Foto: Jorge Dueñes.- En la imagen se
observa al costado izquierdo, el corte del talud en el que no se respetaron los
20 metros que establece el decreto.
Luego que el Ayuntamiento otorgara
licencias de movimientos de tierra a la empresa constructora Vista del Río,
esta sobrepasó los límites territoriales federales establecidos en decretos
binacionales entre México y EU. Sin embargo, contrario a detener las obras,
autoridades municipales siguen respaldando el proyecto y autoridades
binacionales como la CILA, encargadas del territorio fronterizo nacional,
aseguran no haber recibido ese proyecto para dictaminar su factibilidad.
Especialistas consideran hubo una
clara violación al reglamento por parte del Municipio
Pese a que existen decretos y
estatutos internacionales en los que se establecen claramente los límites y
deslindes territoriales entre México y Estados Unidos, así como los de orden
federal, el Ayuntamiento de Tijuana otorgó y facilitó licencias de movimientos
de tierra en un predio en Playas de Tijuana colindante con el muro fronterizo,
propiedad de la empresa Constructora y Proyección Vista del Río, S de R L de
CV, quienes al momento de ejecutar las obras, sobrepasaron esos límites sin
contar con el permiso previo y requerido.
Con previa autorización del
Ayuntamiento, entre julio y agosto de 2017 la empresa intervino el predio con
un corte de talud, en un espacio considerado como calle internacional en el
Acta de 1906, firmada entre México y el país vecino, en la que también se
establece que en el sitio no deben existir construcciones de ningún tipo;
señalamiento que en noviembre del mismo año hicieron saber los vecinos de dicha
localidad, mediante un recurso de queja interpuesto ante el propio
Ayuntamiento, quienes hicieron caso omiso.
Situación por la que, a decir
de los expertos en materia de construcción y límites territoriales consultados
por ZETA, se incurrió irresponsablemente en una violación a los parámetros
nacionales y binacionales previamente establecidos en la misma carta, por lo
cual las autoridades municipales correspondientes podría ser acreedoras a una
sanción por parte de la Federación e incluso, podrían desatar una controversia
entre ambos países.
El secretario de Desarrollo
Urbano y Ecología, Alejandro Lomelín Clapera, compartió a este Semanario que él
no lo ve de tal manera, debido a que no se invadió el terreno como se menciona
y, además, se notificó puntualmente sobre estas acciones a la Comisión
Internacional de Límites y Aguas (CILA), perteneciente a la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE).
Sin embargo, desde la CILA se
desmintió al secretario en un documento que se entregó a vecinos de Playas de
Tijuana -copia en propiedad de ZETA-, en el que se señala tajantemente que ese
proyecto no se les ha presentado para su revisión y poder emitir así la
factibilidad del mismo conforme a sus atribuciones.
Asimismo, indica que se
notificó de manera oficial a las autoridades municipales que no se estaban
siguiendo las normas y recomendaciones pactadas en el Acta 244, firmada el 4 de
diciembre de 1973 en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Foto: Jorge Dueñes.- Tres casas y una
cancha deportiva son las que tendrán que ceder terreno por invasión
Aunado al anuncio de la
renovación del muro fronterizo, saca a relucir una problemática que en Tijuana
ha sido constante, precisamente la invasión y afectación de terrenos no
solamente federales, sino internacionales, derivada también de la nula
supervisión que el Ayuntamiento realiza en zonas que colindan con el muro
fronterizo, lo que implicará que con la construcción del muro, algunos vecinos
de Playas de Tijuana tengan que derrumbar parte de sus casas.
SOBRE LOS HECHOS
El 7 de julio de 2017, la
Dirección de Administración Urbana (DAU), dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE), otorgó a Constructora y Proyección Vista
del Río licencia de Movimientos de Tierra número URB-1359/17, para el predio identificado
con la clave catastral PT-001-101, ubicado en Calzada Cascada s/n, Sección
Terrazas del fraccionamiento Playas de Tijuana, con vigencia de 30 días; el 15
de agosto del mismo año, la empresa solicitó prórroga de 90 días para continuar
con los movimientos en el mismo predio y se les otorgó la licencia número
URB-1642/17.
