Fotos: Isabel Mercado
Más de dos mil maestros en
retiro han entablado demandas para poder recuperar el pago de la jubilación que
ahorraron en la caja magisterial dirigida por Consuelo Dalila Carrillo, quien a
su vez los ha contrademandado y cerrado oficinas. Además, desde 2011, la
asociación civil realizó una serie de cambios en los estatutos que la rigen y
en los convenios con los asociados para restarles derechos, lo que incluye el
no poder disponer de su dinero si después de tres años no realizan movimiento
alguno
A través de la conformación
de una asociación civil que opera como caja de ahorro, un grupo de siete
personas, encabezadas por Consuelo Dalila Carrillo Tirado, se niega a devolver
los ahorros de más de dos mil maestros jubilados de Baja California, quienes han
entablado demandas por fraude contra los integrantes de Camac Magisterial, A.C.
Los docentes en retiro
entregaron el pago de su jubilación a Camac, organismo que se promocionó como
caja de ahorro, ofreciendo rendimientos de hasta un 20% a quienes quisieran
integrarse como socios inversionistas. En promedio, cada uno depositó ahorros
por 800 mil pesos.
Aunque su registro data de
2001, con el aval de los representantes de los sindicatos del magisterio y del
gobierno de Baja California, Camac generalizó sus operaciones en 2005 como Caja
Magisterial de Mexicali A.C., recibiendo el ahorro de los inversionistas y
prestando el dinero ingresado a maestros en activo.
El alto interés ofrecido a
los inversionistas -desde un 12 hasta un 20%- y el que el sindicato y el propio
gobierno del Estado, firmaran convenios con la asociación civil para que
pudieran darse los descuentos vía nómina a los acreditados, generó confianza
entre los docentes.
Conforme fue creciendo el
número de asociados, también incrementaron las irregularidades en la operación
de la asociación.
Al principio, los ahorradores
eran pocos y el pago del rendimiento se cumplía conforme a lo acordado, pero
después de 2011 comenzaron las anomalías. Primero, retrasos en algunos pagos,
evasivas para entregar una parte del ahorro que los asociados solicitaban,
hasta que de plano, los operadores de Camac dejaron de pagar intereses en 2015,
negándose incluso a devolver el dinero a quienes comenzaron a reclamar el
reembolso de sus ahorros.
En la estafa denunciada
también se involucra a la diputada panista Luz Argelia Paniagua Figueroa, cuyo
nombre y firma se encuentra asentado en las actas de registro de la Asociación
como socia fundadora, aunque niega tener injerencia en el manejo del organismo.
Dalila Carrillo públicamente
también ha negado irregularidades en el manejo del dinero de los maestros en
retiro, sin embargo, promueve amparos al mismo tiempo que contrademanda a
quienes la han denunciado por fraude.
Al generalizarse los procesos
judiciales en su contra, a principios de mayo de 2018 cerró las oficinas de la
asociación en Tijuana y Ensenada, continúo funcionando la sucursal de Mexicali,
donde atiende con previa cita a quien difícilmente logra contactarla.
CONCEBIDA CON IRREGULARIDADES
Desde la constitución de la
asociación, que actualmente lidera Dalila Carrillo, hubo deficiencias, señaló
el abogado José Rodolfo Muñoz García, quien representa a cientos de maestros de
Ensenada, Tijuana y Mexicali.
Primero, explicó, por
ostentarse como caja de ahorro cuando es una Asociación Civil, hecho que le
valió la observación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV);
motivo por el cual, en 2011 tuvo que cambiar su denominación de Caja
Magisterial de Mexicali, A.C., a Camac Magisterial, A.C.
Pero en otro apartado
advierte: “no es una entidad de ahorro de crédito popular, no está sujeta a la
autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ni a la inspección
ni vigilancia de ninguna federación”.
Otra contradicción, refirió,
es la leyenda asentada en el convenio de aportación de los inversionistas, el
cual establece: “en caso de cambios bruscos en la economía nacional que
repercuta en los rendimientos de las tasas de interés, esta asociación civil se
reserva el derecho de hacer los ajustes necesarios sin previo aviso, a fin de
estar acorde con las políticas financieras…”.
