Arturo Bermúdez, el secretario de
Seguridad Pública de Javier Duarte, simboliza el terror que se desató con la
salida de Los Zetas y la llegada del CJNG. Aquí se relata el modus operandi en
los centros clandestinos de detención y exterminio manejados por el temible
Jaguar
Hugo Murrieta podía dibujar
cualquier cosa. Cuando se acercaban sus cumpleaños, los niños de la ciudad de
Coatepec tocaban a la puerta de la casita en la que vivía con su mamá en la
costa del golfo del violento estado de Veracruz. Le decían a Murrieta cuáles
eran sus caricaturas favoritas, en su mayoría de las películas de Disney, y él
se las dibujaba con mensajes que ponían de adorno en sus fiestas de cumpleaños.
“Nunca les cobraba, sólo les
pedía el material”, cuenta su madre, María del Carmen. “Lo hacía porque le
gustaba dibujar”.
La señora es famosa en
Coatepec por los deliciosos chiles que prepara y vende diariamente desde hace
décadas. Todos los días, Murrieta, de 22 años, le ayudaba a su madre a hacer
las entregas en todo Coatepec y en la cercana ciudad de Xalapa, la capital del
estado, en el taxi que él manejaba de vez en cuando.
Para mala suerte de Murrieta,
el taxi estaba en la lista de objetivos de la policía y era blanco de la Fuerza
de Reacción que estableció el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo
Bermúdez, un funcionario que se llamó a sí mismo con el nombre código de
Jaguar. En la tarde del 16 de abril de 2013, detuvieron a Murrieta, lo
golpearon y nunca se le volvió a ver.
Casi cinco años después, el 8
de febrero de 2018, un juez federal acusó a 31 miembros de la policía del
estado, incluyendo a Bermúdez, de la desaparición forzada de 15 personas entre
abril y octubre de 2013. Los detalles del caso de Murrieta se dieron a conocer
durante una audiencia de más de 13 horas, y aunque no estaba en la lista de los
15 desaparecidos, a estos oficiales se les acusó por su desaparición.
Presuntos integrantes del
Cártel Jalisco Nueva Generación y presuntos miembros de Los Zetas fueron
presentados por la Marina en Ciudad de México, el 7 de octubre de 2011.
› La administración panista
que siguió a Duarte revisó los expedientes existentes y elevó la cifra a unos
tres mil 600 desaparecidos entre 2006 y 2016, y ha descubierto muchas tumbas
clandestinas, como la de Colinas de Santa Fe, a las afueras del puerto de
Veracruz, en donde se encontraron 250 cráneos en 2017.
Los acusados, la prensa y las
familias de los desaparecidos escuchaban mientras se leían las declaraciones de
dos exoficiales de policía que se convirtieron en testigos del gobierno y las
de un hombre que sobrevivió a la detención y tortura a manos de los hombres de
Bermúdez. La acusación de la procuraduría general del estado señalaba que
durante el periodo de Bermúdez como secretario de Seguridad se implementó una
política ilegal y clandestina que implicaba la “violación sistemática de los
derechos humanos” porque “detectaba, arrestaba, torturaba y desaparecía
mediante el uso de la fuerza a personas presuntamente vinculadas con grupos del
crimen organizado”.
En su declaración en su
comparecencia, uno de los expolicías que atestiguaron y participaron en el
secuestro explicó en detalle cómo la Fuerza de Reacción, bajo las órdenes de
Alejandro Trujillo, un subordinado de Bermúdez que utilizaba el alias de Cíber,
rodeó el taxi de Murrieta cerca de las 4:30 de la tarde ese día de abril de
2013, justo afuera del Palacio Municipal. Trujillo tenía una lista de números
de taxi. El 505 blanco y rojo de Murrieta estaba en ella.
Los oficiales llevaron a
Murrieta a un lugar detrás de una gasolinera en donde Trujillo lo interrogó
mientras dos de sus hombres lo golpeaban. Trujillo hizo una llamada y dio a sus
hombres la orden de llevar a Murrieta a la Academia de Policía de Lencero, en
Xalapa, para que lo transfirieran a una unidad especial llamada Los Fieles. Su
madre nunca lo volvió a ver.
El procurador general de
Veracruz, Jorge Winckler, insiste en que el nuevo gobierno del estado,
encabezado por el Partido Acción Nacional (PAN), se comprometió a descubrir la
verdad de lo que pasó durante los seis años de gobierno de Duarte. Las
desapariciones que se están investigando, dijo en declaración a The Intercept,
son más de las de 15 personas que se nombraron en 2013 en las acusaciones en
contra de Bermúdez. Muchos casos, como el de Murrieta, siguen abiertos. A la
fecha, hay 53 municipios en el estado en los que hay al menos un reporte de que
las fuerzas de seguridad del estado presuntamente participaron en las
desapariciones forzadas.