El 17 de octubre de ese año,
el inspector verificador Óscar Adrián Mercado Díaz realizó una ficha técnica
del lugar, confirmando se trataba del predio establecido y que todos los
movimientos de tierra se llevaban acorde a lo establecido, sin embargo, no se
especificó la observación de los cortes de talud en terrenos federales.
Debido a esta situación, un
grupo de vecinos de Playas de Tijuana, encabezados por el señor Saúl Torres Barbosa,
interpusieron una queja ante el Ayuntamiento de Tijuana el 9 de noviembre de
2017, debido a la permisividad que estaban teniendo con la empresa
desarrolladora, ya que esta realizaba movimientos de tierra en otros predios
ubicados en la colindancia del cuerpo norte de la vialidad de acceso controlado
Autopista Playas de Tijuana, de la vialidad primaria de ingreso al
fraccionamiento Playas de Tijuana y del muro fronterizo, los cuales no
pertenecían a la empresa.
Por lo tanto, solicitaron la
cancelación inmediata de las obras en dicha queja, aunado a que, como lo señala
el plano E-28 del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de
Tijuana, el predio donde se autorizaron los trabajos de movimientos de tierras
está dentro de una zona definida como Área Especial de Conservación.
AFECTARON TERRENO FEDERAL SIN PREVIO PERMISO
Sin embargo, la instancia
municipal no se pronunció al respecto durante varios meses y los vecinos
recurrieron a la CILA para determinar la situación por la incidencia y
afectación al predio federal donde la empresa realizó el corte de talud,
instancia binacional que, mediante oficio signado por su representante Roberto
Espinoza Mora el 12 de marzo de 2018, respondió de manera concreta que hasta
esa fecha no habían “recibido, ni se les había presentado para revisión o
solicitud de factibilidad ningún proyecto” de esa zona.
Foto: Jorge Dueñes
Por lo tanto, no podían
emitir una opinión técnica ni la factibilidad del mismo, de acuerdo a sus
atribuciones; respecto a las disposiciones jurídicas federales que se
infringieron por esa afectación al talud, en el documento se resalta que “no se
están siguiendo las normas y recomendaciones de la CILA al respecto emanadas
del Acta de 1906 y del Acta #244 de la CILA”, lo cual fue debidamente
manifestado por la vía oficial a las autoridades municipales.
Por lo tanto, recomendaron a
la DAU dar el seguimiento correspondiente, al ser la instancia encargada de
aplicar la reglamentación; recomendación que no se acató de tal manera y, contrario
a ello, respondió solamente al grupo de vecinos -hasta el 11 de mayo de 2018-
mediante un oficio firmado por la titular Magdalena García Tafoya, en el que la
autoridad resaltó que pese a los señalamientos, “el solicitante (la empresa)
cumplió con los requisitos requeridos en las leyes y reglamentos aplicables en
la materia”, por tal motivo, no procedía la petición para la cancelación de las
obras de movimiento de tierra.
DAU ACEPTA INDIRECTAMENTE QUE SE AFECTÓ TERRENO
FEDERAL
En el mismo documento, la
autoridad señala que en los movimientos de tierra en el predio correspondiente
al “Derecho de Vía Zona Federal (Área de restricción)”, el 19 de febrero,
mediante Acta de Comparecencia, se hizo saber al desarrollador que “respecto al
derecho de paso de 20 metros deberá dejarse libre y tendrá que presentar
solución técnica a la contención en esa zona”, con lo cual deja abierta la
posibilidad de interpretación para entender que “sí se sobrepasó” el límite
territorial federal, como lo hizo saber el señor Torres Barbosa en entrevista
con ZETA.
Lo refutable del caso es que
de alguna manera se está aceptando la afectación a un terreno federal, se está
violentando la Ley desde el propio Ayuntamiento y por ende también la empresa,
por haber expedido una licencia de Movimientos de Tierra en terrenos federales
sin el permiso necesario, o por la omisión de la misma afectación al terreno y
por no considerar los decretos establecidos incluso de forma binacional, lo
cual podría acarrear sanciones también de índole penal.
Así lo señaló a este
Semanario el ingeniero Jorge González Belmont, quien ha desempeñado cargos
públicos durante distintos periodos en la Secretaria de Asentamientos Humanos y
Obras Públicas del Estado.
