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Tomada de Internet
El
empresario tijuanense Gerardo Álvarez Jiménez, también encargado del hotel
Coahuila y gasolineras, es acusado por su madre de haberla mantenido en
cautiverio para obtener sus acciones empresariales, así como por sus primos y
socios, por robo y administración fraudulenta al intentar apoderarse de los
negocios de la familia
El
administrador del bar Adelita, gasolineras y plazas comerciales, Gerardo
Álvarez Jiménez, enfrenta una denuncia, levantada por su propia madre, por el
delito de secuestro, al haberla mantenido en cautiverio hasta obtener un poder
con el que se adueñó de acciones de la empresa de la familia, así como otra
denuncia por robo y administración fraudulenta respecto a la misma compañía,
pero interpuesta por sus primos y socios.
Los
hechos que se denuncian ocurrieron a los días que su padre, Juan Daniel Álvarez
Gutiérrez, falleciera en septiembre de 2017. En 1983, el señor Álvarez
Gutiérrez fundó la empresa Rigeisa de Tijuana junto a su cuñado, Juvenal
Jiménez Loza, hermano de su esposa, María Guadalupe Jiménez Loza, como socios
mayoritarios.
La
empresa inició con un capital de 6 millones de pesos, unos 6 mil pesos
actuales, pero hoy se cotiza en millones de dólares. Esta compañía es
propietaria de los negocios Adelita Bar, Hotel Coahuila y La Valentina Bar, los
tres ubicados en la Zona Norte de Tijuana, siendo Adelita uno de los centros
nocturnos dedicados a espectáculos nudistas más populares y redituables en esta
zona de tolerancia.
Durante
años, los cuñados manejaron juntos sus negocios y en 2008 se convirtieron en
socios igualitarios, cada uno 50 por ciento de las acciones.
Desde
hace poco más de una década, Gerardo Álvarez Jiménez, hijo mayor de Juan Daniel
Álvarez Gutiérrez, se encargó de la administración de estos giros, mientras que
Álvarez Gutiérrez residía en Aguascalientes con su esposa María Guadalupe
Jiménez Loza y viajaba frecuentemente a Tijuana para supervisar sus empresas.
Foto:
Cortesía.- La casa donde la señora María Guadalupe fue retenida contra su
voluntad, según la denuncia penal
Sin
embargo, a inicios de 2017, el señor Álvarez Gutiérrez cayó enfermo y se mudó
de manera permanente a San Diego, California, donde se sometía a tratamientos
experimentales.
Cuando
parecía mejorar, sufrió un derrame cerebral que acabó con su vida el 9 de
septiembre de 2017. “Sabíamos que estaba enfermo, pero nunca nos dijo la
gravedad”, comenta su hijo Ricardo Álvarez Jiménez en entrevista.
La
muerte de Álvarez Gutiérrez coincidió con el tiempo que su esposa permaneció en
terapia intensiva en un hospital de Aguascalientes, a raíz de una cirugía.
Desde
2004, doña María Guadalupe padece diabetes, lo cual la ha dejado sin
visibilidad en un ojo y con vista disminuida en el otro. Además, se le han
diagnosticado otros padecimientos como depresión e insuficiencia cardiaca por
arterosclerosis.
Por
estos motivos, su familia decidió no darle a conocer la noticia del
fallecimiento de su esposo hasta que lograra su recuperación.
No
obstante, según una denuncia interpuesta en la Fiscalía General de
Aguascalientes, la muerte de quien fuera su marido durante 50 años fue el
pretexto con el que tres de sus hijos la llevaron hasta Tijuana, donde, entre
amenazas, firmó un poder para ceder sus acciones a su hijo mayor, Gerardo
Álvarez Jiménez.
“LES DIJE QUE ME TENÍAN SECUESTRADA,
PERO LES RIO RISA”
Según
la denuncia interpuesta el 15 de diciembre de 2017 en la Fiscalía General de
Aguascalientes, la señora María Guadalupe Jiménez Loza fue privada de su
libertad “con fines de otorgar poderes, firma de documentos y otros”.
Dada
de alta tras su cirugía y ya en casa, la señora Jiménez Loza recibió una
invitación por parte de María de Jesús Luna, su comadre y una de sus mejoras
amigas, para desayunar en casa de esta el domingo 8 de octubre.