Añadió: “dentro de sus
estatutos, la Asociación Civil pondera solo dedicarse a prestar directamente a
los maestros y recibir vía nómina, el pago mediante descuentos, ¿en qué momento
puso el dinero en la Bolsa de Valores del Sistema Financiero Mexicano? ¿Está o
no en el Sistema Financiero?”, cuestionó José Rodolfo Muñoz.
DESPOJADOS DE SUS DERECHOS
Otra anomalía fue el
establecimiento de estatutos que nunca se cumplieron y después se modificaron
sin el consentimiento de los socios, creando una estructura nueva con la
intención de despojar de todo derecho a los socios; indicó el abogado José
Rodolfo Muñoz, secundado por los asesores legales de ahorradores de Tijuana y
Mexicali.
Entre ellos, enumeraron el
acceso a la información y el derecho a voz y voto que, a pesar de que solo eran
derechos de membrete, pues las decisiones y cambios dentro del organismo,
únicamente las tomaban los socios fundadores, con Dalila Carrillo al frente.
A pesar de que en la práctica
no se hacían válidos, el estar asentados en el convenio, daba a los
inversionistas un derecho legal que les fue retirado sin aviso alguno a partir
de 2011, con cambios en los estatutos para negar el derecho a voz y voto y
cualquier participación directa e indirecta de los ahorradores. “Con ello
restringieron el ejercicio de los derechos de los maestros hacia Camac, para
impedirles tener acceso a la información del organismo”, anotó Muñoz García.
QUEDARSE CON LOS AHORROS, EL OBJETIVO
Retirarles a los
inversionistas, su derecho a enmarcar el rumbo de sus ahorros, fue el primer
paso para un objetivo mayor: despojar a los maestros de sus capitales.
Para ello se les cancelaron
los derechos adquiridos al invertir su dinero en Camac, cambiando los estatutos
asentados en el convenio de aportación, documento que se otorga a cada inscrito
al momento de invertir su dinero en la asociación, el cual es firmado por el
aportador y la presidenta del organismo, Consuelo Dalila Carrillo Tirado.
De acuerdo a los estatutos
originales, con un mínimo de dos años de haber invertido, los socios tienen
derecho a retirar el total de sus reservas sin ser sujetos a ninguna
penalización; antes de ese periodo, solo podían retirar hasta un 25% de lo
invertido.
Para evitar que los asociados
generaran la antigüedad suficiente para poder retirar el total de sus
capitales, a partir de 2011, cada año, son obligados a firmar un nuevo
convenio, medida que les impide generar una antigüedad mayor al año.
Junto con el ajuste se les
entrega un certificado de ahorro, el cual también les es renovado cada año.
Para efectuar el proceso de modificación, Camac exige a los socios, entregar
los documentos anteriores.
Una cláusula nueva del
convenio de aportación establece que Camac contará con un fondo de bienes, el
cual se constituirá como un fondo de protección a las finanzas de la Asociación
Civil, “mismo que se compone de un porcentaje de los movimientos diarios y del
monto de las cuentas inactivas”, de acuerdo al documento señalado.
A partir de los estatutos de
la asociación, “las cuentas de aportación que no presenten movimiento durante
un periodo de 24 meses, se considerarán cuentas inactivas; por lo que se
suspenden los rendimientos de dichas cuentas”.
Es decir, explica José
Rodolfo Muñoz, los maestros que depositaron su dinero y no realizaron ningún
movimiento durante dos años, dejan de recibir rendimientos de sus ahorros
depositados.
Para colmo, esa inversión que
no registró movimiento en dichos meses, en un año más, Camac puede transferirla
a su fondo de bienes, ya que en las letras chiquitas del convenio se asienta:
“por lo que a partir del mes 37 de no haber presentado movimientos, el saldo de
esas cuentas afectadas formará parte de las cuentas de reserva de la asociación”.
Es decir, “a los 24 meses les
dejan de pagar rendimientos y 12 meses más tarde, los ahorradores son
despojados de su dinero por no haber hecho movimiento alguno”, corroboró Muñoz
García.
A pesar de que los
ahorradores firmaron esas nuevas reglas, tienen derecho a reclamar su
inversión, incluso si no cuenta con certificado o fueron despojados del
original, ya que “pueden implementar un recurso para acreditar tanto su
derecho, como el engaño en la maquinación de Camac”, advirtió el abogado.