SDUE INSISTE QUE ESTÁ TODO EN REGLA; EMPRESA NO
RESPONDE
Sobre la afectación al terreno
federal, el titular de la SDUE, Alejandro Lomelín Clapera, señaló que
efectivamente el corte al talud está muy cercano a la malla fronteriza, pero
“se le aclaró muy bien” a la CILA que el proyecto conserva los 20 metros
necesarios para el derecho de vía, por lo tanto, “se respeta perfectamente
bien” eso.
Detalló que eso fue lo que se
informó debidamente al inicio de este año a la misma dependencia, situación que
contrasta con el documento emitido por la CILA, en el que en marzo informa que
hasta esa fecha no se les había presentado proyecto alguno.
Sobre esta observación,
Lomelín Clapera resaltó que “probablemente en algún momento del corte del talud
sucedió esto, pero insisto, a principios de este año estuvimos con CILA,
incluso yo estuve con ellos y nos hemos mantenido en comunicación constante. En
ese sentido hay un talud que fue revisado por parte de DAU y fue una de las
cosas por las cuales se aprovechó la suspensión de las mismas obras, para poder
hacer la revisión de la inclinación del talud”.
Carta expedida por la CILA en
la que manifiesta que dicho proyecto no les fue presentado para emitir la
factibilidad conforme a sus atribuciones / Carta de la DAU en la que acepta que
la empresa hizo movimientos de tierra en zona federal y que se les pidió
presentar solución técnica a la contención de esa zona.
Sobre la suspensión de las
obras, refirió que estas se dieron solamente porque los desarrolladores
modificaron el proyecto para hacer movimientos de tierra en un nuevo terreno
que compraron y que se ubica hacia la salida a Playas, por lo tanto, se han
mantenido hasta que presenten la nueva documentación con las adecuaciones
necesarias tanto en movimientos de tierra, como en impacto e integración vial
en la zona.
El titular de la SDUE también
detalló que ellos no tienen la documentación que los vecinos presentan, en la
que manifiestan que ese sitio se trata de un predio considerado como uso de
conservación, y reiteró que todo lo que se da como permiso es analizado por la
DAU, que es la facultada en ello, “todo lo que se ha otorgado es porque cuenta
con los análisis, documentación y facultad legal para hacerlo”, argumentó el
funcionario.
ZETA buscó con insistencia a
los representantes de la empresa Constructora y Proyección Vista del Río para
conocer su postura sobre esta situación y acordar una entrevista, sin embargo,
hasta el cierre de esta edición, no devolvieron la llamada.
DECRETO NO HA SIDO RESPETADO, VECINOS PAGAN LAS
CONSECUENCIAS
En entrevista con este
Semanario, Roberto Espinosa Mora, representante de la CILA en Tijuana,
expuso que en noviembre de 1906, cuando
se firmó el Acta de la CILA en El Paso, Texas, ambos gobiernos establecieron
“una zona a cada lado de la línea divisoria de sesenta pies de ancho (18-20
metros), que se considere como una ‘calle internacional’ y en la cual no se
permita que existan edificios ni construcciones de ningún género”, con el
principal objetivo de no afectar la estabilidad de los monumentos
internacionales, no alterar los escurrimientos pluviales y tratar de detener el
desbordamiento poblacional.
Lo cual no se ha respetado a
lo largo de la historia, debido a que las autoridades competentes no se han
encargado de la supervisión de ello, y porque las personas tienen la idea
errónea de que la cerca o muro es la línea divisoria entre ambos países y generalmente
“se pegan” hacia la línea fronteriza, sobrepasando los límites territoriales y
no respetando los 20 metros como, se establece en el decreto.
Problemática que salió a
relucir y persiste en la actualidad, desde el anuncio de las próximas obras que
Estados Unidos realizará en la frontera con Tijuana, para la renovación de
22.53 kilómetros de muro fronterizo, y en la cual varios vecinos de Playas de
Tijuana “saldrán perdiendo” parte de su patrimonio, debido a que tendrán que
respetar y ceder parte del territorio que no les corresponde; situación de la
cual fueron notificados en marzo del presente año y que deberán acatar de
acuerdo a lo que la autoridad estadounidense decida una vez que comience con
las obras del lado de su territorio.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA /MANUEL AYALA/ LUNES, 18 JUNIO, 2018 01:00
PM)