Su
hijo Ricardo, quien la cuidaba después de la intervención quirúrgica, comenta
que le pareció una buena idea que su madre saliera de casa y conviviera con sus
amigas. Al día siguiente, la hija de la señora María de Jesús Luna pasó por la
señora Jiménez Loza y su enfermera personal, según consta en la acusación.
En
casa de su amiga se encontraban sus hijas María Isabel y Juana María del Carmen
Álvarez Jiménez. Al terminar el desayuno y cuando la señora Jiménez Loza se
retiraba, una de sus hijas la alcanzó para decirle “Córrale que mi papá está
muy grave y se está muriendo, nos vamos a Tijuana”, establece la denuncia.
En
realidad, el esposo de doña Jiménez Loza había fallecido un mes antes.
La
señora plasmó su sentir en el documento penal, “entré en shock y en medio de la
confusión y prisa, pedí pasar a mi casa por ropa y cosas personales para el
viaje”, pero sus hijas no se lo permitieron.
En
el vehículo de su hija María Isabel, narra la mujer, viajaron también su hija
Juana María del Carmen, la hermana de su comadre y su enfermera. Llegaron al
Aeropuerto de Guadalajara, donde abordaron un avión con Tijuana como destino.
Una
vez en el avión, la mujer notó que sus acompañantes, incluida su enfermera, sí
llevaban maletas y comenzó a sospechar por qué no le habían permitido llamar a
su hijo Ricardo para avisarle del viaje.
Al
llegar a Tijuana, las recogió el chofer de su hijo José Gerardo Álvarez Jiménez
y las llevó a casa de Jorge Ramón Álvarez Gutiérrez, hermano de su esposo, a
pesar de que María Guadalupe pidió la trasladaran al departamento de su marido.
Ahí permaneció dos días en cautiverio, según consta en la querella.
“No
me dejaban salir ni al baño sola, toda la noche me la pasé vigilada… me tenían
bien cuidada en una casa de seguridad, lo que me desconcertaba, no podía creer
de lo que estaba siendo objeto por mis propios hijos, amigas y enfermera,
tenerme privada de mi libertad personal”, cita la denuncia.
Además,
la señora María Guadalupe declaró que la enfermera le dio a tomar una pastilla
blanca, la cual no coincidía con sus medicamentos y que la dejó sedada.
Al
día siguiente, el lunes 9 de octubre por la tarde, sus dos hijas y su hijo
Gerardo le comunicaron que su esposo había fallecido.
“La
noticia me afectó, lo que agravó mi estado de salud y emocional, pero a la vez
me molestó porque bien podrían habérmelo dicho en mi casa de Aguascalientes y
no era necesario traerme a Tijuana de esa forma, arriesgando mi vida al estarme
recuperando de la operación de vesícula y con debilidad física”, narró la mujer
en su denuncia de hechos.
Cuando
les insistió en que le permitieran regresar a Aguascalientes, “mis hijos me
indican que para poderme regresar tendría que firmar algunos documentos a favor
de mi hijo José Gerardo Álvarez Jiménez, caso contrario, nunca me regresarían,
amenazándome con llevarme a Las Vegas, Nevada”. Su esposo contaba con un
departamento en esa ciudad.
La
víctima continúa su narración en la denuncia: “Les manifesté que eso era un
secuestro, retenerme a cambio de algo, pero les dio risa”.
El
martes 10 de octubre, doña María Guadalupe fue trasladada a casa de su hijo
Gerardo Álvarez Jiménez, ubicada dentro del exclusivo fraccionamiento Puerta de
Hierro.
Dentro
de la residencia, “ya se encontraba una persona que se ostentó como Notario
Público Número 4, Eduardo Manuel Navarro Vallejo García Travesí”.
En
su relato, la madre de Gerardo Álvarez Jiménez recuerda: “Firmé contra mi
consentimiento y a cambio de que me liberaran para regresar a esta ciudad,
desconociendo qué fue lo que firmé en ese momento. El notario no me leyó los
documentos o libros dados, ni me pidió documento para identificarme”.
