es lo que no encontramos”, comentó en entrevista.

Sarahí Salvatierra, investigadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, señaló que se debe tomar en cuenta que en los marcos normativos de transparencia y rendición de cuentas hay disposiciones para garantizar que los fideicomisos sean abiertos y tengan cierta publicidad al menos de información básica disponible.

“Creo que es importante que se verifique y se vigile que se cumpla con lo que ya garantizan las leyes, las obligaciones de transparencia en la Ley General que disponen mínimos que ni siquiera se cumplen en muchos de los fideicomisos, como conocer desde la fuente que integra su patrimonio, cuál es el destino de los recursos de estos fideicomisos y verificar los comprobantes del gasto, verificar si son útiles. Es importante tener un buen diagnóstico de cuáles son los fideicomisos para que pudieran ser más opacos para darles mayor seguimiento y hacer un diagnóstico de si están cumpliendo con los fines para cuáles se crearon y verificar si son instrumentos adecuados para el fin para el cual se crearon”, comentó.

Para la investigadora de México Evalúa, preocupa que es que mucho del gasto para inversión el que se transfiere a fideicomisos y cada vez va en aumento sin que quede claro en qué se gasta, cuando ese dinero es un detonador de crecimiento y productividad en un contexto en el que hay una descomposición en la manera en cómo se gasta.

Al momento, se tienen seis principales fideicomisos:

-Estabilización financiera: 318 mil millones.

-Apoyos financieros y otros: 134 mil millones.

-Infraestructura pública: 130 mil millones.

-Pensiones: 89 mil millones.

-Subsidios y apoyos: 69 mil millones.

-Prestaciones laborales: 28 mil millones.

“Cada vez es mayor la proporción de gasto en inversión que se ejerce a través de fideicomisos. El tema de que el gasto en inversión se esté manejando a través de fideicomisos preocupa porque volvemos a los mismo: son figuras poco transparentes. Uno de los primeros retos es analizar cuántos fideicomisos se tienen actualmente, cuáles funcionan, cuál es su objetivo y si los recursos deben seguir canalizándose a esos fideicomisos, si deben seguir operando o si se deben extinguir. Primero revisar su pertinencia y a la par, establecer mejores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que actualmente no tienen”, agregó.

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DEBE HABER RESPONSABILIDADES

Salvatierra consideró que los fideicomisos no deben forzosamente desaparecer, pero que sí es importante que el gobierno que tomará protesta el próximo 1 de diciembre revise los actuales en los que hay ciertas observaciones o ciertos indicios de irregularidades.

“Hay que tomar en cuenta el fin por el cual se crearon y si además ese fin afecta de alguna manera la garantía de derechos o a grupos sociales. Eso es lo más importante, no son solo instrumentos financieros, al final afecta la calidad de vida de las personas para las cuales se crearon estos fideicomisos […] Los fideicomisos no son malos, sino que hay que utilizarlos adecuadamente y evitar que se abuse de ellos de manera discrecional. Existen algunos fideicomisos que tienen recursos ociosos que no se están ejerciendo y cuyos fines no se están cumpliendo, entonces tiene que haber un proceso de extinción que está en la ley”, comentó.

Liliana Ruiz agregó que revisar los fideicomisos actuales es una tarea que corresponde a la actual administración.

“Es revisarlos para mejorar la rendición de cuentas. En 2015, 36 por ciento del gasto en la inversión física se ejerció a través de fideicomisos públicos, mientras que en 2013 fue el 17 por ciento. Y cada vez se van más recursos a fideicomisos. Hacienda te reporta en cada Cuenta Pública que hay menos fideicomisos sin estructura, que va disminuyendo la cantidad de fideicomisos, pero el monto no”, dijo.

“Si no se cumple adecuadamente, no está dando buenos resultados, no está garantizando las razones por las cuales se creó. Sobre todo si son fideicomisos para garantizar servicios o derechos a grupos sociales”, concluyó Salvatierra.

(SIN EMBARGO/ Daniela Barragán/INVESTIGACIONES/ 16 DE JULIO 2018)