“Las investigaciones
continuarán hasta que se castigue a todos los que participaron en esta política
ilegal y clandestina de desapariciones sistemáticas mediante el uso de la
fuerza”, dice Winckler.
Dicen muchas cosas, como que
llevaban a muchos de los secuestrados a la Academia, que allí los tenían y los
mataban, y que después se los daban a los animales”. Vicky Delgadillo, familiar de desaparecidos en Veracruz
Lucy Díaz, representante de
un colectivo de familias de los desaparecidos en Veracruz, considera que los
arrestos más recientes apenas son “la punta del iceberg”. Explica que infinidad
de cómplices y culpables siguen libres, incluyendo al “peor de todos”, Javier
Duarte.
Díaz dice que a menos de que
sea acusado por las desapariciones forzadas, “Duarte va a salir de la cárcel
con su dinero ya todo lavado, con su dinero limpio”. “Esta es la peor
desgracia”, agrega.
Los colectivos de familias en
duelo como la de Díaz llevan años organizadas, investigan casos y realizan
búsquedas de sus familiares por todo el estado porque no confían en las
aseveraciones del gobierno. Cuando concluyó el gobierno de Duarte, su gobierno
sólo reconocía la desaparición de 524 personas en Veracruz.
La letanía de abusos que
presuntamente cometieron las fuerzas estatales de Duarte va más allá de las
desapariciones. Sus fuerzas de seguridad operaban un centro de detenciones
ilegal afuera de la Academia de Policía de Lencero, que además albergaba un
zoológico lleno de animales exóticos. Allí realizaban arrestos, interrogatorios,
y desapariciones con eficiencia implacable y sin preocupación por el debido
proceso.
En octubre de 2013 se dio a
conocer que la Academia de Policía funcionaba como un centro de detención
ilegal cuando por error se llevó a allá a Jaqueline Espejo, una policía de
caminos de Veracruz, quien fue torturada durante varios días. Según el
testimonio de los testigos, el equipo de Trujillo detuvo a Espejo cuando
terminó su turno y subió al taxi de Andrés Aguilar, que estaba en la lista de
objetivos de la policía. Según la acusación, Los Fieles dejaron que Espejo
saliera de Lencero si se “olvidaba del taxista”. Nunca se volvió a saber de
Aguilar.
En enero de 2014, los cuerpos
de Gibrán Martiz, concursante de “La Voz México”, y su amigo de 17 años,
aparecieron en un puente con señales de tortura. Habían desaparecido 13 días
antes, junto con un tercer amigo, después de que la policía realizara un cateo
sin orden judicial en su departamento de Xalapa. El padre de Martiz investigó
el caso de forma independiente y dice que las coordenadas finales del GPS del
teléfono del cantante marcaban Lencero.
Lencero funcionaba como una
especie de secreto abierto. El gobierno de Duarte remodeló el viejo edificio al
principio de su administración, amplió y remodeló las instalaciones y le añadió
algunos detalles, como el zoológico de animales exóticos de Bermúdez, quien
supuestamente tenía cuatro cocodrilos, un león y, por supuesto, un jaguar.
Vicky Delgadillo, quien lleva
años buscando a su hija Yunery en ranchos, panteones y zonas silvestres, ha
oído rumores aterradores del zoológico.
“Dicen muchas cosas, como que
llevaban a muchos de los secuestrados a la academia, que allí los tenían y los
mataban, y que después se los daban a los animales”, dice Delgadillo.
Yunery desapareció el 28 de
noviembre de 2011. Es una de las 13 jovencitas que desaparecieron de Xalapa en
un periodo de tres días. Se dice que algunas de ellas fueron a fiestas en
ranchos con funcionarios del gobierno y personajes del crimen y que
desaparecieron porque sabían demasiado.
“Es algo inhumano,
imperdonable. Si Bermúdez hizo esto y lo hizo con sus policías…”, continúa
Delgadillo.
Las declaraciones de los dos
testigos que se presentaron en el juicio de Bermúdez, junto con el testimonio
de Espejo, presentan un oscuro cuadro de las operaciones al interior de las
fuerzas de seguridad de Duarte bajo la dirección de Bermúdez.
El 22 de septiembre de 2012
las autoridades federales arrestaron a 35 oficiales de la policía de Veracruz
que supuestamente trabajaban con Los Zetas. Poco después, según los testigos,
Bermúdez tuvo una reunión con policías de al menos ocho unidades diferentes de
todo el estado.
Bermúdez explicó el nuevo
protocolo que no daba cabida a la clemencia. Uno de los testigos recuerda:
“Pendejos, si tienen familiares, amigos o conocidos que tengan relación con Los
Zetas, repórtenlos. Y si entre sus compañeros hay personas relacionadas con el
crimen, repórtenlos o tráiganlos con Los Fieles a la academia porque a mí me
importa un carajo”.