Horas
más tarde, recuerda la mujer, regresó el mismo notario con más documentos y se
repitió la dinámica.
Días
después, María Guadalupe se enteraría de que había firmado su propio testamento
y un poder en el que ella entregaba el 25% de sus acciones de Rigeisa de
Tijuana (que le correspondían tras la muerte de su esposo) a su hijo Gerardo
Álvarez Jiménez. Este porcentaje de las acciones le correspondía a la mujer
tras la muerte de su esposo.
Al
día siguiente de la firma, miércoles 11 de octubre y casi un mes después del
fallecimiento del señor Juan Daniel Álvarez Gutiérrez, se celebró una misa en
su nombre, a la cual acudió su hijo Ricardo Álvarez Jiménez y, el jueves 12 de
octubre, este regresó con su madre a Aguascalientes.
En
entrevista con ZETA, Ricardo Álvarez Jiménez refirió que le pareció sospechoso
que el cuerpo de su padre fuera entregado 22 días después de su fallecimiento.
A pesar de que no fue invitado por sus hermanos, se enteró por medio de un tío
y acudió a la misa.
De
manera adicional a la denuncia penal por secuestro, se anexa una por robo, ya
que de la caja fuerte de la señora María Guadalupe en casa de Aguascalientes, a
cuya clave tenían acceso sus hijos, fueron sustraídos 2 millones de pesos en
dinero, joyas y facturas de tres vehículos Toyota Corolla 2018, una camioneta
Toyota Land Cruiser 2007 y una camioneta Toyota 4Runner 2003 que además fueron
retirados de la residencia.
También
se llevaron sus documentos personales, como credencial de elector y pasaporte,
al igual que objetos personales de ella y de su esposo. La señora María
Guadalupe señala como responsables en la denuncia, a sus hijos Gerardo, María
Isabel y Juana María del Carmen.
Mientras
que por el delito de secuestro, no solamente se encuentran acusados sus hijos,
también su enfermera de nombre Sandra y el esposo de ella, Francisco Brizuela
Rincón quien trabajaba en la misma empresa que prestaba servicios de
enfermería, así como el notario Eduardo Manuel Navarro Vallejo García Travesí,
entre otros.
Como
parte de la carpeta de investigación que se integra en la fiscalía, los
hermanos Gerardo, María Isabel y Juana María del Carmen han aportado su
declaración en la que aseguran que su madre, a pesar de su edad y estado de
salud, se trasladó a Tijuana por sus propios medios.
CON AYUDA DE UN NOTARIO EN OAXACA,
GERARDO ÁLVAREZ PASA SUS ACCIONES A SU HIJO
Tras
enterarse de lo que había firmado, la señora María Guadalupe Jiménez Loza
acudió ante la Notaría 35 de Aguascalientes, encabezada por Fernando Quezada
Leos, para revocar los poderes otorgados a favor de su hijo Gerardo Álvarez
Jiménez, según consta en el documento protocolizado el 19 de octubre de 2017.
La
medida fue notificada por el notario Fernando Quezada Leos, al notario Eduardo
Manuel Navarro Vallejo García Travesí en Tijuana, quien había dado fe a los
poderes entregados.
Ricardo
Álvarez Jiménez indicó que a los días de esta notificación, su hermano Gerardo
acudió a Oaxaca para realizar una cesión. El 25% de las acciones de las que se
había apoderado fueron transferidas al hijo de Gerardo, Luis Daniel Álvarez
Ramírez.
Así
quedó asentado en la Notaría Pública Número 106, con el titular Alejandro José
Vidaña Luna. Cosolapa, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, el 26 de octubre de 2017.
El documento protocoliza un contrato de cesión de derecho de acciones de José
Gerardo Álvarez Jiménez, a Luis Daniel Álvarez Ramírez, celebrado en Tijuana.
La
cesión fue valuada en 431 mil 500 pesos, cada acción con valor de mil pesos,
muy por debajo de su valor real y, para darle validez, se hace referencia al
documento que acredita a Gerardo Álvarez Jiménez “en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas y actos de dominio limitado por la señora
María Guadalupe Jiménez Loza” respecto a la empresa Rigeisa de Tijuana.