TRIANGULACIÓN IRREGULAR
De acuerdo a las
transacciones asentadas en el Registro Público de la Propiedad (RPP), Consuelo
Dalila Carrillo, a nombre y con recursos de Camac, ha adquirido propiedades de
varios millones de pesos, entre las que se encuentran residencias y complejos
deportivos, los cuales vende a Addelco, inmobiliaria que paga a Camac con
acciones.
Pero las acciones no quedan a
nombre de la asociación magisterial, sino al de Consuelo Dalila Carrillo
Tirado.
El ejercicio es calificado
por los abogados de los ahorradores demandantes como irregular, puesto que “al
ser Camac una Asociación Civil, no puede tener propiedades; por lo que conforma
Addelco para comprar las propiedades, pero un organismo civil no puede hacer
ese tipo de negociaciones con uno mercantil, no es legal”.
Para el abogado José Rodolfo
Muñoz, Consuelo Dalila Carrillo dilapidó los recursos de Camac, adquiriendo
bienes que puso a su nombre para crear un estado de insolvencia que ahora
enfrenta en el organismo civil.
NI EL SINDICATO, NI “KIKO” LOS ESCUCHAN
Ahorradores de Tijuana le
enviaron un oficio al gobernador de Baja California, Francisco Vega de
Lamadrid, exponiéndole la situación de Camac, pero no han tenido respuesta.
También acudieron ante la procuradora General de Justicia del Estado de Baja
California, Perla del Socorro Ibarra Leyva, pero también los ha ignorado.
“Eso nos dice que las
autoridades estatales también están involucradas en este fraude, estamos solos
las víctimas de estos trúhanes”, manifestó Isabel Anzaldo, quien junto con su
esposo y 23 maestros jubilados de Tijuana, promueven una demanda conjunta en
contra de Camac.
Los afectados han pedido
apoyo a la Sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), la cual dirige Mario Aispuro, “pero se han negado a proporcionarnos
apoyo legal para actuar contra Camac, ‘Ustedes no vinieron a consultarnos para
que les aprobáramos ahorrar en Camac’, nos dicen”, compartieron a ZETA.
Entrevistado al respecto,
Mario Aispuro sostuvo que el Sindicato pidió al gobierno del Estado, frenar los
descuentos vía nómina, “pero no podemos hacer más porque es un acuerdo entre
particulares. El sindicato solo puede intervenir legalmente cuando se trata de
un problema de tipo laboral”, asentó.
En tanto, el contador Luis
Armando Carrasco Moreno, subsecretario de Planeación y Administración del
Sistema Educativo Estatal (SEE), sostuvo que los descuentos vía nómina a favor
de Camac se encuentran suspendidos completamente a partir de marzo de 2018,
luego que se recibió una orden de suspensión del Juzgado Sexto de Distrito.
De los descuentos al salario
de los trabajadores, se ha dejado de aportar a Camac, dos millones 250 mil
pesos.
“Al ser un acuerdo firmado
entre los involucrados -maestros y asociación- solo si ambas partes lo
solicitan o por intervención de una orden, como fue el caso, podemos hacerlo”,
acotó el funcionario.
Una vez concluido el proceso
legal, el dinero “será entregado a quién corresponda, según el resultado del
proceso legal”, aclarando Carrasco Moreno, que al promover Camac amparos a
través de Consuelo Dalila Carrillo, si gana, el recurso retenido se entregará a
la asociación.
SINDICATO SÍ TIENE RESPONSABILIDAD
“El sindicato sí tiene
responsabilidad por omisión y los maestros sí siguen teniendo descuentos vía
nómina”, señaló el abogado José Rodolfo Muñoz.
Al ser un representante
legal, tiene la obligación de velar por los intereses de sus agremiados y esto
implica que es responsable porque permitió el acceso a los descuentos vía
nómina, sin corroborar la debida constitución de Camac y que estuviera regulada
la como caja de ahorro.
“Existe una relación
contractual entre el sindicato y Camac, al firmar un convenio como organismo
gremial para que se diera un descuento vía nómina, contratos que el sindicato
se ha negado a informar, a pesar de que les fueron solicitados vía
transparencia; opacidad que también representa una irregularidad.
(SEMANARIO ZETA/ EZENARIO ISABEL MERCADO/ LUNES, 4 JUNIO, 2018 01:00
PM)
