En 2017, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) puso la calificación más baja a los penales de la
entidad y los ubicó en el lugar número 31, sólo peor que Nayarit.
El hecho más violento que se ha
registrado en un centro penitenciario del estado es el ocurrido el pasado 6 de
julio de 2017 en el penal de Las Cruces de Acapulco: una supuesta riña entre
grupos contrarios que dejó 28 muertos y tres heridos.
De acuerdo con los reportes oficiales,
los presos fueron asesinados con armas punzocortantes, sin embargo, trascendió
que algunas víctimas fueron degolladas.
Zacarías Cervantes
Chilpancingo/Ciudad de
México, 5 de mayo (ElSur/SinEmbargo).- En tres de los cuatro penales en los que
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aplicó el Diagnóstico Nacional
de Supervisión Penitenciaria-2017 han ocurrido masacres al interior y afuera
desde 2014, sin que las autoridades penitenciarias que dependen de la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) hayan atendido las observaciones del
organismo nacional para corregir las fallas.
En los resultados del
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que aplicó la CNDH en 2017,
los penales de Guerrero volvieron reprobar con 4.22 puntos de 10 posibles en
cuanto a garantizar la integridad personal del interno, una estancia digna,
condiciones de gobernabilidad, reinserción social del interno y grupos de
internos con requerimientos específicos.
El organismo hace
observaciones y recomendaciones para que las autoridades penitenciarias
subsanen esas deficiencias desde su primer diagnóstico, aplicado en el 2011,
sin embargo, en vez de corregirse la tendencia correspondiente en estos
aspectos en los penales de la entidad va a la baja, y en 2017 la CNDH puso la
calificación más baja a los penales de la entidad y los ubicó en el lugar
número 31, sólo peor que Nayarit.
En Guerrero se diagnosticaron
los penales de más alta población penitenciaria: Acapulco, Chilpancingo, Iguala
y Taxco, y en los tres primeros han ocurrido masacres desde 2014, la más
trágica fue la del penal de Acapulco el 6 de julio de 2017 cuando fueron
asesinados 28 reos.
Antes se vivió la del penal
de Iguala. La madrugada del 3 de enero de 2014 ingresaron seis sicarios,
algunos con armas largas que se dijeron funcionarios federales y agentes
ministeriales que llevaban a un detenido, pero en el interior buscaron a Ismael
Ocampo Álvarez, “La Naila”, jefe de la plaza en Taxco, a quien mataron, así
como a otros tres hombres de su grupo.
Cuando iban de salida
personal de custodia los enfrentó y mataron a cinco, uno más resultó herido.
También resultó herido el custodio Rigoberto Contreras Ocampo, quien fue
trasladado a la clínica del ISSSTE y horas después falleció.
Antes del ataque, la
madrugada del primero de enero fue asesinado en ese reclusorio el reo Mario
Maldonado Marino, su cuerpo fue encontrado con huellas de golpes y tortura. Con
él los muertos subieron a 11 del 1 al 31 de enero.
Tras esos hechos de violencia
en el penal de Iguala la noche del mismo 3 de enero, 14 reos del fuero común y
federal fueron trasladados al penal de Las Cruces de Acapulco. Entre ellos iban
Marcelino Giovanni Salmerón, procesado por homicidio calificado, Samuel Vargas
Carbajal y Óscar Pérez Cortés, los dos últimos presos por robo y lesiones. Los
tres fueron encontrados asesinados a golpes en el área médica del penal la
madrugada del 4 de enero de 2014.
Un año después, el 29 de
noviembre de 2015, dos hombres que protestaban por el traslado “irregular” de
sus familiares que estaban presos en el penal de Chilpancingo fueron asesinados
por sicarios que llegaron afuera del penal que estaba resguardado por policías
estatales. En los hechos también resultó herida una mujer.
El doble asesinato ocurrió
aproximadamente a las 15:00 horas, después de que los familiares de 22 presos
que fueron cambiados de este penal se manifestaron frente a la cárcel y
acusaron al entonces Director, Javier Castrejón Rosales, que sin previo aviso
ni razón aparente ordenó el traslado a otro penal.
La peor masacre ocurrió en el
penal de Las Cruces de Acapulco el 6 de julio de 2017, tras una supuesta riña
entre grupos contrarios que dejó 28 muertos y tres heridos.
Según el reporte la pelea
comenzó a las 3:00 horas en el módulo de Máxima Seguridad.
Aunque el gobierno estatal
difundió que los asesinados fueron por arma punzocortante se supo que algunas
víctimas fueron degolladas y decapitadas.
La versión policiaca indicó
que dos grupos de bandas que operan en el penal protagonizaron el hecho
violento. Los primeros cuerpos fueron hallados apilados entre un pasillo, la
cocina y el área de las visitas conyugales de la cárcel, de acuerdo con el
mismo reporte oficial.
En ese mismo penal ocurrió
otra balacera adentro y afuera del penal el 15 de diciembre de ese año, debido
al traslado de ocho reos, lo que originó un amotinamiento de los presos ese día
en demanda de la salida del entonces Director, Amadeo Tiburcio Paulinos.
La balacera comenzó a las
14:00 horas adentro de las inmediaciones del penal y afuera, en las colonias
Las Parotas y Ricardo Flores Magón.
La versión de las autoridades
señaló que los reos se inconformaron en una reunión contra el director de la
cárcel por “cambios inesperados” adentro del penal, lo que ocasionó que lo
retuvieran y se amotinaran.
A pesar de esos hechos, en
los tres penales la CNDH encontró todavía en su diagnóstico penitenciario de
2017, “deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones
disciplinarias, ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas
privadas de la libertad (autogobierno/cogobierno), presencia de actividades
ilícitas, presencia de cobros (extorsión y sobornos), y falta de capacitación
del personal penitenciario”.
Asimismo, halló la falta de
normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y
disposiciones aplicables; su difusión y actualización), insuficiencia de
personal de seguridad y custodia, problemas de sobrepoblación, hacinamiento,
deficiente separación entre hombres y mujeres, deficiencias en los servicios de
salud, falta de supervisión del funcionamiento del centro por parte del
titular, e insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el
funcionamiento del centro penitenciario.
ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON
AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR.
(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN/ 05 DE MAYO 2018)