Se
trata del documento notariado por días antes por Navarro Vallejo García
Travesí, antes que la señora María Guadalupe revocara.
El
mismo notario denunciado por la viuda,
se encargó de protocolizar el testamento del señor Juan Daniel Álvarez
Gutiérrez, el cual recayó en el Juzgado Cuarto de lo Civil, dentro del
expediente 1615/2017.
Y
es que en su testamento, el señor Álvarez Gutiérrez estableció que tras su
muerte, el 50% de sus acciones de Rigeisa de Tijuana quedarían repartidas de la
siguiente manera: 25% para su esposa, 8% para su hijo Gerardo, 8% para su hija
María Isabel y otro 8 % para Juana María del Carmen.
“Con
el 25% de mi mamá y administrando el 16% de mis hermanas, Gerardo se convertía
en el socio igualitario a mi tío (Juvenal Jiménez Loza)”, acusó Ricardo Álvarez
Jiménez.
EL INTENTO POR APODERARSE DE LOS
NEGOCIOS
Si
bien, Gerardo Álvarez Jiménez es reconocido en el círculo empresarial como el
encargado del bar Adelita, él solo actuaba como administrador y trabajaba para
su padre, el copropietario junto a su tío Juvenal Jiménez Loza.
A
su vez, al señor Jiménez Loza, sus hijos Damián y Ashley Jiménez Álvarez lo
auxilian en la administración de estos negocios, quienes levantaron una
denuncia contra Gerardo Álvarez Jiménez, su primo, por el delito de
administración fraudulenta y robo.
Así
como Juvenal Jiménez Loza y Juan Daniel Álvarez Gutiérrez formaron juntos la
empresa Rigeisa de Tijuana, también crearon tres operadoras de sus negocios:
Adtsa, Tijsa y Rabad, que administran el bar Adelita, el Hotel Coahuila y La
Valentina Bar, respectivamente.
Según
consta en la carpeta de investigación con Número Único de Caso 0204-2018-04139
que se integra en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Baja
California, el 13 de diciembre de 2017, Gerardo Álvarez Jiménez llegó al bar
Adelita y despidió al gerente para declararse ante los empleados como
administrador único y ordenó retirar el dinero de las cajas registradoras.
Luego hizo lo mismo en Hotel Coahuila y en La Valentina Bar, así como en las
oficinas contables de las negociaciones que se ubica sobre la Calle Segunda,
donde exigió le entregaran los tokens bancarios de todas las empresas.
Para
ello, según consta en la denuncia, se hizo acompañar de un actuario, quien dio
validez a un poder que nombraba a Gerardo Álvarez Jiménez como administrador
único de Adtsa, Tijsa y Rabad.
Entrevistado
por este Semanario, Damián Jiménez Álvarez declaró que meses antes había sido
notificado que su primo obtuvo un poder que lo nombraba administrador único de
las tres operadoras, por lo que él y su hermano hicieron una revocación de
poder.
Esta
acción quedó protocolizada el 11 de octubre de 2017 ante el notario Gabriel
Moreno Mafud, por lo que los hermanos Jiménez Álvarez interpusieron denuncias
penales por las atribuciones que su primo Gerardo Álvarez Jiménez tomó al
margen de su personalidad jurídica.
Tras
conocer que su tía María Guadalupe había denunciado también a Gerardo Álvarez
Jiménez por apoderarse de sus acciones, Damián comprendió que su primo estaba
intentando quedarse a cargo de todas las empresas.
Mientras
que Ricardo Álvarez añadió que desde la muerte de su padre, su hermano Gerardo
“tampoco ha entregado cuentas del resto de los negocios, hay cuatro gasolineras
y un centro comercial en Otay, tenía que entregarle cuentas a mi mamá y no ha
reportado nada”.
Las
empresas a las que hace referencia son Servicio Ravello, que opera cuatro
gasolineras y desde hace años disputa en tribunales la apertura de una estación
de servicio en Calle Cuarta de la Zona Centro, frente a una escuela primaria;
así como a la plaza comercial San Miguel, ubicada en Otay, ambas administradas
por Gerardo Álvarez Jiménez.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INÉS
GARCÍA RAMOS/ LUNES, 28 MAYO, 2018 01:00 PM)