Se crearon dos equipos de la
Fuerza de Reacción. Uno estaba bajo el mando de Trujillo, o El Cíber, y el otro
bajo el de un comandante llamado Mario Durán. Cada equipo trabajaba en turnos
de 24 horas y, según un testigo, recogían unas 15 personas al mes.
Cuando arrestaban a un
sospechoso, lo llevaban a algún lugar para interrogarlo y torturarlo; a las
mujeres las violaban sistemáticamente. Una de las desaparecidas era una joven
de 17 años llamada Cecilia de la Cruz, quien fue violada por varios miembros de
Fuerza de Reacción, incluyendo a El Cíber, según la denuncia que se hizo en la
policía. Un testigo también declaró que El Cíber sentía predilección por las
mujeres transgénero, a quienes detenía para interrogar y luego violar.
Una vez que concluía el
interrogatorio, el líder del equipo llamaba a Bermúdez, o a alguno de sus
subalternos directos para decidir si el acusado era transferido a Los Fieles en
Lencero. Uno de los testigos calcula que llevaban alrededor de cinco personas
al mes a los Fieles. Él recuerda personalmente que su equipo transfirió
alrededor de 50 personas. Fuerza de Reacción tenía poca relación con Los
Fieles, grupo que encabezaba Roberto González Meza. Cuando transferían
detenidos, el testigo señala que Los Fieles siempre iban enmascarados y
encapuchados. Según el gobierno de Duarte, Los Fieles no existían. Nunca
aparecieron en el presupuesto de gobierno; sin embargo, ambos testigos señalan
que recibían salarios mucho más altos que los policías normales.
Los Fieles mantenían en
celdas a los detenidos en una zona apartada del Lencero, conocida como “El
Búnker”. Allí se realizaban más interrogatorios y se les torturaba, y después
se les desaparecía. Otro testigo expolicía, quien trabajaba en otra parte de la
academia señala que oía hablar a Los Fieles de llevar a gente a “Laguna Negra”.
El testigo declara que “Laguna Negra” era la palabra código de la Barranca de
Aurora que está en los alrededores y que es una zona de bosques con acantilados
profundos y cañones escabrosos a las afueras de Xalapa.
Grupos de búsqueda
encontraron los restos de cerca de 15 personas en la Barranca de Aurora en
enero de 2016, pero hasta la fecha, sólo una pequeña fracción de la zona se ha
revisado.
Carlos Saldaña ha participado
en decenas de búsquedas durante los últimos años e incluso ha bajado a rappel
por un acantilado de la Barranca de Aurora. Los dos hijos de Saldaña, Karla y
Jesús, desaparecieron en 2011. El coche que manejaban lo encontraron después en
manos de un expolicía. “Durante ese gobierno no sabías de quién cuidarte. Había
que tener más cuidado con las autoridades que con los criminales”, dice
Saldaña.
Parece que el gobierno federal
empezará a tomar con seriedad las desapariciones en Veracruz. Una fuente
policial de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de
Desaparición Forzada de la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó
que en mayo su unidad juntará esfuerzos con investigadores del estado para
realizar búsquedas en Barranca de Aurora y otras zonas.
“Tenemos que empezar a
encontrar los cuerpos porque las familias están hartas. Tenemos que encontrar a
los responsables en todos los niveles”, dice el detective, quien solicitó no
ser identificado pues habló de una investigación abierta. Él busca cuerpos en
todo México.
“Estas cosas no sólo pasan en
Veracruz. También suceden en Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, en muchos estados
de México. Pero como este caso implica al gobernador, todos los ojos miran
hacia Veracruz”.
Alberto Olvera, un
investigador de la Universidad de Veracruz, publicó recientemente un reporte
sobre el autoritarismo y la violencia en Veracruz en lo que llamó “una guerra
irregular”.
“Cabe destacar que en
Veracruz ha habido una serie de ciclos distintos en la forma en que se da esta
relación entre el gobierno, las fuerzas policiales y el crimen organizado”,
dijo Olvera. Y explicó que, si bien el tiempo de Herrera fue “la era” de Los Zetas,
el gobierno de Duarte “permitió” la entrada de otro grupo a Veracruz para
eliminarlos. En septiembre de 2011, 35 cuerpos fueron arrojados a un camino en
la ciudad costera de Boca del Río con una manta en la que se anunció la llegada
del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una escisión del Cártel de Sinaloa,
de Joaquín El Chapo Guzmán. La manta, según se reportó, decía: “Esto es lo que
les va a pasar a todos Los Zetas de mierda que se queden en Veracruz. Hay un
nuevo patrón”.
La gente entonces comenzó a
desaparecer en gran cantidad.
“Como siempre sucede en este
tipo de guerras, hay muchas víctimas inocentes”, dijo Olvera, destacando los
pobres y más vulnerables, los vigías (halcones), los narcomenudistas y las
mulas. “(En esto pagan) muy pocos de medio nivel y mucho menos jefes?
(EJE CENTRAL/ NATHANIEL JANOWITZ/ 28 DE MAYO DE 2018)
